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Educación Cívica: La Formación De Los Futuros Ciudadanos

En el corazón de una sociedad democrática saludable, yace la participación activa de su juventud. Entender nuestro rol dentro de este sistema no es solo una cuestión de deber, sino una de poder. La juventud, armada con educación democrática, posee la capacidad única de impulsar el cambio y dar forma al futuro de nuestras naciones. Ingeniera Biotecnóloga con Máster en Innovación y Emprendimiento, y Máster en Science in Management del MIT.

Doctora en Ingeniería Mecánica, fue la primera ingeniera Civil Aeroespacial de Chile. Actualmente es académica y Directora del Magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca. Ha impulsado diversas actividades para aumentar la retención de mujeres en disciplinas STEM.

Cabe mencionar que la mandataria determinó forty five premios para destacados líderes sociales de distintas organizaciones alrededor del país lo que refleja la importancia que le otorga este gobierno al trabajo que los dirigentes sociales despliegan en los distintos territorios. El Seremi de Gobierno, Enrique Inostroza aseguró que entregar este reconocimiento es un honor ya que lo hace en nombre de la Presidenta de la República y a un gran dirigente de la zona. Las niñas, niños y jóvenes que integran la comunidad educativa, tienen derecho a asociarse y a conformar agrupaciones de acuerdo con sus intereses, en este sentido los establecimientos educacionales promoverán la participación de sus miembros, en especial a través de la formación de Centros de Estudiantes. Sin embargo, comprender este papel implica reconocer las oportunidades y desafíos que enfrentamos en el ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades cívicas.

Iniciativa de ONU Mujeres y Red Pacto Global, por su liderazgo en Latinoamérica implementando las mejores practicas de balance de género, recibiendo el premio “CEO Leadership Awards”. Médica cirujana de la Universidad de Chile y de la Universidad de París, Francia, especialista en Medicina Interna e Inmunología. Actualmente Consejera de ComunidadMujer y del Consejo Nacional de Educación, CNED, y es profesora titular de la Universidad de Chile. Presidenta del Comité de Inmunología de la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, CONACEM. Fue decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile entre 2006 y 2010, transformándose en la primera mujer en ocupar ese cargo y siendo reelecta para el período 2010 – 2014.

Desde esa fecha y hasta 2016 se desempeñó como Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Santiago Centro. Por ella han pasado las principales investigaciones de delitos económicos en Chile y casos emblemáticos de estafa y uso de información privilegiada. Ha importantes investigaciones en materia de corrupción pública, entre ellas el caso Corpesca, que culminó con la condena de dos ex parlamentarios y, como persona jurídica, de la principal empresa pesquera del país.

La escritora canadiense Lake Sagaris, quien lleva varios años trabajando sobre gobernanza colaborativa y participación ciudadana desde la perspectiva del transporte, considera que estos espacios “de base”, en especial las juntas de vecinos, “son tremendamente importantes, porque reúnen una cantidad de miradas, sensibilidades, necesidades y aspiraciones que son muy representativas de la población real. Especial atención merece en todo caso el modelo del referido Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge en buena medida las recomendaciones de Naciones Unidas sobre instituciones autónomas de derechos humanos como factor fundamental que asegura el control sobre la acción de los gobiernos. La analogía que puede establecerse es que la noción de derechos humanos, de modo similar a la de “sociedad civil”, es irreductible a su absorción, mimetización o manipulación dentro o por el Estado sin que se produzca su inmediata desnaturalización y consecuente deslegitimación. Aunque las concreciones institucionales suelen estar lejos de la perfección, cabe aspirar a que en materia de expresión genuina de la sociedad civil ocurra lo que también se espera, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, deportes, ciencia o cultura, esto es, que el Estado no desnaturalice o corrompa su desarrollo autónomo. Al efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en su Informe de 2012, reafirma el derecho de acceso a financiación y recursos de las asociaciones, y que esta posibilidad “es parte integrante y important del derecho a la libertad de asociación”. Por tanto, todas las asociaciones, estén o no registradas legalmente, “deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales.” (Informe 2012, Relator ONU).

Fue Gerenta Legal y de Asuntos Corporativos de Walmart Chile y Consejera de Sofofa. Es abogada de la Universidad Gabriela Mistral y ha desarrollado una destacada carrera en la industria del retail. En Walmart Chile, donde llegó el año 2010, ha estado a cargo de la formación del Programa de Ética de la compañía a nivel local y fue responsable del Programa de Cumplimiento, que integra materias como libre competencia, anticorrupción, patentes y permisos. También lideró la gestión authorized del proceso de venta de activos más grande de la industria del retail en Chile (Espacio Urbano) y la operación para deslistar a la compañía del registro de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Economista de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Anteriormente fue Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE y Profesora Titular de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas organizacion privada sin fines de lucro de la Universidad de Chile. Su investigación ha estado centrada en economía de la educación y en el estudio del comportamiento de los mercados laborales en Chile y América Latina. Una de sus líneas actuales de investigación se focaliza en las brechas de género en educación.

Y Mlynarz, D.(2013), “Balance de la implementación de la ley de participación ciudadana a nivel municipal”, en De la Fuente, G. Y Mlynarz, D. El pueblo unido,Mitos y realidades sobre participación ciudadana en Chile, Eds. Finalmente, desde el punto de vista del uso de nuevas tecnologías, la configuración de plataformas informáticas “amigables” para materializar las donaciones (que debería crear el Servicio de Impuestos Internos) es clave para el éxito de esta organizaciones con lucro forma de financiamiento, así como la realización de campañas de sensibilización de los ciudadanos/as, suficientemente plurales e infomativas, que los motiven a donar. Estos dispositivos sencillos de implementar permitirían que las OSCs se posicionen más de cara a la ciudadanía que al Estado, y que cuando miren al Estado sea, más que reclamando de este autonomía, financiamiento y derecho a la crítica de lo establecido, lo hagan exhibiendo tales atributos.

Con ánimo de colaboración y motivados a ser parte de este proceso, representantes de organizaciones sociales, de universidades y público common, protagonizaron la Primera Jornada de Formación Ciudadana. Es desde esa perspectiva que se apunta el pago de tributos como un deber cívico fundamental, ya que si no es cumplido por los ciudadanos, se verán dañados sus propios derechos. El fraude fiscal, el contrabando, o la piratería intelectual tienen un impacto negativo en los recursos del Estado, afectan la economía y perjudican a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquellos que asumen su responsabilidad social y cumplen sus obligaciones tributarias. Lograr un equilibrio entre las demandas ciudadanas y la capacidad gubernamental de respuesta a las mismas es una tarea compleja.

En 2005 fue reconocida como becaria Chevening para estudiar en el Reino Unido. Decana de la Facultad de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Periodista y socióloga de la Universidad Católica, con un Magíster en Media & Communication del London School of Economics. Fue gerente basic y sociodirectora de Tironi y Asociados, y Directora de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Universidad Católica. Psicóloga de la Universidad Católica, Máster en Psicología de la Universidad de Wisconsin. Ha sido docente e investigadora en universidades de Estados Unidos, México y Chile.

No seríamos únicos y, por lo tanto, tendríamos que explicar el declive de la cooperación a partir de procesos globales que se tradujeron en reformas económicas y políticas a nivel nacional que desalentaron nuestra capacidad de asociarnos. El elenco de pensadores locales que ha ofrecido respuestas a estas preguntas no tiene nada que envidiar a la producción internacional. Del total de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) inscritas en Chile, cerca del 80% entra en la categoría de “organizaciones comunitarias funcionales”, según cifras del Centro de Políticas Públicas de la UC. Aquí se incluyen agrupaciones como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, uniones comunales, comités de seguridad, clubes deportivos, centros de madres o comités de vivienda, por dar algunos ejemplos. En el 20% restante, es importante señalar que las fundaciones prácticamente se han duplicado en los últimos cinco años, pasando de un 6,8% del whole, en 2015, a un 9,4% en 2020. Estos tipos de agrupaciones civiles son conocidas internacionalmente como el “tercer pilar”, concepto que fue acuñado por el economista indio Raghuram Rajan para caracterizar la relación de las comunidades con el Estado y el mercado.

julio 7, 2024

Educación Cívica: Estado, Tributación Y Ciudadanía Programa De Educación Fiscal Sii Educa

Sus artículos académicos han sido publicados en editoriales como Oxford University Press, Cambridge University Press, University of Pennsylvania Press, Routledge, Fondo de Cultura Económica, entre otras. Cumplir con los impuestos es, ante todo, un ejercicio de ciudadanía y el precio que pagamos por vivir en sociedades prósperas. La carga tributaria insuficiente, la mala gestión de los recursos públicos y la baja cultura fiscal son lacras para el desarrollo económico y la cohesión social. Con el fin de combatirlas es imprescindible promover un cambio en el seno de las instituciones públicas y la sociedad, de modo que los tributos sean reconocidos como un elemento esencial de la vida en democracia. Siguiendo a Duarte Quapper (2019) dentro de la realidad juvenil, la posibilidad de experimentar la colaboración con la familia y comunidad educativa como cierto inicio de un recorrido por múltiples espacios, organizaciones sociales e institucionales con las que se relacionarán, resultará en experiencias de transformación social. Poniendo el foco en las instituciones educativas, los aprendizajes sobre participación y ciudadanía suelen desarrollarse en espacios como centros de estudiantes, en dinámicas de vinculación con otras comunidades o en consejos estudiantiles.

A partir de esa fecha crea la Fundación Horizonte Ciudadano, sin fines de lucro, abierta, no partidaria, que prromueve la intervención ciudadana en las políticas públicas y en las decisiones colectivas. De profesión socióloga de la Universidad de Concepción, especializada en desarrollo native, pobreza y participación ciudadana con diplomaturas de la Universidad Alberto Hurtado. Con experiencia profesional en metodología e intervención social en proyectos desarrollados tanto en contextos rurales como urbanos, vinculados a la promoción de liderazgos sociales, desarrollo local inclusivo, participación ciudadana, género y educación, en Fundación para la Superación de la Pobreza y la Universidad de Concepción.

En primer lugar, tanto las expectativas de la ciudadanía como las más recientes regulaciones dan cuenta que los stakeholders externos esperan que las empresas asuman un rol activo en los desafíos sociales de sus entornos competitivos. Así lo reflejan distintos estudios de opinión y también las medidas de la última reforma tributaria, que incorporó incentivos a la donación de bienes todavía aptos para su consumo, a la vez que estableció que la destrucción de estos productos constituye un gasto rechazado para las empresas. Así, hemos visto productores y distribuidoras de alimentos y productos de higiene que han tomado un enfoque proactivo para desarrollar sistemas de donación que les permite cumplir con la regulación y aportar a comunidades vulnerables. En la normativa educacional(1), los Centros de Estudiantes tienen la finalidad de ser un medio para desarrollar en sus integrantes el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, asimismo formarlos para vida democrática y prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.

Ha sido destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile, así como una de las one hundred personas más influyentes del mundo en Gobierno Digital, premio que entrega Apolitical Group, red world de Reino Unido. Fundadora de Tremendas, colectivo que promueve el empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes. Es miembro de Beijing+25 Global Youth Task Force, fellow de Girl Rising, delegada de #Youth4Climate y embajadora de WWF. En 2021 encabezó, junto a Hillary Clinton, la inauguración del Foro Generación Igualdad de ONU Mujeres. Fue Primera Vicepresidenta de Sofofa, Country President de Sodexo Chile y Regional Chair Sodexo Latam.

Durante muchos años trabajó en CELADE, CEPAL y FAO en temas vinculados con la pobreza y género. En este campo, tanto en dichas instituciones como en asesorías a UNICEF, PREALC y la Fundación Konrad Adenauer, realizó capacitación a mujeres líderes en la región. Trayectoria y experiencia laboral en organizaciones sociales sin fines de lucro, servicio público y privado de capitales nacionales y extranjeros, lo que le ha permitido una administración, dirección, coordinación y gestión integral, eficiente y transparente de recursos en las Áreas de Gestión, Finanzas, Administración, Contabilidad y Recursos Humanos. Hasta el año 2012 desempeñó funciones en cargos subgerenciales del sector privado y a partir del 2013 a la fecha en OSFL como Directora de Administración y Finanzas en Fundación Casa de la Paz; Administración y Gestión en Fundación Colorearte; Encargada de Administración y Finanzas, Juntas en Acción y Directora Tesorera Fundación Tedoy Chile. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se produjo en Chile una escalada de movilizaciones sociales que revelaron un mundo well-liked dispuesto -como nunca antes- a desafiar los marcos institucionales. Frente a ello, las autoridades consideraron urgente hacerse cargo de la instrucción cívica de niños y jóvenes, para asegurar la formación de una ciudadanía respetuosa del orden social imperante.

Su área de especialización es la microeconometría aplicada, y su agenda de investigación ha estado centrada en educación y género. Actualmente es directora ejecutiva de Fundación Futuro, miembro de la Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural de San Francisco y consejera de ComunidadMujer. Cursó Licenciatura en Ciencias del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social, Ilades, y es egresada de Licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Entre 1985 y 1990 fue profesora de Historia y Geografía en III y IV Medio en el Colegio Saint George. Entre 1990 y 1994 se desempeñó como asesora de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), y entre 2000 y 2003 fue miembro del Comité Directivo del Programa Explora de CONICYT. Es directora del liceo Polivalente Guillermo Labarca Huberston ubicado en la comuna de Quinta Normal.

Por ejemplo, el 26 de abril de 1939, durante la sesión extraordinaria para legislar sobre las cooperativas de pequeños agricultores, el informe de la Comisión de Agricultura y Colonización afirmaba “el cooperativismo debe comenzar desde abajo hacia arriba y no en sentido inverso, como se ha hecho entre nosotros”. El hecho de intentar resolver el problema desde arriba, con un proyecto de ley, parece no haber inquietado a la comisión. La actual vocera del Bloque por la Infancia, que reúne a más de 400 organizaciones en Chile, sostiene que una tarea basic del “tercer sector” es la profundización democrática. organizacion privada sin fines de lucro Esta, según Valverde, se ve amenazada porque “el modelo económico neoliberal en el cual estamos inmersos hace un daño muy grande al involucramiento de las personas en la actoría social y política que debería tener. Este discurso individualista que ‘con mi propio esfuerzo salgo adelante’ o ‘yo puedo solo’, es absolutamente falaz y cuesta mucho romper esa cultura”. Hace más de un año que la junta de vecinos “Santa Ana”, ubicada en el cruce de Brasil con Santo Domingo, no realiza talleres recreativos y participativos para niños, niñas y adolescentes (NNA), como sí se hizo cada sábado, desde inicios de 2016 hasta mediados de octubre de 2019.

El Estado de Chile, tal como lo conocemos hoy, es un tipo de sociedad políticamente organizada. Representa un sistema social amplio y complejo, con normas jurídicas establecidas y mecanismos de generación de nuevas reglas, con formas de nombramiento de participación popular en la generación de autoridades, distintos poderes públicos con competencias claramente delimitadas. Todo lo anterior constituye el llamado ordenamiento jurídico que marca las pautas y normas a seguir para conseguir el bien común basic de la nación chilena. Por último, en esta crisis han surgido iniciativas colaborativas entre empresas con instituciones públicas (municipios) y con organizaciones de la sociedad civil. La colaboración potencia la efectividad de los aportes sociales y permite estrechar los lazos de la empresa con su entorno, sembrando relaciones que constituyen la base de la confianza institucional.

Así, bajo el amparo de la Constitución de 1980 y del Tribunal Constitucional, una nueva Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias fue promulgada en 1994. Esta nueva legislación, sin embargo, reprodujo la fragmentación y no entregó más poder a las organizaciones comunitarias que el de “ser oídas” por la autoridad. “Hay que convencer a los que no están convencidos de que es posible cambiar las cosas, organismos sociales ejemplos pero ese paso es difícil porque depende mucho de los intereses particulares”, opina el presidente del directorio de Fundación Un, dos tres por ti. Síntesis crítica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y Cunill N., [eds].(2000), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Paidós – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Buenos Aires.

En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Las subvenciones son concebidas como colaboración entre la Administración Pública y los particulares, precisando la ley el tenor de la “relación jurídica subvencional”, que se encuentra afecta a determinados objetivos, requisitos, procedimientos y sistemas de control y evaluación. A pesar de la posición moderadamente progresista de su autor, la Cartilla enfatizaba la necesidad de fomentar el sentimiento patrio, en vinculación directa con la asignatura historia nacional y el apego a las instituciones.

Es socia fundadora de Women Corporate Directors Chile y parte del Círculo de Honor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En 1998 ingresó a Sodexo y en 2008 asumió la gerencia basic de la compañía en Chile; luego de ser CEO de la filial en Chile fue nombrada en 2015 Regional Chair para Sodexo Latinoamerica. En 2011 fue elegida “Ejecutiva del Año’’ por Revista Capital y Mujeres Empresarias.

Algo que hemos transmitido mucho es la autonomía de las organizaciones sociales y por lo tanto, lo que la Municipalidad hace es acompañar los procesos que viven en sus barrios y sobre todo poder entregarles a las y los dirigentes algunas herramientas para que puedan desarrollar de la mejor manera su rol”. “Por temas de resguardo de la salud de quienes asisten como también del equipo docente, al menos este año la escuela se mantendrá en modalidad digital pero está pensada de forma presencial. La thought es continuar con este proyecto y que estudiantes de la carrera sean quienes se hagan cargo de las futuras capacitaciones”, puntualizó Daniela Rivera. Para la pedagoga y experta en derechos humanos Francis Valverde, un límite importantísimo en las OSC es lo económico. “No tenemos los recursos que implicaría mantener una incidencia permanente, de modo tal que pudiésemos generar una presión social mayor y un pronunciamiento más sistemático para evidenciar, denunciar y hacer propuestas de cambio”, explica.

Entre enero de 2010 y marzo de 2014 se desempeñó como Subsecretaria de Transportes. Desde ese rol coordinó la elaboración de la Política Nacional de Transportes y los planes maestros de desarrollo para el transporte público y los sistemas portuario y ferroviario nacionales, proponiendo una visión de largo plazo para el sector. Ha sido profesora del Magister de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Economista de la Universidad Católica y PhD en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es consejera de ComunidadMujer, primera mujer presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza, directora de Espacio Público y de CIPER. Actualmente, se desempeña como Directora de la Escuela de Gobierno UC, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y Senior Fellow de la misma universidad.

julio 7, 2024

Educación Cívica, Responsabilidad De Tod@s

Además, queremos promover la independencia de las personas con discapacidad cognitiva por medio del conocimiento sobre como interactúan y funcionan los distintos organismos e instituciones sociales y políticos de Chile, con el fin de forjar ciudadanos empoderados, autodeterminados, autónomos y verdaderos agentes de cambio que emparejen la cacha y cambien las reglas del juego a favor de todos y no de unos pocos”. En una sociedad que vive una profunda disaster de confianza en las instituciones y en la democracia misma, la vuelta de las comunidades al centro de la vida pública puede contribuir a renovar la convivencia, el sentido de pertenencia a una comunidad nacional y la confianza en los otros. Una Constitución que reconozca el lugar de las organizaciones comunitarias en la vida nacional abrirá cauce para que el potencial creativo y creador de los espacios locales se exprese con propiedad nuevamente en la vida social, y contribuirá a que el pilar de la comunidad haga un contrapeso más efectivo al Estado y al mercado. Es así como la Universidad de Chile en su rol estatal abre sus puertas a la ciudadanía para que circulen cual plaza pública, usen y cuiden esta casa que es una más en el espacio comunitario, para que los estudiantes salgan a la calle a convivir con la realidad donde ejercerán como profesionales, donde los académicos trasmitan a los vecinos sus conocimientos. Esta propuesta que nace desde Nexo Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la Facultad de Economía y Negocios, tiene como fin involucrarse en los espacios donde está inserta e irradiar los aspectos positivos de la Universidad y que pueden aportar y nutrir el tejido social. Nace de funcionarios de diversas profesiones, que en su compromiso en la búsqueda de una educación de calidad cree firmemente que la formación la construyen todos y todas, no sólo el aula, sino que también las familias, vecinos, líderes sociales, organismos públicos y privados, medios de comunicación, emprendedores, y todo quien tenga algo que decir y aportar.

Actualmente es miembro de los consejos de Icare, Agencia de la Calidad de la Educación, entre otros. También es cofundadora de los grupos de investigación EmeLab y el Monitoreo Nacional de Educación en Pandemia. Actualmente es miembro del directorio del medio multiplataforma Pauta (radio y web), realiza consultorías de posicionamiento estratégico y comunicaciones y desarrolla un emprendimiento de arte y cerámica, de su autoría, bajo la marca Milena Vodanovic Hand Made. Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Preside desde sus inicios en 2012 a Fundación Colunga, institución privada de fin público, cuya misión es promover y potenciar a organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a superar la pobreza y mejorar la calidad en la educación de niños, niñas y adolescentes, en Chile y Latinoamérica. La fase de “redemocratización” consistió en la definición de la garantía de los derechos a la libertad de creación y de acción de las OSCs, ocurrida durante las décadas del ‘80 y ‘90. Al efecto, la Constitución Federal de 1988 previó la no interferencia estatal en la creación, funcionamiento y auto-organización de tales entidades. La acción de las OSCs bajo esta perspectiva se vio reflejada en su integración en consejos de políticas públicas y, por otra parte en su movilización, incidencia y aportes proposititos en diversas leyes, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley Nacional de Telecomunicaciones, el Estatuto del Niño y del Adolescente, la Ley Orgánica de Asistencia Social, la Ley de Incentivos Fiscales para Proyectos Culturales. El derecho a participar se tradujo en esta fase en el deber del Estado de crear y common espacios significativos de participación. Tiene 30 años de experiencia en liderazgo en Chile en los ámbitos de las comunicaciones, diseño de estrategias y cooperación público privada, la mayoría de los cuales se ha desempeñado en la industria minera.

Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora y coordinadora de 13 libros sobre Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y autora de 21 artículos científicos en los últimos 10 años, entre otras publicaciones sobre su especialidad. Actualmente co-preside el capítulo chileno de ICON-s, International Society of Public Law. El argumento comparativo, por su parte, es nutrido por un extenso trabajo académico que muestra tendencias similares en otros países.

Además, el desarrollo de redes de apoyo con individuos y organizaciones con intereses similares facilita el intercambio de recursos y experiencias. La clave del éxito reside en la innovación constante y la adaptabilidad; saber captar la atención de manera efectiva en un mundo saturado de información. Al dominar estas herramientas y estrategias, los jóvenes no solo están preparados para el presente, sino también para liderar el cambio social en el futuro. Ex ministra del Trabajo y Previsión Social y de Secretaría General de la Presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria. Ex senadora de la República por el Partido Demócrata Cristiano por la VII Región del Maule entre 2010 y 2014, y actual consejera de ComunidadMujer.

Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía y Filosofía de London School of Economics and Political Science. Es directora de empresas con formación y seis años de experiencia en directorios y comités de riesgo y/o auditoría de compañías privadas, familiares y públicas, de distinto tamaño, y de diferentes industrias. También ha ejercido cargos de liderazgo en gremios, altos niveles de Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y universidades, donde además fue profesora. Como directora, contribuye organizaciones con fines de lucro significado con el impulso de prácticas de gobierno corporativo eficaces y con conocimientos sobre las visiones de diversos grupos y los desafíos ambientales, sociales, y de gobernanza (ASG). Fue directora de ComunidadMujer -actualmente consejera- y presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile. Conformó el primer directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, fue directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana y asesora de altas autoridades de gobierno y organismos internacionales en materias de seguridad pública.

Sobre la cultura jurídica chilena, Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, Valparaíso. Al efecto, coincidimos en que una estrategia integral de fortalecimiento de la sociedad civil, como la que el mencionado Programa de gobierno propone, implica la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del actual Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, creado por la Ley 20.500, de 2011. Esta realidad se ve reflejada en el ejercicio del voto en procesos electorales, donde al analizar la participación en las últimas elecciones, el volumen del voto se diferencia de acuerdo al sector socioeconómico observado. En ese sentido, detalló que el Consejo va a sesionar sólo cinco meses discutiendo el anteproyecto, por lo que “en el primer mes queremos que participe la mayor cantidad de gente posible, para que en los meses restantes el Consejo pueda recoger esa opinión y de esta manera darle legitimidad al debate constitucional y al texto que emane de este proceso” destacó.

Las organizaciones de la sociedad civil, entre otras, permiten que nos reconozcamos como personas. La razón es que esos encuentros nos obligan a hacernos responsables mutuamente, al pertenecer a un grupo en común y asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. En ese marco, algunos datos recientes de la Encuesta Bicentenario 2020 son optimistas. Habría también aprecio por los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y confianza en la capacidad de vecinos y vecindarios de organizarse para lidiar en conjunto con la pandemia del coronavirus. Pero sería injusto calificar la motivación a pertenecer a organizaciones solo en términos funcionales a la sociedad.

La jornada se desarrolló en la Casa Central de la Universidad de Chile, y fue organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, entidad interinstitucional formada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, en coordinación con las distintas universidades del país que ya se han comprometido y hecho parte del proceso. Las economías de mercado necesitan estabilidad macroeconómica y competitividad, pero también sólidos cimientos institucionales que garanticen la regulación de los mercados, la seguridad jurídica de las empresas y la preservación de la propiedad intelectual. El paso desde el Estado patrimonial, en el cual los tributos eran establecidos de forma arbitraria, a la tributación por consentimiento, ha consolidado los impuestos como un elemento elementary del contrato social democrático. Ofrecer a los jóvenes información en materia fiscal, bajo esquemas de reflexión estructurados, indudablemente contribuirá a darle un sentido positivo a la apreciación de los impuestos, así como al ejercicio cívico y responsable de los deberes tributarios. En Chile, desde el ámbito social específicamente, resulta difícil no advertir la presencia de las juventudes durante las últimas décadas en la expresión y demandas de sus necesidades. Un ejemplo de ello fueron las movilizaciones estudiantiles de los años 2006, 2011, el movimiento feminista de 2018 y el estallido social de octubre de 2019 (Escobar-González y Pezo-Hoces, 2019).

Estos ejemplos sirven como modelos a seguir y prueban que la edad no es una barrera para influir positivamente en el mundo. La educación cívica no es solo una asignatura más en el colegio; es la base sobre la cual se construye la participación cívica activa y consciente de los jóvenes. A través de ella, se adquieren conocimientos fundamentales sobre cómo funcionan nuestras sociedades y sistemas gubernamentales, además de entender los derechos y deberes que poseemos como ciudadanos. La verdadera educación cívica se experimenta cuando se aplican estos principios en la vida cotidiana, asumiendo un rol activo en nuestras comunidades mediante el voto, el voluntariado o el liderazgo en iniciativas sociales. Es crucial organizacion con lucro fomentar espacios donde los jóvenes puedan expresarse y ser escuchados, garantizando que la participación cívica sea realmente inclusiva y representativa de nuestra diversidad como sociedad. La fundación tiene un rol importante como facilitador en instancias de diálogo entre las comunidades y el sector tanto público como privado.

Por tanto, la ingeniería institucional del futuro Consejo para la Participación y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil no parte de cero en esta materia. Paradójicamente ahora que el fondo tiene fundamento legal (antes de la ley, se constituyó y funcionó por casi una década con fundamento en resoluciones administrativas) no ha funcionado porque las autoridades han demorado en constituir el consejo que lo administra. Pero las observaciones de fondo se orientan a la incapacidad del modelo propuesto por la ley de establecer un sistema de sustentación estable para las OSCs y una instancia de coordinación de los distintos mecanismos que en ella se reconocen.

Es la actual presidenta de Chile Global Angels, cuyo enfoque es invertir en empresas innovadoras lideradas por mujeres. Tiene más de 25 años de trayectoria como integrante de directorios de empresas y startups, y a nivel ejecutivo. También es profesora de Gobierno Corporativo en el Magíster en Gestión Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Fue elegida entre las 100 mujeres líderes 2020 (Mujeres Empresarias y El Mercurio) por coordinar laboratorios de fabricación digital durante la pandemia. En 2021 fue reconocida como una de las 100 mujeres inspiradoras de la minería chilena por Women in Mining-Chile. Radicada en Londres desde donde diariamente conduce el programa de análisis y entrevistas Hablemos en Off de Radio Duna. Por más de 20 años fue conductora y periodista de programas informativos en Televisión Nacional de Chile y la primera mujer representante de los trabajadores en el directorio de la empresa. Su trabajo ha sido distinguido, entre otros, por la universidad Alberto Hurtado (Premio periodismo de excelencia audiovisual), Universidad Adolfo Ibáñez (mejor periodista de TV) y diario El Mercurio (Jóvenes Líderes año 2000). Ha sido Nieman Fellow en la Universidad de Harvard y Poynter Fellow en la Universidad de Yale.

julio 6, 2024

Participación Juvenil: Transformando La Democracia A Través De La Educación Cívica Y Actividad Social

Hasta 2017 se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Fue asesora de la ministra de Educación Mónica Jiménez y miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado. Ha dedicado parte de su carrera profesional a trabajar temas vinculados con la convivencia social. Con el BID y la Fundación Felipe Herrera Desarrolló proyectos como “Confianza Social” y “Pluralismo, Sociedad y Democracia”, el que retomó en el programa sobre Amistad Cívica de ComunidadMujer. Estos trabajos se difundieron en seminarios y en las respectivas publicaciones a que dieron lugar.

En consecuencia, la idea de asegurar el financiamiento público de las OSCs como una responsabilidad del Estado se funda en la debida articulación de los principios indicados y en reconocer la primacía del amparo, en el sentido de la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil. Más que enfatizar en la defensa y ampliación de los derechos, se insistía en las obligaciones tales como la inviolabilidad de la propiedad privada, el respeto a la ley y a la Constitución, el pago de contribuciones de bienes raíces y el servicio militar. Claudia Heiss, encargada del mecanismo de Audiencias Públicas, explicó, respecto del periodo de participación que va del 7 de junio al 7 de julio, que “la razón por la que tenemos este plazo tan acotado es que necesitamos tiempo para procesar toda esa participación, para poder hacer un informe y entregar de manera oportuna y fidedigna el contenido, en una etapa inicial de la discusión constitucional”.

En primer lugar, establecer la participación ciudadana como un derecho humano garantizado constitucionalmente y dotar a nuestra democracia de nuevos y mejores mecanismos para incrementar el rol público de la sociedad civil. Esta propuesta está bien fundamentada en el informe que, en febrero de 2016, entregó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. En segundo lugar, se requiere dar reconocimiento constitucional a las organizaciones comunitarias como primer eslabón a través del cual las personas nos vinculamos con lo público y primer espacio de convivencia democrática. Reconocerlas implica asumir que son parte esencial de una democracia fuerte, apoyar su fortalecimiento, su democratización, articulación y autonomía.

Fue la primera mujer candidata a la rectoría de la misma casa de estudios, donde también se desempeñó como Directora Académica y Vicerrectora de Asuntos Académicos. Primera mujer presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, cargo que desempeñó hasta julio de 2012. Presidenta del Consejo Consultivo AUGE entre 2014 y 2017 e integrante del Consejo Consultivo del Fondo de Investigación en Salud FONIS. Presidió la Sociedad Chilena de Inmunología y la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Inmunología (ALAI). Autora de varios textos de Inmunología y de numerosas publicaciones científicas, siendo el VIH/Sida su línea de investigación principal. Educadora Diferencial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Alberto Hurtado.

Para que la juventud participe eficazmente en el activismo social y la implicación en la vida pública, es basic equiparse con las herramientas y estrategias adecuadas. La educación sobre los derechos civiles y la formación en habilidades de comunicación son indispensables. Familiarizarse con el uso de plataformas digitales para la organización y promoción de causas también incrementa el alcance y la influencia del mensaje. Es Ingeniera Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente presidenta de Evópoli. Certificada por los programas de Administración de Negocios y Finanzas Internacionales de la Universidad de Georgetown, EE.UU. Durante 12 años fue socia de Steer Davies Gleave, prestigiosa consultora británica para el transporte, donde se desempeñó como Directora Regional para América Latina, supervisando las operaciones en Chile, Colombia y Puerto Rico y ampliando luego su presencia a Brasil y México.

Entre los años 1998 y 2000 fue vicepresidenta nacional ejecutiva de la Fundación PRODEMU y luego superintendenta de Seguridad Social durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Durante el mismo gobierno, fue la primera mujer en ser nombrada Intendenta de la Región Metropolitana de Santiago. Además, ocupó los cargos de representante del Gobierno de Chile ante la OIT entre los años 2000 y 2005, también representó a la Región de Santiago ante la Asamblea de Metrópolis realizada en mayo de 2005 en Berlín, y fue representante de Chile en el VI Congreso de Salud Ocupacional realizado en Roma en noviembre de 2004. Asimismo, se desempeñó como presidenta del Centro de Estudios Públicos para el Desarrollo y como vicepresidenta del Partido Demócrata Cristiano.

También, ocupó puestos ejecutivos en Telefónica, Banco Santiago (hoy Santander) y Copec. Fue profesora de Economía durante 10 años en la Universidad Católica de Chile. Lo hacemos a través del trabajo permanente y diálogo transversal con los actores sociales y políticos, aportando con estudios e investigación, iniciativas para fortalecer y promover el liderazgo de mujeres, el acompañamiento a las comunidades educativas y el impulso de la equidad de género en el mundo empresarial y en la política pública. La Fundación Best Buddies, ubicada en la Región Metropolitana, fue creada en 1989 con la finalidad de fomentar amistades entre personas con y sin discapacidad cognitiva/intelectual y trastornos del desarrollo.

Crear y promover una cultura fiscal no es tarea fácil, especialmente cuando se acepta que no la constituye sólo el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus responsabilidades contributivas y su acción correspondiente, sino también la forma en que se constituye la imagen de la recaudación de impuestos a partir del desempeño de las autoridades. Descarga el artículo completo «‘Es más importante cumplir los deberes que ejercer los derechos’. La trayectoria de la formación de ciudadanos para la patria en Chile», por Catalina Saldaña. Esta aproximación pedagógica es proporcionada a través de una metodología creada por María Paz Garafulic, parte del Consejo Consultivo de nuestra institución, quien ya ha capacitado organismos sociales varias decenas de abogados y abogadas, que estarán realizando estos talleres en distintos establecimientos educacionales. De esta forma, el Programa de Educación Cívica de Fundación Pro Bono busca proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar habilidades sociales, fortalecer su capacidad creativa y fomentar el trabajo en equipo, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo actual. En este sentido, las entidades sostenedoras y la dirección del establecimiento adoptarán las medidas necesarias para que los estudiantes cuenten con docentes para asesorar al Centro de Alumnos, orientándolos en el desarrollo de sus actividades y en su relación con la comunidad educativa.

Esto no es una guerra, no hay que usar palabras bélicas, porque no hay voluntariedad en el resultado del tratamiento”. La ley reconoció derechos especiales para las OSCs, de acuerdo con su naturaleza asociativa, entre los que destacan el derecho a incidir en las políticas públicas, el derecho a participar en consultas, el derecho al respeto de su autonomía interna. Tanto o más significativo es la definición authorized de los apoyos y estímulos a las organizaciones, que pueden ser de tipo económico, ya en dinero o en especie, o bajo formas de capacitación presencial o a distancia, asesorías, servicios, difusión y concertación y coordinación. Por lo tanto, se puede inferir que la cultura fiscal conecta los conceptos relacionados con la justicia, la libertad y los derechos fundamentales. Puesto que la cultura fiscal es una acción recíproca entre las instituciones y los ciudadanos, el Estado debe promover la transparencia de la administración, dando cuenta de sus actividades a la sociedad, con el uso intensivo de los medios de comunicación para decir lo que se ha hecho y lo que no, sometiendo su desempeño a la revisión pública.

Como gerenta de Asuntos Legales de Walmart Chile, estuvo a cargo de la formación del Programa de Diversidad e Inclusión, haciéndolo extensivo a las y los proveedores del área. En 2014 es elegida consejera de la SOFOFA y desde 2015 forma parte de su comité ejecutivo. Actualmente es Directora de Acción Empresa y miembro del Círculo Legal de Icare. En 2017, obtuvo el Premio Mujer Ejecutiva y ha sido destacada entre las 100 Mujeres Líderes.

Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía Aplicada de la American University (Estados Unidos), donde recibió el premio por “Outstanding Academic Achievement on the Graduate Level” en 1983. En la actualidad forma parte de los directorios de Colbún S.A., empresas CMPC, Antofagasta Minerals e ICARE, organización de la cual es vicepresidenta. A partir de 2011 se integra al Consejo para la Transparencia, ejerciendo como presidenta entre octubre de 2014 y abril de 2016. Sumado a esto, fue directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y ministra de Defensa Nacional en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Ha participado en directorios de empresas públicas y privadas, tales como en el de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), BancoEstado y ECONSSA S.A. Fue integrante del consejo directivo de la USACH y del consejo del Centro De Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM). También ha asesorado en materias relativas a energía a gobiernos de América Latina, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Mundial y al FMI.

En 2005 fue jefa de campaña del ex candidato a la presidencia, Joaquín Lavín. Además, se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Hacienda en temas internacionales, y fue jefa del Departamento APEC organizaciones con lucro de la Dirección General de Relaciones Económicas de la Cancillería. Las organizaciones pueden servir a objetivos concretos, pero simultáneamente nos enseñan a hacernos cargo de nosotros mismos.

Nos incumbe mantenernos informados, participar en debates y diálogos constructivos, y sobre todo, ejercer nuestro derecho al voto con conciencia y responsabilidad. Al hacerlo, no solo estamos defendiendo nuestros intereses, sino también contribuyendo al fortalecimiento y enriquecimiento de nuestra democracia. El principal rol es de las empresas es informar a los trabajadores sobre sus derechos. En common, los trabajadores que ejercen cargos de liderazgo están mejor informados, más preparados, participan en instancias, pero el trabajador promedio en basic tiene mucho desconocimiento sobre el tema, está muy poco informado. Es basic que los trabajadores conozcan sus derechos, en la medida que así sea, van serán capaces de exigirlos.

julio 5, 2024

La Persona Y Los Derechos Humanos Formación Cívica Biblioteca Del Congreso Nacional De Chile

Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe desigualdades en salud ejemplos para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje.

El país está conformado por 16 regiones5, siendo la capital nacional la ciudad de Santiago en la Región Metropolitana. El territorio chileno es abundante en recursos naturales, es el mayor productor de cobre a nivel mundial y tiene un importante rol dentro de los países exportadores de productos agrícolas, forestales y ganaderos (OCDE y CEPAL, 2016). Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis.

Se concluye que existen múltiples posibilidades para el avance de relaciones más igualitarias y humanizadas. El curso es un programa abierto a profesionales de distintas disciplinas o áreas del saber, interesados en conocer las principales teorías de la justicia social para ponerlas al servicio de las reformas normativo-institucionales y de políticas públicas que se requieren para avanzar hacia mayores de niveles de equidad y desarrollo social. La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.

Los resultados 2017 (seis dimensiones) muestran que las regiones con mayor IDERE son La Metropolitana y Magallanes, mientras que los peores resultados los presenta La Araucanía y el Maule, sin embargo, son de las regiones con mayor progreso durante el período evaluado. Al parecer se cumple el principio de convergencia, ya que algunas de las regiones con menor índice, son de las que más mejoran, mientras que las de mayor desarrollo tienen un progreso más lento (Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Magallanes). La excepción a este comportamiento ha sido Arica y Parinacota, que a pesar de su relativamente bajo IDERE, ha experimentado menor evolución en el período analizado. A través de los años, al igual que lo ilustrado por la evolución del Gini, la razón 10/10 muestra un aumento de las disparidades en el año 2009, donde el 10% más rico llega a distanciarse 38,8 desigualdad social y educativa en américa latina veces del ingreso medio del 10% más pobre, para luego descender paulatinamente. El ratio fue de 27,6; 29,eight; 29,1 y 27,2 para 2009, 2011, 2013 y 2015 respectivamente (calculado por Ministerio de Desarrollo Social [2016b], bajo la nueva metodología). Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina.

La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. Hoy, queremos enfatizar el poder de la solidaridad para generar oportunidades equitativas para todos.

Sin embargo, el fenómeno no es privativo de dichos países y comenzamos a ver indicios de esto en el denominado litigio por el cambio climático. El objetivo de este Seminario es discutir acerca de derechos sociales y las reformas en el sistema de pensiones chileno. La pandemia de Covid-19 no sólo generó una disaster económica que impactó al mundo, sino que también trajo una crisis social que se expresó en mayores niveles de pobreza, desigualdad y que desnudó una serie de brechas en acceso a tecnologías y a viviendas de calidad, entre otros factores que continúan sin resolverse. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos.

Lo que marca la desigualdad en Chile, es el aún elevado nivel de desigualdad y su persistencia, a pesar de la mencionada convergencia. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello. Es rol del Estado protegerlos y garantizar que todos y todas cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna para desarrollar sus potencialidades. Por otra parte, es fundamental que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes hablen de la experiencia que viven y los factores o ámbitos que pudieran orientar acciones para abordar esta problemática.

A través de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de destrezas, se logrará abordar de manera integral los conceptos, fundamentos y principios de Justicia Social en las sociedades contemporáneas, prestando especial atención a la realidad latinoamericana. Esta publicación responde al compromiso de la BCN de seguir profundizando en los contenidos y ser un aporte a la formación cívica nacional. 20Lo no informado corresponde a especialistas que se desempeñan exclusivamente en el sector privado y son un 19% del complete. 11Utilizan dos bases de datos, la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2003 y el Censo de Población y Vivienda de 2002. Mac Clure y Calvo (2013) proponen una división administrativa basada en el actual estado del proceso de urbanización. 1 La tarea de recopilación de datos no fue fácil, sobre todo al querer abordar el largo plazo, sin embargo, se debe agradecer a las distintas instituciones que cooperaron entregando información a través del Portal de Transparencia del Estado.

Desde 2010, además, el Centro de Derechos Humanos ha contribuido al monitoreo de los derechos ambientales, en colaboración con el Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP. Frente al florecimiento de protestas, originadas en este descontento, el Instituto alertó sobre el uso de desmedido la fuerza policial y la represión en las movilizaciones, ya sean estudiantiles, regionales, ambientales o por la causa mapuche, reiterando la crítica a la violencia y la utilización de leyes especiales, como la Ley Antiterrorista. Haga su solicitud también a través del banner OIRS -Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias- de este sitio internet. No obstante lo anterior, la Directora del INDH, criticó la “violencia de que son objeto las mujeres, y de los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a espacios de poder, tanto en el ámbito público como en la empresa privada”. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae

Otro indicador de desigualdad es el índice10/10, que expresa el ingreso del 10% más rico en función del 10% más pobre de la población. Para ello, la (Tabla 2) presenta el promedio del ingreso autónomo del hogar (ver definición en Anexo E) por deciles, de acuerdo a la Encuesta CASEN de 2015. Observando los extremos se evidencia que el 10% de los hogares de mayores ingresos son 27,2 veces más ricos que el decil de menores ingresos. El resultado es aún más abismante si consideramos los ingresos autónomos per cápita del hogar, donde la razón 10/10 aumenta a forty five,1.

De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de 79 años en promedio, siendo de 77 para los hombres y 81 en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y 74 para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11). En 2015, Coquimbo y la Región Metropolitana lideran con casi 80 años en promedio, mientras que la menor esperanza de vida se observa en Antofagasta y la región de Los Lagos, con aproximadamente seventy eight años. En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres.

Los buenos indicadores a nivel de crecimiento económico de las últimas décadas en Chile, no han podido mitigar la persistente desigualdad del ingreso. Anteriormente, Soto y Torche (2004) concluyen lo mismo, demostrando que, entre 1975 y 2000, el PIB per cápita chileno creció un 5% al año, sin embargo, las regiones no se beneficiaron de igual forma. La pobreza cayó significativamente en todas ellas, pero la desigualdad del ingreso se mantuvo constante.

En los últimos puestos se encuentran países del continente africano, donde el PIB por persona más bajo corresponde a la República Centroafricana, siendo tan solo zero,03 veces el de Chile. A través de un análisis de convergencia, se concluye que en Chile, las regiones más pobres y desiguales, tienden a crecer más que aquellas más ricas y equitativas. Es decir, las regiones más perjudicadas convergen buscando alcanzar a los territorios más favorecidos del país.

julio 5, 2024

Educación Cívica, Para Participar En Democracia: La Organización Social

Con este fin, desde 1901 se incorporaron formalmente en el currículum de Historia y Geografía contenidos relativos a la noción de patria, a los derechos y deberes, y a la organización del Estado, materias que en 1912 pasaron a conformar la asignatura de Educación Cívica. Para la encargada regional de la División de Organizaciones Sociales DOS, Jacqueline Cárdenas el trabajo llevado a cabo por Venegas demuestra el interés de la ciudadanía en participar cada vez más en los desafíos que los nuevos tiempos van proponiendo al país. Abogada de la Universidad de Chile, máster (DEA) en Derecho Ambiental común a las Universidades organizaciones con lucro de Paris I Panthéon-Sorbonne y Paris II Panthéon-Assas. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente. Fue académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el año 2000, donde dirigió el Centro de Derecho Ambiental. Además de ofrecer e impartir cursos de postgrado, en el área de pregrado integró el departamento de derecho económico y el equipo docente de la Clínica Ambiental, curso en que junto a los estudiantes presta asesoría jurídica especializada a personas y comunidades afectadas por conflictos socioambientales.

La configuración del Estado democrático no se concibe hoy en día sin la participación de las OSCs, las que en los más variados contextos han asumido un papel protagónico en la promoción de derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho (Seoane y otros, 2003). A continuación, podrán acceder a una serie de videos educativos, desarrollados por el equipo académico del CEA, que buscan entregar a personas estudiantes, información de valor sobre sus derechos y deberes, la sociedad, la democracia y en basic, el funcionamiento del Estado. La organización social se expresa en los más diversos aspectos de la vida y con alcances diferenciados. Desde aquellas organizaciones del espacio micro social como las juntas vecinales, los clubes deportivos, sindicatos y centros de estudiantes, así como también las empresas, las escuelas, las municipalidades, entre muchas otras.

Fue directora ejecutiva de Comunidad de Organizaciones Solidarias, la pink más importante de organizaciones de la sociedad civil en Chile, que en la actualidad reúne a hundred and eighty fundaciones y corporaciones. Esta institución es un espacio de encuentro, colaboración y articulación de organizaciones que trabajan al servicio de personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile. Existe, desde luego, también un tipo de capital social en la mafia, en grupos paramilitares o en organizaciones que cultivan un desprecio por la democracia. Difícilmente benefician una forma de convivencia social basada en el respeto mutuo, la tolerancia o un espíritu democrático. Si bien la capacidad de asociarnos nos permite estratégicamente lograr cosas y nos habilita para alcanzar más objetivos de los que podríamos estando solos, finalmente, refleja un cierto estilo de ser persona en sociedad.

Con esta iniciativa se espera poder informar y entregar las herramientas sobre educación cívica para que se pueda difundir y propagar a la ciudadanía en medio del proceso constitucional que se está viviendo en Chile. La conformación de la conciencia tributaria, es decir, la comprensión del ciudadano de que el pago de los impuestos es positivo para el bienestar colectivo, tiene en gran medida que ver con la cultura fiscal. La aceptación voluntaria de los tributos supone interiorizar valores de justicia y solidaridad, asumir un proyecto común y aceptar una correlación entre los derechos y obligaciones del Estado y los ciudadanos. La política fiscal, legitimada en las leyes emanadas del Legislativo, es un elemento central para que el contrato social se pueda cumplir. Por eso, la política fiscal es el reflejo de la estructura de poder de una comunidad y la columna vertebral de las democracias que aspiran a conseguir sociedades cohesionadas, es decir, que trabajan para garantizar el bienestar del conjunto de la población, reduciendo las brechas sociales, minimizando las disparidades y evitando la segmentación social. En las democracias contemporáneas, el Estado tiene como misión desarrollar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los derechos políticos, económicos y sociales contemplados en los textos constitucionales.

Desde Octubre de 2019 lidera además, investigaciones por Delitos contra los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado. Es representante de la Fiscalía de Chile en la Red Iberoamericana de Fiscales Anti Corrupción. Fue miembro del Círculo Legal de Icare desde 2015 al 2020, y es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Abogadas Feministas. Abogada de la Universidad de Chile con magíster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School. Actualmente es miembro del directorio y gerenta de Innovación de Microsystem S.A, empresa de gestión documental, tecnología de la información e inteligencia de negocios fundada en 1978.

Es a través del contrato social que las sociedades democráticas adoptan el uso de las Constituciones, donde el ser humano ‘pierde’ su libertad pure, pero gana en libertad civil, limitada por la ley que emana de la voluntad basic. Contar hasta la actualidad con una representante estudiantil dentro de quienes integran la Comisión es señal en esta significativa colaboración inicial y de la capacidad de cambio social contenida en jóvenes que se organizan para manifestar sus demandas. Sin dudas, no hay que olvidar que nuestro servicio requiere de constante cuidado y construcción de confianza con cientos de jóvenes que deciden cursar sus estudios, pasar un tiempo de su vida en esta comunidad y aportar en los cambios sociales que benefician a toda la PUCV. Esta experiencia de transformación social vivida a nivel personal pero con directa repercusión en el entorno social, permite plantearnos la necesidad de dejar de alimentar la concepción de las juventudes como un grupo esencialmente “carente de algo” (experiencia, criterio, formación, opinión) y por consiguiente atribuir valoraciones afirmativas solo en la medida en que una persona es reconocida como potencial adulto/a. Esto implicaría igualmente alejarnos de creencias como que las infancias y juventudes no se encontrarían en condiciones para realizar acciones significativas en sus comunidades.

Actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Expertos del proceso constitucional. Consejera de ComunidadMujer, integra los directorios de la Fundación Pro Bono y Espacio Público; forma parte de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho (Red ALAS) y es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Ha realizado consultorías y asesorías técnicas para Human Right Watch, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres. Integra distintos directorios de organizaciones sin fines de lucro en los ámbitos de acceso a la justicia y políticas públicas.

Es respetable la buena intención que tiene esta medida, apuntando al desarrollo de la formación ciudadana de los niños y jóvenes, proponiendo un proyecto educativo que integre la formación ética y ciudadana, y además, que la carrera docente incluya en su currículo estos mismos aspectos. No obstante, y considerando organizaciones de base el vacío en esta materia, existen instancias en que “la propia ciudadanía desarrolla ciudadanía”. Ejemplo de esto es el proyecto Aula Cívica, en el cual jóvenes con visión futurista creyeron en el poder ciudadano e implementaron talleres y cursos de educación cívica en establecimientos vulnerables.

Adicionalmente, es directora de la AGF Ameris Capital, de la Fundación Olivo, de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos (“ACAFI”) y miembro del Consejo Asesor del capítulo chileno del Global Steering Group for Impact Investing (“GSG”) y de ComunidadMujer. Bióloga y Doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Ha dedicado su carrera a la práctica científica de la conservación de la biodiversidad, liderando desde el 2005 Wildlife Conservation Society en Chile, su proyecto de conservación del Parque Karukinka en Tierra del Fuego, y promoviendo el conocimiento y la valoración de la biodiversidad en distintos espacios, para avanzar transversalmente en su conservación. Abogada de la Universidad de Chile y socia fundadora de la reconocida firma FerradaNehme Abogados. Es profesora asociada de la cátedra de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, del magíster de Libre Competencia y del de Regulación Económica de esa misma Facultad.

En América Latina, han surgido diversos gobiernos cuyas políticas públicas se basan en la doctrina neoliberal, pero también esta región ha sido un escenario de una férrea oposición a este sistema. En los últimos años, las redes sociales han funcionado como un espacio de interacción, permitiendo organización cívica, así como actos de resistencia. En el presente artículo, se examinarán dos casos en América Latina donde las redes sociales fueron un instrumento importante en la resistencia a las políticas de corte neoliberal. Con respecto a México, las plataformas virtuales resultaron clave para la victoria del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, un triunfo que puso fin a 36 años de gobiernos liberales. De igual forma, en Ecuador las redes sociales fueron clave para la movilización social que detuvo la aplicación de políticas públicas neoliberales.

En América Latina y Chile el panorama en estas líneas es débil y heterogéneo. Con todo, esta perspectiva de alianzas estratégicas ha sido tomada por las OSCs y gobiernos de México y Brasil principalmente. El primero con la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el segundo, avanzando lo que en Brasil se ha llamado una “tercera fase” de la participación ciudadana en la construcción del Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada de “contractualización”. De ahí la importancia de fortalecer la confianza en una cultura fiscal, a fin de construir un vínculo positivo entre la ciudadanía que paga impuestos, y quienes administran y utilizan los recursos, promoviendo el proceso de la tributación y transparencia.

Es integrante del Directorio de importantes instituciones sociales de educación, Fundación Aprender y Corporación Educacional Sofofa. Profesional con casi 20 años de experiencia en gestión de proyectos de alto impacto social-empresarial, especialmente en el sector público-privado, con especial énfasis en la innovación, el desarrollo tecnológico y transformación digital. Rosario ha desempeñado un papel importante representando diversas voces de los ámbitos de negocios y causas sociales, construyendo una estrecha pink colaborativa entre empresas, académicos, científicos y agentes en los sectores público y privado. Ingeniera Comercial de la Universidad de Chile y coach ontológico certificado por The Newfield Network. Trabaja en forma independiente y en asociación con Behuman como coach ejecutiva y relatora de talleres en programas de desarrollo de habilidades directivas en diversas empresas y corporaciones.

julio 4, 2024

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