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Sin embargo, cuentan con Estados que usan instrumentos que reduzcan estas inequidades de manera mucho más efectiva. Como consecuencia, el nivel de desigualdad en estos países se scale back sustancialmente después de la aplicación de los impuestos y transferencias aplicados por los Estados. Por esta razón, puedes observar que el nivel de desigualdad después de impuestos y transferencias, representado por la línea en la gráfica, se cut back sustancialmente después de la aplicación de estos instrumentos. El reconocimiento de la salud como un derecho debe venir acompañado con el reconocimiento de que es un bien o servicio público, lo cual implica una asignación prioritaria de recursos públicos. Sin embargo, a excepción de Argentina y Uruguay, los países que analizamos, y que han firmado el PIDESC, gastan menos del 6% de su PIB (Producto Interno Bruto) en salud pública.

Debido a los prolongados cierres de las escuelas y a los resultados de aprendizaje deficientes, el aumento de la pobreza de aprendizajes —el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer un texto básico— podría llegar al 70 % en los países de ingreso bajo y mediano, de acuerdo con estimaciones recientes del Banco Mundial. La desigualdad pone en peligro la consecución de los objetivos económicos generales propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la erradicación de la pobreza extrema, la promoción del trabajo decente y la transformación de las estructuras económicas. La desigualdad no es una cuestión de suerte u oportunidad y puede corregirse mediante políticas y reformas, argumento expuesto recientemente en la innovadora investigación de Thomas Piketty.

Los criterios de elección de los documentos radican en que fueron firmados por los organismos mencionados5 y son significativos para pensar la definición de desigualdad que proponen. Se considera el Informe sobre la equidad del Banco Mundial publicado en 2006, en el que se producen algunos saltos conceptuales que pretenden avanzar más allá de las definiciones de la lucha contra la pobreza y, en el modo en que se establece la relación entre un diagnóstico global y el rol de los Estados frente al problema de la desigualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir (2010), considerando que, ya hacia el año 2000, CEPAL mostraba su preocupación por el vínculo entre equidad, igualdad de oportunidades e integración social, a través de un interrogante orientado a las condiciones de posibilidad del crecimiento económico de mediano plazo. Finalmente, el Informe de Desarrollo Humano 2010, titulado La verdadera riqueza de las naciones.

También puede ocurrir que gobiernos y empresas controlen el suministro de agua de manera que la población no tiene un acceso adecuado a ella. Los defensores y defensoras de los derechos humanos incluso han recibido amenazas de muerte por defender este derecho. Por otro lado, en los países de América Latina y el Caribe (representados por las barras amarillas en la gráfica) la desigualdad antes de impuestos es casi igual a la desigualdad después de que el gobierno recauda impuestos y ejerce el gasto público. Por esto, el espacio entre las barras y la línea en esa parte de la gráfica es mucho más angosto en comparación con el resto de la gráfica con los datos de los demás países del mundo. Las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos han sido insuficientes para cumplir con su deber de erradicar la discriminación y promover la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos humanos.

La pandemia también provocó el mayor aumento de la desigualdad entre países en tres décadas. En ese contexto, es perfectamente posible incluir a millones de personas bajo la cobertura de la política social y, al mismo tiempo, conferirles un estatus de ciudadanía que las ubica en un lugar inferior en relación con otros grupos sociales. Este artículo propuso comprender cómo las mutaciones que ha atravesado la definición de la cuestión social argentina en las últimas tres décadas se vincula a los lineamentos que los organismos internacionales han ido construyendo para orientar la política social en América Latina.

El informe se propone realizar un análisis actual y retrospectivo, a partir del año 2000, con la intención explícita de enriquecer el debate público y contribuir a las plataformas de los candidatos en las elecciones presidenciales de 2018. Este punto podría replantearse, subrayando que en estos momentos su utilidad desigualdad en la distribución de ingresos puede ser central para el nuevo gobierno, para la elaboración de políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades sociales por vía de la interacción entre sociedad, gobierno y academia. No es posible reducir brechas sociales si no conocemos cuáles son y si no diseñamos políticas encaminadas a disminuirlas.

Por ejemplo, es más probable que las mujeres trabajen en sus hogares o en los negocios de sus familiares, muchas veces sin remuneración, que en sus propios negocios. Las nuevas estimaciones desvelan nuevas perspectivas sobre la magnitud de las disparidades de género en los mercados de trabajo, subrayando lo importante que es mejorar el acceso de las mujeres al empleo y cambiar las diferencias de calidad de los puestos. En los países de renta alta y media-alta, los ingresos laborales relativos de las mujeres alcanzan los fifty desigualdad en la globalizacion eight y fifty six céntimos respectivamente. Esta disparidad en los ingresos se debe tanto a los menores niveles de empleo de las mujeres como a sus menores ingresos medios cuando tienen un trabajo.

Sin embargo, actualmente, este proceso se ha detenido a partir de la crisis hegemónica que vive el mundo y el avance de fuerzas regresivas, autoritarias y de extrema derecha que han crecido en diversos países de la región. Observando índices que nos permitan conocer el acceso a la educación, sanidad, justicia, and so on. También, viendo las tasas de agresiones contra inmigrantes y extranjeros; si ciertas religiones están prohibidas o perseguidas en algunos países; el trato que reciben las mujeres, and so on. Por ejemplo, cuando se habla de desigualdad entre los países latinoamericanos, la unidad a comparar es el país, unificando el resto de subunidades internas.

Por lo tanto, los países tendrán que establecer el tipo de infraestructura y capacidad productiva que propicie una economía más diversificada basada en la política industrial, superar gradualmente la dependencia de los productos básicos y alcanzar cierto grado de éxito en actividades industriales más complejas. De esta manera, se sostiene, los documentos desplazaron la mirada de la pobreza como definición de la cuestión social que había orientado las políticas sociales desde principios de los ochenta (Merklen, 2005), para instalar la desigualdad como categoría experta para su diagnóstico. En este sentido, si bien anteriormente la desigualdad era identificada como el resultado que generaba la focalización de las políticas en los grupos considerados más vulnerables, la cuestión por ser resuelta era la pobreza y, no la propia desigualdad (Minteguiaga, 2009, p. 51). Se habla de desigualdades ante el cambio climático como producto de la intersección entre diferencias en la exposición a riesgos ambientales crecientes por las desventajas sociales, económicas e institucionales de algunos grupos. Por otra parte, tanto en el informe, como en su resumen ejecutivo, se utilizan viñetas para contrastar el caso de dos mujeres y dos hombres que tienen condiciones de vida muy diferentes, que repercuten de manera profunda en sus oportunidades y en los resultados que pueden alcanzar a lo largo de sus vidas. Para tales efectos en este trabajo, se utiliza un enfoque de minería de datos,1 en donde se consideran variables que bajo algún argumento teórico tienen relación con la globalización.

La denominada brecha de empleo es un nuevo indicador que desvela cómo la desigualdad en el acceso al trabajo, las condiciones laborales y las diferencias salariales es mayor de lo que se creía hasta el momento. El objetivo de poner fin a la pobreza extrema va de la mano con el objetivo del Grupo Banco Mundial de promover la prosperidad compartida. En general, impulsar la prosperidad compartida se traduce en mejorar el bienestar de los segmentos menos favorecidos de cada país, e incluye un fuerte énfasis en combatir las persistentes desigualdades que mantienen a las personas sumidas en la pobreza generación tras generación. El impacto se multiplica aún más en las comunidades y a través de las generaciones al empoderar a las mujeres, las niñas y los jóvenes. El coeficiente se distribuye en el intervalo comprendido entre 0 y 1, siendo 0 equivalente a “máxima igualdad” y 1 a “máxima desigualdad”, ambos referidos a ingresos salariales.

Muchos de estos países, que ya se encuentran en situación de sobreendeudamiento, deben enfrentar una escasez de recursos aún mayor. El trabajo esporádico en línea es un aspecto esencial del mercado laboral y una fuente de ingresos, pero solo para aquellos que pueden acceder a él. Las políticas migratorias mejoradas no solo pueden ayudar a aliviar la crisis; también pueden impulsar el crecimiento económico y la prosperidad.

Entre países, debemos garantizar que los países en desarrollo estén mejor representados en el proceso de toma de decisiones sobre los problemas mundiales, a fin de que las soluciones sean más eficaces, más dignas de crédito y más responsables. Las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. Cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano y, en consecuencia, inhiben el crecimiento económico. Asimismo, afianzan la incertidumbre, la vulnerabilidad y la inseguridad, socavan la confianza en las instituciones y el Gobierno, aumentan la discordia y las tensiones sociales, y desencadenan actos violentos y conflictos.

La iniciativa privada y el sector público han buscado defender sus intereses, ahora deben buscar un equilibrio entre ambas. La variabilidad de los resultados en el método De Oña sugiere que dependiendo de las circunstancias de cada país será el efecto de la globalización sobre la desigualdad, siguiendo esta línea de investigaciones futuras enfocadas en la combinación de los factores, para encontrar generalizaciones más estables. Con respecto a la globalización tecnológica no hay duda de que los créditos a las tecnologías de información y el gasto en investigación y desarrollo son importantes para reducir la desigualdad mientras que la exportación de alta tecnología la aumenta. El intercambio de mercancías es el issue más estable de la globalización comercial e indica una relación negativa con el coeficiente de Gini, es decir, su incremento disminuye la desigualdad, al igual que los términos de intercambio aunque con menor magnitud. Son la exportación e importación de servicios y productos intermedios lo que aumenta la desigualdad.

Como resultado de la disaster, los sistemas de protección social y de salud no tienen los recursos necesarios y generalmente no pueden mantener el nivel de atención que la población demandada. Esto exacerba las desigualdades de género e interseccionales preexistentes, impactando desproporcionadamente a aquellos que ya están luchando para acceder a recursos como es el caso de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Reconocer estas diferencias es fundamental para comprender el verdadero impacto de las emergencias de salud y para el diseño de respuestas adecuadas, efectivas y equitativas. En cambio, consideramos que los modos de intervención de los estados y la naturaleza y alcance de las definiciones e instituciones ligadas al bienestar han variado en estrecha vinculación con los lineamientos que los organismos internacionales promovieron –en tanto que discursos expertos– para la política social de América Latina. La corrupción es un problema histórico en casi todos los países de la región y en varios ámbitos de nuestro día a día. Al reducir la calidad del gasto público, obstruir la rendición de cuentas y erosionar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, la corrupción debilita la capacidad de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

La segregación racial puede resultar en la marginación de minorías sociales e individuos debido a su procedencia, por el shade de la piel o por la pertenencia a una cultura vista como inferior. Las comunidades marginadas, por lo general, cuentan con menos capacidad de participación política. Por esa razón, los gobiernos democráticos deben llevar a cabo esfuerzos para integrar a todos los miembros de sus sociedades en la participación en elecciones y en otros ámbitos de toma de decisiones.

El análisis de Florestan Fernandes sobre el desarrollo capitalista en América Latina y de la integración del «negro» en el desarrollo capitalista en Brasil es, sin duda, un clásico. Fernandes conceptualiza la situación de la región en comparación con el modelo inglés y europeo. Ve el capitalismo latinoamericano como desordenado, «desprolijo», con desfasajes temporales y asincronías entre procesos que en otros lugares fueron simultáneos9. No se trata solo de que la región llegó «tarde», sino de que el desarrollo capitalista en América Latina implica una combinación específica de historia y estructura que requiere una explicación e interpretación.

Luego, para lograr la democracia igualitaria o el socialismo participativo, es necesario vincular el poder social con el poder estatal de tal forma que este último se subordine al primero. Se sigue que la combinación del poder social y estatal, a su vez, subordinaría el poder económico en la sociedad (p.671). CJBE concluye que los intereses vitales del trabajador colectivo o la clase trabajadora deben sustituir al capitalismo neoliberal. Este es el hilo conductor de cualquier movimiento o partido político cuyo objetivo sea construir el socialismo participativo.

Si se mantienen los sistemas fiscales abusivos no es posible luchar contra la desigualdad económica. Para concluir esta lección sobre las clases sociales en la Antigua Roma debemos hablar sobre las principales clases sociales durante la última etapa de Roma, siendo la conocida como Imperio Romano. Para conocer las clases sociales en la Antigua Roma dentro de la etapa de la República, tienes que saber que se dividían de la siguiente manera. Sin embargo, su situación económica mejoró sustancialmente durante los siglos XVII y XVIII, dado que comenzaron a ser dueños de muchas haciendas o concesiones mineras.

Las ocupaciones que son clasificadas como trabajos comunes y que todas las personas pueden ejercer con poco entrenamiento o escasa capacidad tienden a pagar menos. Dentro de cada grupo ocupacional hay grandes diferencias en el poder adquisitivo, especialmente en los niveles profesionales y administrativos más altos. Lo que hace la desigualdad económica en sí es estratificar o crear clases o niveles en la sociedad, es decir, ricos/clase media/pobres. Aun después de las reformas introducidas a partir de 2006 para mejorar el sistema desigualdad en general de pensiones en las dimensiones mencionadas, 70% de los ciudadanos consideran que los beneficios están por debajo de los niveles requeridos. De hecho, en Chile más de 40% de los beneficiarios reciben un ingreso por debajo de la línea de pobreza y 79% lo hacen por debajo del salario mínimo. Las tasas de reemplazo son sumamente deficientes, ya que alrededor de 50% de los beneficiarios reciben una pensión menor a 38% del valor promedio de sus salarios en los últimos diez años (para las mujereses peor, ya que la cifra es 24,5%)5.

Si deseas leer más artículos parecidos a Clases sociales en la Antigua Roma, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Historia. Los reconocimientos legales, propiciados por órdenes como la de los jesuitas, no llevaron aparejados ningún tipo de ventaja social para los indígenas. Más allá de ser reconocidos como comunidad y tener un juzgado especial, eran los más desfavorecidos. La capa más alta de la sociedad estaba formada por los españoles provenientes de la península. Eran los menos numerosos, pero los únicos que podían ejercer los cargos de más responsabilidad. En este grupo se encuentran los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los científicos, los educadores, los emprendedores, los obreros, entre otros.

Para Rousseau, la desigualdad surge como una consecuencia de la propiedad privada y de aquéllos que se apoderan de las riquezas del mundo. Por lo general, son las minorías sociales las que reciben con mayor frecuencia un trato discriminatorio. Los grupos dominantes se valen de la discriminación para ejercer management sobre los grupos minoritarios. Lo anterior se fundamenta parcialmente en las notables diferencias en el nivel de ingreso de la población mexicana. Según el INEGI, el ingreso promedio de un mexicano del sector más acaudalado de la población es de 1.853 pesos diarios, mientras que un mexicano del sector más pobre recibe solamente 103 pesos por día. La relevancia de la informalidad laboral es otro signo de desigualdad en tanto representa una carencia o falta de cobertura por parte de la legislación en materia de trabajo.

La lucha por alcanzar una igualdad social plena ha ido variando a lo largo del tiempo en función de los cambios que han experimentado las sociedades. Otros elementos que pueden motivar la desigualdad social son la cultura, la etnia, la raza, la religión, el origen y la nacionalidad, las costumbres y la ideología. La desigualdad, del tipo que sea, supone graves consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social.

La primera parte («La salud y el sistema sanitario desde la perspectiva de género y clase social») tiene por objetivo hacer una «fotografía» de la salud, sus determinantes, la atención sanitaria y las políticas en el Estado español desde la perspectiva de las desigualdades de género y de clase social. Cuando se realizan estudios de estratificación social en relación con la dimensión territorial se suele considerar que las regiones administrativas no son un buen lente de análisis, debido a que son excesivamente amplias, heterogéneas y que abarcan zonas de diversos rasgos internos, incluyendo zonas urbanas y rurales (Barozet et al., 2009). Al otro extremo de la escala, se puede usar la comuna como nivel de análisis; así se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Chile en estudios sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos a nivel comunal (Agostini, Brown & Góngora, 2008; Ramírez et al., 2009). Sin embargo, los municipios constituyen unidades demasiado reducidas para un análisis capaz de abarcar a las clases medias.

La posición dominante de Santiago en las funciones de dirección y más intensivas en capital humano características de la dinámica de la globalización se corresponde con una numerosa clase de Servicios Alta, pero sin prescindir de una marcada presencia de la clase de Servicios Baja y las clases de Rutinas No manuales. La centralización de esas funciones en esta gran metrópoli no excluye que otras ciudades grandes también cuenten con una marcada presencia de las clases de Servicios. En las minoritarias clases medias de los territorios que no constituyen ciudades grandes o intermedias, en los cuales la agricultura ha ido perdiendo peso desigualdad en la distribución de ingresos en el empleo en un proceso de larga duración, predominan los Independientes o la clase de Rutinas No-manuales. Allí las reducidas clases medias son de todos modos de mayor tamaño que las clases de Agricultores y Trabajadores Agrícolas, excepto en las comunas más aisladas y sin centro urbano menor, que se siguen caracterizando por una muy escasa proporción de clases medias y, sobre todo, por una mayor cantidad de Agricultores y Trabajadores Agrícolas. Las transformaciones sociales de la segunda mitad del siglo XX también han polarizado los recursos estructurales de capital, conocimiento, organización y trabajo en América Latina.

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Además, se confeccionó una primera lista de autores y autoras responsables de los artículos, así como de los coordinadores de cada capítulo. Con esta propuesta, se hicieron los contactos con los autores y coordinadores y, una vez aceptaron la responsabilidad, se les hizo el encargo formal mediante una carta donde se les explicaba el proceso y las tareas concretas a realizar. Al corte del 2021, la Ensanut (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) mostró que el 38% de la población mexicana no cuenta con acceso a ninguna institución de salud, ni pública, ni privada.

Está demostrado que la educación influye en el bienestar common, la productividad, el capital social, la ciudadanía responsable y el comportamiento sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge el Objetivo de Desarrollo Sostenible four, que pretende garantizar «una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos». El proceso de recorrer juntos este camino ha comenzado y requiere un impulso para continuar, especialmente ahora que debemos afrontar las devastadoras consecuencias de una pandemia de larga duración. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan.

Su insatisfacción no produce daño en el resto de equilibrio de las necesidades básicas o en la calidad de vida o vida de las personas, no resulta insoslayable; pero claramente su no satisfacción produce menor bienestar o malestar. Pero son, objetivamente valorados, sacrificios triviales que las personas pueden permitirse realizar sin poner en riesgo su vida ni el desarrollo de sus capacidades básicas, sino en el mayor de los casos algún nivel de calidad de vida; ya que, si así no lo fueran, estaríamos frente a necesidades derivadas de satisfactor adecuado. Desde este núcleo esencialmente biológico-antropológico de lo necesario para los seres humanos, es posible avanzar a lo que es necesario para ser humano como ser social, completando el esquema de las necesidades básicas con las necesidades sociales o relacionales, que se vinculan de manera directa y dependiente al escenario social, político, cultural, histórico y geográfico en que se sitúan las personas. Necesidades dinámicas y abiertas que están definidas y condicionadas por el propio escenario social heterogéneo que habitamos, y desde donde las formas de satisfacción y los satisfactores, incluso los niveles o grados de satisfacción, son también históricos, culturales y situados. Necesidades que incluyen a otras que puedan ser constituidas -al menos parcialmente- por requerimientos culturales y por las oportunidades socioeconómicas que presenta la concreta sociedad en que viva la persona y los recursos económicos de las sociedades próximas; lo que explica el carácter expandible, dinámico y modificable de estas necesidades en common y, fundamentalmente, la forma y los grados en que se satisfacen y la manera o los recursos utilizados. Son necesidades de personas situadas y, por lo tanto, todos los satisfactores están también situados, histórica y culturalmente y son relativos al entorno de desarrollo social de cada ser humano, expresando la necesidad misma de recibir, practicar y desarrollar los aspectos de la socialización que implican las relaciones humanas, la construcción individual y colectiva de lo humano y el desarrollo del yo social en las diferentes esferas de relaciones humanas.

Luego de experimentar una tendencia a la baja durante el denominado periodo de industrialización orientado a la sustitución de importaciones (gráficos 1 y 2), consignada para el corte 1958 y acrecentada hacia principios de la década de 1970, la estratificación material extrema experimentó en Chile transformaciones dramáticas entre la segunda mitad de la década de 1970 y fines de la de 1980. El índice de poder material (en adelante IPM) consiste en estimar el poder material relativo de dichas fortunas en comparación con el de la población promedio. De esto se obtiene un valor que señala a cuántas veces el PIB per cápita equivale el valor consignado en la escala oligárquica. La desigualdad authorized involucra un reconocimiento desigual de las personas ante la ley, lo que puede dar pie a otras situaciones de desigualdad.

El acceso de los ciudadanos a recursos económicos adecuados es un componente esencial de su bienestar actual. El flujo de ingresos y el saldo de patrimonio al cual pueden recurrir las personas y los hogares determina su capacidad para satisfacer sus necesidades y deseos, así como su libertad para elegir cómo vivir su vida, lo cual incluye los bienes y servicios que desean consumir y a los cuales quieren tener acceso. Para poder elaborar un panorama completo de estas condiciones materiales a nivel particular person o acquainted es necesario tener en cuenta los ingresos, el consumo y el patrimonio.2 No obstante, la falta de datos comparables sobre saldos de patrimonio en países de América Latina imposibilita actualmente la evaluación en este capítulo de esta última característica de los recursos económicos. Las necesidades han tenido, desde los distintos acercamientos de la filosofía jurídica y política, una historia compleja y polémica que las han llevado a ocupar un inmerecido lugar marginal en las teorías de la justicia y en la fundamentación de derechos. Pero es posible y deseable, y es el objetivo de la concepción de necesidades que defiendo a continuación, reivindicar el rol de las necesidades como prerrequisitos de la autonomía private, como afirma Nino.

Los igualitaristas deontológicos, en cambio, entienden que la gente es injustamente tratada en sentido comparativo si son consideradas de forma diferente, por lo que la desigualdad es injusta y mala porque implica necesariamente un mal hacer, por la forma en que ésta se ha producido; aunque otros apelan a la justicia no comparativa y remiten a la valoración de las personas según los méritos. Así, ambas formas de igualitarismo se diferencian en el análisis de una desigualdad que no puede evitarse; ya que para los deontológicos no puede haber injusticia si no hay nada que pueda ser hecho, mientras que algunos igualitaristas teleológicos entienden que también son en sí mismas malas las desigualdades estimadas como inevitables, porque es éste estado de cosas lo que es malo o injusto, y no sólo lo que se debe hacer o lo que se ha hecho mal13. Resulta imprescindible, entonces, comenzar por exponer qué entendemos por igualdad, explicitando lo que late detrás de la exigencia igualitaria de la autonomía; ya que, aunque la igualdad es un valor comúnmente defendido por todxs (casi) lxs autorxs3 de la filosofía jurídica y política y en todas las áreas del pensamiento, también presenta una seria dispersión tanto teórica como política. Como afirma Dworkin, referirse a la igualdad sin matices no es sólo un valor político débil o que puede ser anulado fácilmente por otros valores, sino que no es un valor en absoluto; ya que la igualdad es un concepto altamente controvertido y todxs se refieren a ella en alguna de sus muchas acepciones4. Los principios subyacentes al desarrollo inmobiliario juegan un papel central en el establecimiento de estas relaciones.

Se trata de un descenso mucho más pronunciado que el del conjunto de la región, donde la tasa de pobreza absoluta pasó del forty five,2% al 30,5%, y la de pobreza extrema se redujo del 12,2% al 11,4%. La reducción de la pobreza absoluta fue particularmente importante en Uruguay (del forty three,7% al 3%), Chile (del 42,8% al 10,7%) y Perú (del forty three,7% al 15,4%). El trabajo y la vivienda siguen siendo los principales retos que afronta la región, en especial en el contexto de la pandemia, durante la cual las precarias condiciones laborales y habitacionales han sido importantes factores impulsores de la expansión del virus. Aunque hasta 2019 los niveles de desempleo fueron relativamente elevados en la región, también en los países analizados, datos recientes muestran que la crisis desigualdad y pobreza en el mundo del COVID-19 ha tenido efectos claramente negativos sobre los niveles de empleo y desempleo. Asimismo, más allá de la cantidad de empleo, su baja calidad y, en specific, la prevalencia de la informalidad, han redundado en un aumento de la precariedad laboral. En consecuencia, durante la pandemia, muchos trabajadores tuvieron que elegir entre obedecer la orden de quedarse en casa y ganar un sustento.

Pero resulta muy complejo establecer esa prioridad e identificar quiénes están peor, si los que están económicamente peor, considerando en basic todos los aspectos de su vida, los que actualmente están económicamente peor o los que tienen necesidades que son moralmente más urgentes. Parfit señala que las consideraciones segunda y tercera generalmente coinciden, a diferencia de la primera y la segunda; ya que alguien podría estar actualmente mal en términos económicos y haber estado antes mucho mejor o poder estarlo en el futuro, mientras que, con algunas excepciones, si algunas personas tienen necesidades más urgentes es que actualmente están peor15. Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores. Si bien la tecnología puede ser un gran elemento igualador —por ejemplo, al mejorar la conectividad, la inclusión financiera y el acceso al comercio y a los servicios públicos—, las personas que aún no están conectadas pueden quedar aún más marginadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el progreso se está ralentizando, e incluso invirtiendo, en algunos grupos. La publicación reconoce que en Chile se han visto avances en numerosos ámbitos durante las últimas décadas, como la reducción de la pobreza, el mayor acceso a la educación superior y la consolidación democrática.

Por acción o por inacción, son las personas, y no las máquinas, quienes determinarán cómo será la sociedad del mañana. El gobierno chileno intentó implementar un subsidio por estudiante (voucher), pero según investigaciones de expertos chilenos e internacionales, esto no tuvo éxito porque reforzaba la segregación escolar, ya que las escuelas privadas podrán admitir estudiantes desigualdad social y pobreza en el mundo por preferencia y ganancias, mientras que las escuelas públicas no podían hacer lo mismo y estaban sujetas al estatuto más rígido. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital.

Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–.

Esto señala el uso de este mecanismo por parte de algunos oligarcas para intentar estrechar sus lazos con estos partidos, con el presumible propósito de asegurar la representación de sus intereses y posición ideológica tanto en el parlamento como en la Convención Constitucional. Como un caso explicit, destaca en este plano la figura de Hernán Büchi Buc (Ministro de Economía y Hacienda entre 1985 y 1989), quien a lo largo de todo el periodo estudiado es consignado como parte de los directorios de Soquimich (grupo Ponce-Lerou), Falabella S.A. Esta distinción no busca obviar que grupos de más larga data, como Luksic y Angelini, tuvieron la oportunidad de consolidar su encumbramiento definitivo adquiriendo corporaciones y entidades bancarias en el marco de la segunda ronda de privatizaciones, sino más bien, identificar qué grupos encumbraron exclusivamente a partir de este controvertido proceso (ver González et al., 2020, para profundizar en la concept de privatizaciones controvertidas). La intensidad oligárquica consiste en medir el peso del poder de riqueza de los oligarcas superiores en la economía common, a través del cálculo del porcentaje del PIB que representan las principales fortunas combinadas (la suma del patrimonio neto).

En cuanto al acceso preferente a los medios de comunicación, cabe señalar la concentración de la propiedad de algunos medios como Canal 13 y Mega,28 por parte de los grupos Luksic y Solari, respectivamente, y de Chilevisión, por parte del grupo Piñera, al menos hasta antes del inicio de la carrera presidencial de Sebastián Piñera camino a las elecciones de 2009. En esta arista sin duda destaca el grupo Saieh, como principal controlador del Grupo Dial y el holding Copesa que, entre otros, dirige el influyente medio de prensa económica LT Pulso, tribuna desde la cual hablan permanentemente reputados empresarios y líderes gremiales del sector. Este antecedente resulta significativo si consideramos que el PIB registrado el 2016 fue un 21% mayor que el de 2011, siendo estimados en 424 y 349 mil millones de dólares, respectivamente. Esto sugiere que los incrementos o decrecimientos de la riqueza de las principales fortunas del país no ha ido necesariamente en línea con los rendimientos de la economía nacional. La intensidad oligárquica, es decir, el peso de la riqueza de las principales fortunas en el conjunto de la economía posiciona a Chile en el primer lugar, con una cifra que duplica el porcentaje de sus homólogos que le siguen en la región.

Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno felony e incluso en casos extremos, al tráfico de personas. Cuando nos referimos a los seres humanos, se habla de desigualdad cuando falta un equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. NOGUERA FERNÁNDEZ, A., Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.

El incremento medio del INB per cápita en ALC eleven también fue superior al aumento del promedio regional desde el año 2000, reflejo de las mejoras sustanciales en las dos últimas décadas en un número reducido de los países analizados, en particular en Chile, Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay. Como suele ser ordinary, el promedio enmascara las amplias divergencias entre países; por ejemplo, el INB per cápita de Ecuador (11.044 USD) no llega a la mitad del de Chile (23.261 USD) en 2019. Por otra parte, la brecha de ingreso nacional per cápita entre la OCDE y el conjunto de la región de ALC, así como en relación con el grupo analizado, viene ampliándose desde el año 2000. La desigualdad social es la situación en que una persona o grupo se encuentra en desventaja respecto a otro grupo, siendo esta desventaja resultado de condiciones estructurales de la sociedad en que ambos grupos conviven. La desigualdad social condiciona las oportunidades de los desfavorecidos y afecta su calidad de vida, pero también incide negativamente en el desarrollo del país. Lo cual implica, obviamente, modelos de Estado y de derecho que lo posibiliten, que se tomen en serio las políticas fiscales para garantizar políticas sociales igualitarias y eficaces con crecimiento económico sostenible social y ecológicamente, estructurados con economías sociales y fortalecidos con un sistema de derecho con mayor justicia social.