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¿cuánto Inciden Los Consejos? Una Evaluación De La Inclusión De Las Organizaciones Sociales En La Política Pública Revista De Estudios Políticos Y Estratégicos

La ley española no abriga misterios en cuanto a que el régimen common de las subvenciones a entes privados se estructura sobre un sistema de “concurrencia competitiva”, en que la selección de los postulantes se efectúa bajo condiciones de igualdad, publicidad y objetividad. A su turno, la ley regula el gasto subvencionable y sus límites, se tipifica infracciones y se prevé sanciones para hacer valer la responsabilidad de las OSCs, junto con el reintegro del monto de los recursos. Las subvenciones son concebidas como colaboración entre la Administración Pública y los particulares, precisando la ley el tenor de la “relación jurídica subvencional”, que se encuentra afecta a determinados objetivos, requisitos, procedimientos y sistemas de control y evaluación. Con todo, esta perspectiva de alianzas estratégicas ha sido tomada por las OSCs y gobiernos de México y Brasil principalmente. El primero con la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el segundo, avanzando lo que en Brasil se ha llamado una “tercera fase” de la participación ciudadana en la construcción del Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada de “contractualización”.

La inclusión de las organizaciones sociales o ciudadanas en la política pública plantea distintos desafíos, tanto si se analiza desde su efectividad –es decir, el impacto que tiene la presencia de estas organizaciones en el proceso de identificación, priorización y construcción de estas políticas– como desde la perspectiva del grado actual de inclusión alcanzado y el hole existente con las expectativas de la ciudadanía organizada. La revisión buscó entre las evidencias de la implementación de esta política de participación ciudadana, las características que esta adquiere, la profundidad alcanzada y los efectos en el comportamiento de las instituciones. Evaluar esta ley implicó medir la influencia de la representación ciudadana en las instituciones, a través de su participación en los consejos.

múltiples causas sociales. Así mismo, el mayor número de ellas se encuentra en las regiones más pobres del país, como una confirmación del espíritu solidario y cooperativo de nuestra gente y una demostración de la importancia de estas

organizaciones sociales actuales

En este punto es necesario detenernos en los detalles de estas dos culturas políticas divergentes y en la posible relación entre ambas. Por un lado, la política estadocéntrica posee una lógica fundamentalmente totalizante pretendiendo una abstracta representación common. En su contraste, la política autónoma es siempre concreta y particular, y se dirige a “la desestabilización parcial, apertura specific y concreta de aquellas normas e instituciones que impiden su despliegue” (Gutiérrez, 2017, p. 62). El antagonismo de estas políticas a veces las lleva a confrontarse, pero no siempre, y -ante todo- no necesariamente, en tanto la política autónoma “no puede admitir límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión” (Gutiérrez, 2017, p. 65). Para nombrar esta forma de lo político Raquel Gutiérrez Aguilar (2017) utiliza la expresión de “política en femenino” ya que constituye un foco crucial de la actividad de las mujeres. En esta esfera, las dinámicas de producción de lo común se encarnan en hombres y mujeres que “necesariamente someten a crítica, también, el orden, la posición y la sensibilidad masculina moderna dominante históricamente entrelazada con la acumulación del capital y la constitución del estado” (Gutiérrez, 2017, p. 122).

El sistema abstracto es el conjunto de políticas, relaciones jerárquicas, estilos, normas y procedimientos que permiten marcar las reglas para la utilización del sistema físico y de los factores productivos con el objeto de lograr los objetivos organizacionales. Posiciona tu organización en mesas temáticas con el fin de realizar propuestas y observaciones a las políticas públicas en las diversas causas que abordan nuestras organizaciones socias. Hoy, gran parte del proceso de voluntariado está automatizado a través de nuestra plataforma net Pontis, en la cual, tanto organizaciones sociales como profesionales voluntarios, pueden conectarse y trabajar juntos en base a sus intereses. En términos generales, el conflicto social en las actuales condiciones adopta la forma de explosiones de diferente alcance, modalidad y consecuencias. “No hay estabilidad en los liderazgos, la dinámica política no se ordena fácilmente en el eje derecha – izquierda, hay pérdida de organización en las movilizaciones, ha cambiado la correlación de fuerzas entre bases y cúpulas y, también, entre representantes y representados”, señaló el sociólogo.

Las organizaciones son incluidas en el proceso de construcción de las políticas públicas, pero sin incidencia actual en la medida que su participación es solamente consultiva. El problema de cómo representar a esta ciudadanía organizada se ha planteado como uno de los dilemas de la participación. Rodríguez y Ríos (2002) proponen que las organizaciones sociales pueden tomar distintas denominaciones, según el rol que cada una de ellas tome en el sistema social, enfatizando en que se trata de organizaciones sin fines de lucro compuestas por voluntarios. A partir de esta relación se construye una forma de representación, en este caso basada en la vinculación de la ONG con un sector social poseedor de derechos.

Esta disociación de las palabras con los actos -intrínseco a la concept de espacio público de anclaje eurocéntrico y androcéntrico (Rivera, [1997] 2010). En este sentido, resulta fundamental para nuestro estudio rastrear las habilidades tácticas comunales para enfrentar estas nuevas complejidades; la capacidad de gestionar diversidades en simultáneo en medio del permanente riesgo de cooptación y extracción de plusvalía simbólica desde la política dominante (Rivera, 2015). Esta última ha demostrado -luego de cada ciclo de transformación política radical- la adopción de una identidad estratégica como disfraz y puesta en escena, actuando “como si” las contradicciones capitalistas, patriarcales y coloniales estuvieran ya superadas dentro del espacio democrático y ciudadanista del desarrollo (Rivera, 2014, p. 37).

Cuando uno se encuentra con generaciones que no tuvieron educación cívica, se nota que hay cierta falta de homogeneidad que es necesaria para la discusión. Tenemos que hacer el esfuerzo para entregar los elementos mínimos que nos permitan tener una discusión a un mismo nivel. Ingeniero informático y multimedia de la UNIACC fundacion olivares y magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales. Dado que el cupo máximo es para 35 participantes, se realizará un proceso de selección que propenderá a la paridad de género. Y otros (2009), Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A. C, México D.F.

Ciertamente que se trata de un debate formal, en la medida que es difícil separar lo social o comunitario de lo ciudadano. Este trabajo evalúa la implementación de las políticas de participación ciudadana aprobadas en la Ley Nº 20.500, enfocado en los Consejos de la Sociedad Civil de los órganos del Estado, sobre la fundacion bill gates base de la revisión de actas y documentación de cuatro (4) Consejos de la Sociedad Civil de entre los que se implementaron a partir del año 2011. Se presenta un análisis de los consejos vigentes al año 2015 para, a partir de esta información, revisar los acuerdos y demandas observados en la selección realizada.

Son más de 70 convocatorias que se realizan a las OSyC durante el año, para que postulen sus proyectos sociales y participen de estos fondos que se entregan por concurso y previo al cumplimiento de un sin número de requisitos que aparecen en las bases de

Gloria Alvarado (expresidenta de Comités de APR de Chile y ex constituyente), por su parte, destacó el papel crucial de las organizaciones en la lucha contra la privatización del agua y el acceso universal al agua potable, además del rol fundamental de las APR en ello. «Organizaciones de la Sociedad Civil y la Descentralización en Chile» es el título de esta nueva publicación del académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, donde presenta diversos casos de movimientos y organizaciones de la sociedad civil que han protagonizado intervenciones trascendentales en la historia del país y que han jugado un rol clave en la descentralización. De Chile, busca aportar una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en esta materia. Leoncio Cabrera, investigador del Departamento de Geofísica y del Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la Universidad de Chile, desarrolló un modelo capaz de pronosticar erupciones volcánicas con un margen de anticipación de entre 5 y 75 horas, trabajo en el que también participaron colegas de Chile, Argentina y Nueva Zelanda. «Para esta investigación estudiamos años de datos sísmicos con especial foco en las 48 horas previas a seis pulsos eruptivos en el volcán Copahue», explica el autor principal de este trabajo, publicado en la revista Seismological Research Letters.

Sandra Carvajal, presidenta de la Fundación Bezaleel ubicada en la Región Metropolitana, cuenta que “el modelo de voluntariado profesional que ofrece Fundación Trascender nos parece respetable y comprometido con las necesidades de las ONGS para subsanar y mejorar las capacidades de cada una. En nuestro caso nos han dado la oportunidad de poder estar a la altura de los lineamientos de la sociedad civil y transparencia”.

el apoyo a las OSyC en la elaboración de los proyectos sociales y en la postulación a las diferentes convocatorias a fondos públicos concursables es una actividad recurrente de la Fundación, que le ha permitido conocer las ventajas

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Es un servicio de entrega de conocimientos que busca instalar capacidades y habilidades en el uso de tecnologías y herramientas digitales, a través de cursos en línea, contribuyendo al mejoramiento en la gestión, comercialización e innovación de los negocios. Colaborar con la Ministra o Ministro en la elaboración de convenios con organismos públicos y privados en el ámbito internacional. Departamento de Comunicaciones está a cargo, entre otras funciones, de diseñar y ejecutar estrategias para permitir la presencia del Ministerio en los medios de comunicación, junto con la difusión de sus labores. Para cerrar, las los y les participantes acordaron que las sesiones serán mensuales y abordarán temáticas como violencia, salud, discriminación, trabajo, entre otras, con la finalidad de dar una mirada integral a la propuesta que surja desde esta instancia. Luego de eso, serás notificada desde la dirección regional de SernamEG correspondiente a tu comuna de residencia. Las capacitaciones de esta Escuela se imparten de forma asincrónica y consta de cinco módulos de 40 horas pedagógicas cada uno.

Finalmente, en parte mediante estas acciones, en el 2011 la cooperativa logró obtener el módulo de limpieza del arroyo. El diseño de la investigación es cualitativo y se basa en el estudio de caso instrumental (Stake, 2013) de una cooperativa del Programa Argentina Trabaja. Una de las principales fortalezas de la estrategia del estudio de caso es que posibilita una comprensión detallada y contextual de los procesos sociales (Neiman, & Quaranta, 2006; Stake, 2013). Ahora bien, el análisis de casos empíricos particulares se realiza en función de arribar a conclusiones con cierto grado de generalización.

Al analizar los conflictos de trabajo en estas unidades productivas, nos acometemos a examinar el potencial del cooperativismo, en su articulación con el Estado y las organizaciones de base territorial, para incrementar el poder social y la democratización económica. En este sentido, la literatura exploró las vinculaciones entre la política social, el cooperativismo, los territorios y el Estado en sus distintos niveles. Un conjunto de estudios examinó los impactos de este programa en las subjetividades de las clases populares destinatarias (Maneiro, 2015a) y la reconfiguración territorial que promovió, mediante las reapropiaciones de los actores y la recursividad de la política pública (Ferrari Mango, 2020). Otro grupo de indagaciones analizó el ciclo de acción colectiva protagonizado por las organizaciones de trabajadores/as desocupados/as abierto a partir del lanzamiento del programa (Maneiro, 2015b) y los modos de interacción entre gobiernos y movimientos sociales (Massetti, 2011; Natalucci, 2012). Por último, otras investigaciones describieron las transformaciones en el universo del cooperativismo a raíz del surgimiento de estas cooperativas, denominadas “inducidas” (Vuotto, 2011) o “sintéticas” (Hudson, 2016). En esta sesión, se dio a conocer la situación actual de las acciones y/o políticas públicas que se están realizando en materia de derechos de personas de las diversidades sexo-genéricas por parte de los diferentes ministerios, así como materias que se están revisando en el Congreso, tales como, ley de identidad de género, cupo laboral trans, reforma a la ley antidiscriminación, ley José Matías y Educación sexual integral.

Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo control. En este artículo se mencionan la función y las características de la organización social aplicada a las organizaciones de salud. Este trabajo evalúa la implementación de las políticas de participación ciudadana aprobadas en la Ley Nº 20.500, enfocado en los Consejos de la Sociedad Civil de los órganos del Estado, sobre la base de la revisión de actas y documentación de cuatro (4) Consejos de la Sociedad Civil de entre los que se implementaron a partir del año 2011. Revisa, así mismo, la ley en cuanto a sus orígenes y el proceso llevado a cabo hasta su publicación. Se presenta un análisis de los consejos vigentes al año 2015 para, a partir de esta información, revisar los acuerdos y demandas observados en la selección realizada. Finalmente propone una interpretación de los resultados y, a partir de ella, concluye en la necesidad de integrar la participación como principio base de la gestión del Estado.

La lucha por lograr definir y mantener la actividad de limpieza del arroyo se orienta a obtener mayores grados de autonomía en el trabajo y escapar a la subordinación estatal que a priori plantean el diseño y la implementación del programa. Las organizaciones sociales de trabajadores/as desocupados/as nacidas al calor de estas transformaciones se caracterizaron por recurrir al “piquete” -forma específica de acción colectiva que consiste en el corte de rutas y otras vías de comunicación- para demandar trabajo, considerado el canal legítimo de acceso a los medios de reproducción. En un contexto de desocupación, empobrecimiento y despliegue de políticas sociales focalizadas, esta demanda de trabajo se especificó en la petición de vacantes en programas de empleo transitorio y en la gestión de tales recursos de origen público. La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias.

La constitución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en enero del 2016, cuyo objetivo fue introducir mejoras en la Ley Nº 20.500, en particular “… elaborar propuesta de reforma a la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana que considere, entre otros aspectos, la institucionalización del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil”5, constituye una muestra de esta relevancia. Remy (2005), en línea con la opinión de que la participación ciudadana es participación en la política, propone un modelo para clasificar las distintas formas de incluir a la ciudadanía en ella. En este modelo se consideran al menos cuatro (4) espacios o formas en los que la ciudadanía es incluida en la gestión del Estado y en la construcción de la política pública, configurados a partir de dos ejes, si es que esta inclusión tiene consecuencias directas o están mediadas por un diálogo o proceso de discusión y si se trata de un proceso reconocido de manera formal, tal como se puede observar en la Tabla Nº 1.

Este será más particularista –es decir, alejado de la discusión de la política pública– si las organizaciones que componen el Consejo representan a los sectores afectados por la entrega de los beneficios. Si la institución es reguladora, en el sentido de que su principal esfuerzo es generar políticas para el sector en el que actúa, la participación se centrará en comprender y proponer cambios en la política. Si esto va acompañado con un Consejo con participación de organizaciones que analizan el sector y cuya representación es desde otras formas de entender la política, el debate se enfocará en mejorar o cambiar las políticas públicas del sector. Además, debe encargarse de la educación, difusión y promoción de los derechos inmediatamente vinculados al ejercicio de la participación social y ciudadana (libertad de expresión, derecho a la igualdad, derecho a la información, derecho de petición y a ser oído, derechos de reunión y asociación, entre los más significativos). Este debate sobre la inclusión ciudadana en las políticas públicas se debe enmarcar en uno mayor, sobre el sistema de representación de la ciudadanía y la democracia como forma de expresión de esta.

organizaciones sociales y políticas

Ello será posible en la medida que aumente la capacidad de decidir y se abandone el diseño exclusivamente consultivo de los COSOC. La inclusión de las organizaciones sociales o ciudadanas en la política pública plantea distintos desafíos, tanto si se analiza desde su efectividad –es decir, el impacto que tiene la presencia de estas organizaciones en el proceso de identificación, priorización y construcción de estas políticas– como desde la perspectiva del grado actual de inclusión alcanzado y el hole existente con las expectativas de la ciudadanía organizada. La revisión buscó entre las evidencias de la implementación de esta política de participación ciudadana, las características que esta adquiere, la profundidad alcanzada y los efectos en el comportamiento de las instituciones.

Por su parte, Luis Yáñez Villarroel, presidente del Club de Discapacitados Nueva Esperanza de Yobilo de la comuna de Coronel, destacó que “este fondo es muy importante para las agrupaciones que no tienen dinero… Este fondo nos viene a traer cosas nuevas a nuestra institución”. Según señala ellos destinarán el fondo para “comprar equipamiento audiovisual para hacer talleres inclusivos para personas ciegas y sordomudas, así como también para los deportistas discapacitados,  a fin de revisar videos de otros deportistas para irse interiorizando y avanzar en el deporte adaptado, tanto en lo social como en lo deportivo”. En complete organizaciones sociales definicion fueron más de forty nine millones de pesos repartidos entre organizaciones de  11 comunas de la provincia de Biobío, los que serán utilizados para financiar diferentes proyectos en beneficio de juntas de vecinos, talleres laborales, clubes deportivos y clubes de adulto mayor, entre otros. Facilita, además, la puesta en práctica de distintas modalidades de participación ciudadana por parte del SERMIG.

Esta división del grupo de trabajadoras se construye sobre el acople entre la cooperativa y la organización social. Entre estas políticas, se destacó el Programa Argentina Trabaja, lanzado en el 2009 y activo hasta principios de 2018. Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez (2015) identificaron en su diseño una combinación de elementos provenientes del capital humano, la economía social, el trabajo asalariado y los programas de transferencia de dinero a familias. El programa estipulaba la creación de cooperativas de trabajo conformadas por población weak. Su objetivo es promover que las familias y personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten, así como garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital.

Un complete de 15 organizaciones sociales pertenecientes a las comunas de Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, recibieron hoy los recursos necesarios para materializar las iniciativas que presentaron al llamado 2012 del Fondo Social Presidente de la República, en una ceremonia realizada en la Gobernación Provincial de Talagante y que fue encabezada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. El programa consiste en el cuidado de niños entre los 6 y thirteen años para favorecer la participación de sus madres en el mercado laboral. La iniciativa 4 a 7 se ejecuta en establecimientos educacionales municipales de distintas comunas del país y son las propias municipalidades y las Direcciones Regionales del SERNAMEG las encargadas de informar sobre el proceso de inscripción.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider, explicó que, “es un avance muy importante que nuestro Gobierno haya comenzado una mesa de trabajo con organizaciones sociales LGBTIQA+, espero que sea un espacio muy fructífero de reparación y avance de derechos de la población trans, por ejemplo, el cupo laboral trans que es una demanda tan sentida como comunidad”. Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro que se encuentren integradas en su mayoría por personas migrantes y que promuevan los derechos y deberes de las personas extranjeras en organizaciones sociales de la comunidad ejemplos Chile. Tener mejores organizaciones comunitarias ayuda a que la sociedad recupere mecanismos locales más complejos para procesar sus malestares y transformarlos en demandas y mandatos que puedan sostenerse en el tiempo. Si bien estas tres acciones son un buen punto de partida para impulsar un proceso de fortalecimiento de lo comunitario como esfera distinta a lo estatal y a lo mercantil, es imprescindible que se articule un discurso coherente y sencillo que lo ponga como un horizonte en torno al cual construir consensos políticos amplios.

Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas. Las autoridades regionales informaron que hoy el proceso está más avanzado, respecto de las necesidades de las personas que requieren cuidados, y de quienes cuidan. Los resultados de esta relación entre tipo de institución y tipo de organización pueden anticipar los resultados de la participación en los COSOC del Estado, tal como se propone en la Tabla N° 8. El gráfico siguiente muestra una comparación entre las frecuencias de demandas de los cuatro consejos revisados.

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En agosto, Mujeres por la Vida haría su declaración política frente a las directivas de diferentes partidos políticos. Desde julio de 2023 que está a cargo de la división que pertenece al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la que tiene como una de sus principales misiones entregar información y capacitar a dirigentes sociales. En total fueron 136 los proyectos ganadores de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado, una inversión superior a los $610 millones donde postularon clubes deportivos y de adultos mayores, juntas de vecinos y una serie de organizaciones que se organizaron para cumplir los requisitos establecidos en las bases del Gobierno Regional. Y mientras las organizaciones sociales tradicionales van perdiendo fuerza, grupos informales han tomado la posta abordando temáticas específicas, principalmente medioambientales, que han concitado el interés de segmentos que no se sienten representados por las antiguas estructuras.

organizaciones sociales tradicionales

Este año y como en años anteriores, el Gobierno Regional dispuso el 6% del complete de los recursos del FNDR, equivalente a más de $3.383 millones para subvencionar proyectos postulados por gestores culturales, sociales y deportivos de toda la región. De esta forma, abordaremos secuencialmente estos dos polos del significado de espacio público en el relato de nuestras organizaciones estudiadas, luego nos ocuparemos en detalle del espacio fronterizo de esta disyunción y, finalmente, abordaremos las formas de identificación colectiva de nuestros sujetos de estudio. Así entendido, esta noción de espacio público fue introducido en América Latina junto al nacimiento de los estados nacionales seculares, un “paquete cultural de ciudadanía” netamente emblemático e ilusorio cuando se trata de su ejercicio por las clases subalternas -indias, cholas y urbano-marginales-, perpetuando la doble moral del colonialismo interno (Rivera, [1997]2010, p.130). Un ejemplo es la asesoría realizada a una organización sin fines de lucro dedicada a garantizar y promover derechos de personas de la comunidad LGBT.

«Como institución tenemos el foco de trabajar de manera integral con los deportistas y muchos de nosotros somos profesionales y queremos inculcarle a los niños que practiquen deporte o cualquier otra actividad no convencional como arte o danza, que pueden practicar lo que les gusta sin dejar de lado los estudios», apuntó Claus Westphal, presidente del club. 5Expresión pan-andina que refiere al trabajo colectivo, colaborativo y recíproco dentro y entre comunidades. En esta importante área verde de la ciudad de Valparaíso, no sólo cohabita el Parque Ecológico Piuke Ko con un campo de entrenamiento militar, aparecen también la ampliación del puerto y las mega carreteras para el flujo de capitales que encadena el puerto de Valparaíso al muevo ciclo extractivista-desarrollista impuesto en toda Sudamérica por el plan IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana). En la Tabla 2 se expone algunas características de las personas participantes en el grupo focal.

Jorge Navarrete, abogado y columnista, subrayó la importancia de la alianza público-privada para ampliar el impacto de las medidas descentralizadoras; mientras que María Ignacia Jiménez, vicepresidenta de Chile Descentralizado, enfatizó la necesidad de empoderar a las comunidades locales y promover la participación directa como un activo para el desarrollo. «Organizaciones de la Sociedad Civil y la Descentralización en Chile», publicación disponible de forma gratuita en el Portal de Libros Electrónicos de la Universidad de Chile, ofrece una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en torno a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de descentralización. Entre otros aspectos, el libro analiza casos prácticos, como la participación de la sociedad civil en la gestión de incendios forestales y la sequía, así como la experiencia de empresas en instancias de descentralización. La implementación de la ley implicó movilizar esfuerzos en la institucionalidad para dar forma a los espacios de participación creados. Desde la implementación de los registros de organizaciones, dependiente del Registro Civil, que implicó la responsabilidad de las municipalidades de informar de la constitución y vigencia de estas, hasta la dictación de nuevas normas de participación para las municipalidades e instituciones estatales. El proyecto concibe la participación ciudadana como una relación de cooperación entre los individuos y el Estado, individuos con derecho a asociarse libremente y por ello debe ser incluidos en la elaboración de las decisiones públicas.

Primero estuvo la necesidad de common la función de las organizaciones que se relacionan con el Estado en la concreción de sus objetivos, expresado en la conformación de un fondo para el financiamiento de las organizaciones y en el reconocimiento legal de las mismas. A partir del segundo trámite adquirió relevancia la consagración de la participación ciudadana como parte de la administración pública. En cuanto a la solución del dilema de representación que se muestra en la definición de participación ciudadana en la que se basa el proyecto de ley, lo que se observan son procesos formales de inclusión de las organizaciones sociales sin que se produzcan cambios en los mecanismos de toma de decisión.

Una cifra superior a los $500 millones, aprobados por el Consejo Regional (CORE), fueron entregados por el Gobierno Regional a más de un centenar de gestores culturales, sociales y deportivos de la provincia de Elqui para el financiamiento de proyectos postulados a los Fondos Concursables 2017. Es en esta trayectoria que lo común logra invaginar lo público sin ser subsumido por éste, dando lugar a comunes anticapitalistas que se distinguen sustancialmente con aquellos comunes que se conciben en coexistencia armónica con lo público y lo privado (Caffentzis, & Federici, [2013] 2015). Una vez finalizado este análisis, atestiguamos que nuestro procedimiento se veía desbordado por la experiencia analítica vivida en el contexto de disaster que marcó la primera etapa de esta investigación.

Lamentablemente, la poca habilidad comunicacional de sus voceros capitalinos deja más dudas que certezas. Esto último será especialmente importante para las y los constituyentes que participan de MS y al mismo tiempo son militantes de algún partido. En la medida que sus organizaciones sean capaces de mantener un vínculo actual con el o la constituyente, evitarán que éste termine abstrayéndose de la ciudadanía que le dio su voto, como tantas veces ha ocurrido. A su vez, para los partidos, esto es una oportunidad importante para recuperar el vínculo social perdido, haciendo realidad eso de tener “un pie en la calle y otro en el parlamento” (en la convención, en este caso), pero a través de una relación genuina de apertura democrática, no solo circunscrita a una elección, de modo que el partido sea una herramienta y no un fin en sí mismo.

correspondiente. Adicionalmente, se les otorgan nuevas funciones administrativas a los municipios, para que se ocupen de los registros de organizaciones sin fines de lucro en sus comunas, los actualicen y entreguen cuando se les solicite. La mayor educación e información de los ciudadanos también les ha ido permitiendo vincular la calidad de los servicios que reciben, como parte de las políticas públicas, con su voto en la elección popular de autoridades; en consecuencia, sus exigencias adquieren un mayor protagonismo y son elementos de presión para exigir mejores servicios. Sin embargo, la esencia sigue siendo responder a las necesidades sociales de las personas y las comunidades. Por eso, es fundamental organizaciones sociales y políticas considerar el impacto social de cada proyecto arquitectónico, asegurando que sirva para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades reales de quienes lo utilizarán.

Los actuales horizontes de transformación social a escala planetaria y la disaster de participación política estado-céntrica han repercutido en las nociones de espacio público y lo común. En esta investigación cualitativa analizamos los significados en relación al espacio público y la acción política en el relato oral de cuatro organizaciones sociales autónomas de Valparaíso enfocadas en la amplificación y cuidado de espacios comunes. Finalmente, se sugiere profundizar estudios para rastrear las capacidades colectivas y autónomas de gestión de los espacios, asumiendo la crítica al eurocentrismo y al patriarcado, en aras de comprender los horizontes de deseo y potencial práctico de las organizaciones de base comunitaria más allá de perspectivas estado-céntricas. Se observa, al mismo tiempo, una incapacidad de las organizaciones sociales de elaborar una agenda común que considere al menos las demandas que están representadas en el consejo. Cuando ocurre que las organizaciones participantes construyen una propuesta lo que se observa es un detalle de las demandas particulares sin un sentido común que permita instalar un debate distinto del que ya está construido por la autoridad.

Por supuesto, el éxito de este mecanismo dependerá del compromiso de cada constituyente y de su colectivo, de la participación activa de este último y del diálogo que pueda establecer con otras organizaciones sociales y con el resto de la ciudadanía para discutir temas que no necesariamente son su foco. La principal articulación de MS en torno a esta elección se dio en la plataforma Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), que incluyó 12 listas enteramente integradas por candidatas/os de organizaciones sociales (cuatro en la RM y ocho en otras regiones). Nació a partir de la unión entre la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) y la Coordinadora No+AFP, mientras esta última no terminaba de llegar a un acuerdo con el Frente Amplio para incluir a su histórico vocero, Luis Mesina, en el distrito 10 (Santiago central). Así, a la plataforma se fueron integrando más organizaciones y distritos, dentro y fuera de la RM. Algunas organizaciones nacionales que se sumaron fueron la Coordinadora Nacional Migrante y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), pero el grueso fueron asambleas y cabildos locales nacidos con la revuelta well-liked, así como movimientos ambientales territoriales y sindicales de más larga knowledge.

El alcalde César Orellana, se mostró satisfecho los por recursos entregados y precisó que “estos fondos del Gobierno Regional nos sirven para sacar adelante importantes iniciativas. Esto nos alegra porque tenemos agrupaciones de adultos mayores, grupos de mujeres e incluso agrupaciones de sectores rurales. Siempre es bien recibida organización política ejemplos la visita de nuestro intendente y nuestra gobernadora, más aun cuando trae recursos que descentralizan los beneficios del Gobierno”. A pesar de su menor participación, las mujeres que lideran espacios sociales son el reflejo de que, a pesar de las mencionadas desigualdades, ellas también pueden ser un agente de cambio social.

De estas, un 53,57% fueron en formato tradicional y un forty six,42%, en formato on-line, nueva modalidad que se desarrolla desde este año. Y la otra izquierda, esa de nóveles dirigentes que llegaron a la política generando expectativas de que las cosas cambiarían, no ha estado a la altura de las demandas que la historia exige. Salvo honrosas individualidades, han terminado reproduciendo muchas prácticas de la vieja política.

Esta paradoja de la modernidad se manifestaría actualmente en un clima desconfianza y deslegitimación mutua entre las elites y las bases sociales, antagonismo que resultaría imperioso resolver para un adecuado “proceso de politización” (PNUD, 2015). El libro ofrece una revisión histórica detallada, destacando la evolución de las organizaciones sociales y su papel en los procesos de descentralización. En este trabajo, su autor, Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de esta unidad académica, profundiza en diversos aspectos clave para el avance del país hacia una mayor autonomía territorial y participación ciudadana. Esta forma de resolver los problemas de la legislación, que podemos denominar como colocar el problema en un tercero, que tiene como responsabilidad supervisar el cumplimiento de la ley, mantiene el modelo de dejar en las instituciones la definición de cómo y con qué profundidad se implementa la normativa. El modelo de la superintendencia no hará que la institución modifique la forma en que construye la política pública. O, al menos, lleva el problema a un debate sobre interpretaciones que, de resolverse, alarga la implementación de los beneficios de la ley.

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Es posible que las estimaciones presenten problemas de sesgo o de eficiencia debido a que los modelos combinan un conjunto de variables continuas con variables dicotómicas. Por otra parte, se encontró una relación positiva entre la tenencia de una vivienda propia y la participación en organizaciones vecinales. Sin embargo, esta relación se vuelve negativa y significativa cuando las estimaciones consideran la participación en organizaciones recreativo-culturales.

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Dado que esta agrupación es con orientación social, realizan campañas de ayuda en alimentos, enseres básicos, entre otras. Directora, dramaturga, docente y actriz de teatro y cine quien, con su última obra, “Amanda Labarca”, destaca la importancia de mujeres en la historia. Entre sus trabajos destacados están las obras “Tribus”, “La tierra inquieta”, “Amanda Labarca”. Hasta el año 2018 fue directora de la carrera de Intérprete en Teatro Musical del Instituto Profesional Projazz. “Con este premio queremos transmitir que no tenemos que esperar noventa años para cerrar las brechas y superar las desigualdades. Tenemos las condiciones para hacerlo hoy, porque las generaciones anteriores de mujeres en Chile lo hicieron cuando era aún más difícil.

Se asume también que los precios de los insumos y servicios se encuentran dados en el modelo, pero que el acceso a ellos puede ser influenciado por los niveles de capital social y otras características de la familia; de esta manera, las redes construidas a través de interacciones generan beneficios medibles para los participantes a nivel particular person, generando directa o indirectamente mayores niveles de bienestar. El programa consiste en el cuidado de niños entre los 6 y thirteen años para favorecer la participación de sus madres en el mercado laboral. La iniciativa four a 7 se ejecuta en establecimientos educacionales municipales de distintas comunas del país y son las propias municipalidades y las Direcciones Regionales del SERNAMEG las encargadas de informar sobre el proceso de inscripción. Programa destinado a fortalecer el nivel de empoderamiento y participación de las mujeres en la toma de decisiones de la sociedad chilena. El Bono al Trabajo a la Mujer o #BTM es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y 59 años, eleven meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población. Velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que se incorporan en forma transversal en la actuación del Estado.

Mientras que en el primero el Estado local se constituye en el principal adversario, en el segundo, la inserción de la cooperativa en una organización social genera oposiciones entre las trabajadoras respecto al propósito de la producción. El problema de cómo representar a esta ciudadanía organizada se ha planteado como uno de los dilemas de la participación. Rodríguez y Ríos (2002) proponen que las organizaciones sociales pueden tomar distintas denominaciones, según el rol que cada una de ellas tome en el sistema social, enfatizando en que se trata de organizaciones sin fines de lucro compuestas por voluntarios.

Por cada mil habitantes, hay 12 OSC activas; en la Región Metropolitana, que concentra el 25% de las OSC activas, existen eight por cada mil habitantes, mientras que las regiones que más instituciones tienen son la de Aysén y la de la Araucanía, donde hay 23 OSC, por cada mil habitantes. Hazte parte de una Comunidad de organizaciones dispuestas a apoyarse y a vincularse para generar lazos propositivos y ser parte de proyectos centrales para el país. Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro que se encuentren integradas en su mayoría por personas migrantes y que promuevan los derechos y deberes de las personas extranjeras en Chile. En este Día Internacional de la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres.

Así mismo se crean los Consejos de la Sociedad Civil con función similar en los servicios y organismos de la administración central. Remy (2005), en línea con la opinión de que la participación ciudadana es participación en la política, propone un modelo para clasificar las distintas formas de incluir a la ciudadanía en ella. En este modelo se consideran al menos cuatro (4) espacios o formas en los que la ciudadanía es incluida en la gestión del Estado y en la construcción de la política pública, configurados a partir de dos ejes, si es que esta inclusión tiene consecuencias directas o están mediadas por un diálogo o proceso de discusión y si se trata de un proceso reconocido de manera formal, tal como se puede observar en la Tabla Nº 1.

En nuestro caso nos han dado la oportunidad de poder estar a la altura de los lineamientos de la sociedad civil y transparencia”. Fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, asociaciones, colegios profesionales, juntas de vecinos, clubes deportivos,

El objetivo de este programa es difundir la importancia de la regularización de la pequeña propiedad raíz a través de la obtención del título de dominio. Es un aporte de Sercotec para inversiones, asistencia técnica, capacitación, acciones de advertising y tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades para el negocio. Es una comunidad de emprendedoras donde encontrarás apoyo y aprenderás lo necesario para impulsar tu negocio en la era digital. Esta iniciativa está liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Laboratoria. Beneficio en dinero para ayudar a las familias a cubrir diversos gastos durante el período de gestación.

Digitaliza tu Pyme es un programa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto con Corfo y Sercotec, en alianza con instituciones públicas y privadas que acompañan y guían el proceso de digitalización de las Pymes. En el año 2019, producto de la necesidad de fuente laboral, Ximena y un grupo de 14 mujeres crearon la agrupación Manos Mágicas de Puente Alto, con apoyo de la gobernación, la cual reúne a artesanas de diferentes disciplinas, lo que les permitió optar a puntos de comercialización gratuitos en diferentes lugares. Es importante destacar que han llegado a ser cerca de 100 organizaciones sociales tipos socias, las que se potencian en asociatividad, ferias de comercio, alianzas con Prodemu, Puente Mujer, Sopeña, entre otras. A través de este trabajo de asociatividad, postulan a fondos de apoyo para la agrupación y buscan capacitaciones en conjunto para fortalecer sus herramientas y conocimientos.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.146, las organizaciones comunitarias que hayan elegido sus directivas conforme al nuevo procedimiento establecido en la ley 21.146, podrán ser parte del COSOC, sin necesidad de ser calificadas por el TER. Para las demás organizaciones (Corporaciones, Fundaciones, ONG, etc), será el Consejo Nacional del Fondo el responsable de reconocer la calidad de interés público, realizar las inscripciones y eliminaciones correspondientes en el catastro, y además, reconocer la calidad de organización de voluntariado para quienes así lo soliciten. La importancia de este Estudio cobra especial relevancia en estos momentos por la grave crisis sanitaria que atraviesa el mundo y especialmente nuestro país que, además, está pasando por una disaster social y económica de grandes proporciones, que obliga a la sociedad a fortalecer

Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos al emplear técnicas de estimación estándar en presencia de simultaneidad serán sesgados e inconsistentes (Greene, 1999). Consultada sobre la capacitación, Bartsch la calificó como una actividad positiva y altamente productiva. “Me pareció muy buena, porque capacitarse es una herramienta potente para hacer una mejor gestión.

Esto implicaría que se han cambiado las formas en que el Estado concibe el proceso de generación de estas. Lo que se deduce de las actas es que existe la voluntad de incluir a la sociedad civil, pero esto se topa con la forma que organizaciones sin fines de lucro lista adquiere la agenda legislativa y los tiempos en los que se propone llevarla a cabo. La presencia de un tercer actor, el actor comunitario, en esta ecuación implica tiempos y esfuerzos a los que el Estado no se ha adecuado.

¿cuánto Inciden Los Consejos? Una Evaluación De La Inclusión De Las Organizaciones Sociales En La Política Pública Revista De Estudios Políticos Y Estratégicos

La revisión buscó entre las evidencias de la implementación de esta política de participación ciudadana, las características que esta adquiere, la profundidad alcanzada y los efectos en el comportamiento de las instituciones. Claro que los actores de la sociedad civil fueron fundamentales en la consolidación de tales espacios; las luchas de las organizaciones sociales no pueden ser soslayadas. Si bien dependerá de los grados de organización de las sociedades civiles en los distintos países de la región, los movimientos sociales en “las calles” son actores centrales para la activación y consolidación del cambio social. Este artículo ilustra que si bien la conformación de cooperativas -una forma jurídica tendiente a la democracia y la autogestión- fue promovida por la política pública, las acciones de las organizaciones sociales que las albergaron permitieron la apropiación y profundización del ideario cooperativista. Este debate sobre la inclusión ciudadana en las políticas públicas se debe enmarcar en uno mayor, sobre el sistema de representación de la ciudadanía y la democracia como forma de expresión de esta. La participación ciudadana, como forma de inclusión en la política, en particular en la construcción de políticas públicas, es el resultado de un debate sobre las características que adquiere la democracia.

Al efecto, la Constitución Federal de 1988 previó la no interferencia estatal en la creación, funcionamiento y auto-organización de tales entidades. La acción de las OSCs bajo esta perspectiva se vio reflejada en su integración en consejos de políticas públicas y, por otra parte en su movilización, incidencia y aportes proposititos en diversas leyes, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley Nacional de Telecomunicaciones, el Estatuto del Niño y del Adolescente, la Ley Orgánica de Asistencia Social, la Ley de Incentivos Fiscales para Proyectos Culturales. El derecho a participar se tradujo en esta fase en el deber del Estado de crear y regular espacios significativos de participación. Se observa, al mismo tiempo, una incapacidad de las organizaciones sociales de elaborar una agenda común que considere al menos las demandas que están representadas en el consejo. Cuando ocurre que las organizaciones participantes construyen una propuesta lo que se observa es un detalle de las demandas particulares sin un sentido común que permita instalar un debate distinto del que ya está construido por la autoridad.

No obstante, esta forma habilita ciertos grados de empoderamiento social mediante la auto apropiación colectiva y la relativa autodeterminación que logran los/las trabajadores/as (Kasparian, 2017). Estas cooperativas basaban su actividad en la demanda estatal y se concentraban en actividades de vivienda, infraestructura social y mantenimiento de espacios públicos (Vuotto, 2011). El programa tuvo su mayor despliegue en el Gran Buenos Aires, esto es, la periferia de la ciudad de Buenos Aires.

2 organizaciones sociales

De hecho, durante la primera década y media de este siglo, múltiples Estados latinoamericanos impulsaron diversos procesos de democratización no sólo económica sino también política. Con las limitaciones apuntadas, este artículo señala que el programa generó espacios de cogestión. En un nivel más operativo, dicho Consejo deberá coordinar un sistema integral de participación ciudadana a nivel nacional, del que formarán parte todos los consejos de la sociedad civil creados bajo el amparo de la Ley 20.500, con especial mirada a su desarrollo en las regiones y comunas. En Chile, obtener agua de la llave en domicilios rurales pocas veces depende de una empresa sanitaria privada como en el caso de las ciudades, sino que depende del esfuerzo cotidiano de personas involucradas en asociaciones vecinales, comités o cooperativas de agua potable rural. Así, estas organizaciones comunitarias cumplen un rol basic para responder a la demanda de agua para consumo humano de, aproximadamente, el 10 % de los habitantes del país. La comisión evaluadora estuvo compuesta por 2 representantes del Concejo Municipal, 2 representantes de alcaldía, 2 representantes del COSOC y un funcionario municipal acorde al área de cada proyecto evaluado.

Estos patrones de la conflictividad de trabajo en la cooperativa permiten ensayar análisis sobre el devenir del cooperativismo “incubado” y enmarcado en la acción político-territorial de organizaciones sociales. El territorio no sólo refiere a un espacio geográfico determinado sino también a coordenadas dentro de las cuales se desarrollan relaciones sociales. Estas relaciones incluyen tanto lo cotidiano y comunitario, como el despliegue de la política (Arias, 2013). En este sentido, el Programa Argentina Trabaja abonó al crecimiento de la participación desigualdad económica en el mundo de las formas políticas territoriales y las vinculó con el universo del cooperativismo. En este sentido, la literatura exploró las vinculaciones entre la política social, el cooperativismo, los territorios y el Estado en sus distintos niveles. Un conjunto de estudios examinó los impactos de este programa en las subjetividades de las clases populares destinatarias (Maneiro, 2015a) y la reconfiguración territorial que promovió, mediante las reapropiaciones de los actores y la recursividad de la política pública (Ferrari Mango, 2020).

Si la división del trabajo o especialización tiene como consecuencia el aumento de la diferenciación y de la diversidad dentro del organismo, es necesario entonces que también haya una fuerza en sentido contrario, capaz de lograr la regulación y el control de la variedad, para que la organización se mantenga bajo management. Cada uno de sus componentes debe desarrollar roles y funciones que tienen la particularidad de estar relacionados entre sí. Gracias al apoyo de dos empresas comprometidas con el avance de los derechos de las mujeres y su empoderamiento —Lipigas, que acompaña esta iniciativa desde 2014, y Cummins, desde 2020—, este año el premio creció, beneficiando a 11 iniciativas pertenecientes a las regiones de Antofagasta, O’Higgins, Ñuble, La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y la Región Metropolitana.

La gestión de servicios sanitarios se realiza al interior de organizaciones de gran complejidad. Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo control. En este artículo se mencionan la función y las características de la organización social aplicada a las organizaciones de salud. Es posible afirmar que la institucionalización de la participación ciudadana no apunta a resolver el problema de la forma que adquiere el proceso de construcción de las políticas públicas en el Estado.

Mediante estas modificaciones se crean los Consejos Comunales de la Sociedad Civil, en reemplazo del Consejo Económico y Social (CES), que ya existía en la legislación como el espacio de representación de la ciudadanía organizada en el gobierno municipal. Así mismo se crean los Consejos de la Sociedad Civil con función related en los servicios y organismos de la administración central. Las personas entrevistadas fueron, en su mayoría, trabajadoras de la cooperativa y activistas de la organización social. El informante clave entrevistado se trató de la autoridad de una federación nacional de cooperativas.

Es un dato suficientemente asentado que en países de renta media o incluso media alta, como la OCDE considera a Chile y a algunos países del Cono Sur, la cooperación internacional no puede ser la base de financiamiento de las OSCs. En estas circunstancias, y asumiendo que la autosostenibilidad a través de la venta de bienes y servicios o del pago de cuotas sociales no representa para la mayoría de las organizaciones una opción estratégica relevante ni universalizable, las OSCs chilenas están en cierto modo obligadas a dirigir su demanda de sustentabilidad a una redistribución efectiva del producto social del país. Esto implica apuntar a recursos públicos, ya sea provistos por el Estado directamente a través de la figura de fondos públicos y subvenciones, o indirectamente, a través del flujo de las donaciones sujetas a beneficios tributarios, en un esquema de efectiva ampliación y democratización de esta última opción, como se verá en el apartado siguiente. Un segundo objetivo de la Ley, la inclusión de las OIP en la gestión del Estado, implicó la modificación de leyes con rango de Orgánica Constitucional, como la Ley de bases de la administración pública (Ley Nº 18.575) y la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En ambos casos las modificaciones se refieren a incluir los aspectos del proyecto que agregan nuevas definiciones y normativa al Estado y las municipalidades para la inclusión de las OIP y de la constitución y financiamiento del fondo de fortalecimiento ya descrito.

Los proyectos ganadores van desde iniciativas que buscan alfabetizar digitalmente a mujeres artesanas de Lolén, hasta formar en alimentación sustentable a mujeres campesinas de Pueblo Seco o formar a lideresas migrantes en Quellón. El servicio de distribución que realizan parte del lugar de captación del agua hasta la conexión domiciliaria, y para administrarlo implementan una gestión comunitaria basada en principios democráticos que no persigue fines de lucro. G) Administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento y organización de la comunidad, conforme a la realidad específica de las distintas unidades vecinales. En la investigación, se utiliza la noción de “conflicto de trabajo” -acuñada en trabajos previos (Kasparian, 2017)- con el fin de tomar distancia del concepto de “conflicto laboral”, usado para designar oposiciones y enfrentamientos entre el capital y el trabajo en torno a las condiciones de consumo y venta de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista (Edwards, 1990; Hyman, 1981; Marx, 2011).

Es importante destacar que la información más escasa es la de los padrones de organizaciones que han participado de la generación de los COSOC respectivos. Incluso los consejos que son elegidos por votación no mantienen información pública de las organizaciones sociales que han participado de este proceso. El número de organizaciones catastradas entre los COSOC que se han constituido alcanza a las 4.917, en las que se han considerado las que componen los distintos consejos, mediante la asistencia fundación cambiando vidas explicitada en las actas. El primero es a partir de 2012, relacionado con el instructivo de participación ciudadana publicado por el gobierno de Sebastián Piñera y como una de las respuestas a la eclosión de demandas desde la ciudadanía durante 2011. El segundo es durante 2015, relacionado en este caso con la puesta en marcha de las instrucciones sobre el aumento de la participación ciudadana en el Estado derivadas del instructivo Nº 7 de 2014, desde el gobierno de Michelle Bachelet.

Rodríguez y Ríos (2002) proponen que las organizaciones sociales pueden tomar distintas denominaciones, según el rol que cada una de ellas tome en el sistema social, enfatizando en que se trata de organizaciones sin fines de lucro compuestas por voluntarios. Otra forma de caracterizar a este espacio de organizaciones sociales es la de tercer sector (Paiva, 2004). A partir de esta relación se construye una forma de representación, en este caso basada en la vinculación de la ONG con un sector social poseedor de derechos. Una segunda forma de definir estas agrupaciones considera la representación a la que hacen referencia las organizaciones sociales o ciudadanas. Se trata de formas de agruparse que están afincadas en identidades comunes y la promoción o defensa de derechos. En esta condición se encuentran los sindicatos y también, a partir de la década de 1960 en Chile, las juntas de vecinos.