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Una vez hecho el diagnóstico inicial, es imperativo generar herramientas más precisas y profundas que nos permitan complejizar los cuestionamientos que nos hacemos cuando nos referimos a la desigualdad. ¿Es esta una discusión que concierne principalmente a quienes viven en la Región Metropolitana, pero que omite la presencia de otros fenómenos y problemáticas más urgentes a resolver en otras partes del territorio nacional? ¿Puede existir alguna relación entre los niveles de conflicto que se observan en el territorio, la desigualdad y el porcentaje de la desigualdad que explica el 1% más rico? Si es que el 1% más rico no solo ostenta el poder económico, sino que también utiliza dicho poder para influir en la política (en desmedro de quienes se encuentran más abajo en la distribución de ingresos), entonces es probable que dichos territorios experimenten un mayor número de conflictos sociales. Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos.

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Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, cube. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”. Primero, existe una distancia abismal entre las concepts políticas de la ciudadanía y de la elite económica. La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”.

Pero la disaster vino a “estresar” el sistema hasta evidenciar para todo el mundo que el problema es estructural. Aun cuando caracterizar y cuantificar la desigualdad de poder es una tarea más compleja, tal desigualdad puede tener expresiones muy concretas en el funcionamiento de las democracias. A pesar de esta evidencia, los datos sobre desigualdad comúnmente se relativizan frente a las percibidas bondades del modelo económico. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae

Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno. A pesar de pertenecer técnicamente a todos los niveles de ingresos, la noción de ‘vivienda asequible’ se utiliza en la práctica para describir la vivienda producida y valorizada por medio de incentivos gubernamentales, dirigida por lo common a grupos por debajo del Area Median Income (Ingreso Promedio por Área) o AMI(9). La ‘vivienda asequible’ puede ser desarrollada por entidades con o sin fines de lucro, y a menudo también se le describe como ‘vivienda para los trabajadores’ o ‘vivienda subsidiada’. Entre otras iniciativas, el financiamiento puede venir a través de bonos estatales o municipales, fondos fiduciarios de vivienda o Low-Income Housing Tax Credits (LIHTC) (Créditos Tributarios para Vivienda de Bajos Ingresos) asignados por el Servicio Interno de Recaudación a los estados. Dada la naturaleza mercantilista de los programas, las restricciones en términos de ingresos y costos (elementos de la percepción de ‘asequibilidad’) no son permanentes.