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Discriminación Estructural Y Desigualdad Social : Con Casos Ilustrativos Para Jóvenes Indígenas, Mujeres Y Personas Con Discapacidad Sistema Nacional De Información Sobre Discriminación

Un ejemplo lo podemos encontrar en los gemelos monocigóticos, que comparten la misma información genética, pero que pueden tener diferencias importantes en el volumen y funcionamiento de algunas estructuras cerebrales lo cual sugiere que existen otras influencias en juego. Se invita a los medios de comunicación a cubrir esta Conferencia Regional, que se realiza en la sede de la CEPAL (Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile). Los periodistas deben portar la credencial de su medio o su credencial de identidad para tener acceso al recinto y acreditarse con anterioridad a través del siguiente formulario. Por otra parte, pese a que la participación política de las mujeres en los parlamentos nacionales ha presentado un alza sostenida a lo largo de las últimas décadas, las mujeres solamente ocupan en promedio el 31% de los escaños en la región.

En esa línea, contra un relativismo extremo y un materialismo economicista, el qué de la distribución atiende una igualdad de capacidades que, considerando la diversidad de los quienes, supone que los medios o satisfactores poseen características diferenciables y definidas culturalmente. Una lista de los funcionamientos más relevantes y de sus satisfactores depende de las condiciones específicas de la sociedad y, por lo tanto, confeccionarla es objeto de consenso entrecruzado. En este sentido, será deseable adelantar ejercicios participativos dentro de los procesos de construcción de los requeridos sistemas estadísticos que comprendan, por ejemplo, la construcción horizontal de formularios. De hecho, Nussbaum distingue justicia de calidad de vida, entendida la segunda como cuestión constitutiva de visiones comprehensivas. De acuerdo con Fraser y Honneth (2006), la política distributiva para algunos responde a un materialismo pasado de moda. Sin embargo, esto es revaluado por las mismas propuestas de Rawls (2006) y la de Sen (1988), cuando dan contenido a la cuestión ¿Igualdad de qué?

Mientras, la segunda describe la pobreza con carencias inherentes a ella; ya sea la vivienda, nutrición, acceso a la educación, sanidad, etc. Desde 2019, la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un Espacio de Masculinidades que apunta a la sensibilización en torno a esta tema y acompaña a varones de esa universidad que se desigualdad entre clases sociales encuentren involucrados en alguna situación de violencia de género. El Espacio es coordinado por la Unidad Central de Políticas de Género y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de esta casa, y en ese marco, se llevan a cabo estudios que aportan a la elaboración de políticas y al conocimiento de las identidades masculinas en el ámbito universitario.

La distribución funcional del ingreso muestra la participación de la masa salarial en el pib complete, por lo cual este indicador permite capturar bien las desigualdades en la región, pero debe ser complementado con indicadores que visibilicen no solo la contradicción capital-trabajo remunerado, sino también la contradicción «capital-vida». La sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados sobre las mujeres es consecuencia de relaciones de poder desiguales de género. Las encuestas de uso del tiempo y los indicadores como la pobreza de tiempo han intentado poner en evidencia este rasgo estructural de la desigualdad. La pobreza de tiempo considera los hogares pobres no solamente por su carencia de ingresos, sino también por la carencia de tiempo para llevar adelante el conjunto de las tareas del trabajo no remunerado y de cuidados, que realizan principalmente las mujeres. Se estima que si se tuviesen en cuenta conjuntamente la carencia de ingresos y la de tiempo (en lugar de únicamente la de ingresos), la pobreza se incrementaría de 6,2% a eleven,1% de los hogares en Argentina, de 10,9% a 17,8% en Chile y de 41% a 50% en el caso de México3.

El segundo y tercer componente del concepto de equidad en salud, indicados anteriormente, comparten una dinámica comparable, en la medida en que constituyen el objeto de las políticas públicas de salud. Aquí, en ambos sentidos, la situación de iniquidad resultaría de la omisión del Estado en la promoción de la calidad de vida de los ciudadanos, que garantizaría derechos fundamentales como vivienda, seguridad, ambiente saludable, libertad política, educación y salud. En esos casos, se trata de una deuda social directa, resultante de la ausencia o limitación de programas y servicios de salud, que requeriría ser asumida y honrada por la sociedad a través de acciones y políticas de ampliación del acceso a los recursos disponibles y adecuados para mejorar las condiciones de salud de la población, cuya meta sería un acceso common y ecuánime.

Desde esta perspectiva, las categorías propias del análisis demográfico, como sexo, edad, condición migratoria, origen étnico-racial y nacional, entre otras, no solo refieren a modos de descomposición-desagregación de la totalidad poblacional, sino que también son modos de referirnos e intentos de aprehender la particular configuración de desigualdades sociales en cada momento y lugar. Cada categoría del análisis demográfico alude siempre a una categoría social de desigualdad, esto es, a colectivos demográficos situados y constituidos desde estructuras de desigualdad, como por ejemplo el género, la etnicidad, la nacionalidad, la generación y la geografía, entre otras. Esta perspectiva de la demografía de la desigualdad nos lleva necesariamente a una reflexión y crítica del concepto mismo de población que se usa en demografía, con el cual se suele definir su objeto y campo de estudio. Con ello nos referimos a los modos de explotación y discriminación social, a estructuras de poder y sometimiento de unos por otros, a la configuración de clases sociales, al patriarcado y las relaciones de género, y al racismo, entre otros.

A 2018, al menos 3.800 mujeres habían sido víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. También en representación del Gobierno de Chile, Carolina Valdivia, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, indicó que “el tema de la XIV Conferencia Regional, la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, nos confronta con una realidad, que lejos de ser una ficción, es un gran desafío que tenemos por delante. La vulnerabilidad ante los ciclos económicos, los flujos migratorios, la revolución digital, el cambio climático, los cambios demográficos, todos factores que dificultan la superación de la discriminación y que afectan principalmente a mujeres y niñas”. La cifra arrojada por el Coeficiente de GINI permite realizar comparaciones entre países en torno a su desigualdad o igualdad salarial. Además, como es una cifra que permite visualizar la situación salarial dentro de un territorio, puede ser usada para orientar el diseño e implementación de políticas y cambios en la legislación laboral. El coeficiente se distribuye en el intervalo comprendido entre 0 y 1, siendo 0 equivalente a “máxima igualdad” y 1 a “máxima desigualdad”, ambos referidos a ingresos salariales.

La articulación de estos tres campos es lo que configura la matriz de estructuración de la desigualdad social en el agro chileno, que adopta una forma feminizada. En este sentido es que hablamos de una demografía de la desigualdad, para enfatizar el papel de lo demográfico como uno de los ejes constitutivos de tal matriz de desigualdad social. Como nos dice Joseph E. Stiglitz en su libro La Gran Brecha “Una economía que funcione bien necesita el equilibrio entre los sectores público y privado, con inversiones públicas esenciales y un sistema de protección social debidamente financiado. Un sistema tributario bien pensando no se limita a recaudar dinero, sino que puede ayudar a mejorar la eficiencia económica y reducir las desigualdades”. La falta de concreción con lo que firmamos nos lleva a esta erosión y recesión de la democracia, donde merced a la alta desigualdad, se verifica un poder sin balances, auscultada en la crisis de gobernanza (deficiencias y carencias de los servicios públicos).

Brechas de acceso a servicios públicos, concentración de capital, distribución asimétrica de riesgos y costos ambientales o exclusión de grupos humanos debido a su origen étnico o su identidad de género son temas recurrentes en las discusiones sobre desarrollo y democracia en la región. Si bien en la primera década del siglo XXI se experimentó una contracción progresiva de las asimetrías de ingresos (CEPAL, 2013), esto solo abarca un aspecto limitado de la desigualdad y al final de la segunda década del presente siglo, América Latina sigue manteniéndose como la región más desigual del mundo (CEPAL, 2018). Esto es particularmente llamativo en la Región Andina, un espacio con procesos económicos, políticos, sociales y ecológicos específicos dentro de Latinoamérica, pero vinculados a procesos globales. La desigualdad económica se refiere a la brecha existente entre las personas en términos de ingresos, riqueza y acceso a recursos económicos.

La existencia de sectores privilegiados generaliza la corrupción y la delincuencia dentro del ámbito político. Además, crea procesos judiciales poco confiables aumentando la discriminación de clases y la injusticia social. Por otro lado, los plazos de los permisos de paternidad y maternidad son mínimas o inexistentes en muchos países.

Con base en una metodología novedosa, la cual definimos aquí como aproximación pragmática, la presente investigación se ha llevado a cabo a partir de grupos focales que recrean situaciones interactivas de la vida cotidiana. El artículo analiza las modalidades prácticas de calificar y clasificar de personas comunes y corrientes (Boltanski y Thévenot, 1983) en situaciones de interacción e intercambio en un ejercicio cuya meta es la descripción de la sociedad y de los grupos que la integran. Para llegar a una determinada clasificación, desigualdad en la infancia criticarla o legitimarla, los actores deben definir y justificar el valor relativo de las personas en la jerarquía social. De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), la pobreza genera una serie de consecuencias que deterioran la calidad de vida en los territorios en los que se presenta. Además, un reciente estudio muestra los efectos que puede tener la pobreza estructural en la sociedad. Así, la primera imputa la condición de pobre a una población insatisfecha de ingresos como para sustentar el costo de una vida digna.

“En el caso del colonialismo, está completamente probado en estudios científicos que la ocupación colonial socava la capacidad colectiva del pueblo ocupado para sobrellevar las más básicas dificultades emocionales, creando una situación traumática aguda y permanente. En el caso de Puerto Rico, nuestra población, ya sea los que viven en la isla o los que emigran, está más propensa a desarrollar desórdenes depresivos y ansiedades que cualquier otra población que no esté bajo una ocupación colonial”, comentó citando varios estudios científicos. «Nosotros cotizamos alrededor del 16% cuando en la mayoría de países se cotiza por encima del 25%. Las mujeres se pensionan con 57 años y los hombres con sixty two, de las edades más bajas de jubilación en la región», añade. Reconocer y apoyar el aporte que realizamos las comunidades afrocolombianas es parte elementary en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

diciembre 12, 2024

El Principio De Igualdad Y No Discriminación Aproximaciones A La Discriminación Estructural Del Estado Paraguayo Hacia Los Pueblos Indígenas

Por otro lado, se ha de prestar atención a las nuevas formas de expresión híbridas en un contexto de multiculturalidad en las formas sociales marcadas por la interacción, no sólo por la opulencia informativa que permite la sociedad global, sino también por las formas de coexistencia de diferentes culturas en el mismo espacio social con múltiples conexiones con lo global. Desde este punto de vista, los fenómenos comunicativos marcados por la glocalización indican estrategias de adaptación e incremento de la competencia comunicativa en las comunidades locales. Aun a riesgo de simplificar lo complejo y/o compartimentar en exceso los esfuerzos que la teoría de la comunicación de masas ha llevado a cabo para explicar procesos y relaciones entre las diferentes formas de desigualdad comunicativa, introducimos aquí los principales problemas que se abordan desde las tres perspectivas en los tres ámbitos de desigualdad informativa. A partir del cruce entre las dos dimensiones, una teórica y otra empírica obtenemos ocho maneras de acceder al estudio de la desigualdad comunicativa (Cuadro 1). Se conoce como desigualdad social a la situación socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente. En función de su posición social, económica, su creencia religiosa, su colour desigualdad en el siglo xxi de piel, su género, sus preferencias sexuales, su lugar de procedencia o su cultura, entre otras cosas.

Pero en los últimos años las cosas comenzaron a cambiar y, al igual que en Colombia, se debatieron e introdujeron mecanismos solidarios para apoyar a los mayores de sixty five años y otras poblaciones vulnerables, incluso en aquellos países con sistemas privados o integrados. Trabajó desde los 18 años, pero como les pasa a muchos trabajadores del campo, la informalidad, la inestabilidad de ingresos y otros factores le impidieron ahorrar para la vejez. Si bien muchos valoran el proyecto como una mejora del sistema actual, expertos consultados por BBC Mundo ponen en duda su sostenibilidad financiera a largo plazo y piden otros cambios estructurales complementarios. «El vigente sistema había que cambiarlo. Era regresivo e injusto», le cube a BBC Mundo Sergio Urzúa, profesor en economía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos.

Es imperativo abordar la desigualdad educativa para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Solo a través de medidas y políticas que reduzcan las disparidades y garanticen el acceso equitativo a la educación podemos construir un futuro más igualitario para todos. Como hemos visto, por un lado, los tríos consensuaron fácilmente sobre la importancia de la responsabilidad personal y de la educación como motor de avance y un potente medio de adaptación a las prescripciones sociales. Sin embargo, estos acuerdos entraron en tensión frente a algunas opiniones críticas a las asimetrías sociales manifiestas, por ejemplo, en la concentración de privilegios en la élite o en la falta de respeto de los profesionales a otros grupos.

Como ejemplo, citó la postura que la Asociación ha asumido contra “las políticas impuestas por la mal llamada Junta de Supervisión Fiscal, un instrumento que impone estratégicamente sus facultades para condicionar las decisiones políticas dentro del país, posibilitando un deterioro acelerado de las condiciones de vida”. La reforma establece que los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 se les continuará aplicando la norma actual. Es decir, que no estarán obligadas a aportar al fondo estatal una parte de sus ingresos en el caso de que estén en uno privado.

Estas explicaciones suelen encontrarse en variables socioestructurales como la clase social, la religión, la residencia urbano-rural y la región. De hecho, si observamos los grupos étnicos dentro de sociedades como Myanmar, podemos ver que puede haber muchas etnias con orígenes raciales compartidos, que marcan su diferencia por cultura y tradición. Las personas se unen en torno a las identidades raciales tanto como una cuestión de autoidentificación como a través de estados adscritos sobre los que no tienen elección. Los sociólogos a menudo se preocupan por identificar cómo se estratifican las sociedades en líneas raciales.

En el caso de la demografía, la cuestión se ha centrado en aspectos metodológicos de medición e índices de desigualdad, con el desarrollo de modelos estadísticos de diversa complejidad, que aunque importantes, no siempre sustentan una perspectiva crítica que contribuya al entendimiento de la desigualdad en las sociedades contemporáneas. En el mismo sentido, estar expuesto sistemáticamente a condiciones adversas de vida que delimitan tus experiencias, como la pobreza, violencia, escasa salud psychological, poca educación, o estrés, pueden afectar profundamente el cerebro. De esta manera, las experiencias individuales tienen un impacto significativo en la forma en que se desarrolla la estructura cerebral.

Los tres tipos de violencia están relacionados en el sentido de que la violencia directa puede servir de indicador del grado de violencia estructural y cultural de una sociedad. Por otro lado, apuntando hacia el objeto de este artículo, los medios de comunicación (como instancias difusoras de valores, normas y estilos de vida) legitiman la violencia directa o la estructural cuando, a través de los contenidos, provocan el rechazo, la discriminación o la agresión hacia ciertos colectivos, individuos, naciones, sexos, etcétera. En el caso de Chile, este discurso de corte individualista convive en la sociedad no sin tensión con otros discursos políticos y sociales que valoran la igualdad como principio normativo de justicia (Bonnefoy, 2013) e identifican la coexistencia de distintos sistemas de desigualdad. Estos discursos afirman la responsabilidad del Estado de generar, mediante políticas públicas, condiciones para la igualdad de oportunidades y de derechos. La PAB significó un paso importante para crear políticas que incluyan a los varones como parte del cambio social. Sin embargo, todavía numerosos países de Latinoamérica no mencionan en sus políticas públicas ni programas nacionales a la población masculina como estrategia de prevención de las violencias hacia mujeres y niñas.

De esta manera, una línea de continuidad une la legitimación de la lógica del mérito y la responsabilidad particular person con la vivencia cotidiana de desazón ante la desigualdad de oportunidades, constatación de la concentración o acaparamiento de ventajas por parte de los grupos sociales altos, por el irrespeto y, finalmente, por la incertidumbre de perder lo logrado. Aquí una frontera moral separa el mundo del privilegio sin esfuerzo del mundo del esfuerzo que exige reconocimiento. Por ejemplo, para el trío 5 de Independientes, conformado por dos comerciantes y una dueña de casa, con educación media completa y básica completa, es notoria la incidencia de las personas con más poder, señalando el papel de los empleadores en las situaciones de injusticia y la discriminación en la sociedad chilena. Para este trío, las grandes diferencias no se justifican y se asocian a abusos de los “exitosos”.

Para que se originen tienen que darse una serie de factores y situaciones que hagan aflorar la problemática, como es el caso de los conflictos estructurales. Los seres humanos tenemos que ser conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos y conocer las características de los conflictos, para poder desarrollar estrategias efectivas, que propicien un acuerdo entre las partes implicadas. Reducir la desigualdad económica no solo es una cuestión de justicia, sino también de eficiencia desigualdad en los paises económica y estabilidad social. Al trabajar juntos para superar este desafío, podemos construir un mundo más equitativo y próspero para todos. La desigualdad económica está asociada a otro tipo de desigualdades, y, juntas, aumentan el peligro de caer en la marginación. Una definición rápida de la desigualdad económica sería decir que consiste en un reparto desequilibrado de riqueza y rentas económicas entre los miembros o grupos de una comunidad, según nos explica Wikipedia.

Comprender esta conexión nos proporciona una nueva perspectiva sobre cómo las políticas y la sociedad influyen en el cerebro y en la salud. Es un recordatorio de que la lucha contra la desigualdad y una sociedad más justa no solo es un asunto social y político, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud cerebral, mental y en nuestro bienestar a largo plazo. La desigualdad económica refiere a la distribución diferenciada de la riqueza entre personas y/o entre grupos sociales. Dicha distribución diferenciada condiciona el acceso que los individuos o grupos pueden tener respecto a bienes y servicios. Esto significa implementar políticas y prácticas que aborden las desigualdades de poder y recursos que existen en las estructuras de la sociedad, y que aseguren que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos, oportunidades y beneficios.

El sufrimiento de las masas se consideraba solo un precio que la sociedad tenía que pagar por la fuerza. Finalmente, las distintas partes de la sociedad francesa aprenderían a trabajar juntas de nuevo para seguir adelante. Mientras tanto, sin embargo, era una sociedad muy débil, con cambios violentos sucediendo incesantemente. Asimismo, se pudo corroborar en ese contexto, la visión mercantilista, latifundista y de deforestación irracional que propone y se asienta en la mirada del agronegocio la que, a través de una fuerte posición del Estado paraguayo, estructura la infraestrura económica en detrimento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Esas ocupaciones pueden parecer un medio positivo que facilita el acceso al mercado laboral de los jóvenes sin capacitación, pero rápidamente se transforman en un callejón sin salida. En verdad, muchos de estos empleos del área de servicios dejaron de ser atractivos para los jóvenes y son aceptados solo por la falta absoluta de alternativas. La investigación tecnológica de las empresas privadas apunta a que estas consigan un monopolio, aunque sea transitorio, del nuevo conocimiento, de modo tal que les proporcione un rendimiento exclusivo. El advertising y la publicidad crean objetos y servicios del deseo mediante la manipulación de valores simbólicos, estéticos y sociales, dentro del modelo schumpeteriano de «destrucción creativa», que torna obsoletos los productos existentes lo más rápidamente posible. Es el caso de las computadoras, las pantallas de plasma y los celulares, que evolucionan tecnológicamente de manera muy veloz y que al poco tiempo de salir al mercado ya parecen anticuados.

Entre 1977 y 1990, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, empeoró considerablemente, al tiempo que avanzaba el libre comercio. En el periodo dorado del capitalismo de posguerra, entre 1950 y 1973, un crecimiento medio de 5% garantizaba la disminución de la desigualdad, entre países y dentro de cada uno de ellos. De hecho, incluso entre los exponentes del denominado «milagro asiático», como Hong Kong, Malasia y China, la desigualdad se ha incrementado, especialmente en los últimos 15 años. Finalmente, vale indicar que para hablar de una plena ciudadanía se requiere ir más allá de los derechos civiles y políticos, y orientarse en una ruta de democratización social o ¿democracia social? three, pues solo a partir de ello se puede tener garantizada la libertad de vivir por encima de la barrera de la necesidad (Sen, 2000), lo cual permite, a su vez, ejercer los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos culturales bajo una lógica de interacción definida por mínimos civiles que compartimos todos (Cortina, 2017).

diciembre 10, 2024

Discriminación Estructural Y Desigualdad Social Con Casos Ilustrativos Para Jóvenes Indígenas, Mujeres Y Personas Con Discapacidad

Desde las elecciones presidenciales del año 2018, el disgusto y la incomodidad se ha venido gestando en nuestra sociedad, en la que la intolerancia y el odio han sido el pan de cada día. Además, nota con preocupación que se ha reducido de manera significativa el presupuesto asignado a dicho instituto, lo cual limita su capacidad para llevar acabo su mandato de manera efectiva (art. 2, párr. 1)” (Comité CERD, 2016). Por un lado, según el DRAE, visión, entre otras acepciones similares, significa “contemplación inmediata y directa sin percepción wise (DRAE). Por otro lado, según el mismo diccionario, cosmovisión se refiere a la “visión o concepción global del universo” (DRAE). Estudia las conexiones entre las posiciones sociales y la preferencia partidaria y analiza las divisiones en la sociedad como resultado de estas “escisiones”. Los partidos políticos son grupos de personas con una visión del mundo u objetivo compartido que se unen para ejercer el poder político.

Se ha de reconocer que en los últimos años los movimientos de resistencia al modelo dominante a escala planetaria, y que se han manifestado a través de los diferentes foros mundiales, han conseguido hacerse oír en sus reivindicaciones precisamente por los medios convencionales. Incluso a pesar del appreciable esfuerzo que realizan los medios de masas en descalificar estos movimientos, mediante la incorporación de estereotipos relacionados con la violencia y la distorsión o silenciamiento de sus propuestas concretas. El tema de la desigualdad se aplica con fines comparativos, pues cuando se habla de desigualdad se hace para establecer las diferencias entre dos cosas. Es importante reconocer y abordar la desigualdad racial para construir una sociedad más equitativa e inclusiva.

La gente sin este acceso y la necesidad de cubrir este porcentaje, es un reto grande el de universalizar la salud”. A su vez, Berenice Ramírez expresa que los datos indican que no se ha avanzado mucho en la pobreza relativa, y con el análisis de los microdatos que aporta el censo, quedarán de manifiesto las inequidades que siguen imperando. “Se observa que hay poco avance en el registro que se hace del piso que es todavía de tierra, three.5 por ciento de los hogares, o los que no tienen drenaje, más de cuatro por ciento. Si vemos el promedio de acceso a agua y drenaje, puede no parecer bajo, pero al analizar los niveles estatales nos damos cuenta de las grandes diferencias; por ejemplo, en Nuevo León ninety nine por ciento tiene agua diaria, y en Chiapas y Oaxaca sólo 40 por ciento cuenta con el recurso. Este Día de la Cero Discriminación únete a nosotros para concienciar sobre las desigualdades que impiden a las personas vivir una vida plena y productiva, y para exigir a los gobiernos que cumplan con sus compromisos y obligaciones para acabar con todas las formas de discriminación.

Pasando por alto las cuestiones conceptuales o incluso estrictamente terminológicas, cruciales para la apreciación rigurosa del tema, esos abordajes economicistas no revelan ninguna preocupación desde el punto de vista epistemológico, teórico o político. Además, las curvas de concentración de las desigualdades en salud o los índices de salud tipo Gini constituyen meras aplicaciones de las medidas de distribución de parámetros individuales, como estatus de salud o capacidad individual desigualdad en la alimentación de acceso a recursos de salud, sin considerar los efectos agregados en poblaciones o grupos sociales. La violencia de género se manifiesta en femicidios, agresiones domésticas, violaciones, trata de personas, violación de derechos humanos e incluso la exclusión social.

Se necesitan medidas para combatir la discriminación y mejorar el acceso a la educación, el empleo, la atención médica y otros servicios esenciales. Solo entonces podemos lograr una sociedad en la que todos tengan una oportunidad justa de alcanzar su máximo potencial. Otro ejemplo de desigualdad educativa se puede observar en el acceso desigual a la educación superior. Las personas de bajos ingresos y los grupos minoritarios tienen menos probabilidades de obtener un título universitario debido a las barreras económicas y estructurales que enfrentan. La desigualdad educativa es una realidad en nuestra sociedad actual que afecta a diferentes grupos sociales.

Contrasta las teorías de Abraham Maslow, Erich Fromm, Michael Maccoby, Max-Neff y su equipo, Doyal y Gough y Nussbaum, concluyendo que, a pesar de las diferencias de enfoque, prevalecen consensos fundamen-tales3. La Tabla 1 «Análisis comparativo de los esquemas de necesidades de seis autores» sugiere que la propuesta de Nussbaum es relativamente abarcadora y se destaca la originalidad de su capacidad «otras especies». La necesidad de identidad, relacionadas explícita y exclusivamente con Fromm y Max-Neef, nosotros la entendemos comprendida en la razón práctica, esto es, no consideramos que sea desatendida por Nussbaum. La aproximación a la construcción del IJS se desarrollará en tres secciones, en la primera conceptualiza la interseccionalidad como visión comprehensiva de justicia social desde el reconocimiento y la redistribución; en la segunda se revisa debates y trabajos de construcción de índices que pretendan medir el progreso social y en la tercera se esboza el diseño del IJS. No obstante el potencial crítico de cierta anatomía del economicismo en salud, cabe aquí reducir el foco y explicitar de modo transparente que debemos abordar el lenguaje como un aspecto crucial para la construcción teórica de las desigualdades en salud, lo que denominaremos como “problemática terminológica”.

A diferencia de la discriminación estructural, la discriminación de facto es más difícil de abordar porque no puede ser eliminada simplemente cambiando una ley o política. Imagina que estás en una reunión laboral y notas que las mujeres están subrepresentadas en puestos de liderazgo. A pesar de tener habilidades y cualificaciones similares, la desigualdad de género persiste en el mundo laboral. Estos datos devastadores demuestran que el colectivo infantil está en una situación especialmente vulnerable.

La interseccionalidad corresponde con una visión comprehensiva de la justicia social y está relacionado con reconocimiento y redistribución. Por una parte, el reconocimiento del otro se postula como base ética de constitución de la sociedad. El ideal redistributivo exige eliminar diferencias entre grupos asociadas a la división social del trabajo, como las de la clase trabajadora, por ejemplo, aboliendo desigualdades tanto al interior de mundo del trabajo desigualdad en la sociedad ejemplos remunerado, como entre trabajo remunerado y no remunerado, y en la distribución de los excedentes. Por último, este ejercicio de aproximación a un índice de justicia social pretende contribuir a la necesaria definición de un marco conceptual para la medición social, más allá de los paradigmas del bienestar, la calidad de vida o la calidad de las sociedades, se aboga por la construcción de un sistema integrado de indicadores sociales de justicia social (Cerda y Vera, 2008).

Estos tríos introducen en el debate nuevos temas como los bajos salarios, la pobreza, la presencia de migrantes en el país. Para los tríos tres y cuatro, compuestos por secretarias, técnicos y vendedores, la educación es un issue decisivo en el posicionamiento socio-ocupacional; y el bajo nivel educativo es un obstáculo para avanzar en la vida y un motivo de discriminación. En estos tríos, el insuficiente ingreso acquainted o situaciones de disaster familiares los obligaron a interrumpir los estudios y a resignarse con ingresar a un liceo técnico o acceder a universidades privadas de menor prestigio.

En demografía, la población suele definirse como un conjunto de individuos, un agregado de personas que se conjuntan en un territorio y que comparten raíces culturales y políticas9. En este concepto moderno de población, la base de su conformación es la agregación de todos como individuos indiferenciados, abstraídos de todos nuestros ropajes sociales y culturales que nos distinguen unos de otros, para convertirnos en una unidad de agregación que permite llegar al todo poblacional. La desigualdad estructural se refiere a situaciones de subordinación de grupos contrarias al mandato de igualdad constitucional. El autor analiza la posibilidad de considerar al grupo de personas en condición de pobreza estructural como sujetos afectados en su derecho a ser tratados como iguales. La importancia de entender cómo las políticas y las estructuras sociales influyen en la biología , donde la desigualdad estructural y la estructura cerebral están íntimamente relacionadas. Pueden y deben darse convergencias entre la sociedad civil y las instituciones del gobierno para la sensibilización sobre la desigualdad social para la posterior inclusión de los afectados.

En este marco, la categoría población deja de ser usada para designar el acto de poblar y pasa a ser usada para designar al conjunto de habitantes, a la suma de individuos de un lugar. En la cosmovisión de la Modernidad, población designa pueblo y plebe, amos y esclavos, hombres y mujeres, monarca y súbditos, en fin, a unos y otros, y a todos por igual. La unidad que se representa a través del número anula la diversidad de lo social e histórico, presente en cada grupo y cada individuo.

Esto supondría, por ejemplo, involucrar un principio de hospitalidad biosférica hacia los otros seres vivos. Finalmente, se construye la matriz de desigualdad de capacidades según circunstancias (Tabla 3). Para estimar el efecto de la variación de la circunstancia I en la desigualdad del logro de la capacidad J, los vectores de circunstancias se igualan o ecualizan con los valores medios de la muestra de individuos para todas las circunstancias a excepción de la I-ésima.

En conclusión, la desigualdad social es un problema complejo y multifacético que requiere de políticas públicas adecuadas para abordarlo. Es importante reconocer las causas y consecuencias de la desigualdad social para poder avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, la educación como criterio de clasificación de los naipes en el juego sólo se considera para diferenciar entre los niveles más altos de una escala social. Con distintas denominaciones, los jugadores separan a los profesionales altos de los profesionales medios y luego los técnicos. Bajo el nivel técnico, la educación deja de ser un issue considerado en las clasificaciones, ya que las personas pasan a ser definidas por los oficios que desempeñan, las características de las relaciones laborales y, frecuentemente, por características psicosociales que les son atribuidas (como por ejempla la falta de perseverancia, ser dejados o resignados). A continuación presentamos los principales resultados de la investigación, haciendo referencia a situaciones ocurridas en cada uno de los tríos.

diciembre 10, 2024

Mujeres Indígenas: Charla Abordó Desigualdad Social En El Acceso A La Salud Durante La Pandemia > Uct

Otro aspecto relevante es la diferencia existente entre lo reportado por el MDSF durante el año 2020 y la estimación realizada para el año 2021. En la primera instancia se observó un fuerte aumento de la desigualdad en todos sus ámbitos, superando todo registro de estos indicadores para los últimos quince años. Con la intensidad del nuevo paquete fiscal para el año 2021 se logra revertir esa situación, consiguiendo que la desigualdad alcance mínimos históricos de forma momentánea. Por su parte, las ayudas que fueron directamente a los hogares en los años 2020 y 2021, tales como el IFE common y laboral, los bonos a la clase media y transportista, entre otros, se contabilizan en alrededor de 28,5 millones de dólares, según se detalla en la siguiente tabla. El coronavirus ha afectado a comunidades mapuche de diferentes formas, partiendo por la manera de relacionarse de las familias o personas mapuche en las comunidades.

Por ejemplo, Boyeco que está a 10 kilómetros de Temuco, en ese territorio funcionó por más de 20 años un vertedero, ahí la gente efectivamente no puede cultivar sus verduras porque el agua está contaminada. Hay personas que han sacado proyectos de riego y llevan sus lechugas de Boyeco, ¿quién las va a comprar? Por ejemplo, es que mucha gente que tiene que ir a Temuco a trabajar o hacer un trámite, le alcanza para una bebida con pollo asado lleno de hormonas porque no puede criar sus gallinas. Como organizaciones de salud y desde el punto de vista de la salud pública, hemos venido proponiendo hace mucho tiempo que los programas deben adecuarse al territorio y no al revés, pero hasta ahora siempre son los territorios los que se adecuan a los programas.

Pero eso ya es imposible de encontrar en ciudades de más de one hundred mil habitantes, por lo que terminan construyendo en la periferia, en lugares como Lampa, Buin, Talagante, Melipilla, donde hay menos población y donde tampoco están obligados a dotarlos de equipamientos complementarios, que las viviendas estén cerca de colegios, servicios de salud, and so forth.”, explica. “Por otro lado, aunque ha habido un avance con respecto a lo que se hizo durante la dictadura militar, todavía quedamos al debe en cuanto a otras condiciones de habitabilidad, como la parte acústica, térmica y de localización”. Además, Correa y otros integrantes del centro apelan a la necesidad de establecer cuarentenas preventivas en barrios vulnerables incluso antes de que se detecten casos de contagio. “Nosotros creemos que lo mejor es hacer la cuarentena, porque justamente es en situación de hacinamiento o de allegamiento que suben las probabilidades de que mucha gente se contagie y en un plazo más corto. Por ejemplo, si una persona está enferma en casa, pero esa vivienda tiene mala calidad térmica, no va a estar cómodo, va a pasar frío, habrá humedad y el virus puede ser más difícil de controlar”, cube Correa. “Estamos seguros de que el Estado puede aumentar su deuda pública en un 20%, como muchos países lo están haciendo, porque Chile es uno de los que tiene menor deuda pública de Latinoamérica.

A Chile no le faltan mecanismos regulatorios, le falta que nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos common las cosas. A mí me cuesta pensar, por ejemplo, que en el último año en Santiago se haya construido una mejor ciudad. Es el momento de pensar en una ciudad más equitativa con los estándares de vida, es brutal que eso no esté en discusión hoy día y es brutal también que mandemos a la gente a hacer cuarentena en su casa, pero no tengamos idea de en qué condiciones vive”. Imagen del pabellón chileno en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, donde Alejandra Celedón estuvo a cargo de la muestra Stadium, sobre el cambio en la política de viviendas sociales llevada a cabo en 1979.

Venezuela es el país que ha registrado una mayor caída de su producción, como en años anteriores, si bien esto no se puede achacar solo al impacto del virus. Durante la dictadura, en tanto, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) a cargo de Miguel Kast elaboró los primeros mecanismos para diseñar, aplicar y evaluar su política social, entre los que se cuentan el Mapa de Extrema Pobreza (1974), la Ficha CAS (1977) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional o CASEN (1985). Con ellas se proponía una política social que tuviera como objetivo erradicar la pobreza extrema mediante el crecimiento económico y la entrega directa, desde el Estado, de subsidios a los más pobres, pero para ello se debía identificar a los beneficiarios. Si analizamos el aumento de la pobreza por tipos de hogares, lejos el mayor crecimiento ocurrió en los hogares monoparentales (donde es más habitual desigualdad social ejemplo que solo cuenten con un ingreso), que suelen estar encabezados por mujeres.

“También es necesario desarmar la concept de que los migrantes tengan un problema especial con el virus; son las condiciones habitacionales las que tienen un problema y eso afecta a todos quienes vivan en esas condiciones. Asimismo, en el actual contexto de pandemia es importante analizar los problemas de hacinamiento haciendo énfasis en el rango etario de la población a la cual afecta. Quizá esto suena utópico, sin embargo, en aquellos lugares en donde el Estado y el sistema capitalista han resuelto no poner atención, o peor aún, ponerla únicamente para despojar y violentar, la alternativa natural ha sido resolver los problemas colectivos a partir de la autogestión y la organización comunitaria. Es en esas regiones y pueblos, con procesos sociales autogestivos potentes, en donde tenemos la oportunidad de aprender distintas maneras de relacionarnos con la naturaleza visualizándonos como parte de ella, mirar resistencias frente al sistema capitalista y conocer formas de desarrollo integral comunitario. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. Pablo Allard, por su parte puso de manifiesto que el coronavirus ha dejado en evidencia las grandes diferencias que existen en las grandes ciudades, “el Covid nos mostró el sentido de urgencia que tenía el hecho de garantizar el acceso universal de viviendas dignas y por otro lado el acceso a una ciudad que sea realmente un atajo a la equidad”, expresó.

Para esto deberán generarse programas de capacitación y de apoyo para que cada vez más trabajadores puedan realizar sus labores de forma remota e incorporarse a las nuevas tendencias de tecnologías digitales. En segundo lugar, es de vital importancia poner en el centro de la estrategia actividades basadas en innovación que permitan superar el estancamiento de la productividad en la región. Uno de los principales desafíos para superar este obstáculo será lograr reformar el aparato del Estado, con el objetivo de convertirlo en un agente articulador de los actores públicos y privados como los casos más emblemáticos que pudieron salir de la “trampa de ingreso medio”.

Cabe destacar que el monto recibido period reducido a la mitad si es que el hogar contaba con ingresos formales. En los casos donde el hogar recibiese ingresos formales, este debía encontrarse dentro del 40% más vulnerable del ISE, y la suma de los ingresos formales debía ser menor al aporte que le correspondiese a un hogar sin ingresos formales de similares características. El artículo analiza el impacto de la pandemia Covid-19 en la situación laboral de las personas jóvenes en Argentina. A partir de una revisión bibliográfica y del procesamiento de información estadística secundaria, se argumenta que la situación educativa y laboral de las juventudes se encuentra atravesada de manera interseccional por los patrones de género y clase social.

Dejar en evidencia las desigualdades sociales es una de las consecuencias de esta pandemia por Covid-19, la cual ha golpeado a nuestro país y el mundo. Y es que, si bien ello conlleva a que compatriotas sufran injusticias y carencias, es también una oportunidad para que la estructura del sistema se fortalezca en favor de un mejor vivir para la sociedad en su conjunto. Para analizar la situación actual desde la visión del trabajo social y sus diversas teorías, se consultó a la directora de la Escuela de Trabajo Social sede Chillán, Dra. Carmen Gloria Jarpa Arriagada y al jefe de carrera de Trabajo Social sede Concepción, Felipe Saravia Cortés. En materia laboral, por ejemplo, se da cuenta de lo dispar del acceso al teletrabajo, que tuvo a solo 19% del estrato social bajo con acceso al beneficio, a diferencia del 31% del medio o el 48% del alto. Respecto de esta modalidad laboral, sobre el 70% en todos los sectores económicos aseguró que ha traído como consecuencia un aumento de la carga de trabajo.

Tratamos de darle un poco la vuelta a cómo repensar los marcos teóricos, cómo darle vuelta a la metodología y cómo también un poco motivar a los estudiantes en ir un poco más allá de los simples datos y de los simples promedios que generalmente estamos mirando”. No podemos quedarnos de brazos cruzados o hacer vista gorda, ya que los conflictos sociales una vez terminada la pandemia probablemente no disminuyan, es más, hay buenas razones para pensar desigualdad social en américa latina que escalará en Latinoamérica. Primero, hay que generar acuerdos sociales amplios (en este sentido la convención constituyente es una buena oportunidad, pero con mucho riesgo de no resultar satisfactoria). Recuperar con fuerza el empleo (sobre todo en grupos más vulnerables, donde debería existir un subsidio). Ser cautos en entregar muchos beneficios sociales a costa de dificultar el emprendimiento y la labor empresarial (aunque sea poco popular).

“Hasta que la dignidad se haga costumbre” fue una de las frases que se transformó en consigna tras el estallido social del 18 de octubre y que de alguna manera engloba las exigencias de la ciudadanía relacionadas con diversas materias que van desde mejora de sueldos, pensiones y término de las AFP hasta reformas en la educación. Sin embargo, en esa larga lista, las demandas de mejor salud y vivienda digna aparecían más bien desplazadas. Hoy, la pandemia ha hecho nítida la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones precarias como campamentos y viviendas sociales de baja calidad, o en situación de hacinamiento y con escaso acceso a una atención de salud oportuna. ¿Pero cómo pueden acatarla las seventy seven mil familias del quintil de más bajos ingresos que viven hacinadas? Las autoras de esta columna argumentan que esa precariedad es hoy un factor que facilita el contagio. En este detallado mapeo del hacinamiento y la disponibilidad de agua potable en los campamentos, las autoras destacan que la pandemia ha dejado al desnudo el rol social que cumplen las viviendas.

Al margen de Venezuela, cuya disaster es mucho más profunda y tiene causas que van más allá del efecto de la pandemia, las economías centroamericanas han reducido sus exportaciones por encima de la media, así como Paraguay, Uruguay, Perú y Argentina. La caída en las importaciones ha sido más pronunciada en Panamá, Paraguay, El Salvador, Ecuador, México y Colombia. Algunos ejemplos son el Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina, el Bono COVID-19 de Chile, el Ingreso Solidario de Colombia, el Bono Proteger en Costa Rica o el Bono de Emergencia en Brasil. El estudio «La desigualdad social frente al COVID-19 en el Área Metropolitana de Santiago«, desarrollado por CEPAL, contradice aquella teoría. Una frase escuchada en más de una ocasión durante este prolongado confinamiento y que pretende explicar de manera, tal vez algo simple, sus devastadores efectos entre la población.

Lo anterior implicó incertidumbre por parte de los distintos gobiernos alrededor del mundo respecto de cómo lograr reducir la transmisión del virus, y, al mismo tiempo, mitigar el impacto en la economía asociado a los efectos de la pandemia. En este sentido, el Ingreso Familiar de Emergencia fue un aprendizaje por parte de los distintos actores, no solo en aspectos fiscales, sino también en la necesidad de poder identificar de forma correcta cuáles fueron los sectores más afectados por la disaster sanitaria. Lo anterior implicó un fuerte desafío para los instrumentos de focalización en Chile, obligando a realizar una revisión de la información utilizada y de la capacidad de reacción de las instituciones ante una emergencia de este tipo. Como se observa en el Gráfico four, la participación de los hogares del primer decil en los ingresos totales a nivel nacional se triplica.

noviembre 16, 2024

Casen Sobre Pueblos Indígenas Evidencia Amplia Desigualdad Salarial « Diario Y Radio Universidad Chile

Ambos extremos del error responden al mismo defecto epistemológico consistente en esperar que la ciencia provea respuestas a problemas sobre los que no tiene incumbencia. Somos diversos, muy diversos y con capacidades cualitativa y cuantitativamente distintas, y las ciencias naturales pueden decir mucho de ello. Villagrán aseguró que “el centralismo es un factor negativo que frustra a la ciudadanía y eso se ha visto plasmado en las protestas ciudadanas y en diversos procesos de participación que se han desarrollado”. Mientras los gobiernos del mundo llaman al “distanciamiento social” y algunos de ellos militarizan el espacio público haciendo uso de violencia y pulverizando la colectividad, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace un llamado a “levantar bien en alto la bandera de la lucha por la humanidad”, a no perder el contacto humano y a no dejar caer las luchas sociales. Con ella concuerda Isabella Villanueva, presidenta de la ONG Ceus Chile, quien este año participó en la COP26 como observadora. Villanueva ha tenido la oportunidad de participar de diversas reuniones, intercambios y también de hablar con diferentes personas de la sociedad civil provenientes de Chile, Latinoamérica, África y Europa.

Las relaciones de poder requieren de una interacción entre dos partes, un amo y un esclavo, un jefe y un obrero o un gobernante y un ciudadano. Cuando el poder se ejerce en un sentido espurio, en que el bienestar de los ciudadanos deja de ser el centro y motor de la democracia, estamos en presencia de la peor de las injusticias. Al menos hasta mediados del s.XX es posible encontrar una gran cantidad de libros científicos en esta línea. El abogado Osvaldo Solís, especialista en temas de derecho indígena vinculados al Convenio 169 y pluralismo jurídico, cube que las objeciones a éste en la Convención Constitucional «no tienen fundamento, se está tratando de concretar una aspiración que cobra forma desde hace más de 30 años”.

En ese sentido, el análisis no pretende exhaustividad sobre la totalidad de los pueblos indígenas de nuestro país ni mucho menos en relación con la heterogeneidad que compone a cada uno de éstos, sino que analiza experiencias específicas de luchas por la igualdad durante el período postdictatorial que pueden ser ilustrativas para el argumento. En tercer lugar, y finalmente, el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT por parte de nuestro país también ha comenzado a ser utilizado como herramienta para aumentar las instancias de visibilidad internacional para las demandas de las comunidades indígenas, aun cuando en términos de medidas reparatorias, precautorias y de sanción no han resultado eficaces. En esos términos, el uso de esta herramienta jurídica si bien no ha tenido efectos directos en la paralización de ciertos proyectos o en términos reparatorios sobre situaciones de degradación consolidada o de expoliación documentada, ha provocado que «al mundo le importe» lo que sucede con los pueblos indígenas, apuntalando los procesos internos de protección y cohesión de las comunidades en varios conflictos recientes. En este sentido, es importante señalar que a pesar del limitado alcance de la descentralización chilena (Dela-maza 2005), este tipo de movimientos etnopolíticos ha logrado impactar en los escenarios políticos locales, no tan solo a partir de los cambios observados en la distribución del poder político comunal, sino que, junto a ellos y mutuamente implicados, es posible observar cambios profundos en los niveles infracomunales. Al introducir los alcaldes mapuches una impronta étnica en los municipios, han contribuido a la generación de una cadena de transformaciones que tienen como vector común el desplazamiento de la política desde el lugar formal del municipio, en la cabecera de la comuna, hacia las comunidades, abriendo con ello el lugar de lo político a nuevos actores.

Ese mismo miércoles, en el Centre for Contemporary (CCA), una delegación de mujeres de Guatemala y México realizaban talleres, paneles y exhibiciones de movies con mensajes desde el otro lado del océano. Cinco mujeres provenientes de México, Canadá y Guatemala relataban sobre el escenario sus experiencias con el extractivismo, su trabajo en comunidad y cómo curan la tierra en una actividad bautizada en portugués como Cura da terra. Quiere decir, en sus palabras, que hay que escuchar a cada una de las personas que están marchando en el sol, en la lluvia, que están en las casas, en sus familias y están en nuestras tierras. La Conferencia de las Partes en la Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ha reunido a delegados de 196 países y al menos unos forty mil participantes. En tiempos de pandemia, la seguridad e inclusión han sido dos de las principales críticas de la sociedad civil y, sobre todo, de los habitantes del Sur Global. Ten a mano el comprobante que recibiste en tu correo al hacer tu compra en línea o tu boleta en caso de compras en tienda.

Este fenómeno no ha estado restringido a Chile y se viene apreciando desde muchos años atrás en lugares tan distintos como Uruguay, Argentina, México y Colombia con afrodescendientes (Walker 2012), en indios del nordeste en el Brasil (Pacheco de Oliveira 2010), o en México (Bartolomé 2006) o Argentina (Isla 2002; Escolar 2007). A partir de mediados de la década de 1980, las transformaciones estructurales mencionadas anteriormente afectaron la organización de los países latinoamericanos y marcaron de manera compleja y contradictoria el escenario para la participación y el desarrollo de los actores sociales. Pese a estas dificultades, los vacíos dejados por el Estado abrieron espacios de participación que terminaron por favorecer la construcción de democracias locales y, con ello, la emergencia de nuevos actores políticos (Espinosa 2003). Esta forma de acceder a los gobiernos locales se hizo, en muchos casos, a través de movimientos etnopolíticos (Bartolomé 1997) que intentaron la etnización del espacio político municipal (Burguete 2008; Harvey 2008). Se trata de un proceso de reinvención y reafirmación de la identidad étnica que, en paralelo, ejerció acciones políticas activamente construidas para visibilizarse como indígenas y reclamar derechos o establecer políticas en función de dicho reconocimiento (Restrepo 2001; Hoffmann y Rodríguez 2007). En el fondo se observó el anhelo por trascender el simple cambio formal en la distribución del poder político municipal para intentar que los gobiernos locales en manos indígenas tuvieran un sello propio (Ospina 2006).

Esta es una demanda generalizada y el país cuenta con los recursos y las capacidades para profundizar los cambios de las últimas décadas, mediante nuevos modelos de desarrollo más inclusivos y que se orienten al Buen Vivir que fueron capaces de construir nuestros ancestros. De esta manera, podríamos lograr que el Estado tome las riendas en la reducción de la desigualdad, mediante los impuestos, las transferencias monetarias y los mecanismos de seguridad social. Hoy, el poder real está en manos de una minoría económica que ha logrado cooptar al sistema político. Por desgracia, el financiamiento privado y empresarial de la actividad política ha sido una de las principales herramientas para mantener el control de las decisiones públicas. Los casos son innumerables, baste recordar el caso del senador Kast y las forestales en La Araucanía, el senador Orpis y las pesqueras en el norte o el senador Moreira y ME-O por SQM.

Así, la clase explotada pierde reconocimiento, y las subjetividades despreciadas ven obstaculizado su acceso a los recursos.31 Esto resulta particularmente evidente en los esfuerzos del socialismo por construir una subjetividad de clase y del feminismo por redefinir la división del trabajo. (e) una regla epistémica, que dice que si persisten dudas al final de la argumentación, queda la clasificación y sus efectos como arbitraria. A través de este artículo hemos buscado visibilizar algunas vías en la disputa por la igualdad que han sido utilizadas por sectores al inside de los pueblos indígenas a partir de la década de 1990.

Con el fin de explicar las injusticias estructurales, Iris Marion Young define a un grupo social como “un colectivo de personas que se diferencia de al menos otro grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida”. Un grupo social no es una asociación de personas con ciertas características; no nos asociamos voluntariamente al grupo de mujeres, sino que los grupos implican cómo las personas se entienden a sí mismas y cómo las perciben los demás. Por un lado, es evidente que no todas las mujeres somos iguales y que hay una intersección con otras categorías, como raza y clase. Por otro, subraya Marion Young, los grupos sociales no son entes que existen independientemente de los individuos, pero tampoco son clasificaciones arbitrarias. La periodista sostuvo que el informe cruza múltiples discriminaciones que influyen en la autonomía económica de este grupos de la población. Las mujeres indígenas en situación de pobreza multidimensional superan el 45%, siendo una distribución heterogénea a nivel comunal que va desde un 12% en la comuna de Lautaro, a un 82% en la comuna de Lonquimay.

Tales organizaciones prontamente entraron a contender en el escenario político nacional, y si bien diferían en muchos de sus planteamientos, mostraban un elemento común que tiene que ver con cierta adaptación de la sociedad mapuche a la lógica del Estado chileno para alcanzar sus objetivos. Es lo que Bengoa (1999) ha denominado como la lucha por la integración respetuosa de los mapuches a la sociedad chilena, queriendo señalar con ello el intento de las organizaciones mapuches por participar en plenitud de la vida política nacional, adoptando, coincidentemente, modos organizacionales análogos a los adoptados por las organizaciones chilenas de aquella época. Un segundo elemento compartido es que estos dirigentes habrían tenido plena conciencia de que el medio más viable para obtener cambios significativos para su pueblo era a través de la representación parlamentaria (Foerster y Montecino 1988). Se percibe, así, un temprano interés de organizaciones mapuche por participar en la contienda electoral nacional, camino que no será interrumpido sino hasta el golpe de Estado en 1973. De esta manera, y aunque no en número alto, se observa que ya desde la década de 1920 hay mapuches provenientes de organizaciones indígenas que participan en el Parlamento (Foerster y Montecino 1998; Cayuqueo 2006). Pese a sus múltiples falencias, la Ley Indígena permitió posicionar la temática indígena en el Estado mismo, otorgando un marco para el reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas del país (Campos 2008).

Al lado de esos dos ejes centrales, el libro examina también la historia económica, las relaciones internacionales, y en menor medida, las migraciones y exilios, las relaciones de género y la cultura. La información factual está acompañada de reflexiones sobre el significado de los hechos, incluyendo los enfoques de muchos de los autores consultados. Las referencias a novelas, a la prensa, a los himnos, a las canciones y a la poesía popular ayudan a dar una percepción más directa de los principales hechos. La comparación con sucesos ocurridos en otros países latinoamericanos y las menciones a la influencia de hechos de carácter mundial permiten comprender la historia chilena dentro de un marco de referencia más amplio.

No obstante, hablar de grupos sociales tiene la ventaja de salir del modelo contractual basado en el individualismo y ser sensibles a las injusticias estructurales que darían justamente una mayor igualdad para la comunidad cívica. Agrega que “Preocupa que no existan planes de emergencia ni servicios culturalmente adecuados a los pueblos indígenas, ni que se estén reconociendo sus conocimientos tradicionales, sus prácticas en salud, ni su diversidad lingüística en las medidas de prevención y management desigualdad de la riqueza que se vienen adoptando por parte del Gobierno”. La Comisión conoció el informe elaborado por este organismo internacional en donde se deja constancia de las desigualdades en las que vive el pueblo mapuche en nuestro país.

Las políticas no han sido sólo deficientes, sino también no pertinentes e, incluso, inexistentes. Como lo han señalado diversos informes internacionales[1], uno de los sectores más vulnerables y de riesgo en Latinoamérica son los pueblos indígenas. Esto debido a los determinantes sociales y estructurales que se originan en su historia de desigualdad capitalismo despojo territorial y cultural y que en la actualidad se expresa en indicadores socioeconómicos que evidencian la desigualdad. Aplicamos ya la propuesta de Fraser de igualdad como redistribución y reconocimiento para analizar los reclamos de los pueblos originarios en ScHUJMAN et al. (2007); CLÉRIGO (2008); v. además, CoNTESSE (2010).

Y al producirse esto, al abrirse la posibilidad de inserción de nuevos actores políticos, éstos entran con todos sus dispositivos culturales, produciéndose con ello un proceso complementario de politización de la cultura y culturización de la política (Boccara 2004). En estos términos, habría que partir señalando que si bien es cierto que los mapuches han permanecido mayormente en los márgenes del sistema político chileno, han existido intentos de participación efectiva desde la primera mitad del siglo XX en adelante. Estos intentos surgieron casi en paralelo con las organizaciones mapuches que, en aquellas primeras décadas, se conformaron como respuesta a las consecuencias que acarreó la ocupación de la Araucanía por parte del Ejército chileno y la posterior reducción territorial, ocurrida entre 1884 y 1929 (Foerster y Montecino 1988).

octubre 11, 2024

Régimen De Desigualdad Y Pueblos Indígenas En El Período Postdictatorial: Tres Vías En La Disputa Por La Igualdad

Estas desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014). Este punto es de máxima importancia y se transforma en uno de los principales desafíos de la democracia, a propósito de la actual discusión sobre una nueva Constitución. Se trata de evitar las diferencias abismales que se establecen entre los ciudadanos, respecto de su capacidad de influir, de ser escuchados y representados en las decisiones públicas. Las desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014).

Venimos escuchando un argumento sobre “privilegios” en la nueva Constitución que propiciarían desigualdad entre los chilenos. Si pensamos en términos de individuos, es obvio que darle lugar a uno más que al resto sería acordarle un privilegio injusto. Artículo sobre la segregación escolar indígena en Chile y su relación con las desigualdades en el logro educativo entre estudiantes indígenas y no indígenas.

12 Otros autores han puesto énfasis en el carácter instrumental y a veces antojadizo de algunos procesos etnogenéticos, poniendo énfasis en los movimientos «new age» o en la etnicidad como una nueva religión (Galinier y Molinié 2013), mientras que otros han insistido en la línea de la identidad instrumental a partir del estudio de lo étnico en términos comerciales, destacando las relaciones entre cultura, capitalismo e identidad (Comaroff y Comaroff 2011). Esto resulta particularmente evidente si observamos uno de los actores que por excelencia debe ser incluido en el análisis, el Estado. Con sus diversas instituciones, al relacionarse con la población indígena genera muchas veces intervenciones en direcciones opuestas, contradictorias o simplemente inesperadas.

Vea usted, como ejemplo, lo que ocurre con el actual sistema de seguridad social, cuyas pensiones de hambre han dejado al desnudo quienes en realidad se han beneficiado de un sistema que no solo carece de criterios solidarios, sino que es directamente inhumano. Sin pretender hacer una reflexión académica, los hechos demuestran que esos grupos privilegiados nunca han pretendido ceder un milímetro de esas ventajas de las que gozan y se han esforzado siempre en preservarlas de generación en generación. Esta “monarquía hereditaria” de facto, ha operado con rigurosa sistematicidad, pero guardando las formas y nunca confesando sus verdaderas intenciones y sus métodos subyacentes. Antonio Ugalde manifestó que la escasez hídrica es “una escasez política que tiene que ver con el poder, la desigualdad, la pobreza y la exclusión”. En un contexto de pandemia, dijo, estos efectos se intensifican, porque dejan a la gente sin agua en medio de recomendaciones de higiene intensa.

Son proyectos que resultan incomprensibles sin tomar en consideración los factores que los engloban. De hecho, se constituyen en buena medida por ellos, pero, así mismo, constituyen experiencias que llevan fuertemente el sello de las dinámicas locales y, sobre todo, son proyectos pensados como propios por los actores locales. Este nuevo período se enmarca en la denominada emergencia o reemergencia indígena en América Latina (Bengoa 2000). Como se señaló, se trata de un escenario marcado por una incipiente y limitada política multicultural, cuyo hito mayor es la promulgación de la Ley Indígena, pero donde las cuestiones relativas a la redistribución, la specific situación de pobreza y la marginación política de los pueblos indígenas quedaron mayormente excluidas del debate público.

En concreto, en el caso chileno, el racismo institucional se ha manifestado en la mayoría de las universidades que por ejemplo hace algunos años no impartían clases en mapudungun ni como electivo, ni tampoco como parte de la malla obligatoria de las carreras. De esta manera, las universidades se transforman en espacios desafiantes para las personas que pertenecen a pueblos originarios, ya que se les invisibiliza su lengua, orígenes e historia. Recientemente se han implementado cursos en este y otras lenguas originarias, pero son impartidos extracurricularmente. En esta línea, Rollock (2014) sostiene que las minorías sociales que tienen experiencias de movilidad social se dan cuenta de cómo las personas blancas actúan para proteger sus barreras de clase media. Por ello, estas minorías desarrollan habilidades para encajar en estos espacios, cambiando su acento o forma de hablar, entre otras cosas. De esta manera, a pesar de contar con el conocimiento necesario, despliegan estrategias para ser legitimados en una estructura social mayoritariamente blanca.

Esto forma parte de un esfuerzo por entender a los sujetos indígenas como heterogéneos tanto en términos de posiciones estructurales como a nivel cultural y político, lo que adquiere una importancia explicit cuando nos enfrentamos a pueblos que no constituyen actores monolíticos, sino que deben ser analizados desde la pluralidad de actores que los componen. A pesar de que las personas indígenas han logrado, a través de la educación superior, una mayor probabilidad de experimentar movilidad ascendente, esto no implica que posean mayor igualdad de oportunidades. Como indica Bellei (2020), la importancia está no solo en el acceso a la educación, sino en el ejercicio de las oportunidades. En este sentido, Bellei outline el derecho a la educación como “el reconocimiento y valoración de la diversidad de clases sociales, étnica, religiosa, de género, de nacionalidad, y el abandono de propuestas educacionales segregadoras y monoculturales”.

87 Lo que nos conduciría a la falsa oposición, desarrollada por el liberalismo, entre democracia y derechos fundamentales. En este sentido, nos interesa analizar el problema de la igualdad en el acceso a las candidaturas políticas, que en el marco de la democracia representativa constituyen la forma predominante y privilegiada de participación política, haciendo de la competencia electoral entre partidos, regulada por el Estado, la primera respuesta de nuestros ordenamientos jurídicos a la pregunta por la democracia. La garantía de igual autonomía pública, entendida ésta como la igualdad de posibilidades en el acceso a las instancias de toma de decisiones políticas, es probablemente la pretensión más basic y a la vez la más audaz que pueda elevar un estado de derecho. Es la más basic, puesto que sobre ésta se asienta la legitimidad del ejercicio de la coacción que se arroga el Estado.

Es el caso, por ejemplo, de las comunidades mapuches de Tromen y Boyeco (novena región) en la disputa por el cierre del vertedero emplazado en territorios pertenecientes a las comunidades. Tras un largo y complejo proceso en la construcción de asociatividad en el marco de la Ley Indígena, algunas de las comunidades más afectadas han decidido emprender acciones judiciales (2015) a partir de estas asociaciones, en busca de reparación por el daño causado tanto a la economía doméstica y el valor del suelo como a sus formas de vida tradicional. En ese sentido, observamos un intento concreto por disputar desde los sujetos condiciones para una mayor igualdad. Así, también, frente a la creciente presión extractiva, hoy la Ley Indígena y las desigualdad de genero economico comunidades legalmente reconocidas y protegidas por ésta, se han constituido en una herramienta más en función de negociar condiciones favorables en el marco de la instalación de nuevos proyectos o evitar en alguna medida nuevos escenarios de victimización, que podrían agravar la relación de desigualdad antes descrita. Cabe señalar, sin embargo, que la posición histórica de los pueblos indígenas en el marco del Estado nacional no permite sacar cuentas alegres respecto de este tema, pese a los avances alcanzados por las comunidades en esta línea, pues muchas veces estas negociaciones se realizan en marcos asimétricos que van a la larga generando fragmentación y relaciones clientelares fomentadas por el Estado o agentes privados.

En este escenario, y tal cual lo ha señalado Habermas (1999), los movimientos de emancipación en las sociedades multiculturales no configuran un fenómeno unitario y, dependiendo de sus fases, la lucha por el reconocimiento puede estar dirigida tanto a la reivindicación de la diferencia más radical como también a la búsqueda de la igualdad, asegurando así los derechos no reconocidos hasta entonces a esos grupos diferenciados. Este problema se agudizó a partir de los cambios aplicados en el marco de los ajustes estructurales consolidados durante la década de 1980, los que elevaron de manera crítica las cifras de pobreza en el contexto de una de las peores disaster de nuestro país (Martínez y Tironi 1985; desigualdad de la globalización Atria 2004; León y Martínez 2001). A partir de estas políticas la reorientación de la matriz económica chilena pretendió revertir ciertos movimientos redistributivos que habían estado en marcha durante el período desarrollista, y que fueron interrumpidos y revertidos a partir del golpe militar. Fenómenos como la concentración de la propiedad de la tierra, la riqueza, el mejoramiento de las condiciones salariales y de empleo, el aumento de los niveles de calificación de los segmentos en la base de la estratificación, entre otros procesos que habían sido impulsados a través de políticas públicas concretas, fueron interrumpidos a partir de este período, aplicándose políticas específicas destinadas a revertirlos.

Hasta ahora no se encuentra información más desagregada de las trayectorias educacionales de estudiantes indígenas a nivel nacional, por lo que las concepts aquí expuestas se basan en las experiencias de vida de los casos documentados[2]. Todo esto muestra que el derecho de los pueblos originarios a la restitución de sus tierras ancestrales se encuentra íntimamente vinculado al derecho de los mismos a una vida digna, que requiere a su vez del reconocimiento de sus patrones culturales en orden a ser adecuadamente satisfecho. De modo análogo, la reglamentación de la participación electoral no puede ser considerada válida toda vez que implique el desconocimiento de las formas de organización propias de los pueblos originarios. Es en este sentido que la Corte IDH destaca que uno de los aspectos de la insuficiencia de las acciones adoptadas por el Estado de Paraguay radica en la ausencia de acciones positivas tendientes a garantizar la «aceptabilidad» de los mismos por parte de los pueblos originarios. Otro tanto puede afirmarse de la decisión de la Corte IDH en el caso YATAMA, en tanto la reglamentación de la presentación de candidaturas es atacada, en tanto desconoce las formas de organización propias de las comunidades involucradas, condicionando el ejercicio de sus derechos políticos a la adaptación a estructuras partidarias que les son ajenas. En primer lugar, porque niega el trato diferencial intrínseco a una legislación, de cuyas instancias de producción los demandantes han sido sistemáticamente excluidos.114Trato diferencial que, por otro lado, surge con toda la fuerza de los hechos en el caso, toda vez que la legislación defendida por la disidencia ha producido altos niveles de abstencionismo en regiones donde las comunidades indígenas representan un 80% de la población.

Pero no se debe dejar de lado que en gran parte del siglo XX, bajo criterios de exclusión, asimilación e imposición cultural, se obligó a los indígenas a renegar de sus identidades, como también se tendió a invisibilizar su existencia como parte del encubrimiento de las atrocidades cometidas en los procesos de consolidación nacional. De la misma manera, los procesos de migración forzosa provocaron en los desplazados la pérdida de sus referentes culturales originales, que carecían de sentido al ser accionados en las nuevas condiciones de vida, lo cual no significaba que no estuvieran presentes en muchos de los migrantes. De esta forma, si en condiciones de verdaderas persecuciones culturales los indígenas responden con la invisibilidad y el ocultamiento, ante las nuevas formas de reconocimiento no es extraño que planteen como posible la visibilización de sus formas identitarias, antes ocultas, como una forma estratégica de enfrentarse a las nuevas condiciones de vida. En este sentido, se sigue cuestionando el que se retomen las identidades y se utilicen con fines instrumentales, lo que no debería extrañar, ya que si hace algunos años ser portador de una condición distintiva como la indígena era sinónimo de persecución y estigma, en la actualidad lentamente se va transformando en símil de derechos específicos, los que en muchos casos están siendo activados.

octubre 10, 2024

Oefa Perú Y El Bid Realizan Taller Pueblos Indígenas Y Las Brechas En La Participación En Licenciamiento Y Fiscalización Ambiental Superintendencia Del Medio Ambiente

Ana Tijoux, artista chilena, se unió en medio de la minga y agradeció cantando Calaveritas, una canción que honra a los muertos. El Ministro de Desarrollo Social y Familia ha solicitado apoyo al BID para consolidar un enfoque para la Promoción Integral de la Economía Indígena (PIEI), con acento en las compras públicas y financiamiento mediante capital de riesgo, favoreciendo el clima de negocios para empresas indígenas que les permita salir de su situación de pobreza material de manera sostenible y permanente y que apoye al fortalecimiento de capacidades de los empresarios indígenas. La directora de la institución, Marcela Sandoval, sostuvo que el informe cruza múltiples discriminaciones que influyen en la autonomía económica de las mujeres indígenas y aquellas que viven en sectores rurales. Ante este fenómeno, la consultoría de BID plantea que una de «las posibles causas» que justifican la menor inversión del Estado en territorios indígenas, está asociada a la «baja capacidad técnica de los equipos de municipios con alta concentración de población indígena», limitando, por consecuencia, sus posibilidades para obtener financiamiento público para este tipo de inversiones. [5] Se comparan los apellidos de personas nacidas entre 1940 y 1970, desde lo cual construyeron una lista con los 50 apellidos con mayor representación porcentual en las profesiones más prestigiosas (médicos, abogados e ingenieros) y otra lista con los 50 apellidos donde no hay un solo profesional de prestigio representado.

No obstante, uno de los caminos más seguros y directos es que el pueblo de Chile y los pueblos indígenas, creen sus propios partidos políticos y compitan bajo las reglas del juego. Esa asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró casi sin variación por tres siglos. Aunque parezca una aberración, aún hoy el aspecto físico resulta ser un buen predictor de la ubicación social de una persona. Todo ello, delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades (PNUD, 2017). En referencia al anteproyecto constitucional, precisó que “el artículo 139, prescribe que Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández, son los dos únicos territorios especiales del país, pero no crea territorios administrativos especiales para los pueblos indígenas”.

En seguida, Angela Acevedo profundizó en los Derechos Colectivos relacionados a la Gestión Ambiental, entre los que destacan el derecho a la consulta y consentimiento, a la participación en los procesos de desarrollo, la propiedad de tierras y territorio, además del derecho al uso, administración y conservación de los recursos naturales que se encuentren en los territorios de pueblos indígenas, entre otros. La desigualdad territorial se profundiza cuando los servicios públicos funcionan como buzón de demandas que son resueltas en la capital, sin considerar el contexto territorial. Ello se valida por políticas públicas o simplemente por la pasividad del Estado al no dar respuesta oportuna a problemáticas locales, dificultando el desarrollo regional y en definitiva el crecimiento armónico del país.

El objetivo de la investigación se centró en describir las desigualdades socioterritoriales y de género en la región, caracterizar la oferta programática de PRODEMU y analizar los límites y posibilidades de mejora de la oferta programática para mujeres. A partir del estudio Desigualdades Socioterritoriales en La Araucanía realizada por la Fundación PRODEMU, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la directora de la institución y periodista especializada en género e investigación, Marcela Sandoval, respecto de los resultado del informe. En el documento no solo se refuerza la evidencia de que La Araucanía es una de las regiones más empobrecidas del país, sino que las mujeres de ese territorio son las más afectadas.

Por la noche, alrededor de un círculo de velas, una decena de representantes de las primeras naciones de América Latina —o Abya Yala como se le conoce a este territorio desde antes de la colonización española— entonaban canciones que eran también historias en las que se narraban sus orígenes, sus tradiciones, sus sueños y miedos. Formaban una minga o una minka, que en quechua se refiere a la vieja tradición de trabajo comunitario en beneficio de toda la sociedad y el buen vivir de la misma. Sentados en ronda, jugaron con algunos instrumentos, hablaron de sus territorios y denunciaron injusticias relacionadas al cambio climático.

Además, las experiencias de discriminación no terminan ni disminuyen cuando las personas logran una movilidad social ascendente. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlota[6] de Temuco, quien relata cómo la discriminación étnica y de género se entrecruzaron en su lugar de trabajo. “En mi trabajo hay casi sólo hombres, así que me sentí diferente, porque soy mujer y mapuche, así que eso fue demasiado. Por ejemplo, tenemos el caso desigualdad de los ingresos de Carlota[6] de Temuco, quien relata cómo la discriminación étnica y de género se entrecruzaron en su lugar de trabajo. La movilidad social intergeneracional es entendida como el cambio ascendente de posición a través de la estructura social (Bottero, 2005). Se trata de personas que logran mayoritariamente acceder a la educación universitaria y luego, experimentar cierto grado de movilidad ascendente en sus ocupaciones.

Por ello, si bien la Corte IDH no lo advierte expresamente aquí, está interpretando el derecho como derecho de organización y procedimiento que para poder ser ejercido requiere que el Estado cumpla con sus obligaciones de establecer procedimientos administrativos y judiciales eficaces para reclamar por sus tierras. Sobre la función de prestación positiva de los derechos y, además, sobre la función de organización y procedimiento, v. Alexy (1994, cap. 9); Clérico (2010); cfr. Que sus argumentos no formen parte del voto mayoritario permite a la vez dar cuenta de la decisión de la Corte IDH en el caso Castañeda Gutman, cuya pretensión es rechazada en tanto el demandante no logra probar que forma parte de un grupo desaventajado, aún más, siendo éste un integrante conocido de la dirigencia política mexicana. Sin embargo, como muestra Fraser, resulta cuanto menos difícil, sino contraproducente, disociar las desigualdades materiales de las desigualdades simbólicas, puesto que éstas se potencian mutuamente y deben ser comprendidas como bi-dimensionales.

Pensar las sociedades desiguales desde este lugar, implica superar aquellas visiones que entienden los estudios de la desigualdad centrados en variables como la ocupación y los ingresos, y ampliar la agenda de investigación a todos aquellos aspectos cotidianos e institucionales que se ven involucrados en la persistencia de los altos niveles de desigualdad observados en nuestro país. Esto, porque los actores e instituciones involucrados no constituyen entes monolíticos con cursos de acción lineal y completamente coherentes, sino que muchas veces presentan estructuras y formas de acción intermitentes y contradictorias. El informe del Relator Especial permitirá reunir, presentar y señalar a la atención de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos la situación y preocupaciones fundamentales que enfrentan los pueblos indígenas, para que estos órganos las examinen y adopten medidas al respecto. Además de subrayar a los Estados la necesidad de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, y garantizar políticas públicas y sociales para mitigar los efectos de la pandemia para los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación. Si se analizan los pronunciamientos de los órganos del SIDH se concluye que esos procedimientos se refieren también a ámbitos de participación política. La Corte IDH y la CIDH han reiterado la obligación estatal de garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la determinación de acciones que afecten sus tierras.

Además, enfatizó la sobrecarga que tienen las mujeres al tener que ser proveedoras y a la vez hacer labores cotidianas para cuidar este recurso escaso. En segundo lugar, si la acción del Estado a través de subsidios y transferencias ha dado resultados en el corto plazo, el desafío es dar algunos pasos más allá de dichas medidas para que los resultados sean sostenibles en el tiempo e intergeneracionales. El riesgo de la autocomplacencia sobre estos resultados es creer que la receta de las transferencias monetarias de la mano de la focalización es la solución por sí sola, sin ir acompañada de otras medidas que son las que podrían darle permanencia en el tiempo y que son tan profundas como las raíces estructurales de la pobreza y de la desigualdad.

Sin duda esta pandemia nos desafía respecto de cómo enfrentar estas situaciones, volviendo imperioso el diálogo intercultural y conocimiento de las particularidades territoriales y culturales de manera de generar medidas de prevención y management que tengan sentido y vuelvan partícipes a la población local. En Chile, no han sido visibilizados como un sector de mayor riesgo, ni tampoco se han desarrollado acciones específicas para abordar la incidencia de la pandemia. Incluso se han mantenido acciones de persecución política en algunos territorios como el desalojo del lof adkintue en Lonquimay y se ha propuesto continuar algunos procesos consultivos, los cuales según recomendaciones de CIDH no deben realizarse durante la pandemia. 21 V. Garay (1989); Bianchi y Gullco (2001); Clérico y Schvartzman (2007); Treacy (2006); Gargarella (2007); Clérico (2007b); Maurino (2007), p. 330.

En el caso del Norte Grande y el Norte Chico, resultaron particularmente relevantes la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 y el DFL 1122 de 1981 (Código de Aguas), que incentivaron la expansión de la minería y la especulación sobre el escaso recurso hídrico de la zona (Prieto y Bauer 2012; Bauer 2009, 2002; Budds 2004, 2007, 2009). En este marco, muchas de las comunidades de la zona perdieron sus derechos de agua, zonas de pastoreo desigualdad actual y transhumancia (Yáñez y Molina 2008, 2011), lo que desencadenó una importante migración desde las zonas altas a los centros urbanos, como Calama, Antofagasta, Iquique y La Serena. Hoy en día, las comunas rurales que albergan a las antiguas comunidades indígenas muestran importantes signos de despoblamiento y gran parte de la población que se autoidentifica como indígena en la zona reside en los grandes centros urbanos del norte del país.

A partir de esta instancia, Antonia Rivas (UDP) y Natalia Caniguan (IEI-UFRO/CIIR) estuvieron a cargo de comentar las presentaciones de las expositoras desde la perspectiva del derecho indígena y las políticas públicas. Finalmente, se buscó enriquecer el conversatorio con preguntas y comentarios de los y las asistentes a la actividad. Organizada por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y el Programa de Investigación Cultura e Interculturalidad del Observatorio de Desigualdades UDP, la actividad contó con la presencia de Prosperina Queupuan (Identidad Territorial Lafkenche) y Carolina Sepúlveda (CECPAN), quienes reflexionaron en torno a los procesos de implementación de la Ley Lafkenche desde sus respectivas experiencias de dirigencia organizacional y/o profesional. Tanto en la opinión pública como en la academia se ha hablado sobre la discriminación al pueblo mapuche en los servicios de salud, viéndose esta reflejada en indicadores como las mayores tasas de mortalidad.

octubre 8, 2024