La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas.
Las medidas de mitigación están siendo importantes, aunque, en el corto plazo, la desigualdad y la pobreza se están incrementando. Aun así, países que han expandido la asistencia social, como Brasil, están logrando contener la caída. Las mayores transferencias públicas fueron también un factor relevante en la disminución de la desigualdad. “El estado se volvió más redistributivo hacia los pobres en ese período”, dijo la académica, agregando que el período coincide con un gran número de gobiernos de izquierda en la región.
Políticas diseñadas para atacar la pobreza, como las políticas impositivas o de creación temporal de puestos de trabajo no cualificados, no son por sí mismas suficientes para atacar la desigualdad. Éstas podrían ser mucho más efectivas si se emparejaran con políticas destinadas a lidiar con las barreras sociales de información a largo plazo, como por ejemplo, engrandecer las redes sociales a través de pasantías, mentorías, políticas de acción afirmativas y subsidios a la educación. Necesitamos un amplio acuerdo social que nos comprometa a combatirla, derribando así uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y la dignidad.
A pesar de su alto costo, resulta interesante que, comparativamente, estos establecimientos no logren puntajes destacados en comparación con el resto de los países de la OCDE. Por consiguiente, el costo no está asociado necesariamente a una mejor calidad educativa, sino más bien a elementos de distinción y cierre social. El quiebre de la élite con la educación pública en Chile se desigualdad social en la globalizacion comienza a producir con los procesos de masificación del sistema escolar, particularmente durante el gobierno de Frei Montalva a mediados de la década de 1960. La extensión y popularización de la educación escolar gatilló, por una parte, la migración de la élite liberal desde los liceos emblemáticos hacia colegios privados con proyectos liberales (laico o católicos progresistas).
En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno. Chile enfrenta una grave crisis social estos días, a pesar de tener el ingreso per cápita más alto de la región. Ha habido distintas explicaciones para esto, y en todas ellas la desigualdad ocupa un lugar principal. Los bajos niveles de remuneraciones, los exiguos montos de las jubilaciones, el acceso incierto a atención de salud, el agobio del trabajo y los tiempos de traslado, el peso de las deudas y la inseguridad permanente, son parte de la vida diaria de alrededor del 60% de la población.
Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de crisis a través de recursos descargables. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno legal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas.
Además, la riqueza tiene la característica que suele transmitirse intergeneracionalmente, por lo que esta alta concentración de riqueza contradice principios de igualdad de oportunidades dentro de cada generación.[16] Coherente con el análisis de la primera columna, es evidente el riesgo que estos niveles de concentración suponen para el ejercicio democrático. Es por eso que algunos países han implementado impuestos a la herencia como un tipo de impuesto al patrimonio (ver aquí para una discusión al respecto). La literatura académica sugiere que las tasas óptimas a la herencia podrían ser bastante altas (del orden del 50%-60%). A nivel de sociedad, este problema se ve aun más profundizado debido al desconocimiento que existe a nivel de la opinión pública. La alta concentración de la población total de la región en la comuna de Arica (99%) y la falta de conocimiento de las otras tres comunas y sus localidades, provocan que no se aprecie la realidad de las personas que viven en las localidades aisladas de la región. El nivel de educación alcanzado por un individuo es igualmente un issue determinante en su trayectoria pues los avances tecnológicos incrementan la productividad de los trabajadores cualificados, mientras que reemplazan el trabajo no cualificado.
La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos. En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido.
La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas. Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de “no dejar a nadie atrás”. Abordar el desafío de reducir las desigualdades y la exclusión requiere, en primer lugar, entender sus causas, sus raíces históricas, sus formas de reproducción y sus consecuencias sobre la vida de las personas. Un dato elocuente en relación a la importancia de la desigualdad nacional es el porcentaje del whole de los ingresos que perciben las personas que se encuentran al tope de la distribución. La relevancia viene dada porque son precisamente estas personas que concentran altos niveles de ingresos, quienes adicionalmente ejercen una influencia importante en las decisiones y en el diseño de políticas que finalmente los terminan favoreciendo a ellos mismos.
Para un desarrollo más pormenorizado este delicado asunto, me permito remitir a mi investigación teológico-cultural publicada recientemente, con ocasión del 50° aniversario de la Conferencia de Medellín (Verdugo & Arellano, 2019). Es este apartado, de manera muy somera, recogeremos algunos análisis sobre el fenómeno de las desigualdades, consideradas sobre todo desde la economía, de la historia y las ciencias sociales, tanto en estudios globales como locales. Luego de lo ocurrido en los últimos años en el país, está claro que la desigualdad ha erosionado la confianza en las instituciones y ha desgastado el tejido social.
Proporcionan un ambiente en que los maestros trabajan juntos para formular y desarrollar buenas prácticas y proporcionan vías inteligentes para que avancen en sus carreras profesionales. Los sistemas de alto desempeño se han movido de un management administrativo y de rendición de cuentas hacia nuevas formas de organización del trabajo profesional; apoyan a sus maestros para realizar innovaciones pedagógicas, mejorar su propio desempeño y el de sus colegas, y alcanzar un desarrollo profesional que lleve a una práctica desigualdad social en pandemia educativa superior. Más importante aún, la educación pública puede atraer a los profesores más talentosos a las aulas más desafiantes y a los directores más capacitados a las escuelas más difíciles. Si se observa lo que ocurre en los sistemas educativos exitosos de países más desarrollados, lo anterior queda de manifiesto. Cuando se recibe a un alumno que proviene de un sector desaventajado no se le hace la vida fácil, sino que se le exige igual que a otros estudiantes que provienen de realidades más acomodadas.
Zimmerman (2019), por su parte, muestra que 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan exalumnos de un subsegmento que proviene de solamente nueve colegios de élite (los que están incluidos en los 14 colegios identificados en el estudio del PNUD). En contraste, los particulares pagados evidencian una mayor ventaja, ya que en ellos el 29% de los estudiantes presenta rezago. Sin embargo, como aclaran los autores del estudio, dichas diferencias no necesariamente se explican por las diferencias de los sostenedores, sino que atienden también a estudiantes con diferentes atributos socioeconómicos. También se observan diferencias en relación con el tipo de administración del establecimiento educativo. Por ejemplo, en los establecimientos públicos (SLEPS y municipales) un 72% de los estudiantes tiene desempeño menor a primero básico, y en los colegios particulares subvencionados esta cifra alcanza el 64%. El resultado de la desigualdad es que las personas afectadas se mantendrán marginadas de buenas oportunidades, por no haber podido acceder a un proceso de aprendizaje exitoso.
