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Análisis De La Diversidad En Programas De Formación Inicial Docente De Pedagogía Básica Millán La Rivera

Se menciona no como enfoque, sino como una realidad que existe y debe ser atendida en un ámbito acotado que es el metodológico y curricular, a través de adecuaciones curriculares y estrategias diversificadas, que permitirían promover la inclusión. En el complejo tejido del mundo actual, la Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) se han establecido como los pilares fundamentales para una sociedad justa y una empresa próspera. Sin embargo, a pesar de su creciente reconocimiento, la implementación efectiva de estos valores flow fundación sigue siendo un desafío para algunas organizaciones, las cuales están siendo llevadas a cambiar este paradigma de forma inmediata si esperan alcanzar el éxito a futuro y su mantenimiento en un mercado cada vez más competitivo. La acreditación de la discapacidad está a cargo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). Por otra parte, el registro de las personas con discapacidad está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que administra el Registro Nacional de la Discapacidad.

Estas acciones favorecen cambios en las concepciones, y prácticas de los distintos actores relacionados con la educación, aportando al despliegue de una agenda de educación para todos y todas. El traducir este derecho a prácticas concretas de ejercicio de igualdad, requiere de soportes estatales “que garantice el acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados” (unesco, 2009, p. 9). Chile alberga diversas comunidades indígenas, cada una con un patrimonio cultural y unas tradiciones únicas.

Esta omisión y/u olvido contribuye, entre múltiples factores, a mantener las relaciones sociales de desigualdad que caracterizan a nuestro país y las trayectorias de vida condicionadas por el origen y/o pertenencia a grupos identitarios y culturales no hegemónicos. Es en este contexto donde el programa educativo asume un rol importante como herramienta que orienta en una determinada dirección, de transmisión de valores, saberes, habilidades, ideales, historia, símbolos, alcances, metas y objetivos que son necesarios de reproducir para el desarrollo de las sociedades modernas (Donoso & Benavides, 2018). Desde iniciativas de reforestación comunitaria hasta proyectos de energías renovables accesibles para todos, los programas de sostenibilidad inclusiva son cruciales para construir sociedades resilientes al cambio climático. Estas estrategias promueven no solo una mayor justicia climática, sino también un desarrollo económico que no comprometa la salud del planeta ni la equidad entre sus habitantes.

En este artículo se asume como una construcción cultural y política situada en un contexto histórico y social, mediada por relaciones de poder (Hall, 2010). Los grupos clasificados como diversos suelen ser aquellos que la cultura dominante (Cuche, 2002) ha clasificado como diferentes. Esta construcción se sostiene en un discurso que asume que existe una normalidad y que todo aquel que se aleje de ella, es diverso, posición que se construye desde la jerarquía desigual que refuerza las relaciones de dominación y perpetúa las desigualdades (Hall, 2010), que se expresan en racismo, etnocentrismo, sexismo, heterosexismo, clasismo, entre otras. Propiciar una dinámica de inclusión educativo/social, demanda que las universidades trabajen planes de acción donde converjan todos estos elementos y así destinar recursos a una política integral de inclusión, la cual debiera estar apoyada en la política pública educativa.

La buena noticia es que con la implementación de estrategias correctas el camino será mucho más corto, y es aquí donde empresas de consultoría juegan un rol fundamental en la asesoría del camino correcto a seguir”, destaca Álex Jaques, CEO de Korn Ferry Chile. Para estas instituciones y autores, un sistema de educación inclusivo o integral debe proveer comprensiones de los derechos humanos y dispositivos para resguardarlos. Igualmente, debe procurar el perfeccionamiento en las personas en cuanto a las aptitudes para instaurar, preservar y ejercer los derechos humanos en la vida cotidiana. Progresar en esta misión, es una labor de todos los sectores y actores sociales como señala unesco (1994), junto con el Ministerio de educación y las escuelas, en este propósito están involucrados los distintos actores sociales tales como; las familias, las organizaciones de voluntarios, las universidades, las empresas, los organismos internacionales, entre otros.

Lo indicado anteriormente, es lo que señala la Ley de Educación Superior del 2018 con respecto a la inclusión, no existe más explicitación del tema, por tanto, queda reducido, principalmente, a la igualdad en el acceso. Una gobernanza transparente, unos sistemas de control eficaces y unos mecanismos de responsabilidad pública son esenciales para garantizar que los recursos y las oportunidades se distribuyen de forma equitativa. El fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción son esenciales para construir una sociedad en la que la equidad sea un valor basic.

Lo acompañaron en esta oportunidad Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, y Héctor Cárdenas, Ministro de la Secretaría de Acción Social del Paraguay, quienes aprovecharon de resaltar la importancia de generan nexos de trabajo entre las instituciones existentes en los gobiernos de la región. Una política de compensación justa es aquella que establece criterios objetivos y transparentes para determinar el salario de los empleados, basados en su nivel de responsabilidad, desempeño, experiencia y formación. Es importante mencionar que, al analizar los programas por zona geográfica, la institución de la zona sur, que no tiene sede en la zona central, con mayor presencia de población indígena, identifica y menciona estas identidades en sus programas.

Se destacó así mismo la importancia del proceso constituyente que se está llevando a cabo en nuestro país, base para la definición del desarrollo de políticas públicas en materia social en Chile. Los grupos de afinidad o recursos son asociaciones voluntarias de empleados que comparten una identidad o interés común, relacionado con su género, raza, orientación sexual, discapacidad u otra característica private. Los grupos minoritarios son aquellos que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad dentro de la sociedad o la organización, debido a su pertenencia a una determinada categoría social, étnica, cultural o religiosa.

Una gran aportación de su parte es organizar actividades formativas, culturales o sociales que contribuyan a mejorar el clima laboral y el bienestar de los empleados. Como un desafío precise, que incluye racismo y discriminación (In2), realidad respaldada por los estudios que muestran discursos discriminadores en contra de los migrantes (Martínez et al. 2021), que afectan la convivencia escolar entre pares (Roessler, 2018). Las discriminaciones producidas por estereotipos raciales y culturales requieren de un enfoque intercultural en la formación, para avanzar hacia una sociedad más humana y justa.

Unesco (2007) manifiesta que, “Una de las finalidades de la inclusión es enfrentar la exclusión y segmentación social, por lo que una de sus principales señas de identidad es el acceso a escuelas plurales, que son el fundamento para avanzar hacia sociedades más inclusivas y democráticas” (p. 39). Esta perspectiva de reconocer lo diverso, instala desafíos al estado y a la sociedad, en tanto establecimiento de otras políticas como dispositivos que respondan de mejor manera a la construcción de prácticas y políticas inclusivas, como señala unesco (1994) es necesario que en el plano educacional se instalen políticas educativas integradoras. El rol activo del sistema educativo en la mantención de la desigualdad social y económica se viene discutiendo desde hace décadas por la sociología de la reproducción (Bernstein, 1989; Bourdieu & Passeron, 2018). Se plantea que el sistema educativo refleja las desigualdades sociales, observadas en las diferencias de resultados escolares y progresión en la educación superior, y también cumple un rol activo para reproducir las condiciones de desigualdad.

Es por este motivo que se extraña en la ley de educación superior, una visión más integral de la inclusión que asuma otras dimensiones en el ámbito de participación, igualdad, equidad y justicia social/educativa. Es así, como en un estudio realizado por Vásquez y Alarcón (2016) sobre la inclusión en las universidades chilenas, afirman que una de las dimensiones más desarrolladas por las universidades es la admisión del alumnado, junto a otros tópicos como el respeto en el trato personal de los estudiantes, el reconocimiento de la persona y una filosofía compartida de la inclusión. Otros aspectos relacionados como ayudar a la adaptación y el acompañamiento de los estudiantes, disminuir prácticas discriminatorias, involucrar instituciones de la propia localidad, promover el trabajo en conjunto, quedan en deuda ante las políticas y culturas inclusivas promovidas por las universidades.

Al igualar el acceso a una educación de calidad, Chile pretende romper el ciclo de la pobreza intergeneracional y capacitar a las personas de todos los orígenes para que tengan éxito académica y profesionalmente. Esta tensión es discutida en países que vienen incorporando con más antigüedad a estos estudiantes, donde se proponen cambios sistémicos y de la cultura institucional. Para el caso de Inglaterra, Reay (2018) plantea cambios de manera amplia en la cultura de la educación superior, especialmente de las universidades en que consiste la desigualdad social de élite. En este marco de desafíos para la cultura de la educación superior, se plantea la necesidad de rediseñar las propuestas formativas con enfoques pedagógicos para estudiantes de bajos ingresos. Teresa Crew (2020) plantea, para el caso de Inglaterra, teniendo como referencia a Paulo Freire, seguir perspectivas comprometidas con las fortalezas de estos estudiantes, reconociendo sus experiencias de vida y, a partir de estas, posibilitar aprendizajes basados en la cocreación de conocimientos.

Esto ocurre cuando la propuesta educativa se diseña ajustada al capital cultural que mejor desarrollan los estudiantes de élite o clase alta y que otros estudiantes no desarrollan (Bourdieu & Passeron, 2018). En consecuencia, el diseño educativo refuerza las posiciones sociales de origen, favoreciendo a quienes tienen una condición inicial de ventaja por sobre otros. Esta condición de ventaja se ha estudiado tradicionalmente a partir del issue socioeconómico diferenciador que genera la pertenencia a la clase social. En la actualidad, las condiciones de (des)ventaja inicial que son mantenidas e incluso reforzadas en el sistema educativo son observadas desde distintas perspectivas. En este contexto, los programas de curso que contienen las intenciones educativas del proceso formativo de una carrera son instrumentos culturales que producen y reproducen la realidad social, que se caracteriza por las divisiones sociales.

En dos de las seis instituciones, se homologa a la discapacidad (In3-4), con un enfoque biomédico, centrado en el diagnóstico y en las respuestas metodológicas diversificadas para tratar las situaciones que identifican como “problemáticas” de este tipo de estudiantes. A diferencia de los otros programas que sitúan la diversidad dentro del aula, en la In4 se enfatiza la importancia de responder a ella en el contexto sociocultural en el que está la escuela. A continuación, presentamos de qué manera y para qué se mencionan estos grupos en los programas de curso. Imaginemos los usos alternativos que podrían tener los más de US$ 1.000 millones anuales que significaría financiar la gratuidad para los estudiantes del 15% de la población de mayores ingresos.

octubre 13, 2024

Las Tic Y El Desarrollo Del Aprendizaje En Educación Inicial

A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto materials como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país.

Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna. Planteamos, con Braudel (2001), que el tiempo corto o del acontecimiento es engañoso, pues explica poco de los movimientos históricos; el tiempo largo, en cambio, permite mostrar el modus operandi de la desigualdad educativa en Chile, situarse en las permanencias, por ejemplo, del orden jurídico y financiero, para observar la conformación del orden neoliberal. Tal vez, sea adecuado recoger la tradición griega que junto con mostrar que todo cambia, señala que hay algo que parece permanecer, esto es, se resiste a sus propios cambios. Sin duda, la respuesta a estos interrogantes invita a reflexionar en la thought de orden social; su conformación al hilo de la dimensión institucional de la cultura, en las históricas relaciones de poder y la consiguiente estructura de dominadores y dominados que han signado el curso de la historia.

[…] Los responsables de política educativa necesitan mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable (Pont, Nusche y Moorman, 2008, pp. 9-19). Una manera de medir la escasez es definir una cesta básica de bienes y servicios, como una cesta de compra mínima, y establecer su precio. A lo largo del tiempo la pobreza se ha llegado a convertir en un problema a nivel mundial.

Una situación related ocurre con la concept de que “somos mejores porque migramos menos”, que alcanza un 23,7% a nivel nacional, pero aumenta de manera significativa en la zona centro del país (54%). En el caso de Valdivia, según datos del INFOR (Instituto Forestal de Chile), este tipo de pobreza afecta a más del 61% de los hogares de nuestra región, obligando a las familias a invertir el 10% de sus ingresos en energía. […] entre los expertos existe consenso sobre la necesidad de expresar con claridad cuáles son los propósitos que hay tras la implementación de la asignatura Sector Lengua Indígena […] asumiendo si la enseñanza de las lenguas originarias se enmarca dentro de un proyecto de bilingüismo, de enseñanza de una segunda lengua o de un programa de revitalización lingüística (CNED, 2018, p. 4).

Como indica la Figura 1, para mejorar el aprendizaje y resultados de los alumnos se debe mejorar el desempeño del profesorado. Dicho desempeño está en función de la motivación y el compromiso, la capacidad o competencia y las condiciones en que trabajan. Si pueden influir menos directamente sobre las competencias docentes, sin embargo pueden ejercer una fuerte influencia en las otras variables (motivaciones y compromisos, condiciones del trabajo docente).

Es por ello que esta ley generó, en su momento, acalorados debates y defensas corporativas desde el sector privado subvencionado. A ello se sumó la Ley de Nueva Educación Pública (2017), que involucra el traspaso de la gestión y administración de la educación pública desde los municipios a nuevos entes autónomos, llamados Servicios Locales de Educación Pública. El caso de Lissette muestra entonces, empresas con ánimo de lucro una vez más, la importancia del diseño e implementación de políticas públicas informadas por la reflexión del Trabajo Social. Como hemos examinado aquí, una política pública ciega a sus propios déficits es incapaz de enfrentarlos e inadecuada para producir las transformaciones sociales que se ha propuesto, pudiendo incluso llegar a empeorar la situación de los sujetos cuyas vidas aspira a mejorar.

En palabras de Augusto Pinochet, “la posibilidad que el Estado expanda aún más su labor educacional debe considerarse unbelievable (…) por consiguiente, se estimulará con energía la ayuda que el sector privado presta” (El Mercurio, 6 de marzo, 1979). En el marco de esta alianza, y con el fin de promover el crecimiento de la educación escolar, el Estado desarrolló tempranamente una ensayo sobre la pobreza pdf política de subsidio por alumno. Los primeros decretos para formalizar el traspaso de montos públicos hacia escuelas particulares se emitieron en 1854 y 1871, sumado a ciertas regalías del Estado (por ej. entrega de terrenos; Aedo-Richmond, 2001). Este subsidio aumentó lentamente, aunque siempre se mantuvo como un monto menor a lo entregado a las escuelas públicas, en consistencia con un Estado Docente.

Mutaciones metafísicas, mutaciones culturales, nueva singularidad, idolatrías postmodernas, azar, complejidad. Avancemos, entonces, por el territorio cultural postmoderno fijándonos en las oportunidades y desafíos para los educadores. El ambiente educativo actualmente se encuentra en un cambio constante de transformación, donde la tecnología desempeña un papel central. Aún cuando es indiscutible la incomodidad ante la tecnología, e incluso el miedo y temor a ésta, la autora del presente ensayo plantea como recomendación para superar tal debilidad, el enfrentarlo. Comenzar tal cultura con los seres desde sus primeros años de formación académica sería el inicio de una nueva era educativa. La sociedad moderna y la generación contemporánea están siendo sumidas a las nuevas tecnologías y medios virtuales de comunicación.

BAIN, K., “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”, Barcelona, Ed. Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile”, Santiago de Chile, Ed. La tercera mutación metafísica vendría de la mano de la ingeniería genética, en cuyas bases científicas radica la posibilidad cierta (certeza racional) de dar el salto al “mundo feliz” descrito por Aldous Huxley en su novela homónima. Por consiguiente, el reto es enorme, pero debe existir la convicción de lograrse, pues el aporte de cada docente, padre, madre, representante hará la diferencia. El hecho de encender la luz en la mente de cada niño y niña, es una experiencia indescriptible digna de ser vivida por cada individuo sobre quien recae la responsabilidad de la instrucción.

Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Todas estas consideraciones indican que la educación deja de ser un bien común, es decir, esencialmente pública y de atención preferente del Estado; ello significa, en lo esencial, la pérdida de su sentido ético-jurídico, esto es, la expresión de un derecho y un valor.

Hemos dicho que la cultura es un sistema de comunicación, y por lo tanto simbólico. Pero, así como recibimos elementos culturales, aportamos a la modificación de la cultura en la que nacemos. Y es en esa influencia mutua donde la Educación tiene un rol elementary, al asumir el desafío socializador.

Desde esta perspectiva la coordinación social es entendida, antes que nada, como una estrategia vertical y horizontal de vinculación entre esferas especializadas de conocimiento que operan con lógicas reflexivas independientes (Willke, 2006). De esta manera, se reconoce el carácter interdependiente de estas esferas y, con ello, la posibilidad de que se influyan y afecten entre sí desde sus propias lógicas reflexivas (Willke, 1993, 2006). Esto permite comprender que el principal propósito de la coordinación social desde esta perspectiva consiste en vincular conocimientos especializados que inicialmente se encuentran fragmentados en diversas áreas de experticia, buscando de esta manera ajustar la concept de la intervención a la complejidad heterárquica bajo la que opera la sociedad moderna (Azócar, 2015; Salinas, Urquieta y Labraña, 2021). El examinado déficit de observación contextual se traduce en el caso regular en una intervención de políticas públicas no situada; esto es una suerte de estrategia flotante, desprovista de consideraciones que permitan interpretar esos límites y moverlos con fines de transformación. En un escenario como el descrito no debe sorprender que las resultantes políticas públicas carentes de contextualización sean marcadamente ineficaces, por cuanto reducen su comprensión y su accionar a las dimensiones estrictamente asociadas con los enfoques probados en contextos diferentes, evaluando, por tanto, la implementación dentro de esos mismos límites.

Todos recordamos nuestros inicios en la docencia, y el camino que hemos recorrido, y si hoy nuestras clases son mejores es porque hemos vuelto a la belleza de lo easy. Pero el paso por lo accesorio y lo barroco es necesario, esa búsqueda centrada en las formas más que en el fondo, es necesaria para llegar al descubrimiento de lo esencial. En una cultura que preconiza un nuevo concepto de autoridad, vinculado a un imaginario social más tribal que contractual, ¿qué sentido tiene la autoridad docente? Los profesores habremos de ser los primeros en buscar respuesta a esta pregunta.

La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).

septiembre 15, 2024

Diagnóstico Inicial A Organizaciones Sin Fines De Lucro

Realizamos un seguimiento del voluntariado de los empleados y utilizaremos estos datos para formar una base de referencia para objetivos futuros. La Red latinoamericana por el derecho de los niños, niñas y adolescentes al uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (NATIC) está conformada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, comprometidas con la promoción del derecho de los niños, niñas y adolescentes al uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Entre otros objetivos, se pretende fortalecer las capacidades y oportunidades de los NNA para hacer efectivo este derecho e impulsar la acción y el compromiso de actores políticos y sociales para garantizar su cumplimiento. Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de constituirse con un acta en la secretaría municipal respectiva, dentro del plazo de treinta días contado desde aquel en que se celebró la asamblea constitutiva. Efectuado el depósito, la organización comunitaria gozará de personalidad jurídica propia.

Sofía Elric, directora de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas de la Fundación Fibromialgia en Acción ubicada en la Región Metropolitana, añade que “todas las experiencias que hemos tenido con Trascender y el voluntariado profesional han sido claves en nuestro crecimiento como organización. Nos han permitido crecer en todos los ámbitos y comprender la importancia de una buena gestión y planificación para cumplir nuestros objetivos”. Sandra Carvajal, presidenta de la Fundación Bezaleel ubicada en la Región Metropolitana, cuenta que “el modelo de voluntariado profesional que ofrece Fundación Trascender nos parece respetable y comprometido con las necesidades de las ONGS para subsanar y mejorar las capacidades fundación cambiando vidas de cada una. En nuestro caso nos han dado la oportunidad de poder estar a la altura de los lineamientos de la sociedad civil y transparencia”. Estas organizaciones son verdaderos héroes en la defensa de derechos y causas específicas, desde la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación y equidad de género, hasta el impulso del emprendimiento, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Leonardo Moreno, Presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, destacó el trabajo y compromiso de las organizaciones que participaron en este proceso, ya que la transparencia, sin duda, permite reconstruir las confianzas entre los distintos actores de la sociedad.

colegios profesionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras organizaciones.

Con distintas visiones políticas, sociales, ideológicas y religiosas, lo que los une es la urgencia de que Chile cuente con políticas públicas a la altura de la Convención sobre los Derechos de los Niños que nuestro país firmó en agosto de 1990, es decir, hace más de 25 años. El Registro de Organizaciones Sociales es una herramienta de uso público que contiene la información de organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que promueven los derechos y deberes de las personas y comunidades migrantes y refugiadas. El CdT no outline los sindicatos y solo reconoce la existencia de cuatro clases de ellos en consideración de los trabajadores afiliados (art. 216). Por tales se entienden las organizaciones libremente constituidas por trabajadores del sector privado o de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, cuyo objetivo es asumir la representación y legítima defensa de sus asociados, así como promover los intereses económicos, sociales y culturales de los mismos (arts. 212 y 220 del CdT). Son las únicas entidades de economía social que gozan hoy de reconocimiento constitucional (art 19 N° 19 de la CPR). 1) Las cooperativas son personas jurídicas regidas por el derecho privado que llevan a cabo una actividad económica sin buscar un beneficio como propósito último y a) principalmente en interés de sus miembros, sean consumidores, proveedores o trabajadores de la cooperativa («cooperativas mutualistas»), o b) principalmente en interés de la comunidad («cooperativas de interés general unicef fundacion«).

Las Fundaciones, en cambio, tienen además un conjunto de bienes, un patrimonio destinado por uno o más individuos al cumplimiento de determinado fin. Somos una fundación que desde el 2001 trabajamos para fortalecer a la Sociedad Civil a través del voluntariado profesional y el desarrollo comunitario, conectando personas con vocación social y organizaciones sociales que necesiten de su conocimiento y experiencia laboral. Formamos alianzas virtuosas que hacen más fuerte el tejido social y, con ello, contribuimos a la superación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Únete y colaboremos para crear un Chile más solidario, justo, igualitario e inclusivo. A nivel nacional también existen experiencias exitosas al respecto, Transparentemos es un claro ejemplo de ello. Esta iniciativa tiene por objetivo apoyar a las organizaciones para que incorporen los principios de transparencia activa y rendición de cuentas.

Te invito a profundizar en el tema y ampliar tu contenido revisando este Webinar “Cuáles son las obligaciones legales de fundaciones y corporaciones”. También puedes continuar potenciado tus estudios en nuestro curso de Estrategias de gestión para OSFL. Cumplir las obligaciones es responsabilidad del directorio, según el Artículo 511 – 2 del Código Civil, éste tiene el deber de cuidado y de lealtad, al igual que dirigir y cumplir objetivos. Son los directores quienes deben manejar los conflictos de intereses, planificar, monitorear y administrar de buena manera el patrimonio, informarse y asistir a las sesiones, manejar riesgos, levantar actas y suscribirlas, entre otras. Posiciona tu organización en mesas temáticas con el fin de realizar propuestas y observaciones a las políticas públicas en las diversas causas que abordan nuestras organizaciones socias.

La personalidad jurídica surge por el solo hecho del depósito. Para acreditar ese hecho, la Secretaría Regional deberá autorizar una copia del instrumento constitutivo, en la cual se anotará la fecha del depósito y el número del registro. La FECU Social tiene por objetivo contribuir al Tercer Sector (ONG´s, asociaciones, fundaciones, empresas sociales sin fines de lucro) en un mayor control y transparencia pública de su gestión, logrando uniformar la información reportada por las organizaciones al Ministerio de Justicia, en un modelo integrado de reporte financiero y de gestión.

Al mismo tiempo, y al apoyar el financiamiento de proyectos de carácter social, contribuye en complementar las políticas de inversión social del Estado. Corresponden a las mutuales de empleadores a las cuales se permite la administración de las acciones de prevención de riesgos y de los servicios y tratamiento relacionados con el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas (arts. 11 y 12 de ley N° sixteen.744). Se trata de personas jurídicas sin fines de lucro (art. 11 de la ley N° 16.744), cuyo estatuto orgánico está contenido en el DS 285, de 26 de febrero de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Si bien, estas organizaciones no están obligadas por ley a cumplir con los criterios de transparencia y acceso a información como se le exige a las instituciones públicas, sí rinden cuenta cuando reciben aportes estatales.

En este sentido, la transparencia más que un valor se transforma en un beneficio para quienes adoptan los criterios básicos de transparencia y rendición de cuentas. No cabe duda que en la actualidad la transparencia no sólo debe ser promovida al interior de las instituciones y organismos públicos. Frente a una ciudadanía mucho más empoderada y demandante de información, las instituciones privadas deben asumir este desafío para no perder legitimidad ni confianza pública.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Código del Trabajo, el empleador que pague a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, se exime de la obligación de pagar la gratificación que se establece en el artículo 47 del referido Código, esto es, gratificar en proporción no inferior al 30 % de las utilidades líquidas. El Consejo estará integrado por seis a diez Consejeros y/o Consejeras que participarán con plenos derechos. Asimismo, participarán como interlocutores/as del Ministerio, Servicios Dependientes y/o Relacionados, la Autoridad Máxima respectiva, el Secretario Ejecutivo y un Secretario de Actas, cumpliendo este último rol el Encargado de Participación Ciudadana.

Cada organización debe inscribirse en el sitio internet para que pueda votar en la elección de los miembros del consejo. Permite dar visibilidad al trabajo que realizan las organizaciones compuestas por personas migrantes; las organizaciones que trabajan en relación con las comunidades migrantes y las universidades, centros de estudios y/o institutos que producen conocimientos en torno a las migraciones. Le corresponde al directorio conocer los hechos, solo en el caso de reclamación por parte del afectado. Es necesario que se encuentre presente o representadas legalmente los constituyentes y a lo menos, el directorio más 6 personas. Las fundaciones o corporaciones deben garantizar cierta protección y responsabilidad sobre los trabajadores como cualquier otra organización.

De ahí, por ejemplo, que el art. 1467 del CC señale que la mera liberalidad es causa suficiente para contratar. El ánimo de lucro tiene que ver, entonces, con la finalidad que explica la existencia de la entidad, y no con la actividad o giro desarrollado por ella. El directorio cumple el rol de aprobar la memoria y el balance de la organización, para luego presentarla al Ministerio de Justicia, lo cual es una obligación legal que se debe realizar una vez al año.

En el 2013, la conferencia regional para Latinoamérica se desarrolló en Chile y la ONG Paicabí fue la entidad co-organizadora del evento que congregó a más de 800 personas. Así, por un lado la afiliación a una asociación es siempre libre, private y voluntaria y, por el otro, el Estado debe promover y apoyar iniciativas asociativas de la sociedad civil, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en procedimientos de asignación de recursos y la plena autonomía de las asociaciones sin interferir en su vida interna. Además, esta ley establece algo sustancial y es que las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, siempre que las asociaciones que constituyan no sean contrarias a la ethical, al orden público y a la seguridad del Estado, o realicen actos contrarios a la dignidad y valor de la persona, al régimen de Derecho y al bienestar common de la sociedad democrática. De ahí se sigue que las distintas organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, corporaciones sin fines de lucro y ONG’s cubren ciertas necesidades que no pueden ser resueltas ni por el Estado ni por el mercado.

julio 17, 2024