Los factores detrás de estas tendencias son parte de un debate intenso, que enfatizan aspectos tecnológicos, la globalización, diferencias institucionales como los patrones de sindicalización o los sistemas impositivos, el funcionamiento democrático. El artículo se cierra analizando si se aplica a Chile la explicación que ha dado Thomas Picketty para el aumento exponencial de la concentración de la riqueza en los últimos 50 años en el mundo. Esto es, que las tasas de retorno del capital (que constituyen gran parte de los ingresos de la elite) son superiores a las tasas de retorno del trabajo (que constituyen gran parte de los ingresos del 99% de los ciudadanos del mundo).
Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998.
Es fruto de un desarrollo global que distribuye mal los recursos entre personas, ciudades y regiones. Debemos ocuparnos de Santiago y de las regiones, con acciones complementarias en beneficio del país en su conjunto. La estrategia de inserción en un mundo global que ha seguido Chile, hace imprescindible contar con una metrópolis acorde con las exigencias de la competitividad del país.
Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es 0,fifty nine. Consistente con lo reportado por la OCDE, encuentran que en su conjunto la acción del gobierno es levemente progresiva.[8] El estudio muestra, además, que el sistema tributario es levemente regresivo y el sistema de transferencias es progresivo, especialmente debido a las transferencias en salud y educación. Así, el diseño mismo del sistema tributario explicaría por qué la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias es particularmente acotada en el caso chileno.
Parte del debate público, sin embargo, argumenta que la desigualdad es un producto inevitable del libre mercado, el desarrollo tecnológico, y de la globalización. Se cube (o al menos se asume) que no hay nada que los países puedan hacer para domar las fuerzas del mercado y que cualquier intento de regular el grado de desigualdad tendrá efectos negativos ineludibles sobre el crecimiento económico. Así, lo que hoy se observa en los datos sería una consecuencia inevitable de los tiempos modernos. La ciudad de Santiago tiene una economía diversificada con una predominancia de los servicios financieros; concentra el 48% del PIB; su tasa de crecimiento promedio anual durante la década ha sido de 8,5%, superior al promedio nacional (7,6%).4En los últimos años, las cifras de desempleo han descendido y las tasas de indigencia y pobreza son las menores del país. La indigencia se ha reducido de 9,6% en 1990 a 3,5% en 1998; la pobreza, de 33% a 15,4%.
La población del país está concentrada en las áreas urbanas (85%), y más de los dos tercios de la población urbana corresponde a las aglomeraciones de Santiago, Valparaíso y Concepción. Esta concentración de población no es reciente, sino un proceso incremental que ha tenido lugar durante este siglo. Diversos autores han asociado el proceso de urbanización de la población del país con la industrialización sustitutiva de importaciones ocurrida entre fines de los años 30 y mediados de los 70, que concentró la actividad industrial, comercial y financiera en Santiago. Un adecuado equilibrio entre estos agentes permite hacer de la ciudad un espacio políticamente más democrático, socialmente más justo, ambientalmente más sustentable y económicamente más eficiente. En el Gran Santiago de las últimas décadas, la marcada preeminencia de un mercado desregulado en la asignación de recursos, en la localización de las inversiones para servicios básicos así como en infraestructura urbana, ha derivado en un desarrollo muy desigual al inside de la ciudad. Holzmann explicó también que el mundo está inmerso en la “cuarta revolución industrial” y entre los desafíos del siglo XXI destacan el cambio climático, enfrentar la desigualdad social para no afectar la globalización, el fenómeno de las migraciones, el huge data y calidad de vida, nuevas oportunidades para las Pymes, entre otros.
Las cifras señalan que el 1% de la población con más ingresos, logra hacerse con cerca del 50% del producto mundial anual. Es decir, que la fractura social que se ha incubado en la globalización, ha llegado a dimensiones sin precedentes. Carlos Ruiz terminó su exposición, concluyendo que en la actualidad “existe una producción mercantil de la desigualdad, lo que redunda en agudos malestares sociales y culturales, de los cuales tenemos que hacernos cargo”. Pues esto más la emergencia sanitaria ha llevado a nuestro país a una crisis política y de representatividad. Lo que no fue regular fue la velocidad con la cual pudieron actuar y, en ciertos casos, coordinarse para poder inventar las vacunas contra el Covid-19, producirlas a gran escala y distribuirlas por el mundo en tiempo récord, salvando así millones de vidas. Si este exitoso ejemplo de globalización se pudo hacer realidad una vez, se puede repetir muchas más.
La posibilidad de que una municipalidad pueda influir sobre las políticas nacionales sectoriales que representan inversiones públicas, es casi cero. Las principales decisiones sobre infraestructura e inversiones sociales en Chile recaen en el Gobierno (el Ejecutivo). En algunos casos, puede ejercerse alguna influencia a través del Congreso, en el momento en que se discute el presupuesto nacional anual para su aprobación. Las pocas municipalidades que administran sus propios recursos de inversión (no más de cinco en el país) pueden negociar con mayores posibilidades con los ministerios y otras agencias gubernamentales.
No conozco adecuadamente la cosmovisión mapuche, pero la experiencia me cube que el principal obstáculo para la apertura de las universidades a las etnias minoritarias tiene que ver con las desigualdades sociales. Un sistema universitario en una democracia, debiera tener entre sus objetivos asegurar la igualdad desigualdad por clase social de oportunidades, en este sentido la desigualdad social étnica supone condiciones desiguales en el acceso a la universidad. Es muy difícil subsanar esas desigualdades que finalmente se traducen en competencia de acceso o dificultades para las competencias que debieran adquirirse en la vida universitaria.
La actual pandemia, sostiene Akram, es efecto de la globalización debido a que las enfermedades se propagan a través del contacto humano, y tanto los epidemiólogos como los expertos en materias de salud pública sostienen que el aumento de contacto entre los seres humanos aumenta el riesgo de vivir una pandemia. Es por una razón de lógica y no por supuestas teorías conspirativas que personalidades como Bill Gates o expertos científicos, anticiparan la necesidad de fortalecer los sistemas de salud que amparan a la población mundial y promovieran la necesidad de crear nuevos fármacos y vacunas, señaló. Además, la riqueza tiene la característica que suele transmitirse intergeneracionalmente, por lo que esta alta concentración de riqueza contradice principios de igualdad de oportunidades dentro de cada generación.[16] Coherente con el análisis de la primera columna, es evidente el riesgo que estos niveles de concentración suponen para el ejercicio democrático. Es por eso que algunos países han implementado impuestos a la herencia como un tipo de impuesto al patrimonio (ver aquí para una discusión al respecto).
En la segunda fase, durante la mitad de los años ochenta, una vez que el período reestructurador de mayor intensidad hubo pasado, volvieron las tendencias de concentración económica y demográfica en torno a la Región Metropolitana. Por todo lo anterior, en este artículo se analizará en qué medida algunas de las dinámicas especificadas propias de la globalización se localizan en la ciudad de Santiago de Chile. Conocer en qué medida se territorializan distintos procesos del fenómeno permite un mayor entendimiento de sus dinámicas, pero también puede ser un aporte para generar un debate más específico sobre las medidas que pueden llevar a cabo los gobiernos ante un contexto globalizado que determina sus acciones y los resultados que obtienen. Que nuestra civilización haga suyo el ideal de una comunidad integrada socialmente, amigable con sus orígenes étnicos y tolerante en sus creencias religiosas no es un sueño imposible.
El gobierno militar creó la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) en el año 1974 con el fin de que el desarrollo económico pudiera llegar a todo el país. Sin embargo, como destacan Lira y Marinovich (2001), este proceso estaba más enfocado en generar nuevas estructuras de relación entre la sociedad civil y el Estado. De esa forma, se evitaba que los partidos políticos volvieran a ser el referente en la relación entre el Estado y la ciudadanía, como lo habían sido antes del golpe militar. En la última década, las desigualdades han vuelto tomar protagonismo en la agenda política y académica. En Estados Unidos y parte de Europa, desde los años setenta, ha aumentado la desigualdad asociada a la concentración de ingresos y riqueza de la parte más alta de la distribución del ingreso, el prime desigualdad social pobreza y superpoblación 1%.
La recuperación de los espacios públicos deberá ser la gran prioridad estratégica del desarrollo urbano de la próxima década. En los años recientes, el único espacio público ganado al rápido desarrollo inmobiliario es aquel destinado a satisfacer las demandas de los vehículos motorizados. De hecho, gran parte de las políticas de transporte urbano han tendido a privilegiar siempre a los medios y sistemas de transporte (licitación de recorridos, plan de modernización de omnibuses, innovación tecnológica de sistemas de combustión, concesiones de vías urbanas), antes que al ciudadano usuario. Este, en su condición esencial de peatón, encuentra cada vez menos espacio, seguridad y tranquilidad en la ciudad.
En Chile, sin embargo, faltan datos para corroborar si este fenómeno ocurre y explica la extrema desigualdad. De hecho, el estudio da cuenta de que los datos tributarios de las personas parecen no recoger a cabalidad los ingresos corporativos, por lo que a los autores les parece urgente comprender mejor, en el contexto chileno, cómo operan esos ingresos que se reportan como corporativos, pero que se usan con propósitos personales. En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación whole del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso. Además, existen razones para pensar que la progresividad nominal del impuesto al ingreso está mermada por una masiva práctica de elusión tributaria por parte de los grupos más ricos (ver aquí y aquí). Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta.