No estamos partiendo de cero, porque en las décadas pasadas se crearon condiciones institucionales y económicas, expectativas y derechos sociales sobre las cuales hoy día estamos parados”. Pero también tenemos muchos lastres heredados que nos impiden muchas veces avanzar más rápido y también nuevos desafíos que enfrentar. Estamos abocados a encontrar los medios que nos permitan superar los obstáculos y a crear las condiciones que nos permitan ponernos a la altura de las nuevas oportunidades y retos. Y hemos puesto a Chile en movimiento, y todos y todas estamos comprometidos a llevarlo a buen puerto. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis desigualdad pdf humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos.
En ella, Rousseau sostiene que la desigualdad social y política no es natural, que no deriva de una voluntad divina y que tampoco es una consecuencia de la desigualdad natural entre los hombres. Por el contrario, su origen es el resultado de la propiedad privada y de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza del mundo y de los beneficios privados que derivan de esa apropiación; ya en esa época, buscar respuestas a la desigualdad social era un tema central para las ciencias sociales. A través de mi experiencia en el sector privado, puedo afirmar que la sostenibilidad empresarial está ligada intrínsecamente al bienestar social. “La empresa depende y prospera con la cohesión y la estabilidad social, lo que se supedita al respeto de los derechos humanos, y al progreso de la dignidad, la igualdad y la inclusión económica”, asegura la Visión 2050.
«Hay un grupo appreciable que percibe altas disparidades económicas, pero también hay un grupo que, en cambio, considera que las disparidades son relativamente bajas», se lee en el análisis. Para la Directora Ejecutiva de CIDENI, Ester Valenzuela, “salir de la pobreza no es una responsabilidad individual de las personas, sino una responsabilidad del país”, agregando que Chile “necesita una ley de Garantías y una institucionalidad que integre la participación de los niños, niñas y adolescentes”. La organización multinacional agrega que, sin embargo, no siempre se pueden ejecutar las mismas medidas en todos los territorios, ya que se deben adaptar de acuerdo a las necesidades y realidades de cada país, lo cual hace complejo encontrar la forma de avanzar de manera positiva. En este sistema, un país que tiene un coeficiente de cero gozaría de la igualdad perfecta, donde todos sus habitantes recibien el mismo ingreso. Por el contrario, un país con un coeficiente de 1 adolecería la desigualidad extrema, donde un habitante se llevaría todos los ingresos mientras el otro se quedaría sin nada. Además indica que otros factores que influyen tienen que ver con que desde el Estado hay una invisibilización de las diferencias de clases sociales, lo que hace que las personas se perciban como iguales.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia publica mensualmente información actualizada del valor de la CBA y de las líneas de pobreza extrema y no extrema en base a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El valor de la CBA es actualizado mensualmente de acuerdo a la variación de los precios de los productos que la componen en el IPC. El valor de la CBA fue determinado a partir del gasto de aquel grupo de hogares (estrato de referencia) correspondiente al quintil de menores ingresos per cápita que, dado su patrón de gastos en alimentos, satisface en promedio los requerimientos calóricos recomendados por persona al día. La medición de la pobreza de acuerdo a estas dos metodologías es realizada de manera simultánea con información estadística levantada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), instrumento con cobertura nacional cuya realización está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Cuando los estudiantes de estos colegios son evaluados por PISA logran resultados similares al promedio de los estudiantes de la OCDE, que en su mayoría asisten a escuelas públicas. Menos del 5% de los estudiantes de Chile son capaces de alcanzar los niveles máximos de aprendizaje en la prueba PISA”. Sumado a ello, los estudios que abordan estas instituciones en Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido muestran que otro carácter de distinción de estos colegios son los cierres físicos, pues usualmente están ubicados en lugares alejados, con escaso acceso a transporte público. La metodología en explicit que aplica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia toma como modelo la desarrollada por el U.S. Census Bureau para estimar las cifras oficiales de pobreza a nivel local y que sirven como base para la distribución de fondos públicos entre localidades, integrando, además, las mejores prácticas recomendadas en la literatura especializada. Uno de sus integrantes de 15 años o más que se encuentra ocupado no cotiza en el sistema previsional y no es trabajador independiente con educación superior completa.
Dada la profunda transformación económica, social y política por la que atraviesa nuestro país, es urgente generar una pausa en el clima de polarización para revisar cómo queremos vivir el presente y cómo queremos proyectar el futuro. Quinto, la elite social (dirigentes sindicales, estudiantiles, etcétera) es la que, por lejos, mejor representa políticamente los intereses de la ciudadanía. Aquello contrasta con la visión política, repetida por la derecha, sus medios, y cada cierto tiempo coreada por sectores de la centroizquierda, de que la irrupción de los movimientos sociales puede hacer peligrar la capacidad de nuestra democracia de representar los intereses de la mayoría. En síntesis, en Chile tenemos una desigualdad alarmante en cuanto a la seguridad con que ciertos grupos sociales pueden enfrentar los riesgos propios de la vida y del mercado laboral. Una desigualdad que se conecta con nuestros miedos más profundos y que, por lo mismo, puede generar indignación. En este texto abordo esta pregunta tratando de ser riguroso y apegado a los hechos, pero consciente de que, más allá de lo bien que podamos caracterizar tanto la desigualdad como el estallido social, establecer una relación entre ambos fenómenos es un ejercicio eminentemente especulativo.
Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado. Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se define como regresiva. Si bien estos indicadores aún no alcanzan la relevancia que tiene el coeficiente de Gini en el debate público, en parte porque su disponibilidad es más reciente, hoy son el estándar en el debate académico sobre desigualdad.
Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Así, el IVA a los alimentos es un impuesto regresivo, ya que estas familias pagan una mayor proporción de su ingreso en esos impuestos. Esto es importante para nuestro país, porque muchos analistas han argumentado, equivocadamente, que desigualdad social caracteristicas la desigualdad ha disminuido significativamente en los últimos 30 años. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global. Sin embargo, no son suficientes para entender el problema en su globalidad y pueden inducir a conclusiones erróneas.
Del mismo modo ocurre en las instancias formativas, las cuales se empeñan en sostener que las diferencias de clases tienen un impacto directo en la inteligencia. El programa continúa creciendo para incorporar un módulo para el apoyo al empleo, la pink de apoyos y cuidados, y como base para apoyar el diseño de las oficinas locales para la infancia, lo que permitirá entregar una prestación integrada de servicios a los niños y sus familias. También se está implementando un módulo base para las delegaciones presidenciales a nivel regional y provincial. Esta estrategia se basa en las recomendaciones de política pública para que Chile alcance un desarrollo sostenible e inclusivo y en aquellas para desarrollar un sector privado más fuerte, para una sociedad más productiva e inclusiva. La desigualdad, dicen académicos, tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales.
El profesor de la Escuela de Gobierno UC e investigador de MLIV, Eduardo Undurraga, recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace más de 30 años, estableció el derecho de toda niña, niño y adolescente a un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, ethical y social. Las niñas, niños, y adolescentes tienen mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza y deprivación severa, lo que puede tener consecuencias dañinas y duraderas para su desarrollo y el de la sociedad”, explicó. El director ejecutivo de Colunga, Arturo Celedón, destacó el aporte que la investigación tiene para poder mejorar las políticas públicas dirigidas a la niñez y la colaboración de las distintas organizaciones de la alianza. «Llevamos décadas diciendo que Chile en términos de distribución de ingresos, tenemos una alta desigualdad y no mejora incluso después de algunas medidas redistributivas. Del punto de vista de la desigualdad materials, está claro que no la hemos logrado podido revertir eso», detalla Méndez. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.
El impacto de una distribución mas igualitaria no será inmediato, porque requiere que esos niños y jóvenes que crecen en un contexto mas igualitario sean adultos y reciban los retornos económicos a las inversiones en capital humano de las que se beneficiaron cuando niños. Además, hay una batería de políticas que pueden considerarse para promover la movilidad y que incluyen, por ejemplo, invertir más en la salud, educación, y bienestar de familias más pobres. Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. Los datos presentados en el índice de pobreza multidimensional de 2019, revelaron una escasa relación entre la pobreza y el grado de desigualdad económica, bajo esta relevante problemática es evidente la necesidad de lograr un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible. La desigualdad de Chile tiene una importante dimensión territorial, cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano y, en consecuencia, inhiben el crecimiento económico. Bajo este contexto uno de los principales beneficios del proyecto “Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Región de Antofagasta”, es la exploración de las disparidades territoriales en aspectos claves para el desarrollo sostenible de las regiones y sus comunas.
Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de
