La fase de “redemocratización” consistió en la definición de la garantía de los derechos a la libertad de creación y de acción de las OSCs, ocurrida durante las décadas del ‘80 y ‘90. Al efecto, la Constitución Federal de 1988 previó la no interferencia estatal en la creación, funcionamiento y auto-organización de tales entidades. Consolidada la situación anterior, una segunda fase de “participación ciudadana” se inicia con la dinamización del mandato constitucional de participación y control justicia y desigualdad social social por representantes de OSCs en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, ejercido en ámbitos tales como planificación municipal, usuarios de servicios públicos, seguridad social, salud, educación, protección del patrimonio cultural, entre otros.
Los contratos entre las partes de la organización son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de interdependencia que se desarrollan entre ellas como resultado de la división del trabajo. En la medida en que una organización tiene más diversidad de tipos de contratos y más transacciones, su complejidad será mayor. Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo control.
El primero con la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el segundo, avanzando lo que en Brasil se ha llamado una “tercera fase” de la participación ciudadana en la construcción del Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada de “contractualización”. Articulamos a organizaciones de la sociedad civil mediante la creación de espacios de encuentro y fortalecemos su gestión y participación, a través de diferentes áreas como incidencia, transparencia y alianzas. Acceso en primer mano a los programas de transparencia y fortalecimiento, asegurando todo el apoyo disponible para cumplir con el ciclo anual de rendición de la FECU Social, por ejemplo.
La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal ha reconocido la dimensión constitucional de esta participación a través de la ejecución directa de acciones en colaboración con el Estado, incluso con la posibilidad de financiamiento público de las OSCs para la realización de servicios de relevancia pública. De este modo, se afirma el deber del Estado brasileño de relacionarse con las OSCs, garantizando su libertad de existencia, de acción y de expresión, al mismo tiempo de su deber de crear espacios para la práctica de la ciudadanía y difundir las buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Desde Fundación Trascender, queremos hacer un reconocimiento especial a todas las mujeres que, con su dedicación y compromiso, han sido parte fundamental del trabajo que realizamos día a día.En esta fecha tan significativa, extendemos nuestro saludo a todas las voluntarias que han brindado su tiempo y esfuerzo para contribuir al fortalecimiento de nuestras organizacionessociales. Su dedicación ha permitido democratizar el acceso a la información y fortalecer el tejidosocial, promoviendo así el desarrollo y la participación ciudadana. Además, compartimos el testimonio de tres de nuestras destacadas voluntarias donde nos cuentan qué mujer ha inspirado su labor y compromiso con el voluntariado.
En este artículo se mencionan la función y las características de la organización social aplicada a las organizaciones de salud. Las organizaciones de interés público son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés general en materia de derechos instituciones sociales y organizaciones sociales ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurren al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro. En últimos años, se ha instalado una discusión sobre el rol de la sociedad civil en el proceso de modernización y desarrollo,
y sobre la realidad de las organizaciones que la componen. «Organizaciones de la Sociedad Civil y la Descentralización en Chile» es el título de esta nueva publicación del académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, donde presenta diversos casos de movimientos y organizaciones de la sociedad civil que han protagonizado intervenciones trascendentales en la historia del país y que han jugado un rol clave en la descentralización. Hoy, además, es un elemento fundamental para el estudio del mundo microbiano gracias a Fanny Hesse, quien introdujo el uso de este material como medio de cultivo para el crecimiento de bacterias y hongos en el siglo XIX. La historia olvidada de esta mujer, que trabajó en el laboratorio de Robert Koch en Alemania, es lo que rescatará un proyecto internacional en el que participará un equipo de la U.
Es un proyecto programado para doce meses de ejecución, que justamente da cuenta de proyectos con fuerte impacto social y que son parte de nuestra misión institucional”. Es por esa razón que todas estas concepts recibieron el reconocimiento del seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo, en un acto que se realizó en la Universidad de Playa Ancha, con la presencia del rector Patricio Sanhueza. “Éste es un paso que ha dado el Ministerio de Desarrollo Social para animar a un conjunto de personas a elaborar propuestas que tienen que ver con redes sociales, es decir que no son para el progreso o el avance particular sino que es un progreso social mancomunado entre varias y distintas personas que tienen problemas y aspiraciones en común y obviamente que es un impacto importante para la Región de Valparaíso. Nosotros esperamos que siga habiendo este tipo de convocatorias en donde las personas se sientan animadas a presentarse”, afirmó Sanhueza. La Casa de Bello fue seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Santiago de Chile en la versión 2024 del rating Research Leaders de Nature, medición basada en indicadores objetivos que evalúa a instituciones de todo el mundo en base a sus investigaciones publicadas en a hundred forty five revistas de alto impacto.
De lo anterior se deduce que si deseamos controlar el sistema, es decir, si deseamos predecir los eventuales resultados y consecuencias, el aparato contralor o gestor deberá tener la capacidad necesaria para conocer todos los estados posibles del sistema bajo management y disponer, además, de un repertorio de respuestas frente a cada uno de los estados que puede presentar el sistema, con el fin de que sea controlable.
La presentación del libro contó con la participación de comentaristas como Guillermo Turner (gerente de Asuntos Corporativos de CMPC), quien abordó el debate sobre la responsabilidad en la descentralización y la asociación público-privada. Gloria Alvarado (expresidenta de Comités de APR de Chile y ex constituyente), por su parte, destacó el papel crucial de las organizaciones en la lucha contra la privatización del agua y el acceso universal al agua potable, además del rol basic de las APR en ello. Vivir experiencias extremas y de riesgo very important, especialmente en la infancia, puede resultar en una serie de episodios negativos para nuestra estabilidad. Estos episodios, además, pueden tener efectos amplios y a largo plazo, que incluyen la aparición de diversas enfermedades mentales, desde ansiedad y depresión hasta cuadros más graves, como trastorno de estrés postraumático complejo, trastornos disociativos y trastorno límite de la personalidad. Los más recientes hallazgos y avances en esta materia serán el foco de la VIII Jornada Internacional de Trauma Psíquico, organizada por la Asociación de Estrés Traumático y patrocinada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y otros (2009), Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A. C, México D.F.
En este trabajo, su autor, Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de esta unidad académica, profundiza en diversos aspectos clave para el avance del país hacia una mayor autonomía territorial y participación ciudadana. Por otra parte, el reconocimiento como entidad colaboradora de la Administración del Estado no afecta solamente a las OSCs que pretendan solicitar la asignación tributaria del impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales, que era el propósito inicial del legislador. Además de ello, las entidades a las que se les reconoce dicho estatus pueden situarse en una posición prevalente en la relación con las Administraciones públicas, no solo desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones, sino que desde la interlocución sociopolítica ante el Estado. La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said Teuber en la ocasión comentó “el fondo Chile Compromiso de Todos es un fondo del Ministerio Desarrollo Social y Familia que tendrá cobertura a lo largo de todo Chile, por eso es que hoy capacitamos a las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, asociaciones indígenas, fundaciones y Ong´s que son los llamados a postular a este fondo.
Este 2024, además, la Universidad de Chile completó nueve años liderando la clasificación de la prestigiosa editorial científica y destacó como el tercer mejor plantel de Sudamérica, subiendo un puesto a nivel regional respecto a la versión 2023 de este ranking. Y Mlynarz, D.(2013), “Balance de la implementación de la ley de participación ciudadana a nivel municipal”, en De la Fuente, G. Asimismo, coincidimos en la necesidad de crear una institucionalidad propia que dé fuerza y presencia en el Estado a la variable participación y fortalecimiento de la sociedad civil. Ello ha de materializarse en un Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, conformado por representantes de la ciudadanía organizada y de los poderes del Estado, con mayoría de los primeros.
En consecuencia, la concept de asegurar el financiamiento público de las OSCs como una responsabilidad del Estado se funda en la debida articulación de los principios indicados y en reconocer la primacía del amparo, en el sentido de la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil. Al carácter cada vez más complejo del mundo asociativo chileno se ha sumado una creciente legislación regulatoria con intención muchas veces de promoverlas y apoyarlas a su inserción social. Contrario a lo que se pudiera pensar, desde la propia experiencia de las OSCs estos afanes regulatorios no han contribuido al desarrollo y buen funcionamiento de las mismas en Chile. El informe del PNUD del año 2000 concluyó enfatizando dificultades en su institucionalización y consideró como prioritario establecer reformas legislativas. Se refiere a una sociedad civil que pese a tener un potencial asociativo significativo, adolece de dificultades para relacionarse entre pares y para constituir redes de colaboración(PNUD, 2000).
Somos una red de organizaciones de la sociedad civil que cree en el actuar colaborativo para la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. La asistencia sanitaria es una actividad compleja, en la que el resultado deseado se alcanza sólo cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como una serie de procesos sucesivos, en los cuales los resultados de un proceso se convierten en elementos de entrada de uno o más procesos consecutivos. No obstante, también son sistemas abiertos, con una fuerte relación con el entorno debido a que su cadena productiva incorpora una infinidad de proveedores que abarcan desde alimentos comunes hasta el materials más complejo y avanzado en el ámbito tecnológico y farmacéutico.
Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro que se encuentren integradas en su mayoría por personas migrantes y que promuevan los derechos y deberes de las personas extranjeras en Chile. Permite dar visibilidad al trabajo que realizan las organizaciones compuestas por personas migrantes; las organizaciones que trabajan en relación con las comunidades migrantes y las universidades, centros de estudios y/o institutos que producen conocimientos en torno a las migraciones. Sandra Carvajal, presidenta de la Fundación Bezaleel ubicada en la Región Metropolitana, cuenta que “el modelo de voluntariado profesional que ofrece Fundación Trascender nos parece respetable y comprometido con las necesidades de las ONGS para subsanar y mejorar las capacidades de cada una. En nuestro caso nos han dado la oportunidad de poder estar a la altura de los lineamientos de la sociedad civil y transparencia”.
Esta normativa se complementa con el Real Decreto-ley Nº 7, de reciente dictación (2013), que trata de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y que, entre otras cosas, regula el reconocimiento de las “entidades del tercer sector colaboradoras de la Administración common del Estado”. La integración sistémica de esta normativa se puede comprobar toda vez que se consideran como “actividades de interés general”, requisito esencial para el referido reconocimiento, las previstas en el artículo 4 de la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado. Además, debe encargarse de la educación, difusión y promoción de los derechos inmediatamente vinculados al ejercicio de la participación social y ciudadana (libertad de expresión, derecho a la igualdad, derecho a la información, derecho de petición y a ser oído, derechos de reunión y asociación, entre los más significativos). Una objeción previsible y fundada, por cierto, en un riesgo evidente, es que un esquema tal de Consejo de Participación Ciudadana y de Fondo de Fortalecimiento respectivo “institucionalice” y burocratice (en sus peores versiones), o funcionalice o capture en provecho del gobierno de turno o de segmentos particulares en el Estado, el fenómeno y los agentes sociales eminentemente independientes, irreductibles y “líquidos” de la sociedad civil. Se debe aclarar que la concepción y eventual diseño de este Consejo no corresponde a ni tiene vocación de convertirse en un Ministerio. Se trataría de un organismo autónomo del Estado, independiente pero relacionado con el Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica de derecho público, atribuciones legales y patrimonio propio, al modo como lo son, por ejemplo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Consejo para la Transparencia o el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sin pretender que alguno de estos configure un modelo ideal ni mucho menos.
Supuestas sus transformaciones orgánicas, estructurales y funcionales, y bajo condiciones de objetividad e igualdad de trato, relevancia financiera y descentralización, el Fondo de Fortalecimiento está llamado a ser una de las grandes herramientas de sustentabilidad económica de las OSCs chilenas que posean esa clase de objetivos (“de interés público”, según lo outline el artículo 15 de la Ley 20.500), sin exclusiones. Es un dato suficientemente asentado que en países de renta media o incluso media alta, como la OCDE considera a Chile y a algunos países del Cono Sur, la cooperación internacional no puede ser la base de financiamiento de las OSCs. En estas circunstancias, y asumiendo que la autosostenibilidad a través de la venta de bienes y servicios o del pago de cuotas sociales no representa para la mayoría de las organizaciones una opción estratégica relevante ni universalizable, las OSCs chilenas están en cierto modo obligadas a dirigir su demanda de sustentabilidad a una redistribución efectiva del producto social del país. Esto implica apuntar a recursos públicos, ya sea provistos por el Estado directamente a través de la figura de fondos públicos y subvenciones, o indirectamente, a través del flujo de las donaciones sujetas a beneficios tributarios, en un esquema de efectiva ampliación y democratización de esta última opción, como se verá en el apartado siguiente.
