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Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación complete y, en particular al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente. Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza total (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución.

Esta dinámica permite que los mercados de trabajo sobrepasen a menudo los lugares donde residen las personas y los límites administrativamente definidos, como los comunales. Los desplazamientos desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, sea a la misma comuna o a otra, es decir, la movilidad territorial o conmutación por razones de trabajo, constituyen una respuesta a las necesidades de funcionamiento de una economía urbana que actúa como polo gravitacional sobre las áreas aledañas. Estos flujos pueden ser medidos y considerados un indicador del grado en que hay una interrelación económico-social entre áreas territoriales, específicamente como indicador de la presencia la desigualdad en el mundo actual de un mercado de trabajo relativamente compartido en un territorio delimitado. La movilidad o conmutación por razones de trabajo ha sido medida en Chile por el Censo del año 2002, cuyos datos utilizaremos, así como por otras encuestas. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos.

Estas demandas obligan a revisar los patrones de valor institucionalizado que perpetúan las injusticias hacia estos grupos. Se han analizado, por otro lado, las demandas de diversos grupos subalternos y la experiencia de exclusión de amplios sectores sociales. Este foco ha hecho necesario adoptar análisis y metodologías que involucran dimensiones urbanas, territoriales, culturales, de género y ambientales en las sociedades chilena y latinoamericana. Zygmunt Bauman explora la íntima afinidad e interacción entre el crecimiento de la desigualdad social y el aumento de los «daños colaterales» a los pobres y marginados, privados de oportunidades y derechos, que se convierten en los candidatos naturales a estos daños de una economía y una política orientadas por el consumo.

En los casos extremos, zero implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos. Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”.

En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro factor contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno criminal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas.

Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos. La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas. Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de “no dejar a nadie atrás”.

En la mayoría de esa serie estamos hablando de pobreza de ingresos, es decir, la capacidad que tiene la gente de consumir alimentación y bienes básicos. Recién el año 2011 empezamos a medir la pobreza agregando otros asuntos más intangibles como la trayectoria en la educación, el estándar sanitario, la calidad de la vivienda, and so forth.”. En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación total del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso.

[13] Es importante mencionar que esta gran diferencia se explica principalmente por las contribuciones a la seguridad social ya que, a diferencia de Chile, en common los países financian programas de seguridad social con componentes solidarios con estas contribuciones. [9] Existe una tradición académica que sugiere que si no se le pueden poner impuestos a todos los bienes de consumo, el impuesto al consumo óptimo posiblemente impondrá distintas tasas a distintos bienes. Un problema de esta tradición es que no considera que impuestos diferenciados dificultan la fiscalización y abren espacio a la evasión y elusión, lo que a su vez afecta la eficiencia del sistema. Un segundo problema, más importante aún, es que los impuestos diferenciados óptimos dependen de elementos que no son observables, por lo que son muy difíciles de implementar. Como el IVA en Chile es homogéneo, y para no extender la discusión más allá de lo necesario, no profundizaremos al respecto.

Partiendo de estos estudios, una hipótesis a verificar consiste en que la desigualdad de ingresos es estructural a la sociedad chilena y se reproduce en los tipos de territorio que hemos definido. Complementariamente, sin embargo, cabe preguntarse si los niveles de desigualdad de ingresos difieren entre esos diversos tipos de territorio, de modo que la desigualdad en su interior ocurre en rangos específicos a cada tipo. Si se ordenaran las regiones del mundo, cube Contreras, Lationamérica aparece como una región de alta desigualdad. Adicionalmente, desde una perspectiva sociológica, surgen interrogantes sobre la configuración territorial de las desigualdades en términos de una estratificación social. La identificación de mercados de trabajo territoriales y específicamente los tipos de territorios que hemos distinguido, podemos conjeturar que son definitorios de los estratos sociales presentes a nivel territorial.

Los mecanismos de reproducción de los segmentos de altos ingresos, particularmente mediante la educación, tienen mucho que ver con esto”. Se privatizó la educación y se estableció la subvención, lo mismo pasó con la salud, y lo más dramático fue lo que ocurrió con el sistema de seguridad social. Primero, los percentiles de mayores ingresos concentran una parte sustantiva de los ingresos. Por ejemplo, como detallamos más abajo, en Chile el 10% más rico se apropia de más de la mitad de los ingresos totales.

Por ejemplo, en 1959 el programa de Mitchell Lama para el Estado de Nueva York, establecido sólo cuatro años antes, abandonó su objetivo unique de mantener los desarrollos regulados a perpetuidad permitiendo a los propietarios optar por salirse una vez pagada la hipoteca (Botein, 2009). A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo period no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998. Esta enmienda prohibió el financiamiento federal para las autoridades de vivienda (organismos públicos) que buscaban ampliar su volumen de viviendas públicas. Los datos expuestos en la tabla muestran que las tres grandes ciudades concentran cerca de la mitad de la población del país, pero a esto se suman 24 ciudades intermedias que representan otro 24% de los habitantes.

Sin embargo, parte de las comunas que carecen de estos centros urbanos se vinculan a ciudades o a comunas del tipo de municipios que sí cuentan con centros urbanos menores. Esto es coherente con la diversidad de la ruralidad en cuanto a su grado, así como respecto del tipo de relaciones sociales entre sus habitantes, los desplazamientos a trabajar en otras comunas, los servicios disponibles y la base económica (Berdegué et al2009 y 2011). Más aún, la presencia de población rural se encuentra en todos los tipos de territorios, incluyendo las ciudades, particularmente en sectores alejados de sus centros. Nuestra tipología enfatiza más en la urbanización que en la ruralidad atendiendo así a la creciente escala espacial de las interacciones en el mundo rural. Propendiendo a estudiar las desigualdades de ingresos a una escala subnacional más pequeña, se han desarrollado estudios econométricos que consideran a las comunas del país como unidad básica.

En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global. Para Chile, existen diferentes estimaciones de la porción la desigualdad social en la actualidad de los ingresos que se lleva el 1% más rico, que varían dependiendo de los datos disponibles, supuestos metodológicos, y correcciones hechas por evasión y elusión. El estudio de Flores, Sanhueza, Atria y Mayer encuentra una concentración en torno al 24% usando datos tabulados.