El libro, en el que también trabajaron la economista Denise Falk, su par Rodrigo Herrera y el sociólogo Vicente Silva, reúne estudios existentes, presenta otros nuevas e incluye encuestas y entrevistas para explorar el fenómeno de la desigualdad desde distintas perspectivas. Además usa un lenguaje preciso, pero no especializado, porque aspira a ser de consulta common y no sólo para técnicos. Las personas con discapacidad representan el 20% de la población, con poco más de 2,6 millones de habitantes.
Los ejemplos típicos corresponden a estereotipos en los que se da por hecho que las personas con discapacidad no están sanas, que tienen mala calidad de vida, and so on. Es un término que se utiliza para todas aquellas discapacidades que se originan en el tiempo del desarrollo, generalmente durante los primeros 18 años de vida de la persona. Uno/a de cada 7 niños, niñas y adolescentes en Chile, tiene algún tipo de discapacidad.Casi el 5% de los NNA del país, experimenta una discapacidad de carácter severo, mientras que casi el 10% tiene alguna discapacidad de nivel leve o moderado. El promedio de escolaridad de las PcD es de 10 años, dos años menos que las personas sin discapacidad.
Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015. Estos datos también son útiles para estudiar cómo la desigualdad ha evolucionado en el tiempo. Esto es importante para nuestro país, porque muchos analistas han argumentado, equivocadamente, que la desigualdad ha disminuido significativamente en los últimos 30 años. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global. Para Chile, existen diferentes estimaciones de la porción de los ingresos que se lleva el 1% más rico, que varían dependiendo de los datos disponibles, supuestos metodológicos, y correcciones hechas por evasión y elusión. El estudio de Flores, Sanhueza, Atria y Mayer encuentra una concentración en torno al 24% usando datos tabulados.
Sin embargo, la evidencia empírica concluye que estos desincentivos son bajos.[12] El segundo efecto se refiere al incremento en el bienestar whole que proviene de transferir recursos de una familia rica a una pobre. Por ejemplo, 100 mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes. El impuesto óptimo balancea estos dos efectos y, para sorpresa de muchos, aun considerando sus potenciales efectos distorsionadores, la literatura ha concluido que debe ser bastante altos. En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno.
Los productos simbólicos, como las significaciones sobre el trabajo o las mismas experiencias laborales de los y las jóvenes que cursan EMTP se constituyen en un campo en el que diferentes grupos sociales se disputan la hegemonía sobre sus significados. Desde entonces la brecha de ingresos ha oscilado en distintos momentos, pero a la larga se ha mantenido bastante estable desde mediados del siglo XIX, cube el texto. En este sentido, para Martínez-Vázquez et al (2012), el impuesto sobre el ingreso private (este es el impuesto más progresivo, según Verbist y Figari, 2014) y el gasto social, en common, reducen la desigualdad; mientras que las cuotas de la seguridad social, el IVA y otros impuestos indirectos la aumentan. En este sentido, los impuestos sobre el ingreso private y corporativo suelen ser los más distorsionadores (OCDE, 2012).
Además, existen razones para pensar que la progresividad nominal del impuesto al ingreso está mermada por una masiva práctica de elusión tributaria por parte de los grupos más ricos (ver aquí y aquí). Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta. Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es zero,59. Consistente con lo reportado por la OCDE, encuentran que en su conjunto la acción del gobierno es levemente progresiva.[8] El estudio muestra, además, que el sistema tributario es levemente regresivo y el sistema de transferencias es progresivo, especialmente debido a las transferencias en salud y educación. Así, el diseño mismo del sistema tributario explicaría por qué la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias es particularmente acotada en el caso chileno. Se concluirá que el sistema tributario Chileno responde a un pacto social -impuesto, no acordado- que le asigna un rol acotado al Estado tanto en la recaudación como en la corrección de las desigualdades del mercado.
La principal ventaja de la tipología elaborada consiste en su capacidad de describir la forma como las comunas se relacionan con las ciudades en el sistema urbano, con relativa independencia de los límites administrativos, guardando relativa homogeneidad con métodos aplicados en otros países. El criterio principal consiste en la presencia de mercados laborales compartidos a nivel territorial, utilizando como indicador los viajes diarios con motivo de trabajo, además de criterios relacionados con el tamaño y la densidad poblacional. En el caso explicit de Chile, esto permite identificar territorios subregionales, intermedios entre el nivel local y las regiones jurídica y administrativamente establecidas. Propendiendo a estudiar las desigualdades de ingresos a una escala subnacional más pequeña, se han desarrollado estudios econométricos que consideran a las comunas del país como unidad básica.
Hay una gran brecha en el acceso digital, los más golpeados son los sectores más desfavorecidos. En Costa Rica, por ejemplo, los colegios privados seguían funcionando, pero los públicos no, porque no podían garantizar el acceso a la educación. Primero, se cerró la escuela pública, después cuando se vio que la situación iba para largo se intentó un modelo de presencialidad mixto. Los sectores más pudientes habitan en zonas determinadas, comunidades cerradas donde no puedes entrar. A veces están alejadas y cuentan con servicios exclusivos, así no tienen necesidad de entrar en contacto con otros sectores de la población. Los caminos de Juan Diego lo llevaron hasta Andalucía, la segunda zona más pobre de España (después de Extremadura), y a trabajar en el Laboratorio de Psicología Social de la Desigualdad de la Universidad de Granada.
De acuerdo al libro, en 2015 la mitad de los trabajadores chilenos (empleados 32 horas semanales o más) tenían un sueldo bajo, entendido como aquel que no le permite a alguien mantener a una familia promedio sobre la línea de la pobreza, que en ese año correspondía a 343 mil pesos. Los más afectados son los jóvenes de entre 18 y 25, las mujeres y las personas con educación escolar incompleta. De acuerdo con los investigadores, eso implica que si la cifra de desigualdades socio territoriales pobreza (11,7 %) no es más alta es porque en la mayoría de los hogares tiende a vivir más de una persona que trabaja. La asimetría en la distribución del capital y la influencia existe en este territorio desde antes de que Chile fuera Chile, plantea este trabajo liderado por el economista Osvaldo Larrañaga junto al sociólogo Raimundo Frei y el ingeniero y sociólogo Matías Cociña, investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las calles y los barrios no son neutros, sino «territorios», y todos los grupos evalúan constantemente si pertenecen al lugar, lo que determina si pueden andar tranquilos o no. En estos tiempos, caracterizados por un incremento generalizado de la desigualdad, este artículo hace una revisión de la literatura existente sobre el papel que puede jugar la política fiscal para reducirla. Comenzaremos con los resultados generales más relevantes, seguiremos con la capacidad redistributiva de los diferentes instrumentos fiscales y terminaremos con los efectos redistributivos de la consolidación fiscal. La Convención, por lo tanto, deberá estar consciente tanto de los diferenciales de poder como respecto del acceso que sin duda provocarán impactos relevantes en el debate constituyente. Habilitar un sistema de registro de audiencias públicas que permita evaluar a quiénes se invita a Comisiones ayudaría a monitorear y corregir eventuales sesgos por género, territorios, e intereses que se expresan en la Convención.
El código destaca que, en nuestra región, la pobreza, la falta de vivienda y las dificultades en el acceso a la salud son barreras adicionales para una implementación exitosa. La educación, tal y como existe hoy en Chile, es motivo de un diagnóstico sombrío para el PNUD, al menos en torno a sus capacidades desigualdad socioeconómica en el mundo de producir movilidad social a futuro. En cuanto a las razones a las que atribuyen el menoscabo, la más mencionada es la clase social (41 por ciento), seguida de otras relacionadas como el lugar en que se vive (28 por ciento), la forma de vestir (27 por ciento) o la ocupación o trabajo (27 por ciento).
Pese a eso, en amplios segmentos de la población existe la percepción de que la brecha no se acorta y este tema ha adquirido creciente relevancia en la política y las encuestas. Una brecha muy significativa y asociada al gap territorial dice relación con la conectividad, que se ha hecho evidente en tiempos de pandemia. Los servicios se ven seriamente limitados en la medida en que se alejan de la Región Metropolitana y de los sectores con mayor ingreso. Lo anterior afectará de modo gravitante cualquier iniciativa de participación digital en el proceso constituyente a partir de consultas ciudadanas, formularios de internet para recibir propuestas o diálogos y deliberaciones en plataformas digitales.
Esta temporalidad situada en distintos momentos biográficos permitió la construcción de una subjetividad reflexiva en los participantes y abrió el espacio para discutir las dificultades que enfrentan los estudiantes de sectores vulnerables para cumplir sus sueños de futuro. Uno de los propósitos de esta investigación fue conocer las significaciones que los estudiantes de EMTP le otorgan a la “elección” de una especialidad, y el modo como inciden en ella las diferencias de género, socioeconómicas y territoriales. Algunos elementos de esta indagación fueron visualizados en el estudio de Espacio Público (2016), que sirve de antesala de este trabajo. La herramienta se construye con los datos más recientes de la base de datos de distribución de ingresos de la OCDE. En sólo unos pocos clics, se puede ver dónde estás tú en la distribución del ingreso de tu país. Aquí, cube el libro, se manifiesta la segregación de la ciudad, que difícilmente puede concebirse como un espacio público común y de acceso igualitario.
