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Por lo mismo, con estas normativas legales se busca establecer un mecanismo eficiente y eficaz de pago de las deudas de alimentos. La rigurosidad de la nueva ley establece que el nuevo mecanismo se aplicará cuando la o el deudor tenga al menos una mensualidad pendiente, de las fijadas por el tribunal de familia respectivo. Para hacer efectiva la ley, la persona que tiene a su cargo a las niñas o niños a quienes se les debe el pago de la pensión, debe solicitar la retención de los fondos que la persona deudora tenga en sus cuentas bancarias o en otros instrumentos financieros y/o de inversión, y con ellos se pagará la deuda.

Estas ciudades intermedias cuentan con una población de al menos 50 mil habitantes y son relativamente autónomas de las grandes ciudades. Sin embargo, en términos espaciales las regiones jurídicamente establecidas parecen ser de una escala excesivamente amplia para reflejar la diversidad de situaciones en su inside. Más aún, las definiciones administrativas de las regiones, basadas en factores históricos, geográficos, jurídicos, políticos y de eficacia en las políticas públicas, pueden ocultar las líneas divisorias del estados unidos pobreza 2022 territorio respecto de las desigualdades sociales. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas.

Hay desigualdad de trato, entre grupos sociales y ante la ley, así como menoscabo de la dignidad ante situaciones de abuso. Muchas veces los tomadores de decisiones en el Ejecutivo y en el Parlamento viven muy alejados de los problemas de las mayorías. También ha habido oposición de quienes ven en las medidas redistributivas un riesgo para el crecimiento económico. Adicionalmente, desde una perspectiva sociológica, surgen interrogantes sobre la configuración territorial de las desigualdades en términos de una estratificación social. La identificación de mercados de trabajo territoriales y específicamente los tipos de territorios que hemos distinguido, podemos conjeturar que son definitorios de los estratos sociales presentes a nivel territorial. Esto constituye un aporte a la investigación científica sobre la estratificación social, permitiendo abordar preguntas referidas a sus particularidades a lo largo del territorio y en especial cuál es la composición de los estratos sociales en las comunas integrantes de cada tipo de territorio.

Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes. En primer lugar, los cambios socioeconómicos y culturales en el campo no sólo generan territorios agrícolas de especialización flexible, sino que redefinen las formas de vida tanto de la población rural como de la población urbana. En segundo lugar, los cambios en la diferenciación rural-urbana generan nuevas conexiones socio-territoriales y la consiguiente reconfiguración de los lugares. Asimismo, el aumento de la movilidad (migraciones y desplazamientos) está asociado con la segmentación etno-territorial de las comunidades.

La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. La tipología elaborada aporta una representación cuantitativa aplicable en análisis estadísticos y proporciona un marco para estudiar las subjetividades de las personas, estratos sociales y actores en los territorios. Pero estos tipos de territorios deben entenderse como una delimitación provisional y tentativa para comprender la forma como es construido socialmente un territorio, lo que no es independiente de las desigualdades sociales en su inside y en comparación a otros territorios.

Otra mujer que producto de sus capacidades y trabajo logra un puesto históricamente ocupado por hombres y que le abre el camino a otras mujeres que quieran seguir sus pasos. Rosa Devés llega a la rectoría en un momento especial del país en que más mujeres están situándose en posiciones de liderazgo y donde se está reconociendo su mérito. Por un lado, nos permite interpretar la realidad y, al mismo tiempo, refleja cómo es nuestra sociedad.

La literatura académica sugiere que las tasas óptimas a la herencia podrían ser bastante altas (del orden del 50%-60%). El primer efecto consiste en que un incremento de los impuestos al ingreso puede inducir a las personas a trabajar menos, lo que sería económicamente ineficiente y además reduciría la recaudación. Sin embargo, la evidencia empírica concluye que estos desincentivos son bajos.[12] El segundo efecto se refiere al incremento en el bienestar whole que proviene de transferir recursos de una familia rica a una pobre. Por ejemplo, a hundred mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes.

El estudio de las desigualdades sociales desde una perspectiva territorial aporta una dimensión relevante para caracterizarlas, pero cuando se elige como nivel territorial para el análisis a las regiones administrativas, se desconoce la escala territorial donde se generan las principales diferencias, según sostendremos en este artículo. El objetivo de este trabajo es proponer un conjunto de tipos de territorios subregionales que facilite el análisis de las desigualdades sociales a nivel territorial. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración el hambre y la pobreza del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–.

Pero si bien la lucha de las mujeres ha tenido varios episodios anónimos e incluso ignorados a lo largo de la historia, se considera el sábado 25 de marzo de 1911 como la fecha que marca la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer. Los archivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que ese día 146 trabajadoras de la Fábrica Triangle Shirtwaist de la ciudad de Nueva York, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes europeas, murieron calcinadas intentando escapar de un incendio en los talleres donde cocían blusas. En tan solo 20 minutos las operarias fallecían encerradas en los talleres, atrapadas detrás de puertas cerradas con llave y fuera del alcance de las escaleras de bomberos. «Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil -incluyendo la fábrica Triangle- en un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos», cita la OIT. Lo que comenzó hace más de 160 años como una demanda native de mejoras salariales y derecho a voto, se convirtió en una conmemoración internacional que reivindica el rol de la mujer en todos sus ámbitos. Lo anterior se vio reflejado en uno de los factores determinantes del nivel de pensiones como son las lagunas previsionales, ya que mientras la densidad promedio de cotización para el complete de los hombres afiliados fue de fifty six,3%, en las mujeres alcanzó un 45,9,1%.

A modo de ilustración, la cada vez más numerosa clase media podría tener una composición explicit en la ciudad de Santiago en comparación con otras ciudades y comunas vinculadas, que también concentran parte importante de la población del país. Entre las comunas desvinculadas de otros municipios, distinguimos las que cuentan con un centro urbano menor y las que carecen de éste pudiendo ser catalogadas como «predominantemente» rurales. Sin embargo, parte de las comunas que carecen de estos centros urbanos se vinculan a ciudades o a comunas del tipo de municipios que sí cuentan con centros urbanos menores. Esto es coherente con la diversidad de la ruralidad en cuanto a su grado, así como respecto del tipo de relaciones sociales entre sus habitantes, los desplazamientos a trabajar en otras comunas, los servicios disponibles y la base económica (Berdegué et al2009 y 2011).

También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.

Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica. A pesar de esta evidencia, los datos sobre desigualdad comúnmente se relativizan frente a las percibidas bondades del modelo económico.

Durante las primeras décadas de la posguerra, por ejemplo, los ricos cumplieron con unas tasas impositivas superiores al 80%. Los antecedentes que se encuentran en la base del desarrollo de este análisis se relacionan con un conjunto de procesos de incorporación del análisis de género en los productos del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social. Uno de los factores decisivos a la hora de comprender la desigualdad en Chile es la permanente justificación cultural de la importancia de conservar ciertas concentraciones de poder (político o económico) en ciertos grupos específicos, siempre pensando en el bien del país. Desde el poder militar para conservar el orden, el poder eclesial para conservar la moral, hasta el poder de la clase política para preservar la estabilidad; Chile ha estado atravesado por hipótesis que justifican la acumulación de recursos como condición para la civilización.

Es una sociedad que se caracteriza por la inequidad, los abusos, el clasismo, el machismo y la xenofobia. Si, como muchos investigadores han sugerido, la desigualdad en la generación de los padres afecta la movilidad en la generación de los hijos, entonces una estrategia relevante para promover la movilidad es reducir la desigualdad. Al reducir la desigualdad en la generación de los padres, los niños de familias pobres y ricas tendrán oportunidades más igualitarias para desarrollar su capital humano en términos de su salud, educación, and so on.

En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Además de rescatar los valores de Jesús como lo hizo Pablo, es ne cesario, en tercer lugar, considerar una y otra vez qué sistemas de eficacia pueden contribuir a hacerlos posible.

Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano elementary ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y ethical que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad. Esa conceptualización, cube Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado». Eso quiere decir, detalla Méndez, en que una sociedad ve que esas diferencias van configurando asimetrías que no consideramos legitimas. Quinto, la elite social (dirigentes sindicales, estudiantiles, etcétera) es la que, por lejos, mejor representa políticamente los intereses de la ciudadanía. Aquello contrasta con la visión política, repetida por la derecha, sus medios, y cada cierto tiempo coreada por sectores de la centroizquierda, de que la irrupción de los movimientos sociales puede hacer peligrar la capacidad de nuestra democracia de representar los intereses de la mayoría.

Las diferencias de logro promedio por establecimiento se deben, principalmente, a la doble selección que hacen los colegios pagados, que es económica y académica. “Al analizar los puntajes individuales de los estudiantes en la PAES y la PSU desde 2018 hasta el 2024 es claro que la situación comparada entre dependencias no ha cambiado, incluso a pesar de la pandemia. Al analizar el porcentaje de estudiantes que se ubica en el 20% más elevado a nivel nacional por dependencia, se observa que 60% en los colegios pagados alcanza este nivel, 16% de aquellos en educación specific subvencionada y 10% de la educación pública. Los modos de elegir colegio, plantea, no son totalmente diferentes de los que desarrollan las familias de las clases medias, aunque la diferencia opera más bien en las amplias habilidades y ventajas que implementan las familias de élite. Estas capacidades serían económicas (pagar el acceso), de redes sociales, para poder incorporarse a la comunidad educativa, y geográficas, para poder ubicarse en sectores privilegiados. Uno de los puntos destacados por la investigadora en su presentación fue el desarrollo de la agenda regional de género en materias de seguridad social, iniciativa que compromete a los gobiernos de la región a impulsar acciones para disminuir la desigualdad en todas sus expresiones.

Aspiramos a que todos los ciudadanos, especialmente aquellos en los grupos menos aventajados, tengan mayor management sobre sus propias vidas para perseguir los objetivos que ellos mismos consideren valiosos, integrándose de manera efectiva y participativa al proceso de desarrollo humano inclusivo y sostenible. En tanto, el director para la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, manifestó enfático que “el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza, es la falta de oportunidades. En su turno, Velasco afirmó que la desigualdad “sí es injusta” y que “si queremos combatirla hay que apostar las fichas en los primeros años de vida”.

Es por lo anterior que el último informe del PNUD está dedicado a este tema “desarrollo humano para todos”, considerando, igualmente, que en 2015 los dirigentes nacionales se comprometieron a “no dejar a nadie atrás”, compromiso que dejaron plasmado en la Agenda 2030. A nivel territorial, el (Gráfico 5) expone las diferencias interregionales en ambos tipos de pobreza. Las regiones con menos personas en situación de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional son Magallanes, Antofagasta y Aysén. Al considerar la pobreza multidimensional, nuevamente la región de La Araucanía es la más vulnerable, pero en este caso seguida por dos regiones del norte del país, Atacama y Coquimbo.

Para terminar la Sección four, se revisará la dinámica de distintas variables del área de la salud en Chile y sus regiones. La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados, de acuerdo con Wagstaff (2002) la pobreza provoca una salud deficiente por distintas carencias a las que se ven enfrentadas las personas más pobres y, a su vez, existe pérdida de ingresos cuando se cuenta con mala salud. Por su lado, la Región Metropolitana, como desigualdad humana no es de extrañar, ostenta los mejores resultados junto con regiones del norte como Antofagasta y Tarapacá. Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta. En general, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador.

Existen múltiples razones que explican el aumento sostenido de la desigualdad en Estados Unidos, todas ellas decisiones de política. En estos textos hemos extensamente discutido el rol de los impuestos en esta tendencia, pero el problema es más complejo. La caída en la progresividad de los impuestos a los más ricos es sin duda una de las explicaciones. Otras causas son el estancamiento del salario mínimo, el debilitamiento de los sindicatos, la falta de competencia, y la falta de regulación financiera, entre otros. Cualquiera sea la explicación, lo relevante es ver que la consecuencia fue una decisión política, no una tendencia inevitable. Hemos visto que, en términos de recaudación de impuestos, el tamaño del Estado en Chile es pequeño y que los ingresos fiscales que recauda provienen mayoritariamente de impuestos al consumo.

Así, lo que hoy se observa en los datos sería una consecuencia inevitable de los tiempos modernos. Si bien estos indicadores aún no alcanzan la relevancia que tiene el coeficiente de Gini en el debate público, en parte porque su disponibilidad es más reciente, hoy son el estándar en el debate académico sobre desigualdad. En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global. Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el whole de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE.

La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. El reporte, que se encuentra publicado en el sitio net de la SP en la sección de Estadísticas e Informes, presenta un completo panorama de datos desagregados por sexo e indicadores de brechas en el sistema previsional chileno. Entre los principales temas abordados destacan la distribución por género de los cotizantes tanto en el sistema actual como en el antiguo; y un detallado análisis sobre los años de cotizaciones de mujeres y hombres, así como los montos recibidos por concepto de pensiones de vejez y de seguro de cesantía.

Una interesante charla sobre desigualdades de género en el sistema de pensiones dirigida a funcionarias y funcionarios de la Superintendencia de Pensiones (SP) ofreció la investigadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Lucía Scuro, el pasado 7 de mayo de 2019. Al amparo de la noción tradicional que considera que hombre y mujer nacen con desafíos y objetivos diferentes, la historia, la educación y los propios productos culturales han permeado a tal nivel, que incluso quienes abogan por una sociedad sin discriminaciones son proclives a caer en ciertas trampas que sutilmente van en desmedro de las mujeres. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que especialmente en Europa, a inicios del siglo XX reclamaban derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad. Sus reportes indican que en 1910, en Copenhague, Dinamarca, cientos de mujeres provenientes de 17 países llevaron a cabo la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (la primera fue en 1907) y ahí deciden organizar anualmente una jornada para reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino common.

Estos desarrollos y despliegues tecnológicos no deberían resultar en una nueva forma de discriminación que profundice otras desigualdades como un daño colateral que debemos asumir en favor de un supuesto bien mayoritario. Aunque en este caso el sistema haya sido desarrollado por una universidad privada native, nuevamente se trata de una iniciativa invasiva de recolección de datos sensibles de menores de edad que conlleva gran riesgo de profundizar situaciones de prejuicio y estigmatización hacia grupos históricamente vulnerables. Además, estos procesos implican la transferencia de datos personales a terceros y la posibilidad de que esos datos sean usados para fines distintos a los que permitieron su recolección; sin bases legales ni garantías de que la información generada no será utilizada a futuro con otros propósitos, como iniciativas de policiamiento predictivo por ejemplo.

” fue el título del primer debate organizado por la Red de Alta Dirección (RAD) de la Universidad del Desarrollo (UDD) junto a La Tercera, que se realizó el 2 de septiembre, bajo el formato del exitoso foro británico Intelligence Squared (IQ2), y que congregó a cerca de 800 personas. Un caso especial es del colegio San Ignacio El Bosque, el cual posee un sistema de colegiatura diferenciada, donde el valor mensual varía en base al ingreso acquainted y la cantidad de hijos. Según los resultados de la última PAES, Cambridge College, ubicado en Providencia, fue el establecimiento con el promedio más alto (879,three desigualdad económica entre hombres y mujeres puntos). La mensualidad en este caso asciende a los $453 mil para educación media y $423 mil para educación parvularia y educación básica. El sistema escolar inequitativo alcanza su culminación con los instrumentos de selección universitaria que han existido hasta la fecha, que amplificaron las desigualdades. A pesar de su alto costo, resulta interesante que, comparativamente, estos establecimientos no logren puntajes destacados en comparación con el resto de los países de la OCDE.

Sin embargo, como ya hemos señalado, lo que la premisa abstracta de la competencia perfecta no considera, es que esta discrimina desde el propio punto de partida. Un aspecto relevante es la debilidad del modelo educativo que rige en Chile, unido a la baja calidad en infraestructura y establecimientos educacionales, lo que ha generado enormes diferencias en la población. También la cultura clasista, discriminatoria y sectaria frente a la multiculturalidad, pueblos originarios y una fuerte resistencia a la inclusión de los inmigrantes en nuestros entornos atentan contra la integración social y espacial, fomentando la escisión y fragmentación urbana. Hay formas de malestar articuladas en el marco de la matriz cultural del Chile hacendal. Hay otras formas de malestar en el marco de una operación vital en el Chile contemporáneo, de integración vía consumo y Estado subsidiario.

Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. El acceso a educación de calidad y el entorno crean diferencias desde el primer día de clases, que pueden persistir toda la vida de una persona, “marcando” socialmente a cada niña o niño afectando los conocimientos, relaciones sociales, el lenguaje, el desarrollo de habilidades y oportunidades, que se traducirán en empleabilidad, éxito profesional y movilidad social. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. La desigualdad ha devenido un tema social y político central en las sociedades en el siglo XXI.

Se trabajó con datos secundarios, programas de cursos de la carrera de Pedagogía de Educación Básica, que fueron solicitados a las y los jefes de carrera de cada universidad vía correo electrónico. Estos documentos curriculares no son de acceso público, por lo que se necesitó de la autorización de distintas instancias institucionales para su uso. Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano basic ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y ethical que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad.

Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Estas decisiones son siempre medidas paradójicas, porque, al querer controlar los disturbios, se consigue un efecto adverso de violencia y enfrentamiento.

Pero, precisamente, la necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos. El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus.

Esta información busca aportar tanto a la elaboración de las políticas públicas como para la sociedad en general. En línea con lo anterior, se pone a disposición de la ciudadanía los principales resultados sobre las desigualdades en el tiempo que hombres y mujeres destinan al trabajo remunerado, no remunerado y las actividades personales, a través de Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo y su documentación. A su vez, se presentan documentos metodológicos para promover la incorporación del enfoque de género en la producción estadística, documentos de análisis, infografías y el atlas de género, que profundizan sobre problemáticas de género a través de los datos e indicadores publicados en este sitio, así como su disposición territorial. Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. Recapitulando, si bien la categoría diversidad es parte de los aprendizajes pedagógicos, evidenciando que en la cultura chilena existe, no se abordan las históricas desigualdades educativas ni tampoco las tensiones y conflictos que sufren estos sectores de la población. Se ha demostrado (PNUD, 2017) cómo estos grupos tienen trayectorias de vida, escolares, universitarias, laborales, sociales y políticas de desventaja en relación a la población que representa la cultura dominante y, en particular, la élite (PNUD, 2017; Hofflinger & Nahuelan, 2021).

Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En particular, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. Los fondos concursables son un dispositivo distorsionado de asignación de recursos en un Estado subsidiario como el chileno. Bajo la lógica subsidiaria, neoliberal, las políticas públicas deben focalizar su inversión en aquella parte de la sociedad que no es capaz de asegurar por sí misma la provisión de bienes y servicios, población “vulnerable” o en “situación de pobreza”.

De este modo, directa o indirectamente, se aplanaban las desigualdades que solían incrementarse en tiempos de paz. De ahí que, para el autor, comprender esas “fuerzas niveladoras” que han surgido en la historia pasada parece essential para adoptar políticas y medidas concretas que nos permitan combatir pacíficamente la desigualdad en el presente y futuro. Estas formas de desigualdad permiten distinguir y analizar exclusiones, invisibilizaciones o menosprecios que pueden experimentar estudiantes por el sistema educativo. Por ejemplo, en el caso de las desigualdades socioeconómicas, Chile constituye uno de los países más segregados del mundo en la provisión de educación (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2016 en Barrera et al., 2021).

Las tensiones que existen en torno a las relaciones de género se mencionan solo en dos instituciones (In1 e In2) reconociendo las discriminaciones, sesgos, estereotipos y sexismo. En un solo curso se menciona la “perspectiva de género” como categoría analítica de un fenómeno histórico, pero que no se evidencia en el desarrollo del programa (In 1). La categoría diversidad se considera en las seis instituciones, lo que supone explicitar la heterogeneidad de la sociedad y desplazar una forma de entender el mundo reducido a la cultura dominante, sin embargo, su mención es totalmente aislada y reducida a desigualdad social y medio ambiente muy pocos cursos. En la In1, está mencionada en dos cursos; en la In2, en un curso; en la In3, en siete cursos; en la In4, en dos cursos; en la In5, en un curso; y en la In6, en veinticuatro cursos. El contenido de los programas se ordenó en matrices de análisis que permitieron identificar qué grupos se nombran y la finalidad de considerar esos grupos en los aprendizajes ofrecidos de los cursos, desde la perspectiva del análisis temático (Braun & Clarke, 2006). Se construyeron categorías previas de análisis a partir de la literatura científica y otras emergentes que nacen de la etapa de análisis.

Como plantea Fraser (2008), hasta la década de los ninety, predomina un paradigma redistributivo de la justicia social; según este, las desigualdades consisten básicamente en el acceso disímil a recursos y riqueza. Posteriormente, gatillados por los asuntos y luchas de identidad (Taylor, 2009), la desigualdad y justicia social incorpora las demandas de individuos y grupos a ser reconocidos con igualdad de trato, debido a las exclusiones que viven por causa de sus identidades culturales. Se refuerza la importancia de superar una concepción restringida de la desigualdad, propia del análisis en la sociedad industrial, donde la clase social es el issue aglutinante de otras desigualdades. Dubet (2020) propone el concepto de desigualdades múltiples, haciendo ver la multiplicidad de criterios de desigualdad que afectan a los sujetos -incluso a los de una misma clase social-, en función de los bienes económicos y culturales que disponen, pero también de acuerdo a las diversas esferas de la vida social a las cuales pertenecen. Es más; las políticas públicas en cultura han contribuido profundamente a la desigualdad social mediante el concurso de Fondos de Cultura.

Detrás de estas iniciativas existe un modelo de intervención que supone el déficit de estos estudiantes y una estrategia compensatoria de nivelación en competencias académicas básicas. Para nuestro propósito, cabe destacar que esta exhaustiva investigación multidisciplinar fue publicada un par de años antes del estallido social en Chile; es decir, las diversas formas de desigualdad que afectan a nuestro país, como a otros países de la región, estaban siendo objeto de atención desde hace un buen tiempo. Con ocasión de la crisis desigualdad y pandemia o “estallido social” que afectó a Chile con inusitada intensidad a partir de octubre del 2019, diversos análisis políticos, sociales y económicos han puesto la atención en la desigualdad como una de las principales causas del fenómeno. El malestar frente a las desigualdades, sobre todo aquellas que hieren la convivencia humana, han dado curso últimamente a diversas formas de manifestación social en el mundo entero, incluyendo algunas marcadas por la violencia.

Asimismo, se busca comprender cuál es la finalidad y el sentido de nombrar y considerar a estos grupos, distintos a la cultura hegemónica, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La diversidad sexual solo se menciona aludiendo al concepto LGTBI+ en un curso (In2) y derivada de la categoría de género. Esta es la realidad más invisibilizada en los programas, que concuerda con las investigaciones previas, que muestran cómo se perpetúa el predominio de la heteronormatividad y se omite el reconocimiento de las identidades de las diversidades sexuales. Las perspectivas de género centradas en las diferencias culturales y económicas se han enriquecido con las teorías queer, complejizando la distinción hombre y mujer e incorporando otras identidades y corporalidades como las personas trans e intersex. Son nuevos debates y realidades que desafían a las instituciones de educación superior a considerarlas e incorporar en la discusión la homo/lesbo/ transfobia como parte de la formación inicial de los docentes (Rojas et al., 2019).

Es decir, se postergó el ejercicio del poder deliberativo de los ciudadanos hasta nuevo aviso y, mientras tanto, se asumió que el management y diseño del país debía residir en las instituciones. “Dejar que las instituciones funcionen”, frase que transformó en emblema Ricardo Lagos, es un resabio claro de la forma autoritaria que adquirió en Chile el republicanismo. Los ciudadanos deben “dejar” su poder en otro sitio, es decir, prescindir de pronunciarse y ceder su acción a las instituciones y su funcionamiento. En vez de alimentar y construir instituciones cada día, debemos asumir que ellas son eternas e inmutables, siempre perfectas y por tanto los ciudadanos pueden prescindir de su libre albedrío gracias a un marco institucional que les trasciende y que guarda una sabiduría esencial. El ciudadano imperfecto retrocede (es decir, debe retroceder) ante la evidencia de un orden superior.

A la luz de la crítica situación que vive el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el tema se vuelve importante de abordar. Gran parte de su trayectoria la ha dedicado a estudiar distintos aspectos de esta materia. Se requiere con urgencia planificación urbana, no solo normativa sobre usos de suelo, sino también prospectiva que apunte a las ciudades que debemos construir hacia el año 2030 o más. Por lo tanto, no se trata solo de desarrollar proyectos aislados de transporte, áreas verdes, etcétera. Hoy conocemos las brechas de inequidad urbana entre comunas porque tenemos indicadores y estándares definidos; sin embargo, con el actual modelo de gobernanza para nuestras ciudades difícilmente lo lograremos. Las urbes que habitamos en el país no aseguran una convivencia armónica, con acceso a beneficios iguales para todos.