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Así, a pesar de la considerable reducción de este índice desde mediados de los años setenta, la inflación continuó siendo elevada, alcanzado un 31,2% en 1980[34]. Sin embargo, el ministro De Castro logró reducir la inflación a un 9,5% en 1981 gracias a los efectos de la política del tipo de cambio como ancla nominal, es decir, la fijación del tipo de cambio fijo. Hasta 1977 la estrategia empleada para combatir la inflación fue básicamente reducir la cantidad y emisión de dinero, y de permitir devaluaciones del peso en sólo un 10%, con el fin de disminuir paulatinamente las expectativas inflacionarias, tal como ocurrió en 1976 y 1977. A pesar de las moderadas pero periódicas devaluaciones, la tasa de crecimiento de los precios continuó creciendo, a lo que se agregó el comportamiento del tipo de cambio, convirtiéndose este último en un issue determinante de las expectativas inflacionarias.

Este decreto buscaba centralizar la implementación de las políticas económicas en un solo ministro, por lo que Cauas pasó a ocupar el cargo de “ministro coordinador del Sistema Económico”. La junta militar le pidió al ministro establecer a la brevedad un plan para evitar los efectos negativos de la doble crisis. Paralelamente, el 14 de abril, el Gobierno nombró un nuevo gabinete donde ingresaron más civiles en los distintos ministerios, siendo uno de ellos Sergio de Castro en el Ministerio de Economía. De esta manera, se buscó que los postulados de una economía de mercado se establecieran en la realidad nacional.

De esta manera, el concepto de balance estructural muestra la situación del fisco en una perspectiva de mediano plazo, en vez de su situación coyuntural. Por otro lado, la instauración de esta política aísla el efecto cíclico de tres variables macroeconómicas que influyen en la determinación de los ingresos del Gobierno como lo son la actividad económica, el precio del cobre y el precio del molibdeno. Sus resultados macroeconómicos sobresalen entre los demás países latinoamericanos, los cuales también, aunque en menor grado, han debido enfrentar últimamente una situación muy adversa en materia de precios para sus productos y condiciones de financiamiento externo. Aunque en ocasiones pudo pensarse lo contrario, la estrategia adoptada por Chile es hoy reconocida como la única en la región que ha logrado poner de nuevo en marcha la mecánica del desarrollo”. Este crecimiento “proviene de la pujanza empresarial y laboral de la iniciativa privada que, encontrando un clima macroeconómico propicio, se ha volcado hacia la exportación y la inversión”. El PIB creció un 6,8%, siendo la industria, la agricultura y los sectores de transporte y comunicaciones los más dinámicos.

En el ámbito económico, los largos estudios de las funciones y atribuciones de los organismos estatales han permitido concluir y aplicar un sistema económico impersonal, no discrecional, y basado en el mercado, cuyos éxitos hace ya algún tiempo son incuestionables. El Estado, en su rol empresarial, deberá cautelar el que marcos institucionales garanticen que el funcionamiento de sus empresas, corporaciones y bancos se desenvuelvan con niveles de eficacia propios de una economía competitiva”[24]. El impacto de las privatizaciones de la primera etapa permitió generar progresivamente un mercado de capitales que posibilitó a los mismos privados acceder a créditos internacionales para generar mayores inversiones en la economía. Por consiguiente, la economía se volvió más competitiva al abrirse al mercado internacional, por lo que el país se convirtió en una atrayente plaza para las inversiones extranjeras[28]. Por otro lado, el menor peso y tamaño del Estado en la economía, debido a la privatización de gran parte de las empresas del área social, permitió a éste aumentar sus recursos y orientarlos hacia otras necesidades, ayudando a reducir en parte el déficit fiscal. De esta manera, los recursos que antes se focalizaban en estas empresas pasaron a distribuirse en pos de un mayor gasto social, estableciendo una relación entre las políticas económicas y las sociales.

Para el cálculo del I de Moran y los indicadores locales de asociación espacial y la estimación del modelo de regresión lineal múltiple, con la técnica de mínimos cuadrados ordinarios se utilizó el programa compu tacional Open GeoDa®, que proporciona un diagnóstico de dependencia espacial. En la Tabla 2 se observa que en 1990 solo el 66 pobreza en pandemia.9%, 64.9% y 91.1% de las viviendas de Ciudad Juárez contaban con drenaje, agua potable y electricidad respectivamente. Dicha situación mejoró para el año 2000 al incrementarse el porcentaje de viviendas con drenaje al 88.3%, agua potable al eighty.2% y electricidad al 97.8%.

Junto con la desaceleración se produjo la renuncia del Ministro Aninat el 3 de diciembre de 1999, ya que éste aceptó el cargo de director basic adjunto del Fondo Monetario Internacional. Las políticas sociales de corto plazo han implicado que a América Latina le sea especialmente difícil recuperarse de las crisis económicas de su historia, por lo que desde una perspectiva cíclica, suele transformar la pobreza coyuntural en pobreza estructural. Siguiendo las medidas en torno a la regulación, en 1986, el ministro Büchi promovió una importante reforma a la Ley de Bancos, en relación con la creación de un marco institucional en pobreza en la pandemia el cual debían desenvolverse las instituciones en el mercado financiero. La premisa de esta reforma estableció que los sistemas financieros contienen elementos de inestabilidad, como el comportamiento de los bancos y las personas que creen que los depósitos están plenamente respaldados en todo momento, hecho que no ocurre. La primera fue aumentar el grado de protección de los bancos frente al crecimiento de los depósitos a la vista, con el fin de forzar un mayor respaldo de éstos con deuda pública o del Banco Central, lo que se denominó “reserva técnica”. En segundo lugar, se introdujo un cierto grado de riesgo en los depósitos a plazo en el sistema bancario.

Paralelamente al proceso de reordenamiento económico y financiero emprendido por el Ministerio de Hacienda comenzó a gestarse otro proceso de igual o mayor importancia. La experiencia socialista de Salvador Allende había llevado al extremo el modelo desarrollista que transformó al Estado en prácticamente el único actor con la capacidad de controlar la producción y de asignar los recursos, interviniendo de ese modo en la mayoría de las actividades económicas. En este período, los problemas más sobresalientes del país tenían relación con bajas tasas de crecimiento, el atraso agrícola, el déficit fiscal, la inflación, el estatismo exagerado, la escasez de empleos productivos y las condiciones de extrema pobreza[5].

Sin embargo, mientras se mantuviera un escenario favorable del comercio exterior la gravitación de la deuda sobre la economía tendería a atenuarse hacia fines de la década. Precisamente fue esto lo que ocurrió, ya que a la buena situación del sector externo de la economía se sumó la operación de mecanismos de conversión de deuda externa en inversión extranjera o documentos representativos de deuda interna. Un aspecto que continuó siendo objeto de debate fue una mayor necesidad de regulación económica y financiera en el país, así como una mayor intervención del Estado en estas materias. Desde la aplicación del nuevo modelo se percibió cierta tensión entre los partidarios de liberar o de regular los mercados. Sin embargo, fue la crisis y ciertas prácticas del sector privado y de las instituciones financieras los factores que permitieron generar un consenso acerca de la necesidad de contar con mayores regulaciones a principios de la década de 1980. En un comienzo se establecieron regulaciones de tipo bancaria y bursátil, introduciendo estrictas restricciones a los créditos a compañías relacionadas y la obligación de las empresas para entregar información sobre sus actividades.

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, el ministro De Castro decidió implementar en 1979 una política de cambio fijo como fórmula para reducir la inflación. Para que esta política tuviera éxito period necesario que no se produjeran nuevas presiones inflacionarias, pero paradójicamente el Gobierno mantuvo la ley de reajuste salarial del sector público y una parte del privado, además de reducir las trabas en el ingreso del capital externo. Es así como se fomentó una expansión del gasto privado, tanto de las personas como de las empresas, por el incremento de las importaciones y crecimiento del sector privado vía endeudamiento. La política del tipo de cambio fijo comenzó a generar un debate y cierta división dentro de los economistas que llevaron a cabo la trasformación económica del país.

Ahí hay algo perverso que tiene que ver con cómo el capitalismo promete felicidad y nos dice que podemos alcanzar esa felicidad en términos, capitalistas, patriarcales y racistas, siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. Ese discurso es algo que se reitera todo el tiempo, pero la trampa es que señala que aquello tiene una directa relación con el esfuerzo realizado. Entonces, creemos que si alguien tiene mucho dinero es por el esfuerzo de esa persona o de su familia, pero en términos cuantitativos es mentira. Los privilegios tienen mucho que ver con las redes familiares, donde nacimos, el colegio donde estudiamos, las oportunidades que tuvimos, los contactos a los que accedimos y todo aquello que no tienen que ver con esfuerzos personales necesariamente”, remarca. Se necesita más educación, pero eso significa recuperar forty o más años de retraso por la pérdida del valor de la educación pública. Sí, pero sobre todo conciencia de todos los sectores políticos, porque todos ellos contribuyeron a este presente”.

La devaluación inició una aguda crisis económica, ya que el equivalente en pesos de las deudas expresadas en dólares, tanto de las personas como del empresariado privado, aumentó de $39 a $46. Por otro lado, en julio de ese año el Gobierno estableció una medida para aliviar el steadiness de los bancos, tratando de normalizar la actividad bancaria, por medio del mecanismo de “compra de cartera vencida” mediante el cual el Banco Central adquirió los créditos prorrogados de los bancos por imposibilidad de pago de sus clientes, lo que significó una gran ayuda al sector bancario. Posteriormente, en un plazo determinado, los dueños o accionistas de los bancos debían recomprar al Banco Central el crédito en cuestión[49].

Sin embargo, el 13 de enero el ministro Lüders anunció una intervención masiva del sistema financiero, haciendo un llamado a los deudores y conglomerados a pagar sus deudas. La premisa del ministro fue que no era posible dejar a la banca nacional resolver sus problemas de manera independiente, ya que las inminentes quiebras de los bancos generarían un caos no sólo financiero, sino social y político[52]. Con esta intervención el Gobierno sobrepasó la expansión crediticia acordada con el FMI, produciendo la quiebra de diversas instituciones, depositantes y ahorristas sin capacidad de pago, así como la expansión del gasto fiscal.

Los resultados del artículo permiten identificar las zonas a partir de las variables que explican la vulnerabilidad social. En términos metodológicos en la medida que se avanzó en el uso de técnicas de análisis más rigurosas, se mejoró la identificación de las zonas con alta vulnerabilidad social. Al pasar de la georreferenciación del índice de vulnerabilidad social a la aplicación de las técnicas de análisis espacial, como los indicadores globales de asociación espacial (I de Moran) y los indicadores locales de asociación espacial como los mapas de ILAE. Las primeras preocupaciones del ministro Cáceres fueron lograr un nuevo acuerdo con el FMI y la banca internacional, además de crear confianza de una pronta recuperación de la economía.

Sin embargo, el ministro De Castro argumentó que la disaster correspondía al endeudamiento del sector privado, específicamente del sector financiero, por lo que el Estado quedaría al margen en caso de una cesación del flujo crediticio y un aumento de las tasas de interés, sin tomar en consideración el problema que se generó en el comercio exterior[47]. El Gobierno Militar comenzó a aplicar nuevo programa económico desde 1973, especialmente con las medidas de saneamiento económico ya señaladas. Sin embargo, dentro del mundo militar existía desconfianza sobre la aplicación de las políticas del programa debido a la tradición nacionalista y proteccionista de las Fuerzas Armadas. Los militares le asignaban un papel importante al Estado en la economía y no estaban convencidos sobre la concept de instaurar una economía de mercado. Además, muchas de las medidas de estabilización económica, como la liberalización de los precios y las devaluaciones, significarían un costo social importante para las personas, especialmente para los sectores de escasos recursos. A partir de lo antes enunciado, el objetivo del artículo es identificar las áreas de alta vulnerabilidad social, mediante el uso de técnicas de análisis espacial que muestre las zonas que tienen una limitada calidad de vida, con el propósito de ser utilizado en políticas sociales que permitan dirigir acciones de intervención en las zonas que presenten mayor vulnerabilidad socio urbana en Ciudad Juárez, Chihuahua.