En ese contexto, y dado que las desigualdades territoriales son un desafío también para la región y el mundo, la AGCI tiene dentro de sus prioridades para los próximos años, el fortalecimiento de la cooperación descentralizada, como mecanismo para promover el desarrollo regional y native con experiencias de otros países. Promover y contribuir a un envejecimiento digno, activo y saludable mediante la implementación de políticas, programas y la articulación intersectorial, para fomentar la autonomía, independencia y participación de las personas mayores, contemplando la diversidad de experiencias en torno al envejecimiento y promoviendo la equidad de Derechos en hombres y mujeres mayores. Ahora bien, cuando hablamos de territorio, seguimos el planteamiento de Lobato (citado en Benevides, Domingos, Gonçalvez y Machado, 2009) que outline éste como la tierra que pertenece a alguien. Perteneciente en el sentido de apropiación del espacio por parte de un grupo de personas, y no necesariamente a su propiedad authorized. El vinculo de apropiación de la tierra refiere al management efectivo o legitimado de sus recursos y al establecimiento de una dimensión afectiva con el mismo (Mayumi en Benevides et. al, 2009), construida a partir de las prácticas sociales cotidianas y la trayectoria de la comunidad. El crecimiento económico constante, propio del modelo de desarrollo actual, ha llevado a extender la industria extractiva de recursos naturales, lo que ha generado una intensificación de los llamados conflictos medioambientales.
En los contextos de conflicto medioambiental, la minera se transforma, como señala Svampa y Álvarez (2010), en el actor social complete de las localidades a las que afectan, lo que se genera debido a que estas empresas tienden a reconfigurar bruscamente las economías locales preexistentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en función de la minería, y creando enclaves de exportación. La actividad tradicional agraria queda relegada debido a la abrupta llegada de un capital acelerado que la mayoría de las veces irrumpe apoderándose y contaminando los recursos, además de generar un fuerte impacto a nivel social. Un ejemplo de esto son los estudios de Pegg (citado en Urkidi, 2008), donde se señala que las zonas mineras tienen comparativamente mayores niveles de prostitución, alcoholismo, enfermedades como el SIDA e inequidad social. En el caso Chileno, luego del Golpe de Estado las confederaciones más importantes son disueltas y sus dirigentes perseguidos (Gómez, 2002).
Bebbington (citado en Svampa y Antonelli, 2009) señala que ya entre los años 1990 a 1997 la exploración minera en América Latina creció en un 400%. Una importante característica de esta industria es que los metales se encuentran en estado de diseminación, por lo que para poder ser extraídos se debe disolver (lixiviar) el metal del mineral que los contiene mediante la utilización de sustancias químicas, agua y energía. Como señalan las autoras “lo explicit organizaciones sin fines lucrativos de este tipo de minería (a cielo abierto), diferente de la tradicional, es que implica niveles de afectación aun mayores del medio ambiente (…) como la intervención de manera violenta en la geografía de los territorios” (Svampa y Antonelli, 2009, P. 16). Mucho se ha hablado respecto de la nueva ruralidad, como contexto en el que se desarrolla la acción colectiva en el agro y de la enorme cantidad de dimensiones que surgen como consecuencia de ésta.
Estos reductores de variedad necesitan el apoyo de la autoridad para que se apliquen en las organizaciones sociales. La autoridad es un fenómeno pure cuyo origen se encuentra en la necesidad de mantener el orden dentro del sistema social. Si la división del trabajo o especialización tiene como consecuencia el aumento de la diferenciación y de la diversidad dentro del organismo, es necesario entonces que también haya una fuerza en sentido contrario, capaz de lograr la regulación y el control de la variedad, para que la organización se mantenga bajo management. Tal vez el aspecto más destacado de esta arista apunta a la contradicción entre la subjetividad femenina maternal y el mundo del trabajo. La administración y el liderazgo han sido socialmente construidos como masculinos haciendo difícil para una mujer ejecutiva mantener el steadiness entre ser percibida como una profesional competente sin dejar de ser lo suficientemente femenina para no subvertir las expectativas sociales.
Las organizaciones no pueden operar sin la certidumbre que ellas mismas se proporcionan y cuya producción, inicialmente, se constituye especificando sus fines y proyectándolos en las vinculaciones instrumentales que las caracterizan. Las detalladas reglas, formularios, definiciones de cargos, manuales y organigramas que encontramos en algunas organizaciones, impiden observar más allá del margen que ellas trazan o notar algo fuera de lo previsible, pues fijan las referencias para observar sus condiciones. Los mismos fines organizacionales anticipan comunicaciones que deben tomarse en cuenta, es decir, presuponen una organización funcionando.
Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de common el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores. Tiene por objetivo implementar y habilitar en términos sociales y productivos a las personas y comunidades indígenas beneficiarias del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas del Artículo 20, letras a) y b), o por medio de transferencia de predios fiscales, para mejorar sus indicadores de productividad y la calidad de vida. La lógica de la acción del Fondo de Desarrollo Indígena, está centrada en provocar un cambio en las condiciones de la población indígena para alcanzar los niveles de desarrollo deseados. Para ello se ha propuesto generar los mecanismos para que estos niveles de desarrollo puedan ser definidos tanto por quienes diseñan la política pública como por quienes son los destinatarios de tal política. Una asociación gremial es una organización de personas naturales o jurídicas, conformada con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficios o rama de producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes.
Por eso, la crisis y posterior derrota de este movimiento rural tradicional propio del período político, estuvo condicionada a su vez por el fracaso de un proyecto político asociado al desarrollismo Latinoamericano y al Estado de Protección. La disputa es política no sólo en cuanto a las prácticas formales y organizadas sino también, por la legitimidad de diferentes ideas y formas de conocimiento (Bebbington et.al, 2007). Bengoa (2006) señala al respecto que los nuevos movimientos sociales rurales tienen como principal tendencia el acumular capital simbólico, es decir, se transforman en interlocutores validos a la hora de disputar espacios de poder e influir en la toma de decisiones, ganando dignidad y respeto.
Entendemos Movimiento Social como “acciones colectivas con alguna estabilidad en el tiempo y algún nivel de organización, orientadas al cambio o conservación de la sociedad o de alguna esfera de ella” (Bengoa, 2003, p. 85). Respecto al segundo punto, un hecho decisivo fue la crisis del modelo político de Estado y los patrones de acumulación capitalista. Siguiendo a Garretón (2001) en Chile y América Latina el antiguo eje estructurador de identidades y movimientos sociales fue el Estado visto en cuanto a su dimensión política.
Para propiciar la consolidación de un espíritu colaborativo entre el Estado y la sociedad civil organizada en torno a lo cultural, se realizó el Primer Encuentro de Organizaciones Culturales Comunitarias, a través del Programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región de Coquimbo, donde se reunieron agrupaciones de las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle y Andacollo. “Fortalecer la democracia, a través del aumento del asociacionismo ciudadano y del garantizar la participación de la Sociedad Civil, en todo el ciclo de vida de las Políticas Públicas”. La División de Organizaciones Sociales (DOS), depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y es un puente de comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil; además de colaborar activamente en el fortalecimiento de ésta, busca, a través de distintas herramientas, informar o dar espacios de opinión para que toda la comunidad participe.
Si bien la región de inscripción de las organizaciones no implica necesariamente donde operan ni tampoco que no tenga filiales o sucursales en otros lugares del país, el 25% de las OSC se encuentran inscritas en la Región Metropolitana, seguido de las regiones de Valparaíso y la Araucanía, con eleven,6% y 10,4%, respectivamente. En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Al efecto, coincidimos en que una estrategia integral de fortalecimiento de la sociedad civil, como la que el mencionado Programa de gobierno propone, implica la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del actual Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, creado por la Ley 20.500, de 2011. En consecuencia, la idea de asegurar el financiamiento público de las OSCs como una responsabilidad del Estado se funda en la debida articulación de los principios indicados y en reconocer la primacía del amparo, en el sentido de la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil. Este servicio está disponible en todas las direcciones regionales, a través de profesionales especializados del área legal.
Desarrollan una labor colectiva, solidaria y de activación social, a través de la cultura y el arte en los territorios en que habitan”. Supuestas sus transformaciones orgánicas, estructurales y funcionales, y bajo condiciones de objetividad e igualdad de trato, relevancia financiera y descentralización, el Fondo de Fortalecimiento está llamado a ser una de las grandes herramientas de sustentabilidad económica de las OSCs chilenas que posean esa clase de objetivos (“de interés público”, según lo outline el artículo 15 de la Ley 20.500), sin exclusiones. Es un dato suficientemente asentado organizaciones sociales tradicionales ejemplos que en países de renta media o incluso media alta, como la OCDE considera a Chile y a algunos países del Cono Sur, la cooperación internacional no puede ser la base de financiamiento de las OSCs. En estas circunstancias, y asumiendo que la autosostenibilidad a través de la venta de bienes y servicios o del pago de cuotas sociales no representa para la mayoría de las organizaciones una opción estratégica relevante ni universalizable, las OSCs chilenas están en cierto modo obligadas a dirigir su demanda de sustentabilidad a una redistribución efectiva del producto social del país.
En ese sentido, las certezas autoconstruidas son verdaderos peligros, y entre éstas las referidas al entorno son las más críticas. Las nociones que conforman la teoría de la autopoiesis y que, originalmente, provienen de las explicaciones sobre el metabolismo celular, suponen enormes rendimientos para explicar el operar de sistemas complejos y como tales han adquirido creciente importancia en la teoría de las organizaciones (Limone y Cademartori 1989, Morgan 1991, Baecker 1999, Rodríguez 2001). De hecho, conceptos como clausura operacional, determinismo estructural y acoplamiento estructural son ampliamente aplicados en la descripción de sistemas sociales, especialmente después de su recepción en la teoría sistémica de la sociedad desarrollada por Niklas Luhmann (1984, 1998). En este sentido, un aporte a su conocimiento consistiría en explorarlas con teorías sistémicas más abstractas. El movimiento social en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente relacionado con las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, y fue a partir de estas luchas que se constituyó en un actor de la vida política con una identidad ideológica definida. Por otra parte, el reconocimiento como entidad colaboradora de la Administración del Estado no afecta solamente a las OSCs que pretendan solicitar la asignación tributaria del impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales, que era el propósito inicial del legislador.
No obstante, estos entornos internos no siempre son perturbadores, su presencia puede ser evaluada como un capital para el mejoramiento de sus climas organizacionales incluso, algunas organizaciones, los promueven deliberadamente efectivizándolos como caminos rápidos para la solución de emergencias o para abordar problemas poco frecuentes. Así, las estructuras informales pueden ser tanto funcionales como disfuncionales al cumplimiento de los propósitos organizacionales, lo que nos importa destacar es que obedecen a una sociogénesis distinta. Éstas permiten que las decisiones fluyan conectiva y coherentemente en la realización de una organización, pero no representan decisiones irreversibles, siempre están abiertas a modificarse con otras decisiones. Los organigramas (y sus equivalentes), que representan decisiones sedimentadas, establecen un orden que impide que las decisiones partan de cero y restan posibilidades a las actividades decisorias espontáneas sustituyéndolas por procesos organizativos (Simon 1978). Las típicas formas organizacionales pueden identificarse gracias a diseños que combinan coordinaciones funcionales, departamentalizadas o matriciales, y sus tipos oscilan entre las burocracias rígidas y las poco frecuentes adhocracias (Mintzberg y McHugh 1985).
