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La Ética Del Cuidado En La Formación Docente Para Los Tiempos De Pandemia Foro Educacional

Los especialistas advierten que, si no se potencian mecanismos de integración y cooperación, la región perderá relevancia y no tendrá una voz propia para hacerse lugar en un mundo marcado por la tensión entre Estados Unidos y China. Los países de América Latina se encuentran entre los más inequitativos del mundo y sus sistemas educativos, con una alta segregación escolar, contribuyen a mantener y potenciar esas inequidades. En el contexto de la pandemia de COVID-19, su investigación explora factores estructurales y políticas educativas, utilizando resultados de la prueba ERCE 2019 y la sistematización de políticas pre y post-crisis. Sus resultados han sido plasmados en el libro “Recomendaciones de política para la recuperación y la transformación educativa en América Latina con perspectiva de justicia educativa”. De esta manera, transformar la educación con perspectiva de justicia social es la única vía posible para sortear los desafíos educativos enmarcados en crisis económicas y políticas. Y para esto, se necesita analizar las políticas existentes y buscar caminos mediante la colaboración que permitan hacer frente a estos desafíos.

desigualdad social y educativa en américa latina

Un contexto que explica el growth de apertura de universidades públicas y privadas, profesorados y centros de formación terciaria, entre otras instituciones. En los 15 años analizados, Brasil mantiene una tendencia a la baja en la segregación escolar por nivel socioeconómico para tres de los cuatro grupos minoritarios estudiados. En el único que no se observa esa evolución es para el 10% de los estudiantes con familias de menor nivel socioeconómico. En ese caso, tuvo un fuerte incremento del 2000 al 2006 y de ahí una progresiva disminución, con lo que el cambio es inapreciable, manteniéndose en el 0,forty eight. Los autores utilizan el índice de Disimilitud y Brecha por Centiles (dimensión de uniformidad) y el índice de Aislamiento (dimensión de exposición), y como punto de corte el primer quintil de la variable criterio ingreso per cápita acquainted. Los resultados apuntan que la segregación escolar por nivel socioeconómico en los 19 años estudiados ha aumentado de zero,15 a zero,17 según el índice de Disimilitud, y de zero,25 a 0,30 según el índice de Aislamiento.

En efecto, los sistemas educativos dejaron de priorizar la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de construir sociedades justas, pacíficas y democráticas, para preocuparse por el inmediato logro de aprendizajes básicos para el desarrollo individual de las personas. Este artículo contribuye al estudio de la segmentación de rendimientos escolares en función de la clase, pero además incluye para el análisis de la jerarquización de resultados académicos, la variable género.

A continuación, se presentan los resultados de la dimensión de segregación como exposición; es decir, mediante el índice de Aislamiento. La investigación destaca factores contextuales que influyen en los aprendizajes en América Latina y el Caribe, como el nivel socioeconómico de estudiantes y escuelas, atributos individuales, las características del hogar, el género y la dependencia administrativa de la escuela. Temáticas que abordaremos precisamente en el Seminario internacional “Políticas públicas para la transformación educativa y justicia social en América Latina”, los días 28 y 29 de noviembre en Santiago de Los Caballeros, República Dominicana.

Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro factor contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables.

educacional chileno para incluir a los niños y niñas sería incoherente ante la clara evidencia de la masificación escolar tanto a nivel primario como secundario (Corvalán 2001). La pregunta ahora se traslada al proceso de inclusión y exclusión para los estudiantes que se encuentran al interior del espacio escolar. La noción de la escuela moderna inspirada en principios democráticos e inclusivos,

dentro de la escuela (Corvalán, Elaqua y Salazar 2009). Sobre la realidad chilena, la Mandataria afirmó que nuestro país “está decidido a enfrentar la desigualdad en la educación. Nuestra meta como país es que, a mediano plazo, todos los liceos y colegios, públicos, subvencionados por el Estado o particulares pagados, basados en una decidida acción pública, alcancen niveles equivalentes de inclusión y brinden oportunidades en forma equitativa”. Sin embargo, son muy pocos los estudios que han analizado la evolución de la segregación escolar por nivel socioeconómico en la América Latina, pese a los efectos negativos que esta tiene tal y como se ha venido argumentando en este trabajo.

Ha sido el espíritu de este trabajo analizar la construcción de la desigualdad educativa en Chile y, a su través, señalar algunos obstáculos que han impedido que la educación chilena contribuya a la construcción de una sociedad donde estén mejor distribuidas la riqueza, los recursos materiales y simbólicos, la «buena» vida. Ninguna libertad de enseñanza puede, sin embargo, contravenir los objetivos mismos de la educación. No se aceptará, por tanto, la difusión proselitista de ninguna doctrina o concept que atente contra la tradición o la unidad nacional, contra el sentido libertario y democrático de la institucionalidad chilena, o contra la integridad de la familia o de la nación. Ello significa un irrestricto respeto hacia la propiedad privada que se reafirma como uno de los pilares de la sociedad chilena. Su estructura geológica asentada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, unido a los movimientos tectónicos y diastróñcos, le otorgan una perenne condición sísmica, sin embargo, nada es comparable a la fractura ocurrida en el tiempo de dictadura, que abarca todos lo ámbitos de la sociedad y produce consecuencias que signan, irremediablemente, el curso de su historia. Para el caso que nos ocupa, destaca la fractura en el espacio público, en la propia educación como bien público; la trasgresión de los valores jurídicos de justicia, bien común y seguridad jurídica; la mutación desde un valor consagrado a la educación como un bien público a su transformación en un producto de mercado.

Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”.

Matemática de Cuarto Básico. Además de ello, fue posible evidenciar que la influencia de ambas variables en los rendimientos estudiantiles es independiente la una de la otra. Repárese que el mentado rol subsidiario del Estado se ejerce mediante el derecho y el principio de subsidiariedad. desigualdades en el mundo ejemplos Por ello es necesario atender al ordenamiento jurídico que concreta este nuevo rol del Estado, específicamente en la Constitución de 1980 y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que refrenda la norma constitucional, tal como se analiza en el siguiente apartado.

de resultados Bajos y Medio-Bajos que niños que se encuentran en similares condiciones sociales. Adicionalmente, a mayor vulnerabilidad escolar mayor proporción de puntajes deficientes tanto de niños como de niñas. Sin embargo, en esos tramos

del campo educativo. Al respecto, Luhmann (1996) señala que al contrario de la supuesta homogeneización social de los estudiantes desigualdades actuales al comienzo de la enseñanza y al aparente inicio en el sistema educativo en condición de “igualdad de oportunidades”,

En América Latina, como en el resto del mundo, la posibilidad de graduarse en la universidad es una de las más poderosas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas. Diversos estudios demuestran que el acceso de personas de bajos recursos al mundo universitario es altamente positivo para el bienestar y el progreso social de una comunidad. La teoría educativa hace tiempo insiste en que la interacción pedagógica entre sujetos de distintos ámbitos sociales amplía, más que limita, las oportunidades de aprendizaje y mejora los resultados académicos de todos. Además, contribuye a fortalecer la educación de una ciudadanía consciente y crítica, reflexiva y participativa. En todos los casos, está claro que una universidad abierta y democrática, de calidad y no excluyente, en América Latina, puede transformarse en uno de los mejores y más efectivos antídotos contra la enorme desigualdad que aún persiste en la región. A pesar de la escasa información que se tiene, la tendencia a una menor segregación escolar es clara, con la única excepción de la correspondiente al 25% de los estudiantes con familias de menor nivel socioeconómico, que apenas sufre alteraciones.

Educación Cívica: La Formación De Los Futuros Ciudadanos

En el corazón de una sociedad democrática saludable, yace la participación activa de su juventud. Entender nuestro rol dentro de este sistema no es solo una cuestión de deber, sino una de poder. La juventud, armada con educación democrática, posee la capacidad única de impulsar el cambio y dar forma al futuro de nuestras naciones. Ingeniera Biotecnóloga con Máster en Innovación y Emprendimiento, y Máster en Science in Management del MIT.

organizacion civica y social

Doctora en Ingeniería Mecánica, fue la primera ingeniera Civil Aeroespacial de Chile. Actualmente es académica y Directora del Magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca. Ha impulsado diversas actividades para aumentar la retención de mujeres en disciplinas STEM.

Cabe mencionar que la mandataria determinó forty five premios para destacados líderes sociales de distintas organizaciones alrededor del país lo que refleja la importancia que le otorga este gobierno al trabajo que los dirigentes sociales despliegan en los distintos territorios. El Seremi de Gobierno, Enrique Inostroza aseguró que entregar este reconocimiento es un honor ya que lo hace en nombre de la Presidenta de la República y a un gran dirigente de la zona. Las niñas, niños y jóvenes que integran la comunidad educativa, tienen derecho a asociarse y a conformar agrupaciones de acuerdo con sus intereses, en este sentido los establecimientos educacionales promoverán la participación de sus miembros, en especial a través de la formación de Centros de Estudiantes. Sin embargo, comprender este papel implica reconocer las oportunidades y desafíos que enfrentamos en el ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades cívicas.

Iniciativa de ONU Mujeres y Red Pacto Global, por su liderazgo en Latinoamérica implementando las mejores practicas de balance de género, recibiendo el premio “CEO Leadership Awards”. Médica cirujana de la Universidad de Chile y de la Universidad de París, Francia, especialista en Medicina Interna e Inmunología. Actualmente Consejera de ComunidadMujer y del Consejo Nacional de Educación, CNED, y es profesora titular de la Universidad de Chile. Presidenta del Comité de Inmunología de la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, CONACEM. Fue decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile entre 2006 y 2010, transformándose en la primera mujer en ocupar ese cargo y siendo reelecta para el período 2010 – 2014.

Desde esa fecha y hasta 2016 se desempeñó como Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Santiago Centro. Por ella han pasado las principales investigaciones de delitos económicos en Chile y casos emblemáticos de estafa y uso de información privilegiada. Ha importantes investigaciones en materia de corrupción pública, entre ellas el caso Corpesca, que culminó con la condena de dos ex parlamentarios y, como persona jurídica, de la principal empresa pesquera del país.

La escritora canadiense Lake Sagaris, quien lleva varios años trabajando sobre gobernanza colaborativa y participación ciudadana desde la perspectiva del transporte, considera que estos espacios “de base”, en especial las juntas de vecinos, “son tremendamente importantes, porque reúnen una cantidad de miradas, sensibilidades, necesidades y aspiraciones que son muy representativas de la población real. Especial atención merece en todo caso el modelo del referido Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge en buena medida las recomendaciones de Naciones Unidas sobre instituciones autónomas de derechos humanos como factor fundamental que asegura el control sobre la acción de los gobiernos. La analogía que puede establecerse es que la noción de derechos humanos, de modo similar a la de “sociedad civil”, es irreductible a su absorción, mimetización o manipulación dentro o por el Estado sin que se produzca su inmediata desnaturalización y consecuente deslegitimación. Aunque las concreciones institucionales suelen estar lejos de la perfección,  cabe aspirar a que en materia de expresión genuina de la sociedad civil ocurra lo que también se espera, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, deportes, ciencia o cultura, esto es, que el Estado no desnaturalice o corrompa su desarrollo autónomo. Al efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en su Informe de 2012, reafirma el derecho de acceso a financiación y recursos de las asociaciones, y que esta posibilidad “es parte integrante y important del derecho a la libertad de asociación”. Por tanto, todas las asociaciones, estén o no registradas legalmente, “deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales.” (Informe 2012, Relator ONU).

Fue Gerenta Legal y de Asuntos Corporativos de Walmart Chile y Consejera de Sofofa. Es abogada de la Universidad Gabriela Mistral y ha desarrollado una destacada carrera en la industria del retail. En Walmart Chile, donde llegó el año 2010, ha estado a cargo de la formación del Programa de Ética de la compañía a nivel local y fue responsable del Programa de Cumplimiento, que integra materias como libre competencia, anticorrupción, patentes y permisos. También lideró la gestión authorized del proceso de venta de activos más grande de la industria del retail en Chile (Espacio Urbano) y la operación para deslistar a la compañía del registro de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Economista de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Anteriormente fue Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE y Profesora Titular de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas organizacion privada sin fines de lucro de la Universidad de Chile. Su investigación ha estado centrada en economía de la educación y en el estudio del comportamiento de los mercados laborales en Chile y América Latina. Una de sus líneas actuales de investigación se focaliza en las brechas de género en educación.

Y Mlynarz, D.(2013), “Balance de la implementación de la ley de participación ciudadana a nivel municipal”, en De la Fuente, G. Y Mlynarz, D. El pueblo unido,Mitos y realidades sobre participación ciudadana en Chile, Eds. Finalmente, desde el punto de vista del uso de nuevas tecnologías, la configuración de plataformas informáticas “amigables” para materializar las donaciones (que debería crear el Servicio de Impuestos Internos) es clave para el éxito de esta organizaciones con lucro forma de financiamiento, así como la realización de campañas de sensibilización de los ciudadanos/as, suficientemente plurales e infomativas, que los motiven a donar. Estos dispositivos sencillos de implementar permitirían que las OSCs se posicionen más de cara a la ciudadanía que al Estado, y que cuando miren al Estado sea, más que reclamando de este autonomía, financiamiento y derecho a la crítica de lo establecido, lo hagan exhibiendo tales atributos.

Con ánimo de colaboración y motivados a ser parte de este proceso, representantes de organizaciones sociales, de universidades y público common, protagonizaron la Primera Jornada de Formación Ciudadana. Es desde esa perspectiva que se apunta el pago de tributos como un deber cívico fundamental, ya que si no es cumplido por los ciudadanos, se verán dañados sus propios derechos. El fraude fiscal, el contrabando, o la piratería intelectual tienen un impacto negativo en los recursos del Estado, afectan la economía y perjudican a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquellos que asumen su responsabilidad social y cumplen sus obligaciones tributarias. Lograr un equilibrio entre las demandas ciudadanas y la capacidad gubernamental de respuesta a las mismas es una tarea compleja.

En 2005 fue reconocida como becaria Chevening para estudiar en el Reino Unido. Decana de la Facultad de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Periodista y socióloga de la Universidad Católica, con un Magíster en Media & Communication del London School of Economics. Fue gerente basic y sociodirectora de Tironi y Asociados, y Directora de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Universidad Católica. Psicóloga de la Universidad Católica, Máster en Psicología de la Universidad de Wisconsin. Ha sido docente e investigadora en universidades de Estados Unidos, México y Chile.

No seríamos únicos y, por lo tanto, tendríamos que explicar el declive de la cooperación a partir de procesos globales que se tradujeron en reformas económicas y políticas a nivel nacional que desalentaron nuestra capacidad de asociarnos. El elenco de pensadores locales que ha ofrecido respuestas a estas preguntas no tiene nada que envidiar a la producción internacional. Del total de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) inscritas en Chile, cerca del 80% entra en la categoría de “organizaciones comunitarias funcionales”, según cifras del Centro de Políticas Públicas de la UC. Aquí se incluyen agrupaciones como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, uniones comunales, comités de seguridad, clubes deportivos, centros de madres o comités de vivienda, por dar algunos ejemplos. En el 20% restante, es importante señalar que las fundaciones prácticamente se han duplicado en los últimos cinco años, pasando de un 6,8% del whole, en 2015, a un 9,4% en 2020. Estos tipos de agrupaciones civiles son conocidas internacionalmente como el “tercer pilar”, concepto que fue acuñado por el economista indio Raghuram Rajan para caracterizar la relación de las comunidades con el Estado y el mercado.

La Persona Y Los Derechos Humanos Formación Cívica Biblioteca Del Congreso Nacional De Chile

Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe desigualdades en salud ejemplos para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje.

El país está conformado por 16 regiones5, siendo la capital nacional la ciudad de Santiago en la Región Metropolitana. El territorio chileno es abundante en recursos naturales, es el mayor productor de cobre a nivel mundial y tiene un importante rol dentro de los países exportadores de productos agrícolas, forestales y ganaderos (OCDE y CEPAL, 2016). Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis.

Se concluye que existen múltiples posibilidades para el avance de relaciones más igualitarias y humanizadas. El curso es un programa abierto a profesionales de distintas disciplinas o áreas del saber, interesados en conocer las principales teorías de la justicia social para ponerlas al servicio de las reformas normativo-institucionales y de políticas públicas que se requieren para avanzar hacia mayores de niveles de equidad y desarrollo social. La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.

desigualdad social y derechos humanos

Los resultados 2017 (seis dimensiones) muestran que las regiones con mayor IDERE son La Metropolitana y Magallanes, mientras que los peores resultados los presenta La Araucanía y el Maule, sin embargo, son de las regiones con mayor progreso durante el período evaluado. Al parecer se cumple el principio de convergencia, ya que algunas de las regiones con menor índice, son de las que más mejoran, mientras que las de mayor desarrollo tienen un progreso más lento (Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Magallanes). La excepción a este comportamiento ha sido Arica y Parinacota, que a pesar de su relativamente bajo IDERE, ha experimentado menor evolución en el período analizado. A través de los años, al igual que lo ilustrado por la evolución del Gini, la razón 10/10 muestra un aumento de las disparidades en el año 2009, donde el 10% más rico llega a distanciarse 38,8 desigualdad social y educativa en américa latina veces del ingreso medio del 10% más pobre, para luego descender paulatinamente. El ratio fue de 27,6; 29,eight; 29,1 y 27,2 para 2009, 2011, 2013 y 2015 respectivamente (calculado por Ministerio de Desarrollo Social [2016b], bajo la nueva metodología). Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina.

La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. Hoy, queremos enfatizar el poder de la solidaridad para generar oportunidades equitativas para todos.

Sin embargo, el fenómeno no es privativo de dichos países y comenzamos a ver indicios de esto en el denominado litigio por el cambio climático. El objetivo de este Seminario es discutir acerca de derechos sociales y las reformas en el sistema de pensiones chileno. La pandemia de Covid-19 no sólo generó una disaster económica que impactó al mundo, sino que también trajo una crisis social que se expresó en mayores niveles de pobreza, desigualdad y que desnudó una serie de brechas en acceso a tecnologías y a viviendas de calidad, entre otros factores que continúan sin resolverse. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos.

Lo que marca la desigualdad en Chile, es el aún elevado nivel de desigualdad y su persistencia, a pesar de la mencionada convergencia. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello. Es rol del Estado protegerlos y garantizar que todos y todas cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna para desarrollar sus potencialidades. Por otra parte, es fundamental que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes hablen de la experiencia que viven y los factores o ámbitos que pudieran orientar acciones para abordar esta problemática.

A través de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de destrezas, se logrará abordar de manera integral los conceptos, fundamentos y principios de Justicia Social en las sociedades contemporáneas, prestando especial atención a la realidad latinoamericana. Esta publicación responde al compromiso de la BCN de seguir profundizando en los contenidos y ser un aporte a la formación cívica nacional. 20Lo no informado corresponde a especialistas que se desempeñan exclusivamente en el sector privado y son un 19% del complete. 11Utilizan dos bases de datos, la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2003 y el Censo de Población y Vivienda de 2002. Mac Clure y Calvo (2013) proponen una división administrativa basada en el actual estado del proceso de urbanización. 1 La tarea de recopilación de datos no fue fácil, sobre todo al querer abordar el largo plazo, sin embargo, se debe agradecer a las distintas instituciones que cooperaron entregando información a través del Portal de Transparencia del Estado.

Desde 2010, además, el Centro de Derechos Humanos ha contribuido al monitoreo de los derechos ambientales, en colaboración con el Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP. Frente al florecimiento de protestas, originadas en este descontento, el Instituto alertó sobre el uso de desmedido la fuerza policial y la represión en las movilizaciones, ya sean estudiantiles, regionales, ambientales o por la causa mapuche, reiterando la crítica a la violencia y la utilización de leyes especiales, como la Ley Antiterrorista. Haga su solicitud también a través del banner OIRS -Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias- de este sitio internet. No obstante lo anterior, la Directora del INDH, criticó la “violencia de que son objeto las mujeres, y de los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a espacios de poder, tanto en el ámbito público como en la empresa privada”. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae

Otro indicador de desigualdad es el índice10/10, que expresa el ingreso del 10% más rico en función del 10% más pobre de la población. Para ello, la (Tabla 2) presenta el promedio del ingreso autónomo del hogar (ver definición en Anexo E) por deciles, de acuerdo a la Encuesta CASEN de 2015. Observando los extremos se evidencia que el 10% de los hogares de mayores ingresos son 27,2 veces más ricos que el decil de menores ingresos. El resultado es aún más abismante si consideramos los ingresos autónomos per cápita del hogar, donde la razón 10/10 aumenta a forty five,1.

De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de 79 años en promedio, siendo de 77 para los hombres y 81 en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y 74 para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11). En 2015, Coquimbo y la Región Metropolitana lideran con casi 80 años en promedio, mientras que la menor esperanza de vida se observa en Antofagasta y la región de Los Lagos, con aproximadamente seventy eight años. En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres.

Los buenos indicadores a nivel de crecimiento económico de las últimas décadas en Chile, no han podido mitigar la persistente desigualdad del ingreso. Anteriormente, Soto y Torche (2004) concluyen lo mismo, demostrando que, entre 1975 y 2000, el PIB per cápita chileno creció un 5% al año, sin embargo, las regiones no se beneficiaron de igual forma. La pobreza cayó significativamente en todas ellas, pero la desigualdad del ingreso se mantuvo constante.

En los últimos puestos se encuentran países del continente africano, donde el PIB por persona más bajo corresponde a la República Centroafricana, siendo tan solo zero,03 veces el de Chile. A través de un análisis de convergencia, se concluye que en Chile, las regiones más pobres y desiguales, tienden a crecer más que aquellas más ricas y equitativas. Es decir, las regiones más perjudicadas convergen buscando alcanzar a los territorios más favorecidos del país.

La Profunda Brecha De Género En El Mundo Del Trabajo: Ana María Fernández Participa En Curso De Formación Sindical Mujeres Líderes

Chile, Colombia, México y Perú han logrado importantes adelantos en la participación de la mujer en la toma de decisiones, los años de escolaridad de las niñas, el ingreso de la mujer al mercado laboral y la protección social para las familias. Sin embargo, la desigualdad económica se mantiene alta en toda la región, y esta desigualdad tiene un efecto especialmente duro en las mujeres, sobre todo, en las pertenecientes al ámbito rural, con bajos ingresos y menor nivel educativo. A nivel organizacional de nuestro país, según el Cuarto reporte de indicadores de género en las empresas en Chile 2022[v], el 40% de los trabajadores corresponden a mujeres.

Marta Colombo es médica cirujana titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la especialidad la obtuvo en la Universidad de Chile. Posee casi fifty five años de trayectoria en la salud pública y cuenta con más de un centenar de trabajos científicos publicados en revistas chilenas e internacionales. Según expresaron los siete integrantes del jurado del Premio Nacional de Medicina, la médica resultó merecedora del galardón, entre otros aspectos, «por la diversidad de sus aportes en la salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, así como también por su calidad humana, con la que ha transmitido los valores fundamentales de la medicina a pacientes y alumnos». Su trayectoria

Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.3, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS.

Se parte del supuesto según el cual los condicionantes de género persisten en el ámbito laboral, a pesar de la mayor visibilización de los reclamos feministas en los últimos años. Igualmente, relevó que “los avances que podamos hacer en una relación más igualitaria entre hombres y mujeres, depende el que podamos decir, con razón, que vivimos en una sociedad verdaderamente democrática y equitativa; donde la niña que nace hoy, tiene las mismas condiciones y opciones de desarrollo, de bienestar y de crecimiento private que un niño”. Programa para que mujeres adultas, que han desertado el sistema educacional, finalicen su educación a través de la nivelación y validación de estudios. Desde 2011 a 2022, Chile ha registrado una reducción de la brecha salarial de 1,6 puntos porcentuales, desde un 16% a 14,4%. Al igual que el resto del mundo, Chile avanza hacia la eliminación de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero lo hace con demasiada lentitud. Respecto a 2011, la tasa de mujeres que cuentan con un empleo a tiempo completo en Chile ha subido en four,2 puntos porcentuales, una cifra levemente mayor a los three,6 puntos promedio global.

Podemos asociar esta última forma de poder con la dinámica establecida en la relación de Vanina con el ex marido. Ella no podía comprender como su “compañero” asume un lugar de rivalidad en lugar de alegrarse por su crecimiento laboral. Por último, aquí se entiende a la discriminación por pretextos de género como tratos injustos asentados en desigualdades sociales estructurales que son a la vez contextuales (Parker y Aggleton, 2003).

desigualdad económica entre hombres y mujeres

Tanto sus cuentas de redes sociales como el sitio web de NiMásNiMenos incluyen diversos cursos de e-learning con información relevante para la ciudadanía en esta materia y pretende también ser una guía para que las empresas puedan en el mediano plazo evaluar su propia brecha salarial. En la ocasión, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, valoró la plataforma y su contribución a la entrega de una información clara y transparente acerca de un tema muy relevante en nuestro país y que forma parte de las desigualdades entre hombres y mujeres. Al visualizar el comportamiento de las horas promedio trabajadas desagregadas por tamaño y sexo (gráfico 6), se observa la repetición del mismo patrón común de los análisis anteriores, en que las mujeres presentan una menor cantidad de horas trabajadas que los hombres, yendo de un 1,53% en las empresas medianas a un 2,02% en las empresas grandes. Desde el punto de vista organizacional, Penner; Toro-Tulla y Huffman (2012) estudiaron la forma en que las empresas determinan las recompensas salariales entre hombres y mujeres.

La evidencia científica y también la experiencia humana nos han llevado a conocer y enfrentar el machismo como la expresión más evidente de la construcción social que, durante generaciones, ha situado a la mujer en una posición de inferioridad respecto del hombre. Desde ese entonces, muchos acontecimientos se han dado a nivel mundial en torno a las demandas y derechos de la mujer, principalmente de carácter laboral. No obstante, desde hace un par de años se han dejado ver, y sobre todo escuchar, nuevos movimientos que han reivindicado el rol de la mujer desde otra perspectiva.

En conclusión, con ambos testimonios puede verse que efectivamente la brecha salarial en función del genero no solo existe en sus trabajos, sino que también resulta un hecho asumido para ambas. De acuerdo a Ábramo (2004) la concept de la mujer como “fuerza de trabajo secundaria” (p. 227) se estructura en una concepción conservadora en la cual el hombre es el único o principal proveedor mientras que la mujer es la principal responsable de la esfera privada. Según ese modelo, cuando la mujer ingresa al mercado laboral lo hace como un aspecto secundario de su proyecto de vida; concepción aun arraigada en el imaginario empresarial que justificaría, entre otras cosas, remuneraciones más bajas que las de los varones (Ábramo, 2004). A partir de esto la entrevistada percibía que no solo le estaban negando el beneficio que le correspondía, sino que también había una necesidad de dejar constancia de dicha desigualdad en la distribución de beneficios. Este hallazgo sobre la existencia de brechas salariales, que se traduce en una desigual distribución de las compensaciones10 entre los géneros, es concordante con los resultados encontrados por un estudio reciente en España (Confederación Española de Organizaciones Empresariales y PricewaterhouseCoopers, 2019).

Al respecto, el informe de Buk muestra que a cerca de la mitad (47%) de las mujeres consultadas en Chile, Colombia, México y Perú con hijos menores de cinco años que pidieron un ascenso, este les fue rechazado. Pero dicha diferencia no sólo se refleja a la hora de aceptar un cargo laboral, sino que también se manifiesta en otros aspectos, ya desempeñando los puestos de trabajo. Según Buk, a nivel regional, si bien tanto hombres como mujeres piden aumentos de suelos en proporciones similares, la respuesta no es la misma para ambos géneros. En el indicador de seguridad, la puntuación promedio mundial es de 36 puntos, mientras que en el caso de cuidado infantil la calificación fue de 47,6 y se reveló que las mujeres dedican en promedio 2,four horas al día más que los hombres en cuidados no remunerados.

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Tal como ha consignado ONU Mujeres, desde el estallido de la disaster sanitaria por el COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en países de todo el mundo, puesto que las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar estuvieron más aisladas en periodo de cuarentena, sin poder acudir a las personas y recursos que pudieran ayudarlas. El encierro, la imposibilidad de salir a trabajar o a estudiar hicieron que la convivencia acquainted se tornara aún más agresiva en los círculos donde la violencia ya estaba instalada. A su vez, los indicadores de brechas en densidades de cotización, saldos acumulados y expectativa de vida entre hombres y mujeres dan cuenta de los distintos factores que explican las brechas de género en los montos de pensión de vejez pagados, brechas que sufrieron el impacto de los retiros de fondos y las rentabilidades negativas que experimentaron los fondos en el período analizado. Al llevar a cabo las mismas pruebas en el nivel de grupos ocupacionales (cuadro 2), los resultados muestran que para el caso de la remuneración ordinaria el estadístico asociado es alto y su nivel de significancia rechaza la hipótesis nula del 95% de confianza. Sin embargo, los resultados asociados a la remuneración extraordinaria dan cuenta de una brusca disminución del estadístico, esto sumado a que solo four desigualdad extrema de los 9 grupos ocupacionales pueden rechazar la hipótesis nula del 95%, como es el caso de profesionales, trabajadores de servicios personales y de seguridad, operarios manuales y trabajadores no especializados.

En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Por lo tanto, al menos en cuanto al trabajo presentado para este objetivo específico, se puede identificar la multidimensionalidad de las disparidades que se planteó en el primer apartado de este trabajo, donde no solo se concentran los esfuerzos en cuanto a las diferencias de ingresos, sino que también se ha buscado “nivelar el punto de partida” de los/as ciudadanos/ as del país. No obstante, el plan muestra un enfoque en la dimensión ex-ante, por sobre la otra dimensión, y dentro de esta, en aquellas acciones dirigidas principalmente a reducir las brechas que se generan por las variaciones en el contexto social. Además, respecto de la Agenda 2030, las acciones públicas responden a seis de las diez metas presentadas, 10.1, 10.2, 10.3 desigualdad ejemplos, 10.4, 10.5 y 10.7. Asimismo, la temporalidad anterior de estas acciones respecto de la agenda podría explicarse debido a que Chile aún se encuentra en una etapa de implementación de la misma. La existencia de una brecha salarial entre sexos y la determinación de sus causas han sido fenómenos ampliamente estudiados y difundidos en la literatura especializada.

También se perfeccionan los indicadores de brecha salarial y se incluye información sobre las políticas de equidad y de corresponsabilidad parental, entre otras. De acuerdo con el estudio, la presencia de niños y niñas de hasta cinco años se correlaciona con un aumento en las brechas de género en participación laboral, llegando a 27,6 pp en desmedro de las mujeres, en contraste con la brecha de 18,2 pp que existe en el resto de los hogares. Y el segundo, fue para el Congreso Nacional, particularmente para el Senado, donde se está discutiendo la reforma de pensiones cuyo debate se ha centrado en la distribución del 6% adicional de aporte del empleador. «Separemos el tema de la equidad de género de esa discusión (destino del 6%) porque igualar las condiciones de jubilación de hombres y mujeres no va a resolverse con la capitalización individual, porque las cifras indican que a igualdad de condiciones, a igualdad de fondos, las mujeres tienen un 15% menos de pensión. Eso no se va a comer el 6% de cotización, es una fracción, y lo mismo respecto de incorporar la compensación por los años dedicados a los cuidados», remarcó. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.