Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Primero, existe una distancia abismal entre las ideas políticas de la ciudadanía y de la elite económica. La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. Indicó que la brecha en la desigualdad social se profundiza aún más en el sector educativo cuando todos los estudiantes no tienen acceso a una computadora e web por sus condiciones de pobreza. Ellas suelen sacar la cabeza sobre la superficie en tiempos de elecciones presidenciales, de encuestas CASEN, de algún informe de la OCDE o de las periódicas catástrofes “naturales”.Todas ellas ponen más al desnudo las diferencias socio-económicas del país, marcadas no solo por la pobreza sino también por la “extrema riqueza”. Por eso no debemos olvidar los intereses de quienes se oponen a cambiar esta lógica de que los que más tienen, se enriquecen a costa de la calidad de vida de sus empleados y empleadas, entrampando por más de cinco años un proyecto que significa un beneficio directo para la clase trabajadora, porque les incomoda que esa riqueza se reparta.
Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de common el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto materials de todos los sectores. En resumen, Chile muestra en términos comparativos un alto nivel de desigualdad y un bajo gasto social, los que crecientemente se acompañan de un aumento de presiones redistributivas. Estas presiones poseen focos muy claros en áreas de políticas de bienestar como son pensiones, salud y educación, y además tendencias generales por mayor igualdad salarial. El distanciamiento progresivo de las elites y ciudadanía representa una amenaza al contrato social y la legitimidad del sistema democrático, requiriendo mayores espacios de diálogo con la sociedad civil. Como se aprecia en el lado derecho de la figura 5, frente a la afirmación “El Estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres” la mayoría de las personas señala estar altamente de acuerdo.
Para un desarrollo más pormenorizado este delicado asunto, me permito remitir a mi investigación teológico-cultural publicada recientemente, con ocasión del 50° aniversario de la Conferencia de Medellín (Verdugo & Arellano, 2019). Si bien, desde la recuperación de la democracia Chile ha logrado importantes avances en términos institucionales y en la superación de la pobreza4, a la siga de un crecimiento económico sostenido, poniéndolo en primer lugar en la región; sin embargo, el progreso alcanzado no al canza a todos por igual. La desigualdad en términos de ingreso también lo pone en los primeros lugares del ranking latinoamericano5.
Los resultados de la CASEN 2022 recientemente dados a conocer traen buenas noticias y también grandes desafíos. La primera buena noticia es la caída en el porcentaje de población que se ubica bajo la línea de pobreza monetaria extrema y no extrema, así como bajo el punto de corte de pobreza multidimensional, alcanzando cifras inéditas (6,5% para monetaria y 16,9% para multidimensional). Así, mientras en Chile se habla de crisis, de desaceleración y de pérdida de confianza, el mercado de los autos de lujo (sobre los $50 millones) creció un 45,3% en los últimos 12 meses.
Lamentablemente en la versión 2020 no se cuantificó la pobreza multidimensional dada la dificultad metodológica de la investigación en pandemia, por lo que aún no vemos su efecto en esas otras áreas. El mismo informe de la Casen 2020 indica también que el 10% de las personas más acomodadas recibió ingresos 416 veces mayores a los que obtuvieron los hogares del 10% más pobres. Entre las desigualdades que más molestan a los chilenos está que algunos accedan a mejor salud que otras, que algunos accedan a mejor educación y que algunos reciban un mejor trato. “La intolerancia respecto a desigualdades en salud y educación ha aumentado”, señaló el director de la Escuela de Gobierno. Entre las razones más mencionadas por las que se recibe mal trato está la clase social, ser mujer y el lugar en el que vive.
Y luego la disaster financiera de 1982 y 1983, que tuvo causas extranjeras, pero muchas más internas, dada la desregulación desmedida de los mercados financieros. La desigualdad económica, patente desde la formación del Estado, se intentó romper con un proyecto in style y democrático, hasta que el golpe de estado y la dictadura, echaron todo abajo para implementar la cara más dura del neoliberalismo. Se sugiere trabajar con este video durante el desarrollo de la clase, como insumo que permita a los estudiantes identificar los riesgos que implica para la democracia la desigualdad social y en qué aspectos de su vida cotidiana lo ven reflejado. Erradicar la pobreza infantil es un imperativo, porque la pobreza es una grave vulneración de derechos. Chile debe ser capaz de garantizar los derechos y proteger las trayectorias de vida de todos los niños, niñas y adolescentes.
Series de tiempo más extensas muestran que, pese a cambios en las últimas décadas, la desigualdad del ingreso en el país sigue siendo muy alta. La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países.
Por ejemplo, en el año 2016, entre los países de la OCDE, el IVA y otros impuestos al consumo representaron en promedio un 32,7% de la recaudación. En Chile, estos mismos impuestos representaron el fifty four,6%, por lejos la proporción mayor entre los más de 30 países que componen el grupo (en segundo lugar aparece Turquía con forty three,6%). Estos datos también son útiles para estudiar cómo la desigualdad ha evolucionado en el tiempo. Esto es importante para nuestro país, porque muchos analistas han argumentado, equivocadamente, que la desigualdad ha disminuido significativamente en los últimos 30 años.
“La empresa depende y prospera con la cohesión y la estabilidad social, lo que se supedita al respeto de los derechos humanos, y al progreso de la dignidad, la igualdad y la inclusión económica”, asegura la Visión 2050. Por ejemplo, en China e India, las encuestas muestran una concentración de ingresos del 1% más rico cercana a la mitad de la concentración actual. Hemos visto que, en términos de recaudación de impuestos, el tamaño del Estado en Chile es pequeño y que los ingresos fiscales que recauda provienen mayoritariamente de impuestos al consumo.
La discusión no se agota en qué prioridad damos, si a enfrentar la pobreza o la desigualdad. Sin embargo, en cualquier escenario, especialmente el actual, parece inconcebible abandonar la pelea contra la pobreza, aunque el discurso contra la desigualdad esté en su auge de popularidad. Esta realidad puede provocar que muchos políticos que ven estos datos intenten hacerse cargo exclusivamente de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, pero les puede pasar que se olviden que la política no solamente está para hacer lo well-liked, sino también para no perder de vista las cosas importantes de la vida en sociedad. En otros términos, no se trata simplemente de navegar la ola de la opinión pública, sino que se debe contribuir a generar opinión pública para que se vuelva a poner el foco en las cosas que consideramos importantes. En Latinoamérica las políticas públicas están asociadas a las políticas de protección social a través de la entrega de bonos y subsidios a las clases más bajas, lo que hace que se transformen en medidas cortoplacistas y no fomenten el empleo y el salir de la pobreza extrema. Sabemos que el fenómeno es actual, y más allá de un eslogan de campaña, la evidencia apunta a que existe una gradiente social inversa, esto es, que personas que tienen menor nivel educacional, menores ingresos económicos, o que ocupan posiciones sociales más bajas, son personas que tienen más enfermedades.
Formamos alianzas virtuosas que hacen más fuerte el tejido social y, con ello, contribuimos a la superación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Si ampliamos la mirada sobre la pobreza y la analizamos en sus otras dimensiones, como educación, salud o vivienda, en 2017 se empinaba al 20%. En el acceso a la educación secundaria, por ejemplo, cerca de un 60% de las personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional no han terminado la enseñanza media (clara relación educación-pobreza, ¿no?).
Estos resultados son robustos a múltiples especificaciones y se mantienen al enfocarse en las personas de más bajos ingresos, quienes deberían ser, en teoría, las más afectadas por la desigualdad. Por ejemplo, la última encuesta CASEN revela que la pobreza aumentó desde un 8 desigualdad social resumen,6% en 2017 a un 10,8% en 2020, recogiendo en parte los efectos de la pandemia. Esto significa que aproximadamente 2,1 millones de personas se encuentran bajo esta línea.
De este modo, directa o indirectamente, se aplanaban las desigualdades que solían incrementarse en tiempos de paz. De ahí que, para el autor, comprender esas “fuerzas niveladoras” que han surgido en la historia pasada parece crucial para adoptar políticas y medidas concretas que nos permitan combatir pacíficamente la desigualdad en el presente y futuro. Una de las desigualdad social capitalismo estrategias para disminuir la desigualdad económica son las políticas de redistribución que consisten en impuestos a las personas más aventajadas y transferencia de recursos para reducir la inequidad. A pesar de que estas iniciativas se proponen reducir la desigualdad y tienen efectos positivos, no son siempre muy populares ni son apoyadas por la mayoría de la población.
