UNICEF/Adrian MusinguziUn trabajador sanitario recoge un vial de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca de un recipiente refrigerado en Uganda. Se necesita un “cambio de paradigma” que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros, incluidos los provocados por el COVID-19, dijo el lunes el máximo responsable de las Naciones Unidas al intervenir en el Foro del Consejo Económico y Social sobre la Financiación para el Desarrollo. Ariovaldo de Camargo, de la CUT Brasil, fue enfático en afirmar que bajo los gobiernos de Michel Temer y ahora el de Jair Bolsonaro el stability desigualdad social en la globalizacion del cumplimiento de los 6 ODS “es muy malo” y no se advierte que se transite por un camino claro de mejora y que, definitivamente, no hay espacios de diálogo social. Viviana Rumbo del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT), dijo que el país se suscribió a la Agenda 2030 “ya con un camino recorrido, eso no lo podemos negar. Lo que sí nos ayuda la Agenda es a tener como otro respaldo a la hora de hacer frente a determinadas embestidas que quiere hacer la derecha o el sector empresarial.
Hemos visto manifestaciones positivas, como las ollas comunes en barrios populares o la recolección de víveres para personas con necesidad. Al no poder salir o desplazarse fuera de la zona donde se habita, se fortaleció una economía más local, con esta idea de poder contribuir con el negocio de mi vecino. De sus trabajos sobre desigualdad se derivó la formulación del “Coeficiente Palma” como índice alternativo al tradicional Gini para su medición, y de sus trabajos sobre des-industrialización surgió una nueva forma de entender (y medir) el “Síndrome Holandés”, y el concepto de “desindustrialización prematura”. Es precisamente este índice, el que será explicado en detalle por el economista para analizar las ventajas en esta tarea. Frente a la situación de Chile indicó que “para nosotros, el desarrollo sustentable, la seguridad, la calidad de la gobernanza y sobre todo la equidad y la inclusión social son los desafíos más acuciantes”. Por último, la Subsecretaria Piergentili, concluyó que “en el caso specific del Ministerio de Economía nos hacemos la pregunta; ¿qué tipo de economía queremos en Chile?
En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.
Poner en el debate de la agenda política global el endeudamiento de los países, las necesidades de las naciones de renta media y aquellos Estados en situaciones especiales, son algunos de los énfasis que la embajadora de Chile ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, quiere dar a su período como presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc). El informe de la OIT además reflexiona en el avance de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial desigualdad por regiones, factores que inciden en el mercado laboral y, por tanto, en las oportunidades económicas de las y los jóvenes. De modo que, aunque las tasas de pobreza registran una tendencia constante a su reducción en la región, el proceso de erradicación de la pobreza ha mostrado una creciente desigualdad entre los territorios.
En la oportunidad, María Noel Vaeza dejó un mensaje a las funcionarias de Hacienda ofreciendo apoyo desde ONU Mujeres para temas internos de trabajo, cuyo fin es acortar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a la cual ha adherido el país, expresa el consenso internacional en torno a un nuevo estilo de desarrollo, convocando al mundo en un esfuerzo sin precedentes para la cooperación y contribución en temas claves y determinantes, como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Promover la igualdad de género exige reequilibrar los cuidados y las tareas domésticas en las familias, eliminar las disparidades de género en la educación y reducir las barreras sociales y políticas a la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Diego Portales, miembro de la llamada “Comisión Bravo” que analizó el sistema de AFP, experta en pobreza y que junto a Ricardo Mayer hizo en 2011 una de las primeras estimaciones sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad usando datos de la encuesta de empleo de la U. De Chile; y Alvaredo ha publicado junto a Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Anthony Atkinson, autores claves en las investigaciones modernas sobre concentración y desigualdad. Estos últimos desarrollaron una metodología basada en datos tributarios que fue aplicada en la presente investigación, lo que permite que los resultados obtenidos para Chile puedan integrarse a la World Wealth Income Database, un proyecto mundial en el que desde hace 15 años unos 90 investigadores reconstruyen cómo ha evolucionado la desigualdad en el mundo en el largo plazo.
Siempre va a haber una referencia a temas ambientales y la concept es que los temas se equilibren unos con otros, pero logramos que se refleje la importancia de las instituciones sólidas para el logro y el mantenimiento de la paz. “Nuestro tema de cara al Foro Político de Alto Nivel de 2024, es reforzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y erradicar la pobreza en épocas de crisis multiples, brindando efectivamente soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras. Por otro lado, es muy importante para Chile -porque también ha sido su tradición- vincular las conversaciones de Naciones Unidas con la sociedad civil. La ciudadanía comprende que el trabajo que aquí se desarrolla no tiene sentido si no se hace de cara a las personas, a una ciudadanía organizada.
Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Esto generó que su elaboración no fuera fácil, al haber un gran número de voces que escuchar, con diferentes concepts, intenciones y prioridades (Martínez & Martínez, 2015; Tassara & Cecchini, 2016).
Elevar sustantivamente el gasto en transferencias monetarias a las familias, y rediseñarlas, imprimir progresividad al sistema tributario, agregar solidaridad a la seguridad social, revisar los mecanismos de provisión de lo público y procurar más competencia en los mercados, son solo algunas posibilidades. Se trata de instrumentos que los países desarrollados a los que tanto admiramos usan extensamente para reducir la desigualdad. También están las diferencias en el acceso a una salud oportuna y a una educación de calidad, y la vivencia de malos tratos y discriminación debido a causas que están fuera del management de las personas (el aspecto físico, el origen socioeconómico, el género y el lugar de residencia, entre otros).
No obstante, del complete de las veintiocho acciones públicas incluidas en el informe, esta es la única cuyos documentos no son de acceso público. Es más, para el caso de Chile, el PNUD (2017) identificó seis factores que reproducen la desigualdad a lo largo del tiempo en el país. Primero, la estructura productiva de Chile, que se relaciona a las diferencias de productividad, capacidad de inversión y nivel educacional de los/as trabajadores/as. Igualmente, el tercer factor contempla el rol pasivo del Estado que no tiene mayor injerencia distributiva de los recursos, y el cuarto la concentración del poder político que tienen las personas con mayores ingresos. El quinto issue refiere a las desigualdades de oportunidades, como es el sistema educativo del país que se encuentra bastante dividido y finalmente, los principios normativos establecidos en Chile que en algunos casos avalan las disparidades y limitan iniciativas que promuevan la igualdad.
Si a estas actividades se les asignara un valor monetario, en Chile representaría 25,6% del PIB ampliado de 2020 (aumentando respecto del 2015 debido a la pandemia), según estimaciones del Banco Central. Reducir la desigualdad al 2030 es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que firmó la comunidad internacional en 2015. La carta menciona que “estamos viviendo en un tiempo de una desigualdad económica extraordinariamente alta”. Deberíamos empujar, entonces, que la política social incluya en su focalización variables como los riesgos ante catástrofes climáticas, y el nivel de acceso a energía y agua. Junto con esto, profesionalizar la administración y propiedad de las comunidades de agua potable rural (APR); subsidiar el transporte público limpio (rebajar la tarifa un 50% podría financiarse aumentando el impuesto específico al diésel al doble y eliminando el reintegro); e implementar potentes planes de inversión pública con foco en proyectos «verdes».
La autoridad recibió a la directora de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, María Noel Vaeza y a María Inés Salamanca, representante ONU Mujeres en Chile. En la reunión, ONU Mujeres se puso a disposición del Ministerio de Hacienda para colaborar en la Agenda de Género del Presidente Gabriel Boric desde las finanzas públicas y dieron los primeros pasos para abordar los desafíos de corto y mediano plazo con énfasis en las reformas tributaria y de pensiones que presentará el gobierno. “Transversalizar la perspectiva de género desde el sector público fue uno de los mandatos del Presidente y desde Hacienda nos sentimos correspondidos a ese llamado, ya comenzamos a trazar las primeras líneas de nuestra agenda que partió con la incorporación de Maritza Moraga, coordinadora de género. Agradecemos la colaboración que nos ofrece ONU Mujeres, estamos seguras que su experiencia será un aporte para que mejores políticas públicas emanen desde el ente estatal”, señaló la ministra de Hacienda (s), Claudia Sanhueza.