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La Junta De Andalucía Redobla Su Pulso Al Gobierno Por La Financiación «singular» Y Urge A Un Modelo «justo Y Sin Desigualdades»

En una época en la que es difícil sustraerse al discurso de “las políticas basadas en evidencia” y en un ambiente marcado por el cierre de las campañas electorales, y con ello de cierta saturación de mensajes en el espacio público, El Colegio de México presentó, en junio pasado, el informe Desigualdades en México 2018. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)6 identifica a la pobreza como el principal problema de los jóvenes. «Se ha sabido por décadas, si no por siglos, que la sociedad maya clásica era desigual», apunto Keith Prufer, de la Universidad de Nuevo México (EE.UU.). «Pero lo que podemos añadir es que esta desigualdad se extendía a toda la sociedad, incluso dentro de los vecindarios. Eso no se había documentado bien antes». Factores como el tamaño de la casa no dan una imagen absoluta de la riqueza y «todo hay que verlo en sentido relativo», dijo Gary Feinman, otro de los autores del estudio. En gran medida esta desigualdad está relacionada con el acceso a bienes o las redes comerciales, señalaron los científicos.

Se trata de examinar el modelo social que ha adoptado la nación y de repensar el papel del estado en la reducción de las desigualdades. Qué puede esperarse del estado en este marco para avanzar hacia una sociedad justa, en un espacio social fragmentado en sectores que, al perseguir sus intereses legítimos, producen y reproducen tensiones a propósito de los derechos de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los adultos mayores, de los inmigrantes, de las minorías étnicas y de las minorías lingüísticas. Desde el punto de vista del indicador de pobreza como factor desigualdad de la pobreza de discriminación, los resultados indican que al igual que en el índice de percepciones la condición de pobreza tiene muy poca o nula importancia para las minorías étnicas y religiosas, se mantiene entre 12 y 15 por ciento para los jóvenes, y en alrededor de 25 para las mujeres. En el primer apartado se revisa literatura relevante que ha discutido, a escala nacional e internacional, la relación entre pobreza y discriminación.

También identifica cómo las desigualdades se materializan en brechas en el ejercicio de derechos y en algunos de los principales ámbitos del desarrollo social, como la educación, la salud y la protección social. En pocas palabras, la situación de los jóvenes se encuentra en una coyuntura histórica de crisis tanto como la de cualquiera que esté vivo en ese momento. Lo que decide quién absorbe el impacto no es la coyuntura misma, sino la estructura de la desigualdad. En este caso, el acceso de los jóvenes a los beneficios o prerrogativas de los adultos se limita o se posterga y, como consecuencia, los mayores pueden mantener sus condiciones de vida en un contexto adverso gracias a la exclusión temporal de los jóvenes. Introducir a la discusión la perspectiva del adultocentrismo, en el caso de los jóvenes, o de género, en el caso de las mujeres, abre la puerta al debate de la justicia y la equidad en las soluciones, en lugar de limitarlo a un análisis sincrónico o transversal de las posibilidades y la eficiencia dentro de un statu quo asimétrico.

La inflación como objetivo central es una hipótesis cuestionable porque en el caso de Estados Unidos y Europa no ha sido éste el problema, sino la elevada tasa de desempleo. Las autoridades monetarias de Estados Unidos contaron con los instrumentos jurídicos para instrumentar regulaciones al sector financiero, como la ley Dodd-Frank, que entró en vigor en julio de 2010, pero no tuvieron la intención de implementarla. El Comité del Senado, a su vez, fue el encargado de supervisar el mercado de los derivados (los productos financieros más riesgosos), emitidos por bancos con garantías del gobierno, pero tampoco fueron supervisados.

Según esta perspectiva, se establecieron tres umbrales de pobreza (alimentaria, de capacidades y de patrimonio), y para cada uno calcularon los ingresos que delimitan, para el ámbito rural o urbano, la pertenencia o no de un hogar a un estrato de pobreza determinado. Aunque el CONEVAL estableció la medición multidimensional como el método oficial a partir de 2009, no ha dejado de realizar las cuantificaciones por la vía de los ingresos, y mantiene actualizadas por mes y a precios corrientes las líneas que demarcan los umbrales de pobreza urbana y rural. 23Es decir, los jóvenes que ya pueden formar parte de la población económicamente activa (PEA) y tener un trabajo remunerado tienen menos acceso a la seguridad social, que en México está vinculada al trabajo formal, que los niños que no forman parte de la PEA.

La desigualdad económica se contempla como la distribución desigual de bienes y servicios; esta se da cuando dos individuos efectúan el mismo trabajo, pero la ganancia monetaria no es igual para ambos. Para Hunt y Colander[18] el factor más importante son las diferencias en las ganancias de los individuos. Estas diferencias se basan en parte a la ocupación y a las cualidades personales de las personas involucradas. El issue más básico que determina las variaciones de ingreso entre los grupos ocupacionales es la demanda y la oferta. Las ocupaciones que requieren actitudes especiales y mucha capacitación tienen sueldos altos debido a que la oferta de trabajadores es poca en relación con la demanda.

El movimiento zapatista, por ejemplo, logró contestar narrativas del pasado colonial reivindicando la ciudadanía de los pueblos originarios a partir de una identidad étnica que los presentaba como «iguales pero diferentes» al resto de los mexicanos. Es también el caso de algunos grupos de jóvenes que adoptan marcadores identitarios estéticamente desafiantes para amplios sectores de la sociedad y reivindican derechos grupales, y otros que conciernen a la sociedad en su conjunto. Hay propuestas sólidas para hacerlo que pasan, entre otras cosas, por mejorar los servicios públicos de educación y aumentar el presupuesto educativo hasta alcanzar el mismo nivel de inversión que el promedio de los países latinoamericanos.

Este país ha decidido, en primer lugar, permitir que los hogares tengan ingresos enormemente desiguales (es decir, “desigualdad de los hogares”), explica Grusky. “La evidencia inicial, que se refería únicamente a los resultados de los adultos en el estudio, no fue concluyente. Con todo esto, podemos considerar que la discriminación laboral es otra expresión de violencia que tiene que enfrentar la mujer.

La desigualdad social es un problema de las sociedades contemporáneas, producto del desarrollo desigual de las diversas regiones del globo y de la imposición de ciertas ideologías o valoraciones de unos seres humanos por encima de otros. De hecho, la desigualdad social es el origen de la discriminación, ya que esta última consiste en tratar de manera distinta a quienes se vean desfavorecidos económica, social o moralmente. La provocación que supone la publicación de este informe no se limita al plano de la preocupación y responsabilidad desigualdad de la población social. Por un lado, el estudio documenta fehacientemente ámbitos en los que el modelo social vigente en México habría estado descompuesto, suscitando interrogantes, pero también la frustración del lector ávido de detalles y explicaciones. Sin abundar en éstas, resulta enigmático el silencio que parece envolver el hecho de que, en la mayoría de sus datos, el informe parece documentar una desigualdad menos penosa que aquella que prevalece en nuestros prejuicios alimentados por la narrativa política y mediática.

El desarrollo de un marco analítico basado en el adultocentrismo puede tener una serie de aportaciones relevantes. En primera instancia, podría orientar la generación de información, de indicadores y de evaluaciones de las condiciones de vida que se ajusten a la situación y a las necesidades de los jóvenes, y que reflejen de manera más fidedigna la realidad de este grupo de edad. También podría facilitar el diseño y la revisión de los esquemas de protección social que dan apoyo y seguridad a las personas que transitan hacia la adultez, y la independencia económica para garantizar la atención y prevención eficiente de las consecuencias de los sesgos adultocéntricos, como la precarización de la inserción laboral. El análisis de la desigualdad entre jóvenes y adultos en términos de desempleo e inserción laboral, ingresos laborales y condiciones laborales requiere un análisis detallado que permita conocer las trayectorias -no solo la antigüedad- y distinguir entre el contexto de origen, el tipo de inserción laboral y el historial laboral. Sin embargo, pese a las limitaciones en la información disponible, los datos sugieren la existencia de sesgos adultocéntricos. La segunda limitante en los estudios sobre la pobreza entre los jóvenes mexicanos es que la medición no considera algunas necesidades comunes de este grupo de población.

consigo la automatización del empleo y la revolución digital. La segregación racial puede resultar en la marginación de minorías sociales e individuos debido a su procedencia, por el shade de la piel o por la pertenencia a una cultura vista como inferior. Aunque la mayoría de los países tiene un marco legal que otorga igualdad ante la ley a todos los ciudadanos, esto está lejos de ser cierto.

Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). El feminismo es un posicionamiento activo ante la desigualdad entre sexos, y es una forma de lucha para obtener igualdad de derechos ya sean económicos, políticos, judiciales o de otro tipo. Las desigualdad entre sexos, menos acusada en basic en sociedades preestatales, se intensificó en las primeras culturas estatales y sendentarias. En la antigüedad existían importantes diferencias entre diferentes civilizaciones y es complicado dar afirmaciones generales. En las modernas sociedades postindustriales occidentales, la desigualdad tradicional ha disminuido, en parte debido a factores materiales y organizativos[23] y en parte también debido a las luchas del movimiento feminista.

La mayoría comparten características que permiten comparar entre países e incluir múltiples dimensiones en su cálculo. Algunas de ellas son el Índice de Desarrollo Humano (IDH)2, el Coeficiente de Desigualdad Humana3 y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)4. El problema de la igualdad de oportunidades es que es una reformulación de la meritocracia, que es siempre una forma de justificar los privilegios de las élites. Damos prestigio o dinero a ocupaciones que socialmente son muy poco importantes o incluso negativas, como la especulación financiera. En cambio, ocupaciones vitales para el funcionamiento de la sociedad las infravaloramos o pagamos mal.

septiembre 30, 2024

El Juicio Subjetivo Sobre Las Desigualdades Sociales: ¿qué Principios De Justicia Se Aplican?

Los fondos de pensiones –cuya administración debemos entregar por obligación authorized a empresas privadas que los invierten en el sistema financiero para “mejorar” la cantidad de dinero con la que contaremos al jubilar– están bajando vertiginosamente. Todos quienes cotizamos hemos perdido dinero, siendo desastroso para quienes están más cerca de la edad de jubilar. Las farmacias empiezan a subir los precios de medicamentos e insumos de higiene necesarios para las medidas de cuidado, que se transforman en bienes de lujo. Si no interviniera el Estado de manera excepcional, y se dejara operar al sistema tal como hoy está establecido, el resultado sería desastroso.

Las Encuestas de Necesidades Jurídicas indagan acerca de los problemas justiciables -aquellos para los cuales existe algún tipo de remedio legal (Genn, 1999)-, y lo hacen desde la perspectiva de quienes los experimentan (“bottom-up perspective”). En términos generales, y a pesar de los diversos enfoques metodológicos empleados, estas encuestas arrojan datos consistentes no solo sobre la ubicuidad de los problemas legales, sino también sobre la alta prevalencia que estos tienen en los grupos más vulnerables de la población. Necesitamos un amplio acuerdo social que nos comprometa a combatirla, derribando así uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y la dignidad. Es hora de mirar nuestras desigualdades con empatía, de ponerles rostro, nombre y vida, en lugar de reducirlas a meras estadísticas.

La incidencia de estos principios de justicia varía dependiendo de las posiciones sociales juzgadas y de las características socioeconómicas de los encuestados. Los datos provienen de una encuesta basada en viñetas, aplicada en el año 2016 a una muestra de 2.000 individuos estadísticamente representativa de la población chilena. Los problemas de salud pública del país son reflejo de las desigualdades sociales y económicas de Chile. Aún con varios subsidios del gobierno, todavía hay personas que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, una forma de injusticia que debe ser atendida. La desigualdad social es un problema en Chile, ya que según estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 28.6% de las personas adultas en Chile carecen de educación primaria y secundaria y según la Encuesta Nacional de Hogares del INE, sólo el forty globalización y desigualdad seven.3% de las personas mayores de 18 años tienen educación universitaria. Por lo tanto, existe una brecha entre quienes tienen un nivel educativo bajo y las personas que cuentan con educación media o universitaria.

En el contexto de profundas desigualdades que se acentúan con las diferencias sociales, este grupo de investigación busca cuestionar las relaciones de poder, la colonialidad, la segregación y prácticas exclusoras con la finalidad de generar condiciones, propuestas y prácticas educativas para la justicia social. El libro, publicado originalmente en Francia en 2019 (“Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements”, de los editores/as Emmanuelle Barozet, Ivan Sainsaulieu, Régis Cortesero y David Mélo), analiza el alcance de la disaster de los modelos de justicia y, en particular, el principio de igualdad. A partir de actores ordinarios, movimientos sociales y contextos concretos, los autores cuestionan los fundamentos de la democracia social y política en nuestro tiempo, en el marco del aumento de las desigualdades sociales en Europa y en todo el mundo.

El acceso a la educación es uno de los factores más importantes para determinar el futuro de las personas. Una educación de calidad, genera mejores oportunidades de empleo y desarrollo personal. Invertir en educación mejora la vida de las personas, sus familias y la comunidad.

Las políticas neoliberales han acelerado las desigualdades sociales; hemos logrado establecer políticas sociales básicas y a cambio hemos reducido las ambiciones de redistribución de la riqueza. Lo que domina es un aumento de las desigualdades existentes que alimenta el sentimiento de injusticia. Por lo tanto, es importante observar no sólo la idea de justicia, sino también el sentimiento de injusticia, que se relaciona con una emoción experimentada en reacción a formas de opresión y abuso”. La igualdad de género en el Estado es una herramienta esencial para lograr la implementación de las necesarias y profundas transformaciones que permitan atender los problemas que afectan a las mujeres y mejorar sus condiciones de vida en el ámbito político, económico, social y cultural.

Reconocimos entonces las desigualdades arraigadas y exigimos reformas sociales. Las autoridades de la época declaraban que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza”. Para Chile, los seis meses entre octubre de 2019 y abril de 2020 han sido extraños, por decir lo menos. Pasamos de un estallido social y una efervescencia por salir a la calle, conectarse, conversar y reencontrarnos (aparejado de una reacción estatal que produjo una gravísima disaster de derechos humanos) a enfrentar una pandemia que nos obligó a replegarnos y alejarnos físicamente. De grandes aglomeraciones y abrazos, soportando el temor a la violencia, los perdigones y los gases lacrimógenos, pasamos a encerrarnos en nuestras casas todo lo que podemos, soportando el temor a un virus del que nadie sabe tanto todavía. Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación.

Este día, conmemorado a nivel internacional, nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad y a renovar nuestro compromiso con la construcción de un mundo más inclusivo. A través de la colaboración y el trabajo conjunto, podemos avanzar hacia un futuro donde la justicia social sea una realidad para todas y todos. La disaster iniciada en marzo de este año, con la pandemia del coronavirus, mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice y reveló nuestras falencias en la protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde 2007, cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. En un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea una realidad. En un escenario ideal, el crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible.

Esas concepts difieren fuertemente según cuál sea la posición social con la que se identifican las personas, por ejemplo, con un estrato social medio-alto, medio-bajo o bajo. Algo comparable ocurre con las ideas sobre la educación”, expresó el Dr. Óscar Mac-Clure. Utilizando modalidades de aprendizaje sincrónicas, se examinarán diferentes enfoques teóricos, metodológicos y prácticos acerca de la Justicia Social y su relación con las distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. A través de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de destrezas, se logrará abordar de manera integral los conceptos, fundamentos y principios de Justicia Social en las sociedades contemporáneas, prestando especial atención a la realidad latinoamericana. Es decir, Smith entendía el liberalismo económico como un juego en donde todos ganan. Si el resultado agregado de cada individuo persiguiendo su interés propio fuese que solo unos benefician y la mayoría se empobrece, el modelo pierde parte importante de su atractivo normativo.

Cuando un país tiene altas tasas de desempleo la sociedad en su conjunto se resiente. Por ello, el acceso a un trabajo en condiciones seguras y justas es esencial para las personas. Según explicó, la realidad del sistema “es muy dura”, ya que con $72.000 anuales por usuaria/o, “las y los funcionarias/os de las CAJs brindan atención social y jurídica en causas civiles, de familia, laborales y atención jurídica, social y psicológica a niñas, niños y adolescentes y víctimas de delitos violentos”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel essential en esta tarea, mediante la formulación de políticas, la investigación y la promoción de estándares laborales internacionales.

Agregó que, “también hay diferencias dependiendo del lugar donde residen las personas encuestadas. Por ejemplo, entre las personas que se identifican con un estrato social medio-bajo, hay una mayor disconformidad con sus ingresos por parte de quienes habitan en Puerto Montt en comparación con las personas del mismo estrato que viven en Santiago”. Por último, sostuvo que uno de los riesgos de la injusticia “es una fractura social que lleve a un debilitamiento de la democracia.

Las personas al no haber terminado su Educación Media no pueden acceder a muchas ofertas laborales y se les cierran muchas puertas laborales.

Y aun en este escenario, dependiendo del plan de salud, las personas podrían haber quedado obligadas a un pago altísimo, incluso por el check para detectar el virus (como de hecho sucedió para algunas de las primeras personas contagiadas, antes de que el gobierno regulara el precio del test). En los próximos meses las isapres, con utilidades millonarias, podrían subir el costo del plan a sus afiliados/as, probablemente incorporando los mayores costos asociados a la cobertura del virus (la decisión de postergar estas alzas por unos meses fue presentada como un “gran gesto”). Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”. Así reflexiona en esta columna la directora ejecutiva de Aministía Internacional Chile, Ana Piquer. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, cube informacion de la pobreza. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”.

septiembre 30, 2024

Américas: La Cifra Desproporcionada De Muertes Por Covid-19 Es Resultado De Desigualdades Ya Existentes Amnistía Internacional Chile

Ciertamente, estos resultados no están en línea con las hipótesis de creciente policentrismo en las metrópolis regionales; sin embargo, sí son compatibles con los pocos estudios empíricos existentes sobre el tema (Duhau, 2003). De cualquier manera, un obstáculo mayor para una conclusión más firme sobre este asunto es la falta de datos diacrónicos; por ello, habrá que esperar hasta los censos de 2010 para tener una visión más definitiva sobre la tendencia del histórico monocentrismo de las metrópolis latinoamericanas. El uso de las encuestas de origen-destino podría ser una alternativa, pero la compatibilidad entre los datos censales y los de estas encuestas aún no está clara. En este país el 86% (2007) y 91% (2017) de la diferencia en las tasas de analfabetismo entre la Costa y la Sierra se deben a diferencias composicionales. En otras palabras, si la Sierra tuviera la misma proporción de jóvenes, habitantes urbanos, mestizos y hombres que la Costa, su tasa de analfabetismo sería casi igual.

Mediante una discusión crítica de las teorías en boga sobre el problema, esta charla explora alternativas para avanzar hacia la deconstrucción de las desigualdades interseccionales en América Latina. Un estudio publicado por la revista The Lancet en diciembre encontró grandes brechas en las esperanzas de vida en ciudades de América Latina según las personas nazcan en los barrios más pobres o ricos, como las casi dos décadas de diferencia para mujeres en Santiago de Chile u eleven años para hombres en Ciudad de México. El artículo se cierra analizando si se aplica a Chile la explicación que ha dado Thomas Picketty para el aumento exponencial de la concentración de la riqueza en los últimos 50 años en el mundo.

Ahora vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad”, concluye. Desde el comienzo de la pandemia provocada por el COVID-19, la pobreza extrema se ha disparado en toda la región de Latinoamérica, sumando un whole de 86 millones de personas en dicha condición, la mayor cifra en los últimos 27 años. La presentación fue comentada por Ana Vergara, académica de la Escuela de Psicología UDP. Vergara se refirió a la importancia de las estructuras y relaciones sociales y cómo éstas se intersectan en el marco de la sociedad.

El mayor responsable de la diferencia entre las regiones es la composición urbano-rural y en segunda medida la étnica. En Perú no parece que la región interactúe con las características de las personas para producir efectos diferenciados en el acceso a la educación más básica. El análisis permite identificar qué parte de la diferencia entre las regiones en las tasas de analfabetismo y escolaridad corresponden a la distribución de jóvenes, campesinos, mujeres y miembros de minorías étnicas. Esto, que la literatura llama porción explicada, remite a un componente composicional en la desigualdad subnacional. Es decir, a la parte de la brecha que responde a distintas composiciones de los grupos sociales que se encuentran en cada región. La expansión de la educación básica es América Latina es una de las políticas públicas que más ha impactado la reducción de la pobreza y la desigualdad (Lopez-Calva y Lustig 2010).

“Si no afrontan con audacia la necesidad de gravar más y mejor —como es su obligación en materia de derechos humanos—, los países de América Latina seguirán viéndose arrastrados por un malestar de desigualdad socioeconómica que favorecerá a una élite rica mientras perjudica a la sociedad en su conjunto”, ha afirmado Kate Donald. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica de la región que ha resultado deadly durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirman Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) en un nuevo informe conjunto publicado hoy.

El Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina se lleva realizando durante 15 años. Social en América Latina (DEMOSAL), se ha presentado como un espacio para compartir desigualdad social caracteristicas los hallazgos y reflexiones en torno a la desigualdad en América Latina. Segregación residencial socioeconómica (SRS)y sus relaciones con la migración y la movilidad intrametropolitanas.

La descomposición ratifica la thought que la naturaleza de la desigualdad subnacional es muy distinta entre países y que cambia en el tiempo, a pesar que en términos absolutos la magnitud de la brecha entre la región con más analfabetismo/escolaridad y menos analfabetismo/escolaridad es parecida. Como vemos en la tabla 2, la diferencia entre la región andina y la región Caribe en Colombia en la tasa de analfabetismo period el 8% en 2005 y 5% en 2018. En Perú, la diferencia en la tasa de analfabetismo entre la Costa y la Sierra era de 9% en 2007 y 7% en 2017. En Chile, la diferencia en escolaridad entre la región Central y la Sur era de 7% en 2002 y 3% en 2017.

Cecchini comenzó su presentación indicando la principal misión de la CEPAL, la promoción y el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Este organismo, perteneciente a la ONU, es un centro de excelencia encargado de colaborar con sus Estados miembro en el análisis integral de los procesos de desarrollo. «Actúa además como asesor en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como también entrega información especializada, asesoramiento, capacitación y apoyo en la cooperación y coordinación regional e interregional», expresó. La pandemia de Covid-19 no sólo generó una crisis económica que impactó al mundo, sino que también trajo una disaster social que se expresó en mayores niveles de pobreza, desigualdad y que desnudó una serie de brechas en acceso a tecnologías y a viviendas de calidad, entre otros factores que continúan sin resolverse.

La secretaria ejecutiva de la Cepal advirtió sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios en la región, que continúan experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos. El ejemplo de la región Caribe ilumina el hecho que la región como espacio no es una tabula rasa donde se expresan racismos, sexismos y discriminaciones en función del número de minorías. Al contrario, son los procesos políticos, económicos e históricos enraizados en el espacio de la región, articulados por élites regionales, y avanzados por instituciones subnacionales lo que explica su explicit composición, que a su vez explica parte de la desigualdad subnacional. Gráfica 4 Tasas nacionales de Analfabetismo (Colombia – Perú) y Porcentaje de personas con cuatro años o menos de escolaridad (Chile) según área rural y urbana.

Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público. Gráfica 1 Tasas nacionales de Analfabetismo (Colombia – Perú) y Porcentaje de personas con cuatro años o menos de escolaridad (Chile). En medio de las múltiples crisis superpuestas, la región no apela a mecanismos de integración y cooperación que la fortalezcan. Permanece dividida, fragmentada, con una política exterior descoordinada y desarticulada, guiada por la ideología, que se traduce en una pérdida de relevancia en medio de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos a nivel internacional. “En el corto plazo, si bien la situación es horrible y ha introducido una desigualdad brutal, vemos que por lo menos estas medidas de contención y transferencia de ingresos pueden estar siendo mitigadoras”, apuntó Lustig. Finalmente, se analiza el avance de la variante ómicron, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las predominantes en el mundo.

Este seminario es uno de los espacios de intercambio y discusión académica más importantes de la región porque reflexiona sobre la definición y clasificación de las clases sociales, su conformación socio histórica, las fronteras entre ellas y las oportunidades de movilidad social. El seminario propicia presentaciones de investigaciones desigualdad juridica que analicen estos procesos desde una perspectiva macrosocial y microsocial. Finalmente, recalcó que “estamos avanzando con acciones intersectoriales, incorporando las recomendaciones internacionales a la oferta programática y la mirada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de manera transversal a todo el quehacer público.

Cuando se corrige la información para incorporar los altos ingresos con datos de declaraciones fiscales, la concentración del ingreso en el tope de la distribución es más alta y ha estado subiendo. Según los análisis de la CEPAL, los grupos más vulnerables en Chile, están fuera del sistema de protección social. Sólo el 51,2% de las personas de estratos bajos cotiza en el sistema de pensiones, mientras que en los tramos medios altos es el seventy five,7% lo hacen. Diego Portales, miembro de la llamada “Comisión Bravo” que analizó el sistema de AFP, experta en pobreza y que junto a Ricardo Mayer hizo en 2011 una de las primeras estimaciones sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad usando datos de la encuesta de empleo de la U.

Adicionalmente, y sobre todo para el caso de los pobres, las políticas de vivienda social y las regulaciones urbanas pueden tener efectos directos sobre su localización en la ciudad y sus tiempos de traslado, con independencia de las preferencias de los pobres en materia de movilidad. En suma, la hipótesis debe ser evaluada empíricamente, porque tiene demasiadas consideraciones que generan dudas sobre su validez. Esta investigación pretende contribuir a profundizar la comprensión de la naturaleza de las brechas regionales o subnacionales y motivar futuras investigaciones en este campo. Hacerlo permitirá identificar políticas públicas contextualmente acertadas e intervenciones que visibilicen la experiencia de grupos sociales en la intersección de varios atributos tradicionalmente marginados. El avance hacia una mayor igualdad de oportunidades requiere estas lecturas que trasciendan la tiranía de los promedios. En 2002 el 63% de la diferencia en la proporción de personas con cuatro o menos años de escolaridad period explicado por diferencias composicionales.

septiembre 29, 2024

Desigualdades En Salud: Adulto En Comunas Del Gran Santiago

Dada esta problemática situación para la capacidad de carga del municipio, las autoridades locales han proyectado emplazar un centro de atención antes de 2025, por ende, el objetivo de este estudio es generar una propuesta de áreas óptimas para la implementación de un centro de Atención Primaria en Salud a través de un Proceso Analítico Jerárquico. Los resultados muestran una alta aptitud para el emplazamiento de estos dispositivos en el sector sur y sureste de la comuna producto de la alta densidad de población en edad de riesgo y la marcada aglomeración de redes viales estructurantes. Es importante señalar que, aunque la desigualdad de ingresos es un issue significativo en los resultados de salud mental, no opera de forma aislada. La salud psychological está influida por una miríada de factores individuales, interpersonales y sociales.

Y esto tiende a reproducir la pobreza inicial, sobre todo en los territorios donde se ha distribuido la vivienda social, en el caso de Santiago. En resumen -y más allá de las satisfacciones propias que da el cuidar de la familia- no otorga a las mujeres autonomía económica, oportunidades de desarrollo laboral, posibilidad de establecer relaciones sociales estables. Y en este sentido, la investigación muestra que a pesar de la doble jornada que desarrollan las mujeres que trabajan, el contar con una actividad remunerada es mejor que no hacerlo en términos de salud, puesto que otorga otros beneficios que el trabajo doméstico contemporáneo en hogares unifamiliares no ofrece. Es una labor que suele implicar jornadas muy largas, relacionadas generalmente con la cantidad de miembros del hogar a quienes se cuida, así como su edad y situación de salud. Además, en este tipo de trabajo, generalmente se realizan actividades muy repetitivas y en contacto con sustancias tóxicas, por lo que se producen problemas músculo-esqueléticos o en la piel. Finalmente, se realiza -y considero que cada vez más- en condiciones de aislamiento social, lo que limita las oportunidades que tiene el trabajo remunerado de establecer vínculos sociales, afectivos, significativos y solidarios.

Sin embargo, en muchos ámbitos el mercado y la acción del Estado generan un trato desigual, como ocurre con lo vinculado a la salud. Mientras consensuamos los cambios estructurales que influirán en la salud del Chile del futuro, debemos avanzar en la transformación de nuestro sistema de salud, para lograr, en el corto plazo, reducir las brechas y mejorar la salud de toda la población. El objetivo de este estudio fue estimar la esperanza de vida al nacer, un indicador de salud elementary, y su asociación con la posición socioeconómica local. Los escolares de gran parte del territorio nacional ya están disfrutando de sus vacaciones de invierno, descanso que -al igual que el año pasado- llega un par de semanas antes de lo tradicional ante el peak de enfermedades respiratorias.

La falta de herramientas e información provoca que las personas pongan en riesgo su salud, no puedan tomar decisiones informadas, y perpetúen en muchos casos, las condiciones de pobreza y precariedad. Aun en los países mejor preparados para abordar la enfermedad con tratamientos de punta, como Argentina, Brasil y Chile, las brechas internas son lo suficientemente amplias como para encender todas las alarmas. Destaca la región de Los Ríos, con la mayor mediana de días de espera a nivel nacional, alcanzando los 750 días. En esta región, hay eight,187 pacientes en espera de una intervención quirúrgica, lo que representa el 1,99% de su población whole. En contraste, la región del Libertador General Bernardo O’Higgins también presenta una mediana de espera elevada de 406 días, y es notable por tener la mayor proporción de su población en espera, con 32,495 pacientes, o un 3,19% del complete regional.

Los académicos de la Universidad de Chile Mariela Muñoz, Guillermo Zepeda y Cristián Rebolledo destacan la medida, comparten algunas recomendaciones y reiteran el llamado a vacunarse. Otra fuente de financiamiento del gasto en salud en Chile son los aportes directos que hace el Estado tomando recursos recaudados por impuestos generales. Para atacar específicamente la falta de especialistas el gobierno actual está desarrollando un programa que pretende formar 4.000 desigualdad de clases sociales médicos especialistas, aumentando el aporte a las universidades para que puedan ampliar sus cupos. Sin embargo, señala el informe que “este esfuerzo se encuentra con la realidad de que una vez realizada la beca, muchos de ellos/ellas migran al sector privado”. Según los datos reportados en el informe, más de un millón y medio de personas se encuentran en espera de atención médica y 240 mil aguardan una cirugía para patologías no AUGE, al mes de agosto de 2016.

La investigación ha demostrado que los países con mayores niveles de desigualdad de ingresos tienden a tener peores resultados de salud mental para sus ciudadanos. Wilkinson y Pickett (2009) llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los datos de varios países y descubrieron una fuerte asociación entre la desigualdad de ingresos y una serie de problemas de salud mental, incluidas tasas más altas de depresión, ansiedad y abuso de sustancias. A pesar de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud, este exhibe resultados que nos posicionan favorablemente a nivel internacional, incluso en comparación con países desarrollados. Los chilenos disfrutamos de una mayor esperanza de vida que el promedio de naciones pertenecientes a la OCDE, así como de una tasa más baja de mortalidad por enfermedades evitables.

Comprender estas conexiones entre desigualdad estructural y cerebro es esencial para el desarrollo de políticas y prácticas más efectivas en la búsqueda de una sociedad equitativa. Bajo este panorama, es elementary desarrollar intervenciones y políticas con enfoque de género que mitiguen el efecto de la pandemia en la situación económica y el bienestar psicológico, y asimismo aumentar el acceso a servicios de salud mental. El concepto alude a diferencias sistemáticas y estructurales en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales. Un concepto estrechamente relacionado es el de «inequidades en salud», el cual refiere a las mismas diferencias en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales, pero que se consideran injustas, modificables y prevenibles. La crisis en el ámbito de la salud mental de los chilenos y chilenas es un tema crítico y en el cual podríamos extendernos, sin embargo, el tema que quisiéramos aludir en esta columna es la relación entre la salud mental y la inequidad existente en nuestro país. ¿Será solamente coincidencia que en Chile tenemos simultáneamente malos índices de salud psychological y malos índices de distribución del ingreso?

Magíster en trauma y psicoanálisis relacional, Universidad Alberto Hurtado.Full traimer psicoterapia EDMR, EDMR Institute.Diplomado interdisciplonario en Derecho internacional de los Derechos Humanos, U.Chile. Fundadora Unidad de trauma y disociación; Instituto Psiquiátrici Horwitz Barak. Psicóloga clínica UC y Supervisora Clínica Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos (CONAPC). Magíster en Psicología Clínica mención Psicología Analítica Junguiana, Universidad Adolfo Ibáñez. Nos complace informar que la capacidad máxima para la presente versión del Diplomado en Psicoterapia Infanto Juvenil ha sido alcanzada. Si deseas recibir información sobre futuras ediciones del Diplomado, te invitamos a registrarte para recibir notificaciones. Máster en Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal (UB) y Máster oficial en Psicopatología Legal Forense y Criminológica (UIC).

En 2019 las universidades regionales tenían 127 carreras de la salud, congregando a 43 mil estudiantes de pregrado y aportando el 27.4% del complete nacional. Ese año, ellas impartían thirteen programas diferentes, predominando enfermería, kinesiología y rehabilitación, nutrición y dietética, medicina, fonoaudiología, obstetricia y puericultura, y tecnología médica. Asimismo, impartieron el 23% de los programas de postítulo, incluyendo diplomados, especialidades médicas, odontológicas y de ciencias de la salud. La Constitución de la República de Chile, artículo 19º, asegura a todas las personas igualdad ante la ley.

Es un trabajo sin protección social, es decir, sin un ingreso garantizado en la vejez, que no permite, por ejemplo, contratar una ayuda en caso de que no se pueda seguir trabajando, y que no cuenta con los beneficios sociales que el empleo otorga. Hay un siguiente nivel, que puede estar presente en todas las relaciones salariales precarizadas, ya sean formales o informales, en el que los trabajadores no tienen la capacidad de exigir condiciones de trabajo seguro. En estos casos es muy probable que se les otorgue menos capacitación o equipos de protección personal, frecuentemente en trabajos más penosos, duros y riesgosos con posibles daños a la salud. O el poder tener ingresos durante el embarazo y el postparto, en la vejez, en la presencia de enfermedades limitantes que no permitan a las personas continuar trabajando o en periodos de desempleo, y que ello no signifique que la familia quede carente de ingresos. Toda esa purple de protección aporta certezas, de manera que, por ejemplo, no es lo mismo un trabajo con seguro de desempleo, que un trabajo inseguro sin esta protección.

A partir de esta incorporación, en Chile podemos ver comparativamente cómo estamos con respecto de los demás miembros. Según cifras que recopiló Salud Un Derecho, un movimiento ciudadano de Chile que aboga por la reposición de la solidaridad en el financiamiento de la salud y que presentó un informe llamado Las Cifras de la desigualdad de la globalización en Chile, la situación de la salud no se presenta en términos favorables, apareciendo como profundamente desigual. Casi un tercio de las personas indicaron dormir menos (24,7%) o más (7,7%) de lo recomendado, dos factores asociados a un mayor riesgo de mortalidad. La incidencia del sueño más corto o largo aumentaba con la privación social y variaba con la etnia, siendo peor en personas solas y en etnias con menor acceso a salud, educación y trabajo.

A su vez, las condiciones neurológicas y psiquiátricas son el grupo de enfermedades que más impacto tienen en la pérdida de años de vidad saludable (AVISA; MINSAL 2007) en Chile, ya sea porque la persona que la padece vive con discapacidad o porque muere de forma prematura. Un ejemplo de ello es que previo a la crisis actual las enfermedades mentales ya ocupaban el primer lugar entre las razones de licencias otorgadas y, tanto en el sistema público como el privado, representaban más del 20% del costo whole de licencias médicas (MINSAL, 2017). La Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en plantear que mientras más inequitativa en términos socioeconómicos es una sociedad, mayores serán las desigualdades en salud. Quienes tienen menos educación formal e ingresos, viven menos años y de forma menos saludable. Asimismo, sociedades más inequitativas tienden a tener peores resultados globales que las que podrían tener en un escenario de mayor igualdad.

Por ejemplo, información desagregada por etnia de tasas de mortalidad materna, que es un dato que hoy no existe y no sabemos si hay algún fenómeno en este grupo”, puntualizó Tijero. En la segunda área de presentación (impacto económico del cáncer), el estudio incluyó cifras del año 2009 y arrojó que casi el 1% del PIB de Chile es el costo que tiene el cáncer en nuestro país. Esto equivale a más de 2 mil cien millones de dólares en el global incluyendo a isapres y Fonasa pero sin incluir a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y a aquellos que no tienen ningún tipo de seguro. «Calculamos costos directos asociados a todos los exámenes, screenings, costos paliativos y otros, pero además, los costos indirectos como licencias y también los años de vida productivos perdidos por una persona que fallece».

septiembre 28, 2024

No Hay Salud Psychological Sin Justicia Social: Desigualdades, Determinantes Sociales Y Salud Mental En Chile Facultad De Psicología Udp

Éramos un país donde nuestra libreta de ahorro emocional y de confianza se había agotado. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario.

Y en ese sentido, se hace referencia a una encuesta de Activa Research del mismo año, donde un 78% de las personas consultadas manifiestan que, para superar la disaster, se deben escuchar las demandas ciudadanas; y un fifty six,1% expresa que, para ello, se deben reconocer los problemas de desigualdad social. Es decir, más de la mitad de las personas encuestadas manifiestan que la superación de la disaster social pasa por reconocer que existen problemas de desigualdad. En nuestro país se han llevado a cabo dos de estos estudios, en 2015 y en 2020, y una comparación de sus resultados nos permite sacar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, la prevalencia de las necesidades jurídicas es alta en ambos estudios, reportándose entre 43% y 46% en 2015, y en 76% para el 2020.

La violencia policial que habíamos denunciado reiteradamente, se volvió generalizada, dejando personas muertas, torturadas y mutiladas en el camino. Se puso en duda, como nunca, la protección de los llamados derechos civiles y políticos. En este contexto, creo que la exclusión y la desigualdad que experimentan las personas en el sistema de justicia civil son razones suficientemente fuertes como para reactivar la reforma y hacerlo en serio.

El gobierno que habló de perseguir sin descanso y hasta el fin de sus días a quienes hayan cometido hechos de violencia como saqueos e incendios, no hace lo mismo respecto de carabineros –agentes del propio Estado– que habiendo cometido hechos de violencia, se limita a decir que se debe dejar que la justicia actúe. El gobierno que habló de condenar la violencia “venga de donde venga”, no condena con la misma fuerza la violencia que es ejercida por el propio Estado. Incluso, el actuar policial es visiblemente diferente tratándose de manifestaciones, dependiendo de quiénes se manifiestan y el motivo por el cual se manifiestan. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Asimismo, precisó que pocos son contrarios a la justicia social, “pero nadie la entiende de la misma manera; por eso es difícil encontrar soluciones en común.

Es decir, la necesidad del sistema de justicia civil es considerablemente alto. El primer tipo de desafíos es expresión de diferentes teorías éticas y metaéticas y cube relación con las condiciones de posibilidad que deben concurrir para que un conjunto de principios o normas éticas sirvan como reglas de comportamiento individual y colectivo. Ello ocurre, por ejemplo, en decisiones médicas de trasplantes de órganos, en problemas teóricos como el Trolley downside o el dilema del prisionero y en problemas de racionalidad colectiva como la posición originaria de la teoría de la justicia de John Rawls, por mencionar algunos casos. Reflexionando sobre la justicia social hoy, evoco la marcha masiva del 25 de octubre de 2019, un momento en el que la ciudadanía expresó las profundas preocupaciones derivadas de las persistentes deudas sociales en nuestra población.

Una sociedad necesita llegar a consensos acerca de qué principios deben priorizarse con respecto de la justicia, la libertad y la igualdad”. El Dr. Sainsaulieu comentó sobre el libro “Où est passée la justice sociale? De l’égalité aux tâtonnements” (¿Dónde está la justicia social? De la igualdad al ensayo y error), que editó junto a los/as académicos/as Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero y David Mélo en 2019 en Francia y que próximamente será publicado en inglés por la editorial Palgrave. Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses.

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud – Organización Mundial de la Salud. Te invitamos a explorar otros recursos y contenidos de educarchile que pueden ser de tu interés o estar relacionados con tu actual búsqueda. Siguiendo a teóricos liberales tan disímiles como Smith, Rawls y Friedman, la justicia de la desigualdad no solo depende de la justicia del procedimiento, sino también de que los resultados agregados sean beneficiosos para todos. Empleadores pueden despedir a sus trabajadores/as, incluso sin indemnización aduciendo fuerza mayor. Sin una cuarentena total en todas las comunas, trabajadores/as deberán optar entre cuidar su salud y la de los suyos quedándose en casa, o asistir al trabajo, al que siguen obligados a presentarse, y cuidar su sustento. Muchas personas deben viajar largas distancias dentro de Santiago, en transporte público aglomerado, para poder llegar a sus trabajos, corriendo mayor riesgo de contagiar y ser contagiadas.

Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó. El gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha establecido como uno de sus principios centrales, fundar las bases de un gobierno feminista. Esto quiere decir que las necesidades diferenciadas de toda la población están en primera línea estratégica y son tomadas en consideración en todas las decisiones del Estado. Este artículo tiene por objetivo describir algunas de las principales líneas de investigación y reflexión en torno a la relación entre desigualdad y salud mental.

Pero la crisis vino a “estresar” el sistema hasta evidenciar para todo el mundo que el problema es estructural. Es más, un análisis interseccional de los resultados de estas encuestas sugiere que a medida que la vulnerabilidad se “concentra” (que se crucen o se interesecten factores como discapacidad, baja escolaridad o bajos ingresos, por mencionar algunos), la probabilidad de experimentar un problema authorized aumenta (McDonald y Wei, gini mundial 2013). Es decir, que a medida que intersectan más factores de desventaja, mayor es la vulnerabilidad a experimentar una necesidad jurídica. El informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señalaba que el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. “Durante la pandemia, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa de las familias. Es el refugio para cuidar la salud y evitar la propagación del virus en las comunidades”, declaró la directora de Operaciones de Hábitat para la Humanidad de América Latina y el Caribe, María Teresa Morales. El acceso a la vivienda digna es esencial y la sociedad, especialmente en Chile, debe avanzar en garantizar este derecho. Se observa que existen diferentes ideas sobre si es justo que las personas que han cotizado más reciban también una pensión más alta y a la inversa, una pensión más baja quienes han cotizado menos.

La desigualdad social tiene gran influencia sobre la calidad de vida, ya que, dependiendo de la crianza y la experiencia de primera infancia, ello prepara para obtener mejores resultados dentro del sistema educativo formal, así como para la vida personal y profesional. Hace casi dos décadas, las Naciones Unidas establecieron el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo la necesidad continua de erradicar la pobreza, fomentar el empleo pleno y trabajo decente, promover la igualdad de género y asegurar el acceso equitativo al bienestar y la justicia social para todos. Se entendió entonces que el desarrollo social y la justicia son pilares fundamentales para la paz y la seguridad a nivel global, y que estos ideales solo pueden alcanzarse si se respetan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna.

La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.

El segundo tipo de desafíos es expresión de los problemas del primer tipo en sociedades complejas. Se trata de situaciones sociales (p. ej., pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza, acceso a servicios públicos de educación y salud, resguardo del medio ambiente y otros semejantes) que son tratados por el derecho y por el conjunto de políticas sociales impulsadas por el Estado. En este conjunto de procesos públicos la justicia social está presente como criterio de toma de decisiones y como concepto que tensiona los mecanismos distributivos existentes. Este artículo estudia las evaluaciones subjetivas de la justicia social en Chile, un país en el cualprevalecen pronunciadas desigualdades sociales al igual que en el resto de América Latina. Analizamos empíricamente las percepciones sobre lo justo y lo injusto en relación con los ingresos de distintas posiciones sociales, buscando responder la pregunta acerca de qué principios de justica aplican las personas. Los resultados muestran que además del mérito particular person vinculado al esfuerzo en la educación y en el trabajo, las personas consideran otros principios de justicia, referidos al capital cultural y social, así como al trato en la interacción social.

Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Junto con ello, destacó que la ethical y la ética no son solo un asunto teórico de grandes pensadores, “sino que forman parte de la vida social de la gente corriente, como señala el sociólogo François Dubet en el prefacio del libro. Esto se expresa en las redes sociales, donde las personas se conocen, hablan entre ellas e intensifican sus puntos de vista comunes sobre problemas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y de minorías sexuales.

En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un globalizacion desigualdad economica periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.