El plan de estímulo fiscal (del anterior gobierno de la Presidente Bachelet) fue de 2,eight puntos del PIB, unos US$ four mil millones, que según organismos internacionales estuvo entre los cinco más grandes del mundo. (…) Así como ahorramos 20 puntos del PIB en tres años, no tuvimos ninguna duda en usar cerca de four,5 puntos de PIB en financiamiento de fondos soberanos cuando la política fiscal lo necesitaba”. La tolerancia a las brechas salariales es también mayor, cube el reporte, y precisa que en esto influye en parte el «muy alto nivel de disparidades». El documento distingue entre las desigualdades percibidas y las preferidas, y dice que en Chile la diferencia entre estas dos es una de las más altas de la OCDE. La mediana de los encuestados piensa que los trabajos mejor pagados son hasta 23 veces mayores que los peor remunerados, pero deberían ser máximo nueve veces más, mientras que la media del grupo de países es de nueve y cuatro, respectivamente.
Esta medida no solo carece de fundamentos racionales y económicos sólidos, sino que también tiene implicancias significativas en la distribución de recursos en nuestro país. © 2024 KPMG Auditores Consultores Limitada, una sociedad chilena de responsabilidad limitada y una firma miembro de la organización global de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía (company limited by guaranty). La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos.
Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Enfatizan en que los sectores más dinámicos y productivos de la economía, que se concentran en pocas empresas y generan una baja proporción del empleo, coexisten con sectores más atrasados tecnológicamente, con menos acceso a capital, mayor endeudamiento y menor productividad, donde se encuentra la mayoría de las empresas y que son responsables de más del 80% del empleo privado. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). Mientras que a nivel nacional no hay un gran cambio en la desigualdad en el último período, Tarapacá incrementó su desigualdad en más de un 6%, y por su parte Los Lagos la redujo en casi un 11% (metodología nueva). Estas diferencias son de gran relevancia para la política pública y de acuerdo con Contreras (1999), también para el proceso de descentralización.
Ahora bien, respecto de la acción pública que no fue analizada, la número eleven del informe en cuestión, sobre Política Migratoria Internacional, si bien en el reporte se indican algunos Memorándums de Entendimiento Binacional en materia Migratoria y Consular con algunos países de Latinoamérica, estos no son de carácter público. Además, si bien Chile ha demostrado un carácter propositivo en materias migratorias, por ejemplo, a través del Instructivo Presidencial “Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria” (Gobierno de Chile, 2015), en este mismo se recalca la necesidad de una política pública y cuáles factores debiese considerar. Así, por la falta de un documento disponible que establezca una política pública en materia migratoria internacional ( De las Heras, 2016 ), y considerando que los documentos propuestos en el informe son de carácter privado, no es posible evaluarlos y, por lo tanto, no serán incluidos en esta investigación. No obstante, del complete desigualdad de la riqueza en el mundo de las veintiocho acciones públicas incluidas en el informe, esta es la única cuyos documentos no son de acceso público. Es más, dentro de las consultas civiles que se realizaron para la definición de la Agenda 2030, uno de los temas que más destacó como una preocupación importante de las personas de diferentes países era el de la desigualdad.
cuales, cerca de 82 millones (el thirteen,1% de la población) vivían en condiciones de pobreza extrema”. A pesar del tremendo avance de las tecnologías de la información, de la inteligencia synthetic, del desarrollo de las telecomunicaciones, del transporte aéreo y marítimo, a pesar de todos los aumentos en productividad, hay algo que avanza en sentido opuesto, la desigualdad y la pobreza.
En 2015, el país ocupa el puesto número dos en desigualdad entre los miembros de la OCDE (medida a través del índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias), después de México. Lo siguen Turquía, Estados Unidos y Lituania, siendo los países con menor desigualdad Islandia, Eslovaquia y Eslovenia (OCDE, 2018). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decil más pobre (OCDE, 2015)6, por sobre el promedio desigualdad de salud de los países de la OCDE, donde el 10% más rico gana 9,6 veces más que el 10% más pobre (siendo esta la mayor diferencia de los últimos 30 años) (Keeley, 2015). Actualmente en Chile, el 20% de mayores ingresos lo es 10 veces más que el 20% más pobre (OCDE, 2018). En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano.
Lazear y Rosen (1981) defendieron la thought de que la relación entre desigualdad y crecimiento es positiva porque la desigualdad incentiva la innovación y el espíritu empresarial, lo que a su vez promueve el crecimiento. En la misma línea, Thierry Verdier (1993) concluyó que en países con sociedades más desiguales se tiende a destinar mayores recursos financieros a educación, lo que trae consigo capital humano más capacitado y, por tanto, crecimiento. Los inicios de la teoría clásica de la relación entre desigualdad y crecimiento, siendo esta la base de la corriente que sostiene la existencia de una relación positiva entre las variables, se remontan al enfoque tradicional planteado por Kuznets (1955) y su llamada hipótesis de Kuznets. El PNUD, cada año, desde 1990, presenta un informe sobre desarrollo humano, donde se analizan importantes temas, tendencias y políticas sobre desarrollo. No se puede negar que durante el último cuarto de siglo a nivel mundial ha habido un importante progreso en muchos ámbitos del desarrollo humano. La esperanza de vida es mayor; hay más personas que se escapan de la línea de la pobreza y la pobreza extrema; menos personas afectadas por la malnutrition, entre otros.
Así, nuestro gasto social se ha expandido a una velocidad que casi dobla a nuestro crecimiento. Este gasto social en aumento debe evaluarse además junto con la expansión del Estado chileno. Entre los modelos más recientes basados en la curva de Kuznets se encuentra el planteado por Greenwood y Jovanovic (1990), quienes dan un realce al desarrollo del mercado financiero de un país y su cambio de un sistema no sofisticado a uno moderno como condición basal al momento de emprender políticas de crecimiento económico. Por otro lado, Helpman (1997) se enfoca en la tecnología que se encuentra disponible en el país o en los sectores económicos como causa del crecimiento, sosteniendo que el sector con menor capitalización o pobre en recursos financieros utiliza una tecnología obsoleta, mientras que el sector con mayores recursos utiliza una más avanzada.
En este sentido, la realidad de las manifestaciones sociales en Chile motivaron la hipótesis de este trabajo, ya que el descontento social ha dejado en evidencia las grandes faltas que existen en el país respecto de la dimensión ex-ante, lo que podría implicar, al menos, una falta de trabajo desde esta perspectiva. Otra característica que resalta de las acciones públicas analizadas tiene que ver con la temporalidad de estas respecto de la Agenda 2030. En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017. Además, de las otras que son anteriores a esta agenda, hay algunas como, por ejemplo, la Reforma Previsional del año 2008, o la Ley Nº19.966 del año 2004 que establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, que son varios años previas al acuerdo, pero que aun así se incluyen en el informe relativo al ODS 10.
Es decir, que los resultados de una generación afectarán directamente el punto de partida de la siguiente y, además, aun habiendo logrado la igualdad en una de estas dimensiones, esto no resolvería las disparidades en la otra dimensión. Diversos trabajos académicos han profundizado el estudio sobre las causas y la evolución de la desigualdad en el país. Durán (2018) plantea que, al hablar de desigualdad, existen diferentes enfoques normativos sobre que entendemos por ella, así como formas de medición, incluyendo la desigualdad de riqueza, ingreso y salarios, para los cuales existen diferentes indicadores utilizados por la literatura económica. Respecto del Índice de Gini, el autor plantea que Chile ha tenido históricamente un valor elevado, con solo ocho años, de un complete de 161, con un valor bajo zero,45. Además, que este indicador permite analizar el impacto de las políticas fiscales, evidenciando que Chile es uno de los países de la OCDE con menor impacto, pues para el año 2003, el valor del Índice de Gini para los ingresos autónomos fue de 0,5 y al incluir transferencias y subsidios solo cae a zero,49. Si bien los valores actuales serían estarían dentro de los mejores resultados alcanzados por el país (Le Fort, 2017), del análisis histórico de Durán (2018) es posible apreciar un comportamiento cíclico de este indicador, por lo que no necesariamente existe evidencia que permita sostener que la actual reducción sea permanente en el tiempo 4 .
Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas. Esa inequidad mata igual que la corrupción que se fue instalando y cooptando el sistema político, con leyes que no le han quitado ni una muesca al poder que desde hace décadas ostentan los grandes grupos económicos locales y multinacionales. 3“Los objetivos del Grupo del Banco Mundial son los de terminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida.
Si bien es claro que estos avances han mejorado la calidad de vida de las personas, se debe asumir que no en la misma proporción e incluso ha dejado mucha gente marginada de este gran avance (PNUD, 2016). Es por lo anterior que el último informe del PNUD está dedicado a este tema “desarrollo humano para todos”, considerando, igualmente, que en 2015 los dirigentes nacionales se comprometieron a “no dejar a nadie atrás”, compromiso que dejaron plasmado en la Agenda 2030. Respecto de la Agenda 2030, el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017b) estableció que de los eleven indicadores que presenta el ODS 10, el país cuenta actualmente con información solo para tres de ellos, 10.1, 10.2 y 10.3. Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.4, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.3, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018).