Los miembros del Consejo deben durar hasta cuatro años en sus cargos mientras cuenten con la confianza de la Ministra. El ejercicio del cargo de consejero o consejera será ad honorem e incompatible con cualquier cargo directivo de organizaciones o asociaciones relacionadas con las atribuciones y funciones del Ministerio. Es un organismo que tiene como función colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación del Estado. A través de la conformación de esta mesa, se levantará información, tanto con las organizaciones sociales, como con los distintos ministerios, el poder legislativo y distintas instituciones públicas, para tener un amplio diagnóstico de las dificultades a las que se ven enfrentadas las diversidades y disidencias en el día a día, lo cual permitirá generar orientaciones hacia el quehacer del Estado en la materia.
Se refiere a la carencia de un discurso político (una ideología), que ofrezca una alternativa real y viable a las tendencias políticas imperantes, ya agotadas. Estar “cerca” de la gente, o “escuchar” a la gente (consignas que se prestan para cualquier cosa), no significa solo ir a tomar once o jugar una pichanga con los electores (eso es lo más fácil), sino levantar un discurso político que ofrezca una salida a las angustias que impone a las sociedades modernas la deriva del capitalismo contemporáneo. Si muchos de ellos provenían efectivamente del mundo social, y representaban diversas historias y trayectorias sociales, culturales y económicas, después de un ciclo en el Gobierno o Parlamento (para no hablar de tres o cuatro ciclos seguidos), aquella legitimidad termina por esfumarse por completo.
Las organizaciones son incluidas en el proceso de construcción de las políticas públicas, pero sin incidencia actual en la medida que su participación es solamente consultiva. El problema de cómo representar a esta ciudadanía organizada se ha planteado como uno de los dilemas de la participación. Rodríguez y Ríos (2002) proponen que las organizaciones sociales pueden tomar distintas denominaciones, según el rol que cada una de ellas tome en el sistema social, enfatizando en que organizaciones sociales ejemplo se trata de organizaciones sin fines de lucro compuestas por voluntarios. Otra forma de caracterizar a este espacio de organizaciones sociales es la de tercer sector (Paiva, 2004). A partir de esta relación se construye una forma de representación, en este caso basada en la vinculación de la ONG con un sector social poseedor de derechos. Una segunda forma de definir estas agrupaciones considera la representación a la que hacen referencia las organizaciones sociales o ciudadanas.
Sandra Carvajal, presidenta de la Fundación Bezaleel ubicada en la Región Metropolitana, cuenta que “el modelo de voluntariado profesional que ofrece Fundación Trascender nos parece respetable y comprometido con las necesidades de las ONGS para subsanar y mejorar las capacidades de cada una. En nuestro caso nos han dado la oportunidad de poder estar a la altura de los lineamientos de la sociedad civil y transparencia”. Se mueven por laconstrucción de una sociedadmás democrática, solidaria,participativa, igualitaria einclusiva, articulando esfuerzoscon el Estado, el sector privadoy la ciudadanía. Y otros (2009), Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A. C, México D.F. Storto, P. (2014), Informe sobre el Marco Jurídico de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Brasil, preparado para el Proyecto Regional de la Mesa de Articulación de Plataformas de OSC de América Latina y el Caribe (sin editar), Sâo Paulo.
Tanto o más significativo es la definición authorized de los apoyos y estímulos a las organizaciones, que pueden ser de tipo económico, ya en dinero o en especie, o bajo formas de capacitación presencial o a distancia, asesorías, servicios, difusión y concertación y coordinación. Paradójicamente ahora que el fondo tiene fundamento authorized (antes de la ley, se constituyó y funcionó por casi una década con fundamento en resoluciones administrativas) no ha funcionado porque las autoridades han demorado en constituir el consejo que lo administra. Pero las observaciones de fondo se orientan a la incapacidad del modelo propuesto por la ley de establecer un sistema de sustentación estable para las OSCs y una instancia de coordinación de los distintos mecanismos que en ella se reconocen. Es posible afirmar que la institucionalización de la participación ciudadana no apunta a resolver el problema de la forma que adquiere el proceso de construcción de las políticas públicas en el Estado. Como hemos observado, el problema no radica en que las organizaciones no estén integradas a las instancias de participación sino, más bien, la forma en que cada institución resuelve integrarlas.
Para efectos de la representación social y ciudadana en los espacios de participación que se han ido abriendo en el modelo democrático, se consideran ambos tipos de organizaciones, pero la forma que tomará esta participación será distinta si se privilegia una de ellas en la medida que los intereses representados en la relación con la institucionalidad no son los mismos. El dilema de la Ley de Participación fue entonces si considerar a las organizaciones formales o aquellas que, basadas en la identidad, cuentan con una representación afincada en la pertenencia o condición natural organizaciones sin fines de lucro definicion y ejemplos de vecindad u objetivos de vida. Durante la primera década del siglo XXI en la Argentina, las cooperativas tomaron un impulso inusitado, principalmente, debido al despliegue de políticas públicas de fomento de la economía social y solidaria. El Programa Argentina Trabaja, que se desarrolló entre 2009 y 2018, creó más de 5000 cooperativas.
Busca potenciar los negocios de mujeres emprendedoras de todo el país, con el fin de fortalecer su autonomía económica. Con esto se espera fomentar las redes y asociatividad entre emprendedoras a partir de diversos encuentros regionales, mentorías y tutorías. El Subsidio Maternal está enfocado a mujeres embarazadas de escasos recursos y que no pueden acceder a la Asignación Maternal. Puede ser solicitado a partir del quinto mes de gestación, recibiendo un monto mensual cercano a los $10.000 mil pesos. También conocido como Subsidio Único Familiar (SUF), está destinado a personas de escasos recursos que pertenezcan al 60% de la población nacional socioeconómicamente más weak, según el Registro Social de Hogares (RSH). – Enviar los informes que requieren los organismos públicos sobre el desarrollo de estos planes y programas.
Este celo legislativo se manifestó en que el primer proyecto se centre en el reconocimiento formal de las organizaciones que componen el tercer sector, incluyendo a aquellas que no formaban parte del primer acuerdo para promover la ley, como el caso de las organizaciones tradicionales del voluntariado, por ejemplo, los bomberos. En un segundo momento se amplió el ámbito de inclusión de las organizaciones, catalogadas como sin fines de lucro, ahora ya de manera formal en la estructura de las instituciones públicas, reconociéndose dos ámbitos; por un lado, el gobierno native, presente en el primer mensaje y las instituciones del Estado, es decir Ministerios y Servicios. Como resultado de la promulgación de la ley, estos consejos han sido incluidos en los dos cuerpos legales señalados, responsables de la organización de la función pública. Los problemas del modelo de democracia liberal en América Latina han sido objeto de variados estudios que proponen formas de entender los problemas que acarrea esta forma de gobierno, desde los que profundizan en los elementos que permiten predecir la estabilidad de los gobiernos, hasta los que estudian los casos que cada sociedad ha encontrado para mantenerse lejos de las tentaciones autoritarias.
Tanto la cooperativa como el Gobierno municipal desplegaron estrategias para dar la lucha “por otros medios”, evitando el despliegue de un conflicto abierto. Por ejemplo, mientras que la cooperativa demoró la firma del convenio por no tratarse del módulo de trabajo deseado, las autoridades municipales respondieron a esta acción con el envío de cartas documento citando a firmar el convenio y solicitando al Ministerio de Desarrollo Social del Estado nacional la demora en las liquidaciones y los consiguientes pagos de las remuneraciones. Esto último desembocó en que la cooperativa analizada, junto a otras cooperativas y organizaciones cercanas a aquella, efectuaran acciones directas, tales como movilizaciones frente al centro de gestión de cooperativas del Municipio e, incluso, su ocupación.
En suma, el motivo que subyace a ambas partidas se encuentra asociado a las remuneraciones, es decir, a las condiciones en que se retribuye el trabajo. Las asociadas desvinculadas perciben que el propósito de la cooperativa orientado a aportar recursos para el consumo de subsistencia de sus trabajadoras se ve vulnerado y tensionado por lógicas de la organización que ellas no comparten. Así, si bien estas desvinculaciones resultan, a primera vista, problemas “personales” y no colectivos, a través del análisis se puede entrever que los conflictos implican una lucha entre lógicas productivas y entre concepciones de trabajo que contraponen el de limpieza del arroyo estipulado en el programa y aquel que abarca el activismo en la organización social. Esta modalidad de relacionamiento entre Estado y organizaciones sociales, en la cual aquel es el interlocutor principal de la demanda de trabajo, combina acciones directas e instancias de negociación, posibilitadas por la adquisición de habilidades y el aprendizaje de mecanismos por parte de los miembros de organizaciones sociales respecto a los modos de funcionamiento de las dependencias estatales (Manzano, 2009). Cabe destacar que como resultante del conflicto no sólo se logra mantener la actividad productiva, sino que también se establecen dispositivos de cogestión en las modalidades de organizar y controlar la asistencia al trabajo. SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación es una organización de la sociedad civil que desde hace cuarenta años aporta de manera independiente, crítica y propositiva al desarrollo de la sociedad chilena en un marco de democracia, justicia social y derechos humanos.
Estos dispositivos sencillos de implementar permitirían que las OSCs se posicionen más de cara a la ciudadanía que al Estado, y que cuando miren al Estado sea, más que reclamando de este autonomía, financiamiento y derecho a la crítica de lo establecido, lo hagan exhibiendo tales atributos. Por otra parte, el reconocimiento como entidad colaboradora de la Administración del Estado no afecta solamente a las OSCs que pretendan solicitar la asignación tributaria del impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales, que period el propósito inicial del legislador. Además de ello, las entidades a las que se les reconoce dicho estatus pueden situarse en una posición prevalente en la relación con las Administraciones públicas, no solo desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones, sino que desde la interlocución sociopolítica ante el Estado. La lectura de las actas permitió identificar las demandas levantadas en cada consejo, el proceso de discusión entre los consejeros y de qué forma responde la autoridad a esta nueva realidad que se le plantea. Por demanda se entiende un problema identificado por una o varias organizaciones miembros del COSOC en el que la institución aparece como responsable de su solución. Este problema puede estar asociado a la falta de atención por parte del Estado, representado por la institución específica, o a una diferencia entre lo que una iniciativa de política pública está proponiendo y lo que opinan las organizaciones al respecto.
El segundo es durante 2015, relacionado en este caso con la puesta en marcha de las instrucciones sobre el aumento de la participación ciudadana en el Estado derivadas del instructivo Nº 7 de 2014, desde el gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un reconocimiento a la necesidad de aumentar la participación de las y los ciudadanos en la gestión del Estado como una práctica “clave de un ejercicio eficiente y prudente del poder político”9. El fondo de fortalecimiento de organizaciones de interés público se estableció como la herramienta de fomento para la construcción de organizaciones de esta característica y como una forma de establecer un acceso igualitario al financiamiento del Estado.
La presencia de un tercer actor, el actor comunitario, en esta ecuación implica tiempos y esfuerzos a los que el Estado no se ha adecuado. Tanto el tipo de debates que se llevan a los COSOC, como la disponibilidad a acoger las demandas, establecer agendas comunes o incorporar a los representantes sociales a las definiciones de políticas, está restringido a la capacidad de las organizaciones de presionar de manera directa para que esto ocurra (Delamaza, 2011). La cooperativa analizada representa una forma de organizar socialmente la producción orientada a la reproducción de sus trabajadoras, pero a su vez regida por lógicas de acumulación político-estatista y, subsidiariamente, político-territorial de la organización social que la alberga. De este modo, la lógica de la producción se encuentra tensionada entre la reproducción de las trabajadoras y la acumulación política en sus variadas formas.
