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Se presentan como intermediarios que buscan en primer lugar promover el bienestar y desarrollo de la comunidad. Otro grupo de organizaciones como Fundación Vivienda, Fundación Mi Parque, ONG Vivienda Local, Techo o Hábitat para la Humanidad enfatizan en el contenido o producto, haciendo énfasis en el mejoramiento de la condición material pobreza cero del entorno construido. El Estado tiene por lo tanto un rol basic en su capacidad de promover o coartar prácticas de innovación social.

Legalmente se requiere de los órganos de las respectivas Administraciones la definición de un plan estratégico de subvenciones y de un sistema de seguimiento. Este importante trabajo se inició en el año 2015, a través de los laboratorios que se desarrollaron en la región de Coquimbo, donde participaron diversos representantes de las Organizaciones Culturales Comunitarias. Las actividades obedecen a una política pública, que reconoce el rol del Estado como un acompañante, apoyo y asesoría a las agrupaciones, que se mantienen en el tiempo sin depender de ningún organismo público en sus decisiones, ni planes de trabajo. • Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil.

En esta línea, estudios se han referido a la importancia de la acción coordinada de juntas de vecinos con copropiedades para un manejo eficiente del mejoramiento de condominios sociales y los espacios públicos adyacentes, y la resolución de conflictos derivados de la convivencia en copropiedad (Vergara, 2018a). Estas redes, todavía incipientes y emergentes, se presentan como nuevos actores y se desacoplan de la lógica de competición, modificando la acción vecinal y territorial más allá de las unidades administrativas (Troncoso et al., 2018). Las JJVV han estado al centro de las dinámicas sociales y culturales de las comunas, con cierta capacidad para resolver en parte los problemas sociales latentes (Pizarro, 2010). Esta capacidad de acción se encuentra determinada por la cohesión y liderazgo del mismo grupo, pero también por la capacidad de acceder a fondos que permitan implementar proyectos.

La integración sistémica de esta normativa se puede comprobar toda vez que se consideran como “actividades de interés general”, requisito esencial para el referido reconocimiento, las previstas en el artículo 4 de la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado. Urbanismo Social, por ejemplo, desarrolla actividades -en la dimensión de procesos- centradas en el acompañamiento de la comunidad en la transición a la vivienda definitiva con el fin de fortalecer el capital social y aumentar la participación, especialmente en la administración y gestión de la vivienda en copropiedad. La organización Junto al Barrio, combinando el rol de implementador y catalizador, utiliza los proyectos de espacios públicos para fomentar la cohesión de los vecinos mediante un proceso activo de participación, y la decisión conjunta desde el diagnóstico territorial, el diseño, hasta la administración de los nuevos espacios. En estos procesos, es posible identificar el desarrollo de herramientas metodológicas creadas por las organizaciones, ‘El Tablero’ de Proyecto Propio o la ‘Caja de herramienta’ de Junto al Barrio apuntan al traspaso de habilidades para toma de decisiones e implementación futura de proyectos a los participantes, al tiempo que deciden sobre su entorno construido.

No existe un formato obligatorio, pero se recomienda utilizar la FECU Social, puedes leer sobre esta en nuestro weblog “La importancia de la FECU Social”. Los trámites de patente y otros pueden variar según la municipalidad en la que se inscribió la OSFL, por lo que cada uno tiene la tarea de investigar sus respectivas obligaciones en la municipalidad respectiva. Otra obligación ante el Servicio de Impuestos Internos, cuando la organización tiene inicio de actividades, es llevar una cuenta de contabilidad. Las fundaciones o corporaciones deben garantizar cierta protección y responsabilidad sobre los trabajadores como cualquier otra organización. Cumplir las obligaciones es responsabilidad del directorio, según el Artículo 511 – 2 del Código Civil, éste tiene el deber de cuidado y de lealtad, al igual que dirigir y cumplir objetivos.

Investigaciones anteriores han utilizado marcos conceptuales provenientes de la gestión organizacional para describir el rol intermediario de las OSC en un sentido amplio. Un marco interesante es el propuesto por Lewis, que describe las prácticas de las ONGs utilizando los roles de implementadores y catalizadores (Lewis, 2003). Los implementadores son las organizaciones que movilizan recursos para proveer servicios, como parte de su propia agenda o contratados por terceras partes (por ejemplo, gobierno o agencia benéfica).

De acuerdo a varias encuestas citadas por Manuel Castells en su artículo “Movimiento de pobladores y luchas de clases en Chile”, en los años 70 más del 50% de los chilenos y chilenas participaban de organizaciones vecinales. Hacia el 2000, después de 10 años de gobiernos democráticos, las cifras de la Casen mostraban que el 70% no participa de ninguna organización y que solo el 7% participa de su Junta de Vecinos, aunque no sea activo en ella. La región se enfrenta al desafío de armonizar las necesidades de crecimiento con los requerimientos de una administración y protección adecuada del entorno y sus recursos naturales.

Ése es el trabajo que estamos haciendo hoy en día como Delegación, para dar prontas soluciones a las necesidades que requieran”, agregó la máxima autoridad provincial. Desde entonces, las organizaciones vecinales se debilitan y aparecen más bien como clientes de los diversos programas gubernamentales, o como competidores en conseguir ganarse algún proyecto concursable. Prima entonces el recelo entre organizaciones, la desconfianza hacia lo público y hacia la política (Espinoza, 2003; Monje-Reyes, 2013). Ellos deberían pagar sus cuotas sociales, nombrar una Comisión de ética y velar porque el directorio esté haciendo un buen trabajo. En esta oportunidad se entregaron fondos a 18 organizaciones y durante el segundo semestre se realizará un nuevo concurso, también exclusivo para la Provincia de Chiloé, esta vez orientado a establecimientos educacionales.

Una primera ronda de selección de casos fue realizada en el contexto de la investigación de doctorado desarrollada por la autora, en la cual se construyó una base de OSC nacionales e internacionales enfocadas en el mejoramiento de vivienda en copropiedad y barrios vulnerables (Vergara, 2018a). Los casos chilenos fueron seleccionados a través de entrevistas exploratorias con expertos en el área durante los años 2015 y 2017. Este trabajo de campo se complementó con un trabajo de escritorio durante el 2019 consistente en nueva revisión de fuentes secundarias chilenas tales como publicaciones científicas, información proveniente de agrupaciones de la sociedad civil (Accionag, Base Pública), y bases de datos (registros técnicos entidades patrocinantes, registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro, bases de datos proyecto Sociedad en Acción).

En la siguiente sección describiremos y analizaremos dos grupos de organizaciones de la sociedad civil que son activas en el área de vivienda y urbanismo (1) fundaciones y asociaciones 2) organizaciones comunitarias territoriales y funcionales. El primer grupo, considera aquellas organizaciones sin fines de lucro que tradicionalmente han enfocado su rol a la acción social. El segundo grupo, considera a grupos de vecinos organizados, por ejemplo, comités de allegados y juntas de vecinos. Además, debe encargarse de la educación, difusión y promoción de los derechos inmediatamente vinculados al ejercicio de la participación social y ciudadana (libertad de expresión, derecho a la igualdad, derecho a la información, derecho de petición y a ser oído, derechos de reunión y asociación, entre los más significativos). Dentro de los casos identificados, es importante mencionar el caso del Museo a Cielo Abierto de San Miguel.

La FECU Social (Ficha Estadística Codificada Uniforme) es un documento que reporta la gestión, estructura y financiamiento dentro de una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), cumpliendo con el fin de entregar información al Ministerio de Justicia una vez al año. Como resultado de este encuentro, se planificaron mesas temáticas de diálogo que permitirán poblacion pobre en el mundo a las organizaciones abordar aspectos relevantes, tales como la gestión del voluntariado, la formación de alianzas estratégicas, las comunicaciones y otros temas afines, todo esto en compañía de referentes expertos en cada campo. Y otros (2009), Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A. C, México D.F.

Figura 2 Cuatro formas de innovación social en territorios a partir de la distinción de roles, dimensiones de la innovación social y la condición interna/externa de la organización. Los comités de vivienda, como figura authorized, nacen desde una lógica instrumental con el Fondo Solidario de Vivienda con el fin de organizar a las familias para postular al subsidio de vivienda. El comité representa los intereses de las familias ante la EP, la Municipalidad, el SERVIU, u otro actor involucrado en el proceso. Sin embargo, su papel ha ido más allá del rol instrumental, utilizando la organización para demandar una vivienda digna, el derecho a la ciudad y a incidir en las políticas de vivienda. Con décadas de activismo, agrupaciones históricas como Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) se mueven por el concepto de “recuperar la figura del “poblador” como agente político y superar la categoría de “beneficiario” a lo que lo redujo la política habitacional bajo la dictadura y la Concertación en la década de 1990” (Imilan Ojeda, 2016, p. 15). El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda, debe ser incluido como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Presidente de la República al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública elaborada  con base en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la Información, de Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables.