Aunque hablemos en su conjunto de América Latina, las diferencias entre países son muy elevadas. Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, México y Colombia han sido los países derechos que vulnera la pobreza más afectados. Por el contrario, Paraguay, Uruguay y, especialmente, Guatemala se han visto afectadas en un grado semejante al de otras economías en desarrollo y emergentes.
Los nuevos modelos de gestión muestran también una apertura mayor a la participación del sector privado, ONG, bancos, cooperativas, and so on. Este tipo de participación todavía necesita de una adecuada regularización y management por parte del sector público, que sigue teniendo un rol fundamental y clave en la gestión de las políticas habitacionales y urbanas (Simioni y Szalachman, 2006). Bajo esta comprensión de la problemática, la ciudad es entendida en su potencialidad productiva, y no solamente vista en términos de consumo. Se postula que ciudades dinámicas y «sanas» son una parte integral de un crecimiento económico sostenido. Al desarrollarse un país, las ciudades contribuyen en una mayor proporción, y en forma creciente, al ingreso nacional. De acuerdo al Banco Mundial (Vidler, 1999), las áreas urbanas de los países de bajos ingresos generan un 55% del producto interno bruto; de los países de ingresos medios, un 73% y las áreas urbanas de los países de ingresos altos, un 85%.
Allí se alcanzó el 30% de desempleo, una cifra que se espera no alcanzar producto de la disaster social iniciado en Octubre y luego, la pandemia mundial. “No sabemos cómo concluirá esta crisis, es una situación de una magnitud distinta a la que vivimos hoy día. Pero hay que considerar que las expectativas de la gente son diferentes a las demandas del año 82“, afirmó. 5 Los países de la región carecen de políticas nacionales de fomento a la pequeña producción que incorpore una perspectiva de desarrollo económico native.
Solo desde el año 2005 al 2020 el país ha estado continuamente en un dígito en la tasa de desempleo. Sin embargo, según cifras del INE, actualmente en el país el desempleo ha estado en dos dígitos desde marzo-mayo del presente año, debido a la pandemia. Respecto al ámbito de pobreza en Argentina, analizamos los datos que sistematizan la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Los datos de estas organizaciones, indican que se superó el 40% de pobreza en el país trasandino, específicamente en 1996, del 2000 al 2005 y en el primer semestre de 2020. “En los últimos 30 años, mientras en Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda mucho por mejorar, pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado”.
Esto se traducirá inevitablemente en un aumento de la pobreza, sobre todo multidimensional y en un estancamiento en la reducción de la desigualdad. Para dichos efectos se ha recurrido a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) de 2017. En estricto rigor esta constituye una extensión realizada una vez al año de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), las misma con la cual el INE elabora mensualmente las estadísticas oficiales de ocupación, desocupación, composición de la fuerza de trabajo, and so forth. Se cuenta, por tanto, con información detallada de alcance nacional sobre empleo e ingresos con la cual aproximarse a la estructura de clases del capitalismo chileno. Esta dinámica de deterioro de los ingresos laborales y aumento del rol del Estado se ve reflejado en un cambio en la composición de los ingresos de las familias en Chile.
La calidad de los ingresos reales de los sectores de pobreza urbana tiene directa e indirecta relación con la posibilidad de mejorar su situación de vida. Para muchas de las condiciones que caracterizan la pobreza urbana en nuestra región, la magnitud y estabilidad de los ingresos influyen tanto en forma directa como indirecta sobre las posibilidades de superar o mitigar la condición. Asimismo, el acceso seguro a la infraestructura colectiva (de agua potable, saneamiento, drenaje, calles, espacio público) también tiene relación con la capacidad de pago, y la falta de educación influye sobre ingresos a futuro. En las ciudades de América Latina y el Caribe, los pobres urbanos viven una heterogeneidad de condiciones y carencias que expresan directamente e indirectamente su vulnerabilidad económica.
Las crisis económicas han sido momentos donde tanto la teoría como la política económica han cambiado radicalmente. A pesar de todos los efectos recesivos, las muertes y el empeoramiento en la calidad de vida; la crisis genera una oportunidad de cambio en la política macroeconómica y laboral, con el objetivo de construir un mercado del trabajo que otorgue garantías mínimas a los trabajadores. Extender los sistemas de protección social frente al desempleo es una de las prioridades principales. Improvisar medidas masivas sobre la marcha retrasa la ayuda y empeora las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Independientemente de quién esté en el gobierno, la calidad de vida de la población no puede estar en manos del grupo de técnicos de turno. El rol de los programas sociales fue fundamental para sostener los ingresos de millones de personas durante la pandemia.
La pérdida masiva de empleos durante la pandemia no se vio reflejada en incrementos en las tasas de desempleo; de hecho, está se elevó a un 11% de la fuerza de trabajo durante 2020. Una de las características distintivas de esta crisis es que la pérdida de empleos se vio reflejada en la salida masiva de personas de la fuerza de trabajo, reduciendo las tasas de participación laboral y volviendo más complejo el regreso de las personas al mercado del trabajo. Si bien ha existido una recuperación tanto del empleo como de la fuerza de trabajo esta se ha estancado durante 2021. Entonces, para poder entender este fenómeno tenemos que analizar la composición de los gastos y la producción en Chile durante los últimos trimestres. Discutir sobre el actual democracia y pobreza mercado laboral no es sólo un asunto de alzas o bajas de cesantía, sino también de la calidad de esos trabajos y las características de quiénes los ejercen. Dos investigadores ponen lupa sobre los últimos años de empleo en nuestro país y llegan a conclusiones reveladoras.
En cuanto a la magnitud del problema de la pobreza en América Latina, las más recientes estimaciones de la CEPAL (2007) indican que en el año 2006, el 37% de la población de la región se hallaba en situación de pobreza (31,1% para las áreas urbanas). Esto significa que casi 200 millones de personas en la región son pobres (127,6 millones en áreas urbanas) y un poco más de 70 millones de personas son extremadamente pobres (35,2 millones en áreas urbanas). Las tasas de pobreza e indigencia indicadas significan descensos respecto a sus niveles de 1990, tanto a nivel nacional como urbano.
En el ejercicio de 2023, los nuevos compromisos de IFC alcanzaron un monto récord de USD 1700 millones, un aumento de casi el 200 % en comparación con el ejercicio anterior. Creo que hay una gran oportunidad de reestructuración y de ser una economía más competitiva. Hoy día hemos hecho un cambio de productividad en three meses que en tiempos normales habríamos hecho en 10 años, preparando clases virtuales, haciendo entrevistas, participando en conferencias organizadas fuera de Chile. Todas las cosas que hacíamos antes viajando ahora las hacemos por internet, hemos aprendido qué podemos comprar, que hay muchas posibilidades de buen supply, y todo eso además debería ayudar a disminuir la congestión, enfrentar el cambio climático, entonces tenemos la oportunidad de que haya una salida de la disaster con mayor productividad. En relación a la cifra del IPC, se puede ver precios aumentando, pero no se ve un aumento en los alimentos. Me acuerdo que para el terremoto del 2010 yo estaba en el Banco Central, y hubo una gran reducción de oferta y una gran demanda por viajes interurbanos para partir a ver a sus familias, pero a diferencia de lo que pasa un 18 de septiembre -por ejemplo- que los pasajes suben, yo esperaba un alza de inflación, pero ésta fue muy baja.
No obstante su relevancia, en los meses que vienen, la información que se tendrá sobre el mercado laboral y los ingresos será escasa y llegará con rezago. Por ejemplo, si se considera el mes de abril de 2020 como un punto de quiebre en los datos laborales, los datos de empleo del INE recién los reportarían de manera completa hacia fines de junio. Sin embargo, debido a que este dato se recolecta por medio de encuestas presenciales, la tasa de respuesta ha caído fuertemente y, con ella, la calidad de esta información por cuanto no se habrá podido realizar trabajo de terreno presencial en gran parte del país. Asimismo, no será posible contar con datos de ingresos de las personas y los hogares sino hasta 2021, para cuando se tendrían los resultados de las Encuestas Casen y Suplementaria de Ingresos. A lo mínimo que tenemos que apuntar como sociedad es a garantizar que exista empleo para todo aquel que lo requiera, que las condiciones laborales sean dignas y decentes, y que la remuneración obtenida logre al menos garantizar una vida lo más alejada de las líneas de la pobreza para el grupo acquainted. Los empleos asalariados formales, que están asociados a mejores condiciones laborales e ingresos, fueron la categoría de empleo menos afectada por la pandemia.
Algunos ejemplos son el Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina, el Bono COVID-19 de Chile, el Ingreso Solidario de Colombia, el Bono Proteger en Costa Rica o el Bono de Emergencia en Brasil. Chile se presenta como un referente, al decir que en décadas (en plural) hemos tenido tasas de desempleo menores al 10%, cuando la CEPAL indica que en 1999 Chile tuvo un 10.1% y en 2004 un 10.0% en este ítem. Diseñar y promover políticas de inversión que permitan la existencia de infraestructura comercial a la cual tengan acceso los comerciantes ambulantes. Favorecer en las licitaciones públicas los servicios de los pequeños y medianos emprendimientos de propietarios de sectores de vulnerables.
Ello cual repercute en forma crónica en el financiamiento de programas en relación a su cobertura legal. En su defecto, es posible la focalización sólo alcance a grupos muy reducidos de eventuales beneficiarios, y no a todos quienes lo necesiten. La movilidad social y económica de grupos pobres a convertirse en sectores medios no pobres les deja fuera de beneficios focalizados, (aunque pudiesen efectivamente necesitarlos) y con incapacidad de pago o acceso al mercado lucrativo para satisfacer necesidades, problemas de seguridad, o imprevistos laborales o de ingresos. Aunque las condiciones del marco normativo y financiero restringen al Estado esencialmente a mantener su rol subsidiario, desde 1990 se ha intentado incorporar un enfoque más integrador del sistema de protección social.
En nuestra región, la pobreza urbana adopta la forma de bajos ingresos vinculados a empleos precarios, falta de capital educativo y activos patrimoniales, y refleja inequidades por razones de género1. Dicho sistema, aparte de crear oportunidades de empleo y potenciar la incorporación de distintos grupos sociales al mercado del trabajo, cut back la carga de trabajo no remunerado, alivia la pobreza de tiempo de las mujeres y mejora su participación en la fuerza de trabajo con el fin de posibilitar su autonomía económica. Los shocks macroeconómicos se transmiten a los hogares pobres urbanos a través del mercado laboral, siendo el desempleo en América Latina particularmente urbano (15% promedio en áreas urbanas versus 3% en zonas rurales).
