Se pueden plantear algunos ¿qué es lo que pierde el país no abordando estas diferencias o desigualdades? Se pierde la tremenda oportunidad de formar y tener científicos indígenas los cuales pueden traer saberes propios de su etnia, y eso se relaciona directamente con estos tiempos de disaster a todo nivel. Una de estas disaster tiene relación con cuestionar las bases epistemológicas hegemónicas con las cuales fue fundada la institución de la universidad hace tanto tiempo atrás, es dar la bienvenida desigualdad distribucion de la riqueza a otras formas de conocer la naturaleza que no tiene por qué estar separadas del conocimiento occidental. Con esto no estoy diciendo que sea lo mismo, ambos tipos de conocimiento tienen distinta naturaleza, pero convergen en mucho aspectos, un ejemplo claro son los saberes sobre plantas medicinales, saberes ancestrales que recién hoy la ciencia está descubriendo, y lamentablemente legitimando por la relación de poder hegemónica que existe al ver los saberes indígenas como de “segunda categoría”.
Las modificaciones en las preguntas censales fueron un ejemplo de cómo ciertos cambios en la mirada del Estado hacia los pueblos indígenas tuvieron incidencia directa en el movimiento y en la visibilización de segmentos y procesos que antes eran desconocidos para la mayoría de la población y también para el mundo académico. Es el caso del impacto que tuvieron en Chile los resultados del Censo 1992 con respecto a la población indígena urbana, y que contribuyeron a la aparición, en esos momentos sorpresiva, no solo de una gran cantidad de indígenas, sino también un desafío a las concepciones de indígenas y no indígenas relativas a lo que deberían ser los pueblos originarios en contraste con los imaginarios más difundidos sobre ellos. Esta misma visión con respecto al censo la tienen los afrodescendientes en la actualidad, que han puesto en valor tanto la ejecución de un estudio específico de población realizado por el INE como la demanda por ser incorporados en los futuros censos de población a partir de una pregunta de pertenencia afrodescendiente cuyos resultados se espera puedan apoyar su proceso reivindicativo y su reconocimiento. Cuando hablamos de disputas por la igualdad o igualdades, tal como venimos señalando, no solo nos referimos a aspectos relacionados con temas de ocupación e ingreso, como ha sido tradicionalmente comprendido este concepto. Siguiendo a Fraser (2006), un elemento sumamente relevante en las políticas de la igualdad hoy tiene que ver con el reconocimiento y/o visibilización de diferencias que impactan en la distribución de recursos socialmente valorados, en el marco de una sociedad con individuos heterogéneos.
Durante su trayectoria se ha dedicado a la investigación del mapudungun en su nivel fonético-fonológico. Además, ha colaborado en numerosas iniciativas relacionadas con la revitalización de esta lengua. El texto hace mención al carbón, precisando que es la principal fuente del calentamiento global y se creó un compromiso para reducir su uso, pues India y China impidieron que el documento ultimate hablara de eliminación gradual como fuente de energía, pero no existe ninguna mención para terminar con el fuel y el petróleo, ambos combustibles fósiles responsables del calentamiento global. El acuerdo final habla también de un incremento en el financiamiento para que los países puedan enfrentar el cambio climático.
Desde esta óptica, la disputa de los pueblos indígenas por la igualdad ha tenido como un punto central la obtención de reconocimiento a ciertas especificidades o trayectorias compartidas que los hacen parte de relaciones históricamente asimétricas. Por esta razón, otra de las vías que abarcaremos en el marco de este artículo la hemos denominado la vía etnogenética en la disputa por la igualdad y se relaciona con todos aquellos procesos culturales que se han transformado desde la década de 1990 en una de las principales expresiones identitarias de los pueblos indígenas en Chile. La promulgación de la Ley Indígena marcó un punto de inflexión en la situación de los pueblos indígenas. No solo porque apuntaló parte de sus propios procesos políticos y culturales tributarios de la década de 1980, sino porque estableció mecanismos específicos de disputa por recursos socialmente valorados, tales como el territorio, el agua y el subsuelo. Si bien no tuvo carácter retroactivo, permitió a algunas comunidades resolver e impugnar situaciones de abuso de larga data.7 Su criticada imperfección y el escaso alcance de este artefacto jurídico no impidieron que se haya constituido en uno de los principales espacios intersticiales a partir de los cuales los sujetos indígenas han ido encajando sus distintas estrategias en la disputa por la igualdad y el reconocimiento. Luego, se llevó a cabo una actividad interactiva a cargo de Manuel Indacochea en la que se profundizó en las limitaciones a la participación de los Pueblos Indígenas en el proceso de Licenciamiento y Fiscalización Ambiental.
Durante todo el proceso de movilidad social ascendente, es decir antes, durante y después de su experiencia educacional superior, las personas indígenas tienen que lidiar con diferentes obstáculos relacionados con clase social, etnicidad, situación económica, redes sociales, migración y discriminación, y que para la mayoría de la población chilena son invisibles. Por lo tanto, debido a las limitaciones estructurales en términos de movilidad social expuestas en esta columna, valdría la pena cuestionar los valores meritocráticos y de igualdad de oportunidades de la educación chilena. En el caso del centro-sur de Chile, el DL 701 de 1974 sobre Fomento Forestal y la Ley 2568 sobre Tierras Comunales fueron particularmente determinantes para la actual situación de los pueblos indígenas (Rupailaf 2002). En conjunto con una modificación del mercado agropecuario que afectó duramente a la producción de las comunidades indígenas, ambos aparatos jurídicos favorecieron la concentración de la tierra y la reorientación de la economía de la zona a la exportación internacional de materias primas a cargo de inversión privada transnacional. Esto provocó la alteración de la economía doméstica indígena, la pauperización de las comunidades y aceleró el proceso de migración interna ya iniciado en décadas anteriores. Hoy, la mayor parte de la población indígena perteneciente a estos territorios reside en centros urbanos como Temuco y Santiago.
La directora de Políticas y Estrategias de Fiscalización Ambiental de la OEFA, Ana Vergara, comenzó la reunión enfatizando que este taller se realiza en el contexto de cumplimiento de los compromisos adoptados en la reunión de diálogo de política regional realizada en Santo Domingo el año pasado. “Agradecemos al BID por su colaboración y por su apoyo en estas importantes actividades en la cual vamos a generar un intercambio de experiencias entre los países integrantes de la REDLAFICA”, reflexionó. Pérez, expuso la importancia de un “trabajo decente” (en el sector público), como parte de la “defensa del empleo público” en la constitución, que -a su juicio-, llevaría a ejecutar de buena forma las políticas públicas, que sería “el desafío de los gobiernos de turno”. “El problema del centralismo en un país tan extenso como Chile es relevante, porque definitivamente vulnera el desarrollo de nuestros derechos fundamentales.
El texto last, bautizado como Pacto Climático de Glasgow también solicita que los países actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional (las NDC, por sus siglas en inglés) para finales de 2022, yendo más allá del Acuerdo de París que pide una actualización cada cinco años. Además, todos los países que lo han suscrito deben entregar un informe con un plan detallado sobre sus emisiones. Además se menciona “la reducción de las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030 en relación con el nivel de 2010 y a cero neto a mediados de siglo, así como reducciones profundas de otros gases de efecto invernadero”. Adicionalmente, olvida Matamala que atar a los pueblos originarios a un esquema profundo de “privilegios” los ata también a las siempre palaciegas intrigas políticas. Las instituciones políticas de un régimen democrático se fundan en nuestra común dignidad y libertad. Son “ciegas” a las diferencias no porque no importen, sino porque buscan tratarnos como irreducibles a ellas, como capaces de trascender nuestras características personales.
Nadie puede participar de una argumentación mientras se encuentre privado de condiciones mínimas de vida (redistribución) o bien, ni siquiera sea considerado un interlocutor válido (reconocimiento). Por otro lado, ninguna concreción del principio de igualdad puede ser considerada válida de modo definitivo, en un contexto democrático, sin la participación de aquellos que se encuentran en la situación concreta de disparidad, como es el caso en el contexto interamericano de los pueblos o comunidades indígenas. Las experiencias analizadas nos muestran que parte importante de estos cambios han sido impulsados por los mismos actores indígenas, poniendo con ello en relieve el rescate de la agencia de los sujetos sociales desigualdad ciudadana en el marco de las dinámicas de la estructura social. Cuando analizamos situaciones de desigualdad y pobreza persistentes, los estudios de campo muestran una tendencia a invisibilizar el rol de la acción en el marco de las grandes transformaciones estructurales. Sin embargo, los casos analizados nos muestran que si bien estas grandes transformaciones estructurales tienen un impacto directo sobre los sujetos, en términos de que delimitan condiciones de desigualdad histórica o de agudización de la pobreza, los sujetos trazan, a partir de estas condiciones, estrategias y vías para modificar su situación. A partir de allí cambió el escenario político del país y los mapuches no estuvieron ajenos a tales cambios.
En su reciente columna, Daniel Matamala sostuvo que -dada la evidente desigualdad social chilena- es “absurdo pensar que hoy en Chile existe igualdad solo porque la Constitución así lo dice, y que esa idílica equidad se rompería […] si se aprueban algunas medidas para reparar la discriminación que han sufrido por siglos”. Se ha especializado en aspectos relativos a teoría antropológica, antropología de la religión y en la investigación con pueblos originarios, habiendo realizado trabajo de campo con indígenas de Chile, México, Brasil y Argentina. El libro ofrece una síntesis sobre la evolución histórica de Chile, desde su poblamiento por los pueblos originarios hasta el presente, con la desigualdad como eje articulador, intentando comprender sus orígenes, sus cambios y continuidades. Destacando la importancia de las iniciativas a la fecha, es necesario seguir avanzando en el proceso de inclusión de los mapuches en los servicios de salud. El reconocimiento de sus prácticas y costumbres, así como la inclusión cultural, son pasos claves que deben seguir acentuándose en el camino hacia el entendimiento entre culturas. Lo anterior puede ser fruto de las iniciativas de inclusión del pueblo mapuche y sus prácticas medicinales en los servicios estatales de salud, que se han profundizado en la última década, junto a las mejoras en el acceso a educación y salarios por parte de los mapuches.
En general, las políticas nacionales para abordar la pandemia han sido poco efectivas en su diseño e implementación, lo que se agudiza en contextos indígenas. Al igual que otras políticas que inciden en los pueblos indígenas, las de la pandemia han sido altamente centralistas y orientadas a sectores urbanos y grandes ciudades. Como ya se ha constatado su baja efectividad en las ciudades y la Región Metropolitana, peor ha sido en las comunas que cuentan alta población indígena, alejadas de los centros urbanos, con menor conectividad y con alta población rural.
La investigación busca analizar qué relación existe entre la segregación escolar socioeconómica e indígena y, por otra parte, cómo la segregación escolar indígena se vincula con la desigualdad de resultados educativos, medidos a través del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) entre los alumnos indígenas y no indígenas. Según la investigación, la mayoría de mujeres en la Región de La Araucanía no han completado el nivel básico escolar, lo cual se acentúa en aquellas mujeres indígenas o que habitan en zonas rurales. El 29,1% (278 mil 680) de la población vive en áreas rurales, el 71% en áreas urbanas y 27,4% (134 mil 955). De esa manera, otro issue de peso que se agudizó en pandemia es que las zonas rurales y cordilleranas tienen problemas de conectividad, tanto de transporte como de conexión a internet. Para el propósito de esta actividad, Prosperina Queupuan (Identidad Territorial Lafkenche) y Carolina Sepúlveda (CECPAN) reflexionarán en torno a estos procesos de implementación de la Ley Lafkenche desde sus respectivas experiencias de dirigencia organizacional y/o profesional.
Si a esta misma muestra le incorporamos, además, la perspectiva de género desde la interseccionalidad nos encontramos ante brechas aún mayores. Sobre esto Cariqueo apuntó a la falta de oportunidades entre los indígenas rurales y los que habitan zonas urbanas. “Al mapuche de la zonas rurales se les sigue tratando como pobres y tampoco logran acceder a emprendimientos y otro tipo de beneficios”, resaltó. El secretario ejecutivo de la Fundación Instituto Indígena, Rubén Cariqueo, se refirió a los factores que siguen perpetuando esta desigualdad. “Hay una brecha muy importante en lo laboral que sigue siendo una deuda pendiente, sobre todo en las zonas rurales donde hay importantes bolsones de pobreza”, explicó. Si quieres conocer más sobre la opinión de Natalia Caniguan, Directora del Instituto de Estudios indígenas e interculturales de la Universidad de la Frontera e investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), mira la siguiente entrevista.
Queda entonces avanzar en el fortalecimiento de estas estrategias, robusteciendo aquellas herramientas que están siendo utilizadas por estos pueblos. La desigualdad en Chile tiene definición territorial en un modelo de desarrollo que presenta altos niveles de concentración y centralismo, tema a abordar en la discusión de una nueva Constitución. Cuando el desarrollo está afectado por la desigualdad exacerbada y creciente, relacionada fuertemente con la producción económica y la organización del territorio, afecta la vida cotidiana de las personas, agravándose con variables como ruralidad, género y pueblos originarios. Lo evidencian estudios sobre el Índice de Calidad de Vida Urbana, que realiza la Cámara Chilena de la Construcción que establece con parámetros comparativos, que en regiones se presentan menores opciones de acceso a educación, servicios, comercios, condiciones laborales y de conectividad.
