Es por eso que, en common, la visión compartida es que los impuestos al consumo son eficientes para efectos de recaudación, pero son regresivos. Te invitamos a explorar otros recursos y contenidos de educarchile que pueden ser de tu interés o estar relacionados con tu actual búsqueda. Se observa también que los programas desigualdad pdf de ayuda desplegados están beneficiando más a la parte baja de la distribución, pero quienes están por encima de la línea de la pobreza están perdiendo mucho. Analizando la situación que está dejando la pandemia, aclaró que todavía no se sabe si se puede caracterizar como muchos hogares que pierden poco o pocos hogares que pierden mucho.
La primera corriente se originó al inside del mundo conservador-católico que, a partir de la Encíclica Rerum Novarum, adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Paulina Benítez profundiza en una de las ramas más controvertidas del discurso en que se basa el modelo económico chileno, el mérito.
Según el economista francés, estas no beneficiaron “al 50% más pobre, que ha sufrido un estancamiento complete de su nivel de vida en términos absolutos y un hundimiento en términos relativos”. Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. A su vez, afirmó que en la mayor parte del mundo “estamos viendo una disminución de la pobreza extrema, pero la clase media se está empobreciendo y la brecha entre los más pobres y los más ricos está aumentando. Las políticas neoliberales han acelerado las desigualdades sociales; hemos logrado establecer políticas sociales básicas y a cambio hemos reducido las ambiciones de redistribución de la riqueza.
Parece ser esa una de las preocupaciones del papa Francisco (2013), cuando al comenzar su pontificado afirmó que “todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque ‘el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral’ y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” (EG, n° 103). Sin duda, las desigualdades internas al interior de la Iglesia mellan su credibilidad; dificultan que ella pueda tener una palabra profética más convincente en relación a las desigualdades o inequidades en la sociedad, promoviendo así un Reino de justicia y equidad. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.
Al respecto, la representante de la comisión organizadora y académica de la Escuela de Trabajo Social PUCV, Yesika Herrera, señaló que “las situaciones de desigualdad del país y cómo estas se agudizan en periodos de pandemia, definimos un gran eje que se relaciona con la resistencia y la emergencia que se generan en contexto de disaster. Resistencia porque se relacionan con las acciones de los movimientos sociales y también organizacionales para hacer frente a esta crisis y emergentes en el sentido de que en este contexto de disaster surgen iniciativas que apuntan a cambios que afecten los elementos más estructurales que sostienen la desigualdad. Hemos evidenciado cómo el aumento de la pobreza y violencia apuntan a factores estructurales, sociales y económicos. Estamos trabajando para apuntar a una sociedad más justa, donde la garantía de derechos fundamentales pueda ser una realidad”.
“Nuestra perspectiva socio-histórica plantea la cuestión de los orígenes de lo que prevalece en el presente, visto como lo que antes period posible ahora hecho realidad. Esto nos ayuda a comprender mejor el origen de las visiones subjetivas de la justicia y las razones por las que otras visiones pasadas no lograron triunfar”, señalan los autores en el resumen del capítulo. El informe sigue a otras investigaciones de Amnesty Tech que han puesto de relieve la creciente intersección de la tecnología y el bienestar social en todo el mundo, especialmente en lo que respecta al uso cada vez mayor de la toma de decisiones basada en algoritmos. “Muchas personas marginadas se ven obligadas a depender de plataformas tecnológicas para la comunicación, el trabajo y la educación, a pesar de que su capacidad para protegerse de las violaciones de su privacidad y de la discriminación —que a menudo facilitan estas tecnologías— continúa erosionándose”, ha afirmado Aspen. Tras Chile aparecía México con 0.forty six; Estados Unidos y Turquía con 0.39; Israel con 0.37 y Estonia, con 0.36; todos en el membership de las naciones más desiguales del mundo.
Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No está demás reiterar que solamente se someten a esos sistemas a los usuarios de sistemas públicos de salud, asistencia social y transporte que, en common, no incluyen las élites locales que pueden prescindir de ellos y recurrir a prestadores privados; manteniendo mayor management sobre su información y preservando su privacidad. Esa conceptualización, dice Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado». Para la Directora Ejecutiva de CIDENI, Ester Valenzuela, “salir de la pobreza no es una responsabilidad individual de las personas, sino una responsabilidad del país”, agregando que Chile “necesita una ley de Garantías y una institucionalidad que integre la participación de los niños, niñas y adolescentes”. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos.
En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas. Fomentar las políticas de creación de empleo y desarrollo económico, pero al mismo tiempo cuidar que las brechas de bienestar no atenten contra nuestra convivencia en común.
No cualquier nivel de desigualdad es negativo, plantea, pero sí el que se observa en el país. La Guía tiene 10 acciones claves, y tenemos por delante la tarea de trabajarlo a nivel nacional y regional. Debemos poner un foco en derechos humanos en la gestión de las empresas, hacer procesos de debida diligencia que sean realmente coherentes, que estén al centro”. “Debemos entender la desigualdad como un riesgo sistémico, que afecta la estabilidad social, el progreso económico y la licencia de las empresas para operar. La acción de las empresas debe buscar mitigar estos riesgos y a la vez, construir un mundo de oportunidades en el que las empresas puedan prosperar en el largo plazo”. Hacer frente a la desigualdad requiere de una respuesta sistémica y colaborativa, y por eso, además de los gobiernos, se requiere de la participación de las empresas, los inversores y la sociedad civil.
Pese a que Latinoamérica continúa siendo la región más desigual del mundo, la brecha ha disminuido y la caída entre 2002 y 2013 fue enorme y única, solamente comparable a la que tuvieron los países desarrollados en la posguerra. A modo de ejemplo, el Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 es de 0,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43). De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional. A pesar de que estas cifras pueden ser informativas, siguen escondiendo una heterogeneidad territorial de la que pocas veces se habla. La reflexión respecto a las especificidades de los territorios es basic para comprender la profundidad de la centralización en Chile, y asimismo para explorar la relación existente entre conflicto social y concentración de la riqueza. Primero, existe una distancia abismal entre las concepts políticas de la ciudadanía y de la elite económica.
Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas porque restringen la habilidad cognitiva y no cognitiva. Según un estudio del Economic Policy Institute sobre niños y niñas de guardería del año 1998 y 2010, hay un hueco de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y más alto que persisten entre ambas clases. Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos.
Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. Las familias de menores ingresos destinan una mayor porción de sus ingresos a la alimentación. Así, el IVA a los alimentos es un impuesto regresivo, ya que estas desigualdad segun la onu familias pagan una mayor proporción de su ingreso en esos impuestos. Algunos columnistas han especulado que esto se debe a la ineficiencia del Estado en las transferencias. Uno podría argumentar, en cambio, que las transferencias son progresivas, pero la manera de recaudar es regresiva, haciendo, por lo tanto, neutro el sistema en su conjunto.
Aun así, países que han expandido la asistencia social, como Brasil, están logrando contener la caída. Argumentó que “si corregimos el Gini y otros indicadores por lo que pasa en el prime 1, el nivel de desigualdad sería mayor y la caída no sería como la observamos si nada más usamos encuestas. Pero persiste una parte de la historia que es sumamente importante y es lo que pasó con la distribución del ingreso laboral, con las transferencias y con las remesas. “La caída de la desigualdad se detiene, el ímpetu se acabó, y se acaba en un contexto en que además también está disminuyendo la tasa de crecimiento y en algunos países incluso hay algo de recesión y aumenta la pobreza”, dijo. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional.
