Sin embargo, como ya hemos señalado, lo que la premisa abstracta de la competencia perfecta no considera, es que esta discrimina desde el propio punto de partida. Un aspecto relevante es la debilidad del modelo educativo que rige en Chile, unido a la baja calidad en infraestructura y establecimientos educacionales, lo que ha generado enormes diferencias en la población. También la cultura clasista, discriminatoria y sectaria frente a la multiculturalidad, pueblos originarios y una fuerte resistencia a la inclusión de los inmigrantes en nuestros entornos atentan contra la integración social y espacial, fomentando la escisión y fragmentación urbana. Hay formas de malestar articuladas en el marco de la matriz cultural del Chile hacendal. Hay otras formas de malestar en el marco de una operación vital en el Chile contemporáneo, de integración vía consumo y Estado subsidiario.
Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. El acceso a educación de calidad y el entorno crean diferencias desde el primer día de clases, que pueden persistir toda la vida de una persona, “marcando” socialmente a cada niña o niño afectando los conocimientos, relaciones sociales, el lenguaje, el desarrollo de habilidades y oportunidades, que se traducirán en empleabilidad, éxito profesional y movilidad social. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. La desigualdad ha devenido un tema social y político central en las sociedades en el siglo XXI.
Se trabajó con datos secundarios, programas de cursos de la carrera de Pedagogía de Educación Básica, que fueron solicitados a las y los jefes de carrera de cada universidad vía correo electrónico. Estos documentos curriculares no son de acceso público, por lo que se necesitó de la autorización de distintas instancias institucionales para su uso. Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano basic ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y ethical que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad.
Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Estas decisiones son siempre medidas paradójicas, porque, al querer controlar los disturbios, se consigue un efecto adverso de violencia y enfrentamiento.
Pero, precisamente, la necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos. El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus.
Esta información busca aportar tanto a la elaboración de las políticas públicas como para la sociedad en general. En línea con lo anterior, se pone a disposición de la ciudadanía los principales resultados sobre las desigualdades en el tiempo que hombres y mujeres destinan al trabajo remunerado, no remunerado y las actividades personales, a través de Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo y su documentación. A su vez, se presentan documentos metodológicos para promover la incorporación del enfoque de género en la producción estadística, documentos de análisis, infografías y el atlas de género, que profundizan sobre problemáticas de género a través de los datos e indicadores publicados en este sitio, así como su disposición territorial. Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. Recapitulando, si bien la categoría diversidad es parte de los aprendizajes pedagógicos, evidenciando que en la cultura chilena existe, no se abordan las históricas desigualdades educativas ni tampoco las tensiones y conflictos que sufren estos sectores de la población. Se ha demostrado (PNUD, 2017) cómo estos grupos tienen trayectorias de vida, escolares, universitarias, laborales, sociales y políticas de desventaja en relación a la población que representa la cultura dominante y, en particular, la élite (PNUD, 2017; Hofflinger & Nahuelan, 2021).
Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En particular, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. Los fondos concursables son un dispositivo distorsionado de asignación de recursos en un Estado subsidiario como el chileno. Bajo la lógica subsidiaria, neoliberal, las políticas públicas deben focalizar su inversión en aquella parte de la sociedad que no es capaz de asegurar por sí misma la provisión de bienes y servicios, población “vulnerable” o en “situación de pobreza”.
De este modo, directa o indirectamente, se aplanaban las desigualdades que solían incrementarse en tiempos de paz. De ahí que, para el autor, comprender esas “fuerzas niveladoras” que han surgido en la historia pasada parece essential para adoptar políticas y medidas concretas que nos permitan combatir pacíficamente la desigualdad en el presente y futuro. Estas formas de desigualdad permiten distinguir y analizar exclusiones, invisibilizaciones o menosprecios que pueden experimentar estudiantes por el sistema educativo. Por ejemplo, en el caso de las desigualdades socioeconómicas, Chile constituye uno de los países más segregados del mundo en la provisión de educación (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2016 en Barrera et al., 2021).
Las tensiones que existen en torno a las relaciones de género se mencionan solo en dos instituciones (In1 e In2) reconociendo las discriminaciones, sesgos, estereotipos y sexismo. En un solo curso se menciona la “perspectiva de género” como categoría analítica de un fenómeno histórico, pero que no se evidencia en el desarrollo del programa (In 1). La categoría diversidad se considera en las seis instituciones, lo que supone explicitar la heterogeneidad de la sociedad y desplazar una forma de entender el mundo reducido a la cultura dominante, sin embargo, su mención es totalmente aislada y reducida a desigualdad social y medio ambiente muy pocos cursos. En la In1, está mencionada en dos cursos; en la In2, en un curso; en la In3, en siete cursos; en la In4, en dos cursos; en la In5, en un curso; y en la In6, en veinticuatro cursos. El contenido de los programas se ordenó en matrices de análisis que permitieron identificar qué grupos se nombran y la finalidad de considerar esos grupos en los aprendizajes ofrecidos de los cursos, desde la perspectiva del análisis temático (Braun & Clarke, 2006). Se construyeron categorías previas de análisis a partir de la literatura científica y otras emergentes que nacen de la etapa de análisis.
Como plantea Fraser (2008), hasta la década de los ninety, predomina un paradigma redistributivo de la justicia social; según este, las desigualdades consisten básicamente en el acceso disímil a recursos y riqueza. Posteriormente, gatillados por los asuntos y luchas de identidad (Taylor, 2009), la desigualdad y justicia social incorpora las demandas de individuos y grupos a ser reconocidos con igualdad de trato, debido a las exclusiones que viven por causa de sus identidades culturales. Se refuerza la importancia de superar una concepción restringida de la desigualdad, propia del análisis en la sociedad industrial, donde la clase social es el issue aglutinante de otras desigualdades. Dubet (2020) propone el concepto de desigualdades múltiples, haciendo ver la multiplicidad de criterios de desigualdad que afectan a los sujetos -incluso a los de una misma clase social-, en función de los bienes económicos y culturales que disponen, pero también de acuerdo a las diversas esferas de la vida social a las cuales pertenecen. Es más; las políticas públicas en cultura han contribuido profundamente a la desigualdad social mediante el concurso de Fondos de Cultura.
Detrás de estas iniciativas existe un modelo de intervención que supone el déficit de estos estudiantes y una estrategia compensatoria de nivelación en competencias académicas básicas. Para nuestro propósito, cabe destacar que esta exhaustiva investigación multidisciplinar fue publicada un par de años antes del estallido social en Chile; es decir, las diversas formas de desigualdad que afectan a nuestro país, como a otros países de la región, estaban siendo objeto de atención desde hace un buen tiempo. Con ocasión de la crisis desigualdad y pandemia o “estallido social” que afectó a Chile con inusitada intensidad a partir de octubre del 2019, diversos análisis políticos, sociales y económicos han puesto la atención en la desigualdad como una de las principales causas del fenómeno. El malestar frente a las desigualdades, sobre todo aquellas que hieren la convivencia humana, han dado curso últimamente a diversas formas de manifestación social en el mundo entero, incluyendo algunas marcadas por la violencia.
Asimismo, se busca comprender cuál es la finalidad y el sentido de nombrar y considerar a estos grupos, distintos a la cultura hegemónica, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La diversidad sexual solo se menciona aludiendo al concepto LGTBI+ en un curso (In2) y derivada de la categoría de género. Esta es la realidad más invisibilizada en los programas, que concuerda con las investigaciones previas, que muestran cómo se perpetúa el predominio de la heteronormatividad y se omite el reconocimiento de las identidades de las diversidades sexuales. Las perspectivas de género centradas en las diferencias culturales y económicas se han enriquecido con las teorías queer, complejizando la distinción hombre y mujer e incorporando otras identidades y corporalidades como las personas trans e intersex. Son nuevos debates y realidades que desafían a las instituciones de educación superior a considerarlas e incorporar en la discusión la homo/lesbo/ transfobia como parte de la formación inicial de los docentes (Rojas et al., 2019).
Es decir, se postergó el ejercicio del poder deliberativo de los ciudadanos hasta nuevo aviso y, mientras tanto, se asumió que el management y diseño del país debía residir en las instituciones. “Dejar que las instituciones funcionen”, frase que transformó en emblema Ricardo Lagos, es un resabio claro de la forma autoritaria que adquirió en Chile el republicanismo. Los ciudadanos deben “dejar” su poder en otro sitio, es decir, prescindir de pronunciarse y ceder su acción a las instituciones y su funcionamiento. En vez de alimentar y construir instituciones cada día, debemos asumir que ellas son eternas e inmutables, siempre perfectas y por tanto los ciudadanos pueden prescindir de su libre albedrío gracias a un marco institucional que les trasciende y que guarda una sabiduría esencial. El ciudadano imperfecto retrocede (es decir, debe retroceder) ante la evidencia de un orden superior.
A la luz de la crítica situación que vive el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el tema se vuelve importante de abordar. Gran parte de su trayectoria la ha dedicado a estudiar distintos aspectos de esta materia. Se requiere con urgencia planificación urbana, no solo normativa sobre usos de suelo, sino también prospectiva que apunte a las ciudades que debemos construir hacia el año 2030 o más. Por lo tanto, no se trata solo de desarrollar proyectos aislados de transporte, áreas verdes, etcétera. Hoy conocemos las brechas de inequidad urbana entre comunas porque tenemos indicadores y estándares definidos; sin embargo, con el actual modelo de gobernanza para nuestras ciudades difícilmente lo lograremos. Las urbes que habitamos en el país no aseguran una convivencia armónica, con acceso a beneficios iguales para todos.
