En este sentido, Iwuoha & Jude-Iwuoha (2020) argumentan que la actual situación mundial causada por el COVID-19 ha retrasado gran parte del trabajo que se había llevado a cabo respecto de la Agenda 2030, como también ha dejado en evidencia, nuevamente, las insuficiencias del modelo de desarrollo que se había alabado tanto en algún momento de la historia. En otras palabras, la actual pandemia demuestra la realidad y urgencia que requiere enfrentar las desigualdades socioeconómicas existentes, que sin duda se han acrecentado, siendo la población más pobre la más afectada y marginada (Leal et al., 2020 ). La desigualdad económica no es más que la consecuencia directa de una gran “policrisis”, compuesta por factores económicos, sociales pero también climático-ambientales. “La desigualdad extrema ha crecido junto con la riqueza extrema”, explica Francesco Petrelli a Radio Vaticano – Vatican News. Principalmente, los dos problemas que no contribuyen al crecimiento económico de la mayoría de la población son la inflación y el desempleo.
No obstante, el plan muestra un enfoque en la dimensión ex-ante, por sobre la otra dimensión, y dentro de esta, en aquellas acciones dirigidas principalmente a reducir las brechas que se generan por las variaciones en el contexto social. Además, respecto de la Agenda 2030, las acciones públicas responden a seis de las diez metas presentadas, 10.1, 10.2, 10.three, 10.four, 10.5 y 10.7. Asimismo, la temporalidad anterior de estas acciones respecto de la agenda podría explicarse debido a que Chile aún se encuentra en una etapa de implementación de la misma. Además, la temporalidad de las acciones públicas examinadas, al ser la mayoría de estas previas a la Agenda 2030, indica que aún queda trabajo por realizar para incorporar estos objetivos a las diversas partidas públicas del país. Es decir, que existiendo esta agenda como una guía para el desarrollo sostenible, los esfuerzos que vengan a continuación deberían responder a la lógica de estos objetivos y no al revés. Por otro lado, también es importante, en este sentido, trabajar en acciones públicas que sean de corto y largo alcance.
Su riqueza se incrementó de 3,78 billones de dólares durante la disaster sanitaria, en tanto que el 99% de la población mundial vio reducir sus ingresos. «Entonces, el coeficiente por sí solo es un indicador bajo el cual es justo decir que Chile es uno de los países más desiguales, no sé si del mundo, pero desigualdad de la población a la luz de los resultados de la OCDE sí somos desiguales. Y si consideramos que en Chile todo el sistema de bienestar está mercantilizado podemos darnos cuenta de que la desigualdad crece aún más, porque quienes tienen recursos para educarse o entrar al sistema privado de salud lo hacen y así se va reproduciendo la cadena», termina.
Por ejemplo, la Reforma Previsional ya mencionada, requiere de un largo período de tiempo para ver resultados, ya que hace referencia un segmento de la población que verá los resultados de esta ley en varios años más, cuando sea momento de jubilarse, como también quienes año a año se retiran de sus actividades laborales. O bien, la Ley Nº19.966 del año 2004, la cual continúa vigente e, igualmente, ha ido incorporando cada vez más elementos para incluir a una mayor cantidad de personas beneficiadas desde su entrada en vigencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, las acciones públicas analizadas dan cuenta del trabajo que se ha realizado en el país respecto de la reducción de desigualdades, las cuales han podido ser incorporadas como respuesta a las metas establecidas para el ODS 10, pero no necesariamente como un trabajo que se ha realizado en base a esta agenda, aún. De esta forma, como se explicó en el primer apartado de este artículo, ambas dimensiones de las disparidades, ex-ante y ex-post, presentan una relación recíproca entre sí, afectándose mutuamente. Es decir, que los resultados de una generación afectarán directamente el punto de partida de la siguiente y, además, aun habiendo logrado la igualdad en una de estas dimensiones, esto no resolvería las disparidades en la otra dimensión. Es más, para el caso de Chile, el PNUD (2017) identificó seis factores que reproducen la desigualdad a lo largo del tiempo en el país.
Más allá de los datos de desigualdad para Chile, cuyo alto nivel es por todos conocido, uno de los capítulos se centra en el impacto de las políticas redistributivas en siete países emergentes, incluido nuestro país, con información más novedosa. En una reciente entrevista que el economista Sebastián Edwards le hizo al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en Ex Ante, Edwards rescata la profundidad que alcanzó esa convicción. Hablando sobre la desigualdad económica como issue gatillante del estallido social, el economista recordó que Rolf Lüders, ministro de Hacienda de la dictadura, pensaba que la desigualdad era un problema de envidia y que no había que preocuparse de ella, sino del crecimiento.
Junto con lo anterior, tenemos el triste récord de ser uno de los países con la educación escolar más segregada socioeconómicamente, lo cual genera una fuerte inequidad educativa. Este mismo organismo destaca de Chile que “La productividad y la desigualdad se ven afectadas por el sistema educativo, cuyos resultados son débiles y desiguales, y reflejan en gran medida los antecedentes socioeconómicos de los alumnos”. Es más, dentro de las consultas civiles que se realizaron para la definición de la Agenda 2030, uno de los temas que más destacó como una preocupación importante de las personas de diferentes países era el de la desigualdad. Como resultado del informe realizado por el United Nations Development Group (2013), se indicó que las personas percibían la desigualdad como una barrera estructural que no les permitía alcanzar su máximo potencial, creando sentimientos de frustración y exclusión. Además, el informe declara que el asunto de la desigualdad salió a la luz dentro de varios otros tópicos consultados, como el de salud, el medioambiente donde habitan, brechas de género, entre otros.
El análisis de este capítulo muestra que en basic las políticas redistributivas se han reforzado en los países emergentes, por vía del aumento del nivel de transferencias o ampliando la cobertura de seguros de desempleo y/o de salud, o expandiendo las oportunidades educativas de la población. Es en los países más desiguales donde los efectos de las políticas tienden a ser mayores. Además de las brechas en la distribución de la riqueza, este crecimiento desigual no ha ido aparejado con el desarrollo de un estado de bienestar que esté a la altura de las necesidades. El país tiene un estado de bienestar extremadamente reducido y una mercantilización de los servicios básicos extremadamente elevada que ha llevado a la mayoría de los chilenos, no solo a la clase media, a gastar altas sumas de dinero y endeudarse para acceder a la salud, educación y a la seguridad social. Como dije antes, la persistente desigualdad es una fuente de malestar social, y el reciente malestar en Chile no es una excepción. Para mitigar el impacto inevitable del rápido cambio tecnológico y la globalización en la desigualdad, las sociedades deben garantizar la “igualdad de oportunidades”, de modo que a priori todas las personas tengan la misma probabilidad de beneficiarse de este progreso.
Esta cifra sube a 45% si se incluye en el cálculo el Aporte Previsional Solidario instaurado en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pero aún así posiciona a Chile muy por debajo del promedio de tasa de reemplazo de los países de la OCDE (58%) y de los países de la Unión Europea (60%). Claramente, los terratenientes tenían el incentivo de reducir el éxodo de sus trabajadores a los pueblos cercanos. Por lo tanto, dado que se dieron cuenta de que la educación brindaba a los trabajadores habilidades que tenían mayor demanda en el sector urbano que en el sector rural, objetaron la provisión de educación para disminuir la migración del sector rural al urbano y aumentar sus tasas de ganancia. De hecho, regiones del mundo como América Latina, donde la desigualdad en la propiedad de la tierra period desigualdad economica ejemplos bastante significativa, tuvieron una transición más lenta de la agricultura a la industria y una menor prosperidad económica. Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno.
El autor afirma que la libertad de los individuos para lograr un tipo de calidad de vida deseada depende, en parte, de cómo se distribuyen los recursos dentro de una familia. En otras palabras, la administración de los recursos dentro de la familia, de acuerdo a los diversos intereses y objetivos que haya dentro de ella, condicionarán el resultado last de cada individuo. [3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos.
Y a pesar de algunos de los mismos problemas, Suiza ha podido recaudar cantidades significativas de ingresos de manera consistente con su impuesto sobre el patrimonio y ha mantenido el apoyo well-liked con regularidad”. Scheuer, quien es experto en gravámenes a la riqueza, afirmó que, en el caso de nuestro país, “aplicar impuestos a los ingresos personales y a las ganancias de capital es fundamental si el propósito es lograr una redistribución de ingresos más equitativa y recaudar recursos fiscales”. Los ingresos son los flujos que se obtienen período a período, salarios, pensiones, intereses, utilidades y subsidios. La riqueza, en cambio, equivale al valor de todo lo que posee una persona, propiedades, negocios, ahorros y riqueza financiera, menos el valor de todas sus deudas. Por eso, afirmó que «mi punto es que el impuesto a la riqueza termina haciendo más progresiva la carga fiscal, que hoy de hecho es regresiva en Chile (…) la señal política es importante, y quizá en el corto plazo no resuelva el problema de disminuir la concentración de la riqueza, pero sí legitima el sistema y la progresividad de la carga fiscal».
Por ejemplo, a hundred mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes. El impuesto óptimo balancea estos dos efectos y, para sorpresa de muchos, aun considerando sus potenciales efectos distorsionadores, la literatura ha concluido que debe ser bastante altos. Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta. Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es 0,59. Consistente con lo reportado por la OCDE, encuentran que en su conjunto la acción del gobierno es levemente progresiva.[8] El estudio muestra, además, que el sistema tributario es levemente regresivo y el sistema de transferencias es progresivo, especialmente debido a las transferencias en salud y educación.
Actualmente, en un contexto donde las tasas de titulación de mujeres superan a las de varones, lo común es que tanto el hombre como la mujer tengan un trabajo en los hogares más prósperos. Y los emparejamientos, siguiendo la lógica de selección por similitud, suelen darse entre personas de un mismo nivel educacional y de ingresos. Es decir, los hombres educados y ricos, que antes por lo common eran la única fuente de ingresos de sus hogares, se casan hoy con mujeres igualmente educadas y ricas. El impacto en la aceleración de las desigualdades del emparejamiento selectivo es evidente. Hemos evidenciado en este mismo medio ciertos aspectos de nuestra desigualdad económica que resultan fundamentales para tener un debate razonable dentro de la futura Convención Constitucional que se nos avecina. Sin duda la desigualdad en nuestro país es uno de los temas más mencionados en el debate nacional, por lo que debemos tomárnosla muy en serio y con altura de miras, para así avanzar con acuerdos en vez de con polarización.