Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo.
Por esta razón, por años se ha planteado como un gran objetivo para el país disminuir la inequidad de ingresos y se ha intentado implementar diversas políticas para cumplir esta meta, como las actuales reformas, las que han sido foco de críticas porque atentarían contra el crecimiento económico. El sector informal en la actualidad contiene en su interior un conjunto heterogéneo de actividades con distintos grados de funcionalidad y con resultados diversos sobre los ingresos y la productividad. Esta diversidad de situaciones es importante de considerar para el diseño de políticas; pero para el conjunto del sector prevalece el desequilibrio estructural entre excedente de mano de obra y disponibilidad de empleos, como issue determinante de homogeneización relativa a bajos niveles de ingreso (Tokman, 2004). A partir de 1990, el empleo en las áreas urbanas mostró una mayor expansión en los sectores de baja productividad. En cambio, se redujo la participación del empleo tanto en las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas como en el sector público (CEPAL, 2005). La manera en que se entiende la pobreza tiene consecuencias en los modelos de intervención que se proponen e implementan.
Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. La segunda buena noticia es que la política pública demuestra eficacia, pues la acción del Estado (principalmente subsidios y transferencias) logra impactar de modo significativo en el marco de procesos de redistribución social de los ingresos. Es decir, no es una hipotética mano invisible del mercado la que logra estos resultados, sino que una mano visible desigualdades de la globalización ejemplos y trazable de recursos públicos que operan redistributivamente. Y una tercera buena noticia es que, si bien no se acentúa, al menos sigue la tendencia de reducción de brechas entre las zonas urbanas y rurales.
El 1% más rico de Chile aparece concentrando consistentemente al menos 10 puntos porcentuales más que el resto de las elites. “El único país que alcanza un nivel comparable es Estados Unidos y solo desde mediados del 2000”, afirma el estudio. Esa no es la única contradicción que detectan entre el cuadro que muestra la Casen y los datos tributarios de Impuestos Internos. De hecho, al examinar en una perspectiva histórica esta encuesta que vienen haciéndose desde 1987 los autores detectaron que la Casen permanentemente “ha subestimado a niveles irreales los ingresos más altos”, por lo que consideran que no es un buen instrumento para analizar la desigualdad. 17El IDH-D considera las mismas tres dimensiones del IDH, pero considerando cómo se distribuyen los logros a lo largo de la población, penalizando el valor promedio para cada dimensión en función de lo desigual que sea.
En la (Tabla 6) se puede apreciar que para el año 2003 los IDH más bajos correspondían a las regiones del Maule y La Araucanía, con un valor de 0,675 y 0,679 respectivamente. Resultados que actualmente podríamos comparar con los obtenidos por Bolivia y el Salvador, países con un nivel de desarrollo humano medio. Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como era de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule. Mientras que bajan de posición relativa las regiones de Tarapacá (aunque continúa dentro de las con mayores logros de desarrollo humano), Atacama, O’Higgins y Valparaíso.
En áreas rurales, aún existen modalidades de generar sustento (muchas veces de subsistencia) donde se transan especies y la fuerza de trabajo (en forma particular person y colectiva), además de la producción agrícola directa. Chile ha presentado gran progreso en las últimas décadas en lo referente a indicadores de salud, con cifras comparables con países desarrollados en cuanto a mortalidad infantil y basic. Sin embargo, igual como pasa con el crecimiento, estos logros no benefician a toda la población de la misma manera, existiendo diferencias a nivel regional. Este tipo de desigualdad suele crear malestar por parte de la ciudadanía y descontento hacia las autoridades públicas, a quienes se exige salud de calidad y para todos. Actualmente, en Chile el gasto whole en salud representa el 7,2% de su PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, 9,3% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016), por lo que en materia de salud aún quedan muchos desafíos para el país y para la equidad en el territorio. La incorporación de la dimensión sustentabilidady medio ambiente produjo que el IDERE disminuyera en todas las regiones (Tabla 7).
Si la riqueza del país sube por igual, todos serán más ricos, de manera que habrá más individuos cuyo ingreso supere el umbral y, por esa razón, habrá menos delincuencia. Pero si el ingreso de los más ricos aumenta en mayor proporción que el de los más pobres, el valor esperado de la delincuencia se incrementa, pues aumentará el botín, es decir, el ingreso de los más ricos, pero no así el de los más pobres, haciendo más atractivas las actividades ilícitas. Para finalizar, Matías Cociña agradeció el estudio y mencionó que es un tesoro tener los datos antes y posterior al estallido social.
Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Porque detrás de las buenas cifras, que debemos valorar y mejorar, cómo no, queda claro que los desafíos para el Estado siguen más vigentes que nunca. No descansar hasta reducir al mínimo la pobreza de los niños, niñas y adolescentes; reducir y empequeñecer la brecha histórica entre mujeres y hombres, y también garantizar una vejez digna, con un sistema de seguridad social que permita que las personas mayores vean mejoradas sus pensiones hoy, y no en forty años más. Al comparar a Chile con países latinoamericanos donde hay información disponible, el único que se nos acerca es Colombia cuya elite alcanzó a la chilena en 2010, apropiándose de cerca del 23% de los ingresos de su país.
En este contexto, se debiera buscar el mejoramiento de las condiciones del habitat, entendiendo que éstas forman parte de la dotación de capital físico y económico de los sectores urbanos de pobreza. Como segundo elemento, se debiera mejorar en la dotación de capital humano y social de los grupos pobres urbanos en relación a su dimensión económica. Y finalmente, se debiera preservar y mejorar la dotación de los capitales naturales a través de la conservación del medio ambiente urbano y reducción de la vulnerabilidad urbana. Esta agenda es consistente con los principios del desarrollo sostenible, y en este sentido, abarca las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo. Durante las últimas décadas, las políticas del habitat han ido incorporando una marcada orientación hacia la economía de mercado en sus programas. Desde el punto de vista de la oferta se exigen a los sectores de pobreza ahorros, pagos para servicios, entre otros.
Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
Respecto a la tasa de crecimiento, en 2016, La Araucanía es la región con mayor crecimiento a nivel real, a pesar de los bajos indicadores socioeconómicos que se darán a conocer más adelante. Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona. La Región Metropolitana es por excelencia la región que más produce en el país, por sí sola aporta el 42% desigualdad social y politica al PIB nacional, sus principales ingresos provienen del sector de servicios financieros y empresariales y del comercio (Ver Anexo B). El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio. Comenzando por Kuznets (1955), cuya teoría sostiene que cuando una economía comienza a crecer, también lo hacen las disparidades, hasta llegar a un cierto punto de desarrollo, donde a pesar del mayor crecimiento económico, las desigualdades van disminuyendo, tomando la forma de una U invertida.
Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote. Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso ethical de un país haga intolerable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo.
Esta estrategia de política sin lugar a duda, ha ayudado a ampliar la cobertura de estos programas, diversificando las formas de financiar la inversión pública, como también ha ayudado a facilitar la asimilación de una cultura relacionada a esta economía. Sin embargo, la comprensión de esta realidad de economía de mercado, desde el punto de vista del hogar (e individuo), ha sido ajena a la política habitacional y a la intervención urbano-territorial. Esta falla en el marco de las políticas del habitat en la región no ha permitido potenciar a los sectores de pobreza en aspectos críticos de su desarrollo. Asimismo, ha inhibido a que la política pública comprenda su potencialidad «destructiva» sobre los activos y posibilidades de desarrollo de los pobres urbanos (por ejemplo, construcción de vivienda social en lugares apartados de fuentes de trabajo y sin redes de transporte adecuadas y accesibles). La calidad de los ingresos reales de los sectores de pobreza urbana tiene directa e indirecta relación con la posibilidad de mejorar su situación de vida. Para muchas de las condiciones que caracterizan la pobreza urbana en nuestra región, la magnitud y estabilidad de los ingresos influyen tanto en forma directa como indirecta sobre las posibilidades de superar o mitigar la condición.
Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. Agostini y Brown (2007; 2010) realizaron un estudio a nivel desagregado de las desigualdades chilenas, logrando obtener un índice de Gini comunal11.
