Una rabia con el modelo económico, que daba claras señales de abuso, inequidad y maltrato en su experiencia cotidiana en áreas claves como las relaciones laborales, el acceso a la salud y la educación”, León Guzmán, psicólogo, Máster en Ciencia Política, neurocoach, gerente basic de la consultora Add-Value desigualdad social en la actualidad y consejero de REDMAD. Son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Las características estereotipadas sobre los hombres los describen como competitivos, codiciosos, autónomos, independientes, beligerantes, interesados en los bienes privados.
Uno de los problemas que produce la desigualdad es la inseguridad alimentaria, la que se outline como la condición que resulta de un acceso incierto o nulo a alimentos nutricionalmente adecuados y socialmente aceptables. Esta línea de acción se articula en torno al Programa de Formación para la Reducción de Riesgos ante Desastres en países de América Latina y el Caribe, con entidades públicas y académicas, con lo que Chile avanza y comparte estas capacidades a la región. La Política Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo de AGCI outline los objetivos estratégicos y las áreas transversales y temáticas que guían nuestra cooperación, la que posteriormente se materializará en líneas de acción, programas o proyectos de cooperación.
El Informe de 2020 enfatiza el papel de Nueva Agenda Urbana, el plan de 20 años de la ONU para la urbanización sostenible, como hoja de ruta local para lograr la agenda de sostenibilidad de las Naciones Unidas, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo de París sobre el cambio climático. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo.
Como se puede observar, las metas de este ODS contemplan los aspectos económicos, políticos y sociales, lo que va en la línea de lo planteado respecto de la multidimensionalidad de la desigualdad económica. Es decir, que esta no solo considera el tema de ingresos, sino que hay una gama amplia de particularidades a considerar para lograr reducirla. Por ejemplo, la meta 10.2 busca promover la inclusión social, económica y política de las personas, con un foco antidiscriminatorio, y la meta 10.three hace referencia explícita sobre las dimensiones ex-ante y ex-post de esta, al demandar reducir las desigualdades de oportunidades e ingresos, respectivamente. No obstante, este ODS tampoco ha quedado exento de críticas, lo que ha llevado a varios académicos/as a dudar de sus posibilidades de éxito. Es más, para el caso de Chile, el PNUD (2017) identificó seis factores que reproducen la desigualdad a lo largo del tiempo en el país. Primero, la estructura productiva de Chile, que se relaciona a las diferencias de productividad, capacidad de inversión y nivel educacional de los/as trabajadores/as.
El país tiene mucho que avanzar en los distintos ámbitos que abarca la desigualdad y debe hacerlo por múltiples motivos, incluyendo sus efectos en la cohesión social. Elevar sustantivamente el gasto en transferencias monetarias a las familias, y rediseñarlas, imprimir progresividad al sistema tributario, agregar solidaridad a la seguridad social, revisar los mecanismos de provisión de lo público y procurar más competencia en los mercados, son solo algunas posibilidades. Se trata de instrumentos que los países desarrollados a los que tanto admiramos usan extensamente para reducir la desigualdad.
En ese sentido, las profesionales destacan que, desde el rol del IST como mutualidad, se ha contribuido emocional y psicológicamente, en entregar apoyo psicológico a las mujeres. Asimismo, resaltan el trabajo desarrollado para impulsar un proceso de educación que contribuya a tener una educación más integral. “El número de mujeres que se han reincorporado a sus empleos, según lo informado por el INE, es menor al número de hombres que han recuperado sus trabajos”, indica Idsel Penna. La pandemia ha impactado al mundo de muchas maneras diferentes, siendo las mujeres uno de los grupos poblaciones más afectados, debido a que han sido perjudicadas en múltiples formas. Con 25 años de historia, nos hemos ganado un espacio importante para la representación de los arquitectos en el debate público y frente a la autoridad.
De hecho, el 63% de los niños y niñas cree que no deberían ser tratados de manera diferente a la hora de practicar cualquier deporte. Respecto al problema del cambio climático, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL advirtió que muchos países de América Latina y el Caribe contribuyen poco a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero se afectan mucho por sus consecuencias. En definitiva, insistió en que “necesitamos una reforma multilateral sobre la arquitectura internacional de deuda y el financiamiento para el desarrollo”.PMA/Morelia ErósteguiDurante la pandemia de COVID-19, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuye tarjetas de dinero electrónico a 1500 familias en las ciudades de El Alto y La Paz, en Bolivia.
En este sentido, la realidad de las manifestaciones sociales en Chile motivaron la hipótesis de este trabajo, ya que el descontento social ha dejado en evidencia las grandes faltas que existen en el país respecto de la dimensión ex-ante, lo que podría implicar, al menos, una falta de trabajo desde esta perspectiva. Esto generó que su elaboración no fuera fácil, al haber un gran número de voces que escuchar, con diferentes ideas, intenciones y prioridades (Martínez & Martínez, 2015; Tassara & Cecchini, 2016). Las causas de estas disparidades son múltiples, y estas se expresan en diversos ámbitos de la vida de los/as residentes del país, como por ejemplo, en el sistema previsional, en salud, educación, entre otros ( Vera, 2017 ). Esta desigualdad no es una novedad, es un problema que ha afectado al país incluso desde la época de la Colonia (PNUD, 2017). No obstante, desde la década del 2000, se ha podido observar un incremento generalizado de movi-mientos sociales que, entre otras causas, dan cuenta del malestar que existe en la población chilena, exigiendo mayor igualdad ( Grez, 2011 ; Segovia & Gamboa, 2012).
Por lo tanto, si estos tienen algún tipo de sesgo, esto probablemente influirá también en el tipo o calidad de decisión que se implemente finalmente. En consecuencia, si el Índice de Gini chileno demuestra que hay una gran disparidad de ingresos, deberían cuestionarse las causas de esta, por un lado, y por otro, qué otros indicadores podrían entregar una mejor perspectiva de cuáles son las acciones públicas que deben llevarse a cabo para disminuir las desigualdades que hoy afectan al país. Por ejemplo, y como se describió en el primer apartado, Chile mostraba un Coeficiente de Gini de forty four,four al año 2017 ( Banco Mundial, 2020a), siendo el país número 35 junto con Filipinas, versus su Índice de Desarrollo Humano, en el cual Chile se encuentra en la posición número forty two, al contrario de Filipinas que se encuentran en la posición número 106 ( UNDP, 2020b). Es decir, Chile ha conseguido algunas metas mínimas en materia de desarrollo humano, como la esperanza de vida y los años de escolaridad, por ejemplo, sin embargo, esto no ha acortado las brechas existentes dentro del país. Así, se hace necesario examinar lo que efectivamente están mostrando estos indicadores, con el fin de dilucidar el problema que afecta a la población de Chile, en términos de las grandes disparidades que hoy sufren.
Por ejemplo, la tasa de alfabetización, nivel educativo, propiedad de negocios, empleo, salarios, propiedad de la vivienda y la tierra, préstamos y créditos, deudas, and so forth. Cuando los datos no están desagregados por sexo, es más difícil identificar las desigualdades reales y potenciales. La crisis desigualdad social a nivel mundial sanitaria y económica en el país ha castigado con fuerza la participación laboral femenina, acentuando aún más la brecha previsional en desmedro de las mujeres.
Por otra parte, y como también se mencionó al comienzo de este artículo, el Coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional a la hora de medir la desigualdad ( Medina, 2001 ; Goubin, 2018 ) y Chile no es la excepción. Si bien se reconoce la utilidad de este índice, existen críticas al mismo, como las planteadas por Atkinson (1970 ) sobre la proporcionalidad de las transferencias, otorgando más peso a las transferencias en el centro de la dis-tribución que en las colas, lo que no necesariamente refleja los valores sociales tras un indicador de desigualdad. El autor examina también las propiedades de utilizar varianzas y la desviación relativa de la media, encontrando que cada una de ellas tiene sus propias limitaciones. Sin embargo, tomando en consideración las críticas que ha establecido la literatura, el Índice de Gini continúa siendo un indicador ampliamente utilizado para la medición de la desigualdad y la formulación de políticas públicas (Liu & Gastwirth, 2020; Furman, Kye & Su, 2019).
Recomendamos nuestra sección “Bibliografía Recomendada” para consultar estos y otros documentos sobre cooperación internacional. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 y establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Asimismo, recordar que este año es el 20° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita el 31 de octubre de 2003 y ratificada por Chile en 2006. La mencionada Convención es difundida en el mundo (a través de la campaña #UnidosContraLaCorrupción) por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El 31 de octubre se conmemoró el 20º aniversario de la resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad. El año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió a través de esta resolución que la paz solo sería posible y duradera si las mujeres formaran parte de su construcción, se sentaran en la mesa de negociación y tuvieran una participación en los procesos de paz. Las mujeres han demostrado ser agentes de cambio, y deberían tener la oportunidad de poder trabajar aún más en pos de este objetivo” (ONU, 2020). Sin embargo, la necesidad de inversiones en políticas de desarrollo para las mujeres y las niñas compite con un complejo contexto de conflictos globales como la crisis climática, las guerras y el atraso en otras metas trazadas por la Agenda 2030. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) calculó en abril de 2020 que por seis meses que se prolongue el confinamiento “se prevén 31 millones de casos más de violencia por razón de género“.
