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El aumento de la oferta estatal de recursos y la demanda de participación agrupada, agregada a la autogestión colectiva que le es propia, lleva la acción organizada andina más allá de sus capacidades de coordinación, provocando consecuencias internas como la baja eficiencia y frustración. Los nahuas viven inmersos en un sistema de interacción social que forma la base de su vida colectiva mediante el cual se vinculan las personas y grupos a niveles intrafamiliar, interfamiliar, comunitario e intercomunitario. La interacción social se produce mediante un activo intercambio de «ayuda» que se otorga y se recibe en forma de trabajo y productos del trabajo plenos de afectos y sentimientos. La conformación de sus redes sociales rebasa el tiempo y el espacio integrando a los «aires», los santos y los muertos. La disaster sanitaria ha agudizado la carga de trabajo reproductivo y de cuidado(s), y profundizado desigualdades estructurales y simbólicas asociadas al rol de cuidado que histórica y culturalmente se ha asignado a las mujeres.

Cada tipo de organización tiene objetivos y atributos propios, que le otorgan fundamento y un perfil definido. A lo anterior se suma que, a medida que la identificación étnica se expande y que la acción estatal progresivamente se etnifica21, la cuestión étnica adquiere un valor político mayor en la arena municipal. Progresivamente se suman actores sociales y políticos locales interesados en valores políticos redituables, como las relaciones y apoyo con el gobierno comunal y las agencias estatales con presencia en la comuna, aunque también por los valores económicos asociados (p.e., prestaciones estatales, inversiones y subsidios) y el poder de control organización social de los para su asignación y distribución.

Esos mismos representantes mediarán, ahora desde cargos burocráticos de la CONADI, sucesora de la Comisión Especial17, buena parte de las relaciones entre las organizaciones aymara y atacameñas y el Estado. El control ejercido por estos funcionarios ayuda a explicar que, con la excepción de dos de ellas (Pacha Aru y Aymar Marka), las organizaciones étnico–reivindicativas hayan desaparecido de escena, manteniendo una existencia digital (Gundermann 2000). Cuando la pareja ha afianzado sus redes sociales, «ayudando» a otros, lo que puede llevar varios años, es el momento para comenzar a hacerse cargo de las mayordomías y festividades religiosas en las cuales se expresa la acción social desarrollada con los años por la pareja. Una vida dedicada a «ayudar» a otros y a generar subjetividad activa o «voluntad» para «ayudar» es la característica principal de aquellos que han sido definidos como personas «fuertes» o «de respeto» por los nahuas.

En la organización de los bailes religiosos que participan de la celebración de la Virgen de las Peñas (un santuario religioso católico in style con alcance a toda la provincia de Arica), hasta hace algunos años atrás, solo cinco de 38 bailes provenían de una misma localidad andina de origen. En los restantes, la procedencia de sus miembros es multilocal, y entre ellos hay un número significativo de no aymara. Lo que tenemos ahora es una transición, al parecer irreversible, de una participación religiosa por grupos comunales a otra en que éstos desaparecen. Se trata de un santuario que tuvo un origen local organizaciones sociales que existen, pero que con el tiempo llegó a constituirse en uno provincial; ya no es una advocación comunitaria cuya congregación de fieles tenga por límites máximos los grupos y redes parentales de la comunidad. Estamos ahora ante una comunidad distinta, más general e impersonal que se objetiva no cotidianamente –salvo quizá las cofradías y su organización, con un nivel de actividad mayor a lo largo del año–, sino solo durante el tiempo conmemorativo.

En nuestra fundación todos son bienvenidos y brindamos nuestra solidaridad sin condiciones, al igual que aceptamos con agradecimiento todo tipo de colaboración. Asesorías gratuitas de fortalecimiento de gestión con voluntarios senior de organizaciones conveniadas. Nuevos temas y tendencias en la discusión sobre la comunidad campesina en los Andes.

En tal caso, las demandas de agua para proyectos mineros y para consumo urbano se han resuelto a través de la explotación de napas subterráneas. En el segundo, la tierra andina tiene poco interés mercantil debido a su fertilidad limitada, restricciones climáticas, topografía montañosa, entre otras, por lo que tampoco existe presión interna. Pero en una región en extremo árida como ésta, la cuestión del agua es crítica para el desarrollo, así que los intereses externos no han tenido consecuencias de enajenación. Varias entidades funcionando simultáneamente, con responsabilidades que a veces recaen sobre las mismas personas –con la consiguiente dificultad de gestión y respuesta–, o sobre distintas personas y grupos, a veces disgregados en áreas rurales y urbanas –con las imaginables dificultades de coordinación y dispersión–, ponen en evidencia lo anterior. A ello se agrega la participación de parte o la mayoría de los integrantes en asociaciones más amplias. La imagen que se obtiene es la de un entramado de entidades, compromisos y acción que con frecuencia no logran resolver bien.

“Los líderes vecinales que representan a la comunidad  son personas que en primer lugar pueden bajar toda la información para coordinarse y ayudar a aquellos organismos que enfrentan los incendios forestales. Por otro lado, tienen la capacidad de organizarse solidariamente para ayudar a sus pares cuando estos son afectados por algún tipo de emergencia”, detalló el Director de la Onemi. El Hogar de Cristo se encarga de ayudar a miles de personas alrededor de todo Chile, pero no solo somos una organización social que trata de mejorar sus condiciones de vida, sino que también nos preocupamos por atender problemas que surgen de imprevistos y que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el caso de la pandemia por el COVID-19. El análisis cobra relevancia en el contexto de las cadenas globales de cuidado entre ambos países, las que surgen como una estrategia ante la disaster de cuidado que crecientemente afecta a la sociedad chilena. A través del enfoque de la cuidadanía se examina la participación estatal como una arista de la organización social del cuidado, observando específicamente la provisión estatal de cuidado infantil en estos países.

Buena parte de la inversión pública en las comunidades y localidades indígenas se deteriora y cae en desuso rápidamente, entre otras razones, por la ausencia de competencias técnicas y capacidades de gestión adecuadas a esas innovaciones. Es común observar la participación andina en grupos y organizaciones de distinta índole y orientación, rurales, urbanas o rural–urbanas. La acción colectiva indígena andina es nutrida y dinámica, lo que lleva a que existan numerosas organizaciones en todas las comunas y centros urbanos regionales.

Por una parte, estímulos principalmente externos impulsan a la formación de entidades amplias que pueden cumplir funciones de representación ante el Estado, pero también coordinar acciones a mayor escala, más eficientes colectivamente que en un plano puramente comunitario o familiar. De esta manera, las organizaciones amplias prometen el acceso a bienes y servicios a través de la agregación de esfuerzos y recursos o por medio de la legalidad que proporcionan. Por otra parte, la localidad rural es un espacio particularmente denso de relaciones económicas, sociales y simbólicas que sigue mediando la reproducción social de los individuos y de las unidades familiares. En un grado seguramente menos intenso y más diverso que en el pasado, la vida de los individuos y hogares andinos, sea en aspectos internos o en los nexos con contextos más amplios (microrregiones, centros urbanos, región), se sigue desarrollando con el concurso de la comunidad.

En los meses siguientes el trabajo que demanda la milpa es mínimo, por eso, en este periodo, es común que los hombres abandonen sus pueblos y viajen a las ciudades cercanas para emplearse como peones con el fin de obtener dinero con qué cubrir las necesidades familiares. Quien es solicitado como «padrino de la semilla» mediante una vista protocolaria que incluye el «regalo» de una botella de aguardiente en la que se le «pide el favor» de apadrinar -y por tanto de ser compadre de la familia dueña del terreno a sembrar- debe elegir «ayudantes» para cumplir su «compromiso». El «compromiso» de compadres incluye la «ayuda» para la siembra en los terrenos de cada uno de los participantes en el sistema de «mano vuelta» y el compromiso de cada participante es otorgar, al término de la siembra, alimentos y bebidas para cada uno de ellos. Sofía Elric, directora de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas de la Fundación Fibromialgia en Acción ubicada en la Región Metropolitana, añade que “todas las experiencias que hemos tenido con Trascender y el voluntariado profesional han sido claves en nuestro crecimiento como organización.

El Fondo Social tiene por finalidad, que organizaciones públicas o privadas postulen a financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del Gobierno. En este sentido, las organizaciones étnico–reivindicativas aymara y atacameñas de mediados de la década de 1980 en adelante son comparables con el caso referido. Su sentido proviene de la referencia a una comunidad étnica y su etnodesarrollo, adoptando el papel de agente de movilización y presión ante el Estado. Sus miembros poseen círculos de parientes con los que se relacionan y que residen indistintamente en el campo y en la ciudad, parte de los cuales corresponden con comunidades a las que pertenecen por nacimiento. Pero, además se incorporan electivamente a estas otras organizaciones andinas cuya comunidad de referencia, ahora étnica, es cualitativamente distinta. Las organizaciones descritas alcanzaron notoriedad cuando se incorporan al movimiento indígena histórico del país.

Los estímulos externos explican la emergencia y permanencia de uno y otro tipo de organización. En sentido contrario, destaca entre los atacameños la alta participación de mujeres en organizaciones y dirigencias, lo que se explica por la extensiva proletarización masculina en la minería, turismo y rubros relacionados. 13 La aplicación de esta ley en la zona aymara no ha tenido consecuencias de enajenación y acumulación de derechos sobre las aguas superficiales por parte de capitales y agentes externos, o internamente, entre aymara.

El primer caso de desvinculación es el de Viviana, una asociada de edad intermedia que no solía participar en las movilizaciones protagonizadas por la organización social ni en otro tipo de actividad vinculada a ésta. Dos motivos resultan centrales para comprender su desvinculación y ambos se asocian con la tensión entre aquellas asociadas que se encuentran más cercanas a la lógica de consumo y aquellas más cercanas a la lógica de acumulación política de la organización. Por un lado, la cooperativa a la que se asoció Viviana luego de la desvinculación no solía participar de acciones colectivas de protesta. Por el otro, el modo de distribuir unos fondos adicionales destinados a las cooperativas, en este caso explicit, resultaba en un aumento de las remuneraciones individuales, en detrimento de la utilización de tales fondos para otros fines, generalmente propios del activismo en organizaciones sociales (por ejemplo, la construcción de los locales de las organizaciones). El Fondo Social tiene por finalidad, que organizaciones públicas o privadas postulen a financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del Gobierno.

Supuestas sus transformaciones orgánicas, estructurales y funcionales, y bajo condiciones de objetividad e igualdad de trato, relevancia financiera y descentralización, el Fondo de Fortalecimiento está llamado a ser una de las grandes herramientas de sustentabilidad económica de las OSCs chilenas que posean esa clase de objetivos (“de interés público”, según lo outline el artículo 15 de la Ley 20.500), sin exclusiones. Es un dato suficientemente asentado que en países de renta media o incluso media alta, como la OCDE considera a Chile y a algunos países del Cono Sur, la cooperación internacional no puede ser la base de financiamiento de las OSCs. En estas circunstancias, y asumiendo que la autosostenibilidad a través de la venta de bienes y servicios o del pago de cuotas sociales no representa para la mayoría de las organizaciones una opción estratégica relevante ni universalizable, las OSCs chilenas están en cierto modo obligadas a dirigir su demanda de sustentabilidad a una redistribución efectiva del producto social del país. Esto implica apuntar a recursos públicos, ya sea provistos por el Estado directamente a través de la figura de fondos públicos y subvenciones, o indirectamente, a través del flujo de las donaciones sujetas a beneficios tributarios, en un esquema de efectiva ampliación y democratización de esta última opción, como se verá en el apartado siguiente.

No forman parte (no todos) de un grupo de poder, vulnerable de ser cooptado a anestesiado por los privilegios, sino que están más bien del otro lado de la trinchera, en la calle. A partir de esta mayor vinculación con la realidad, pueden constituir un aporte muy relevante en la construcción de un discurso político que haga sentido a la gente, y en la generación de propuestas realistas para abordar los problemas más urgentes. La clase política ha celebrado de organizaciones sociales definicion forma casi transversal el acuerdo para avanzar hacia una nueva Constitución (las excepciones son el PC y algunos partidos del Frente Amplio). En cambio, las organizaciones sociales han tendido a mostrar escepticismo, si no abierto rechazo. De hecho, los partidos políticos que han rechazado el acuerdo han esgrimido como una de sus razones fundamentales el carácter inconsulto del mismo en relación con las principales organizaciones sociales que participaron en la movilización.

Esto toma aún mayor relevancia en cuanto a los Consejos de la Sociedad Civil, pues es este es un mecanismo que posibilita el ejercicio ciudadano de participar en los programas y políticas públicas, permitiendo conocer, deliberar y proponer corresponsablemente aportando a la legitimidad de la toma de decisiones, pudiendo transformarse en una instancia verdaderamente incidente en todo el proceso de vida de las políticas públicas. Pueden ser miembro de la Comunidad Organizaciones Solidarias organizaciones sociales sin fines de lucro, que tengan al menos dos años de personalidad jurídica, cuya misión sea el servicio a personas en situación de pobreza y/o exclusión. El diagnóstico se fundamentó en la dispersión de los fondos existentes, generalmente dirigidos a iniciativas de corto plazo, la mayoría de ellos entre seis meses y un año, que implicaban ejecución de programas estatales predefinidos y el consecuente acotamiento de las OSCs participantes a un rol de provisión de servicios públicos por encargo o delegación estatal. Muchos han calificado esta modalidad como easy terciarización de servicios estatales, agravada por los bajos aportes y subvenciones determinados como contraprestación, y por la virtual restricción, si no anulación, del potencial participativo, innovador y de gestión y formulación autónoma de las OSCs. Esta modalidad de financiamiento, generalizada en el trato de la administracion pública hacia las OSCs, obligó a las organizaciones a perder sus especializaciones y a tener que diversificar sus estrategias de sobrevivencia para poder conseguir recursos de más de una fuente o fondo.

A través de un viaje histórico sobre el rol del Estado y la sociedad civil, el autor postula que las organizaciones y los movimientos sociales en el Estado postautoritario, debido a la radical modernización neoliberal de y un sistema político de democracia tutelada no tienen espacio social para tener una voz política. El Estado las acepta constreñidas a determinadas funciones, pero no estimula ni favorece su desarrollo autónomo. Frente a esto, las organizaciones deben optar entre someterse  a dicho rol, o buscar un desarrollo autónomo con todos las dificultades y riesgos que ello implica.

A su turno, la ley regula el gasto subvencionable y sus límites, se tipifica infracciones y se prevé sanciones para hacer valer la responsabilidad de las OSCs, junto con el reintegro del monto de los recursos. Legalmente se requiere de los órganos de las respectivas Administraciones la definición de un plan estratégico de subvenciones y de un sistema de seguimiento. Al efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en su Informe de 2012, reafirma el derecho de acceso a financiación y recursos de las asociaciones, y que esta posibilidad “es parte integrante y very important del derecho a la libertad de asociación”. Por tanto, todas las asociaciones, estén o no registradas legalmente, “deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales.” (Informe 2012, Relator ONU). De acuerdo con los datos disponiles, en los años recientes la mayor parte del financiamiento de las OSCs en Chile ha estado constituida por transferencias del sector público (46% de los ingresos) y por franquicias (18%).

Además, durante el trabajo de campo la autora se desempeñó como docente de una diplomatura universitaria sobre economía social dirigida a trabajadores/as del programa. Esto ofició de puerta de entrada a un sinnúmero de experiencias y cooperativas que permitieron enriquecer el análisis del caso. El artículo se enfoca en las interacciones contenciosas que se desenvuelven entre cooperativas, organizaciones sociales y Estado en el marco del Programa Argentina Trabaja. Se han abordado las tensiones emergentes en la implementación del programa desde la perspectiva de la política social (Hopp, 2013) o a partir de la acción colectiva de las organizaciones sociales a raíz de su lanzamiento (Maneiro, 2015b; Natalucci, 2012). Lorena Bottaro (2012) señala que los sentidos y las prácticas de trabajo en los “nuevos espacios de trabajo” de las organizaciones sociales conformados a partir de los programas sociales con contraprestación laboral plantean tensiones en el desenvolvimiento de estas experiencias, entre representaciones sobre trabajo autogestivo y asalariado, entre prácticas asociativas e individuales, y entre relaciones horizontales y de liderazgo. No obstante, estos estudios no suelen focalizar en estas cooperativas en tanto formas socio productivas -de modo de analizar las formas de organizar el trabajo y la producción- ni en la conflictividad de trabajo inherente a éstas y a la tríada conformada por cooperativas, Estado y organizaciones sociales.

Ciertamente que se trata de un debate formal, en la medida que es difícil separar lo social o comunitario de lo ciudadano. La participación ciudadana corresponde a los esfuerzos por acortar la brecha entre el Estado, sus leyes y las personas que se someten a su implementación. Entre los objetivos que se propuso el legislador, al ingresar el proyecto de ley sobre esta participación, estaba el implementar un mecanismo que pudiera integrar al funcionamiento del Estado a las organizaciones sociales. La promoción estatal del cooperativismo y la economía social se enmarcó en un proceso regional amplio -e incluso global a partir de la disaster internacional de 2008 (Satgar, 2014)- en el que convergieron distintos gobiernos, experiencias preexistentes de la sociedad civil y organismos internacionales. Entre las distintas políticas implementadas en la región, que incluyeron el fortalecimiento organizativo y productivo de las experiencias, la capacitación de sus trabajadores, la adecuación de marcos legales y el financiamiento, algunas se orientaron directamente a la conformación de cooperativas de trabajo. Para nombrar sólo algunos casos, en Brasil, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria contó entre sus acciones con la creación de incubadoras de emprendimientos económicos solidarios (Bechara Sánchez, & Sardá de Farías, 2013).

En este apartado se examina el conflicto de trabajo que desembocó en la desvinculación de dos asociadas. Los contratos entre las partes de la organización, son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de interdependencia que se desarrollan entre ellas como resultado de la división del trabajo. La División de Organizaciones Sociales (DOS), depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y es un puente de comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil; además de colaborar activamente en el fortalecimiento de ésta, busca, a través de distintas herramientas, informar o dar espacios de opinión para que toda la comunidad participe. Consiste en la entrega de orientación a mujeres que serán madres, y también entrega un equipment de artículos de primera necesidad para el recién nacido (ajuar). Es un aporte de Sercotec para inversiones, asistencia técnica, capacitación, acciones de advertising y tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades para el negocio. Espacio net gratuito que permite capacitar a miles de mujeres para fomentar emprendimientos femeninos.

Primero estuvo la necesidad de regular la función de las organizaciones que se relacionan con el Estado en la concreción de sus objetivos, expresado en la conformación de un fondo para el financiamiento de las organizaciones y en el reconocimiento legal de las mismas. A partir del segundo trámite adquirió relevancia la consagración de la participación ciudadana organizaciones sociales de la comunidad como parte de la administración pública. En cuanto a la solución del dilema de representación que se muestra en la definición de participación ciudadana en la que se basa el proyecto de ley, lo que se observan son procesos formales de inclusión de las organizaciones sociales sin que se produzcan cambios en los mecanismos de toma de decisión.

Para las organizaciones resulta difícil involucrarse en la construcción de las políticas públicas. Una razón es el carácter focalizado de algunas de estas políticas, al restringir el universo de beneficiados por ellas. El objetivo de la representación de la organización en el Consejo se desdibuja al no poder establecer una interlocución válida con la institución, basada en las demandas que le son propias. Desde la publicación de la Ley Nº 20.500, sobre participación de las organizaciones ciudadanas en la política pública, se ha producido un cúmulo de experiencias para la solución el problema que implica incluir a la ciudadanía en el proceso de elaboración de las normas y reglas que se aplican a la solución de los problemas comunes.

Y Mlynarz, D. El pueblo unido,Mitos y realidades sobre participación ciudadana en Chile, Eds. Asimismo, coincidimos en la necesidad de crear una institucionalidad propia que dé fuerza y presencia en el Estado a la variable participación y fortalecimiento de la sociedad civil. Ello ha de materializarse en un Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, conformado por representantes de la ciudadanía organizada y de los poderes del Estado, con mayoría de los primeros. Las subvenciones son concebidas como colaboración entre la Administración Pública y los particulares, precisando la ley el tenor de la “relación jurídica subvencional”, que se encuentra afecta a determinados objetivos, requisitos, procedimientos y sistemas de control y evaluación. En consecuencia, la thought de asegurar el financiamiento público de las OSCs como una responsabilidad del Estado se funda en la debida articulación de los principios indicados y en reconocer la primacía del amparo, en el sentido de la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil. Es decir, en el COSOC participan todas las organizaciones que se han inscrito para tal efecto, designado para ello un consejero titular y otro suplente.

El diseño de la Ley ha dejado una buena parte de la implementación a la reglamentación que cada institución construye para la inclusión ciudadana, lo que deriva en que la profundidad que alcanza esta es un acto de voluntad de la autoridad. Eso es lo que se observa en el Consejo de la SUBTRANS, donde se avanza más en la elaboración de políticas públicas producto de la decisión de esta Subsecretaría de incorporar al Consejo en las discusiones sobre los problemas de Transporte, en explicit a las normas de tránsito y la inclusión de otros medios de transporte, como la bicicleta. El fomento de una representación débil, enfocada en la defensa de derechos particulares o contra los abusos, se basa en una visión conflictiva de la inclusión ciudadana en la gestión de Estado. En una mirada de largo plazo, pasando de lo deseado a lo posible, se debería producir una maduración de la organización social en el mismo proceso que la institucionalidad la incorpora.