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La desigualdad, sobre todo aquella que hiere la convivencia humana, no es un problema que inquieta solo a la sociedad chilena. Preocupa en el mundo entero y ha sido objeto de atención tanto desde el ámbito político, el académico y el eclesial. Obviamente, dada la complejidad de la cuestión aquí abordada, de las distintas aproximaciones disciplinares e ideológicas en juego, el esfuerzo aquí realizado no puede ser sino limitado. Por otra parte, dado el contexto en el que se ha agudizado la discusión sobre las desigualdades, el vínculo con la violencia no puede ser soslayado.

El 10% más rico de la población posee el 40% de los ingresos mundiales totales y algunos informes sugieren que el 82% de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1% de la población, la más privilegiada, mientras que el 50% más pobre no percibió ningún beneficio. La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública.

Más que una mera tipología edificatoria o un sector del mercado, la vivienda es un acto arquitectónico primario. Comienza cuando se dibuja una línea que separa el inside del exterior y, en última instancia, una casa de otra. Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores. Por lo tanto ciertas prácticas arquitectónicas podrían ser entendidas como «el arte de la desigualdad».

Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal desigualdades de la globalización ejemplos, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas.

Estableciendo procesos internos de transparencia para evitar prácticas de corrupción y de evasión fiscal, que impactan directamente sobre la desigualdad. Redistribuyendo de forma más igualitaria los salarios a los empleados, implantando mecanismos para evitar la evasión fiscal y fomentando proyectos de cooperación al desarrollo. Las empresas juegan un papel importante para conseguir alcanzar este Objetivo, proporcionando condiciones laborales dignas a través de toda su cadena de valor, especialmente para grupos desfavorables. Conadecus te entrega asesoría legal gratuita, presencial, telefónica y a través de correo electrónico sin costo alguno, para realizar tus denuncias y respondiendo tus consultas para saber cómo afrontar tus problemas de sobreendeudamiento, embargo, cobros indebidos, publicidad engañosa y más. Y continúan su explicación enumerando los factores intraescolares como el pobre rendimiento académico, la repitencia, el ausentismo y los problemas disciplinarios o conductuales que se asocian con mayores probabilidades de abandono escolar según la amplia evidencia empírica existente.

Y junto con ese despertar cientos de analistas intentan entender cómo un país que hasta hace unas semanas period reconocido como una especie de modelo dentro de Latinoamérica, se tomó las calles mostrando su profundo malestar y reclamando mayor equidad. “Entendemos que este no es solo un imperativo ético, es también una necesidad para el desarrollo. Porque en la medida en que todos y todas podamos aportar, en igualdad de condiciones, al progreso de nuestros pueblos, podremos ir más rápido y llegar más lejos por la senda del desarrollo armónico, inclusivo y sustentable”, añadió. La desigualdad es un fenómeno que no solo afecta a los individuos por si solos, si no que, a comunidades completas, todos estamos interconectados de alguno u otra forma. Esa conceptualización, cube Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado».

Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. Entonces, ejemplifica, las probabilidades que un niño o niña que vive en la comuna de La Pintana pueda desarrollar todos sus talentos, está estructurado en este arreglo institucional y espacial. «Teniendo los talentos, va a un colegio de mala calidad, con un estigma territorial, convive con pobreza. Entonces esa brecha nunca la podría remontar. Esa diferencia, esa brecha, se considera injusta porque viola su principio de igualdad, porque no es lo mismo que puede lograr esa niña que otra que vive en un barrio privilegiado». Esa ha sido la petición que han planteado desde redes sociales a opiniones de diversos actores, frente a la actual situación social que atraviesa Chile. Las desigualdades de recursos y de capacidades tienen como antecedentes un siglo XX caracterizado por el autoritarismo en América Latina y el Caribe con unos procesos democráticos tardíos y vulnerables.

«Va mostrando que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución altamente desigual de ingresos y de representación política». La democracia en nuestros días evidencia una crisis provocada por la desigualdad de recursos y la desigualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de la población latinoamericana y caribeña. Sobre estos dos ejes giran conflictos distributivos y conflictos de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Deberíamos empujar, entonces, que la política social incluya en su focalización variables como los riesgos ante catástrofes climáticas, y el nivel de acceso a energía y agua. Junto con esto, profesionalizar la administración y propiedad de las comunidades de agua potable rural (APR); subsidiar el transporte público limpio (rebajar la tarifa un 50% podría financiarse aumentando el impuesto específico al diésel al doble y eliminando el reintegro); e implementar potentes planes de inversión pública con foco en proyectos «verdes». Todo esto, acompañado de políticas educativas y campañas de comunicación para impulsar un cambio cultural para que comprendamos que la naturaleza, su biodiversidad y los seres humanos, subsistimos gracias a nuestra relación de interdependencia.

Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. Asimismo, un informe de 2011 publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo reveló que de los países que luchan contra la desigualdad de ingresos, México se encuentra entre los peores. Aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promulgado hace más de 20 años, ha aportado un gran negocio para el país, la pobreza en México sigue siendo alta, con una tasa de pobreza que aumentó hasta alcanzar un 51,3% en el 2012. Cabe señalar que Salta fue la última provincia argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas.

La mensualidad en este caso asciende a los $453 mil para educación media y $423 mil para educación parvularia y educación básica. “Los empresarios chilenos vienen de los mismos three o four colegios, de dos universidades, de los mismos apellidos y tienen dificultades para relacionarse con los que no pertenecen a su mundo. A pesar de su alto costo, resulta interesante que, comparativamente, estos establecimientos no logren puntajes destacados en comparación desigualdades socio territoriales con el resto de los países de la OCDE. Por consiguiente, el costo no está asociado necesariamente a una mejor calidad educativa, sino más bien a elementos de distinción y cierre social. Zimmerman (2019), por su parte, muestra que 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan exalumnos de un subsegmento que proviene de solamente nueve colegios de élite (los que están incluidos en los 14 colegios identificados en el estudio del PNUD).

A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. Aquellos que aún no se hayan dado cuenta de la verdadera calidad del espacio en el que viven, lo harán ahora gracias a la cuarentena, y aún más si el virus se convierte en una normalidad de duración incierta. Probablemente, quienes nunca antes se sintieron como parte de un grupo susceptible, lo sentirán ahora con condiciones más precarizadas de habitabilidad, con la invasión de sus espacios domésticos por el teletrabajo y la educación en línea y, quién sabe, la futura reducción de sus antiguos espacios de interacción como oficinas, teatros, escuelas y cines. Sin duda, el virus ha hecho visible que es imperativo mejorar y asegurar los estándares que se venían estableciendo para viviendas mínimas posibles.

La brecha es mucho más elevada cuanto más pobre es el país, detalló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tenemos que reconocer, primer lugar, que de los valores “revelados” por Jesús mediante sus palabras y obras, al anunciar y anticipar en su contexto el Reino de Dios, permanecen vigentes y reclaman ser implantados con urgencia en la realidad global y local. Más aún, son parte constitutiva de la misión de las discípulas y los discípulos de Jesús, de los llamados a colaboran con él en la búsqueda del Reino y su justicia, en cada tiempo y lugar. También se propone el ingreso básico universal, que haría que por lo menos los sectores más desfavorecidos no pasen hambre.

Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. El problema se profundiza cuando la pobreza tiene un carácter multidimensional y la desigualdad en el ingreso se manifiesta en el acceso a una salud y educación supeditada al poder adquisitivo. Estos dos ingredientes, muy relacionados, podrían explicar gran parte de las convulsiones sociales de nuestros países vecinos. En cifras gruesas, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020), sobre un total de 620 millones de personas, 215 millones quedarían en la pobreza.

Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una thought tristemente reducida de progreso. Así, el negocio se transforma en la promesa de un beneficio acotado, que se consigue a costa de los derechos de quienes no tienen más opción que someterse al escrutinio constante, a la vigilancia, al control, a la discriminación. Hablar de desigualdad en América Latina es hablar de la ponderación que se hace entre los derechos de quienes pueden acceder a otras posibilidades y quienes no. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos a la vigilancia estatal y privada ejemplifican de manera clara no solamente el hecho de que las tecnologías no son neutras, sino que impactan de forma diferenciada a distintos grupos humanos, de acuerdo a su género, al color de su piel y a su clase social. Esta disparidad aumenta en los países de ingresos bajos (29 céntimos por cada dólar de un hombre) y de ingresos medios (33 céntimos), y aunque en los países de ingresos más altos la situación es algo mejor, dista mucho de ser ideal. Especialmente en América Latina que está marcada por las muertes de activistas sociales como el caso de Berta Cáceres en Honduras, asesinada por luchar contra la instalación de una represa hidroeléctrica.

Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. Sin embargo, más de un quinto de la población (el 20,7%) está en situación de pobreza multidimensional. Se trata de tres millones y medio de personas que sufre carencias en ámbitos como educación, salud, vivienda, entorno o cohesión social. La sociedad hoy reconoce y valora la equidad de género como un imperativo ético para construir un Chile más justo.

Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje.

Finalmente, se destaca el papel cumplido por el panel de expertos, comisión integrada por académicos e investigadores que, desde el año 2013, cumple con el mandato de asesorar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y supervisar todas las etapas del desarrollo de la Encuesta, incluyendo el proceso de medición de la pobreza. Desde el año 1990, por medio de la suscripción de convenios bilaterales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha prestado asistencia técnica al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el proceso de medición de la pobreza con datos de la Encuesta Casen. Como estándar para el análisis, se recomienda el uso de la prueba de medias (prueba t), asociada a un nivel de significancia de 0.05 (nivel de confianza del 95%). Este procedimiento toma como base las medias del indicador en el numerador y la raíz de las varianzas asociadas a este último en el denominador. El valor obtenido es comparado con el valor estándar de la tabla normal asociado a una muestra grande cuando la prueba es a 2 colas, que corresponde a 1.ninety six, cuando el nivel de confianza elegido es de 95%.

Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Si una buena educación es más accesible a los más ricos de la sociedad, eso crea más desigualdad en el futuro ya que las personas ricas se seguirán asociando con otros ricos y obteniendo los trabajos más lucrativos mientras las personas pobres continuarán siendo pobres y permanecerán en la sociedad, completando un ciclo de la pobreza debido a la desigualdad educativa y social. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un issue de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud mental, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas.

Con el lenguaje inclusivo de género evitamos reproducir la noción de que hay comportamientos, valores, trabajos, actitudes, espacios, etc. que son propios y exclusivos de algunas personas y no de otras. Es decir, el lenguaje contribuye a la eliminación de estereotipos y sesgos que limitan tanto a mujeres como a hombres, y con ello, la construcción de una sociedad más igualitaria. En la ocasión, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, valoró la plataforma y su contribución a la entrega de una información clara y transparente acerca de un tema muy relevante en nuestro país y que forma parte de las desigualdades entre hombres y mujeres. Por tratarse de una imputación, este dato no está asociado a un intervalo de confianza y su error muestral no es conocido.

La Encuesta Casen es un instrumento aplicado a una muestra aleatoria y anónima de hogares seleccionada sobre la base del marco muestral de secciones y manzanas del Instituto Nacional de Estadísticas. El issue de expansión comunal, en tanto, permite generar un tipo de expansión que considera la suma de población residente en las comunas cubiertas por la muestra,  en que todos los individuos residentes en un mismo conglomerado (manzana o sección) comparten el mismo ponderador. Dicho factor de expansión debe ser usado para obtener estimaciones a nivel comunal y excluye a la población residente en comunas no encuestadas. Para comparar las estimaciones obtenidas para dos grupos independientes de hogares o de población (incluyendo comparaciones entre grupos para un mismo año y comparaciones de un mismo grupo para diferentes años), el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En la ocasión, Scuro, quien es oficial de la División de Asuntos de Género del organismo internacional, dio a conocer los principales contenidos del libro Las mujeres en los sistemas de pensiones de América Latina, del que fue coautora. Se conocen como micromachismos aquellas conductas y prácticas cotidianas que ponen a la mujer en una situación de inferioridad respecto del hombre de forma sutil y que están tan naturalizadas socialmente que no las identificamos con facilidad. Por lo mismo, el levantamiento de información desde los propios funcionarios y funcionarias cumple el doble propósito de ayudarles a tomar conciencia de aquellos comportamentos y, al mismo tiempo, orientar el trabajo del comité para ayudar a erradicarlos. Aquellos que implican la retención del poder, en que se utiliza la fuerza física, económica o la personalidad, con el objetivo de convencer a las mujeres de su error, negligencia o falta. Este tipo de conductas generan un sentimiento de derrota posterior al comprobar la ineficacia, pérdida, debilidad e incapacidad para defender las propias decisiones o razones. Ejemplos nítidos de este tipo de micromachismo son el control del dinero o los sabotajes a la comunicación, el uso expansivo y abusivo del espacio y el tiempo para si, insistencia abusiva y la imposición de intimidad, entre otros.

Es muy possible que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. También tenemos como invitada y profesora nuestra local a Marisol Ruiz que nos aportara sobre su investigación acerca de la informalidad en el empleo, y cómo esa situación de precariedad afecta la salud de la población y particularmente cómo operan las desigualdades de género en nuestro país en relación a este tema. En definitiva, podremos conversar acerca de los distintos procesos sociales que impactan en las desigualdades en salud, desde una perspectiva de género, centrando el análisis en las condiciones de empleo y en la realidad chilena. La precariedad laboral, cruzada por las desigualdades de género, impacta profundamente en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. “Se observa optimismo respecto de lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el país, reconociendo que es necesaria la cooperación activa de los hombres y que es posible mantener una actitud activa para la erradicación de la desigualdad a nivel private. Estos resultados indican la existencia de un diagnóstico mayoritariamente compartido entre la población nacional.

Por otra parte, el financiamiento de los beneficiarios de FONASA concentra el four,5% del PIB, que incluye las cotizaciones, los gastos de bolsillo y el aporte fiscal. El consultor de la Oficina Panamericana de la Salud, César Gattini, señaló, entrevistado para el informe, que “el punto de la formación, si lo concentramos sólo en las especialidades médicas, es una brecha que no se puede resolver, aunque gastemos lo que gastemos en PIB nacional, porque no es una discusión de recursos, es una discusión de modelo”. La institución analizó la falta de médicos especialistas, sobre todo en la regiones más apartadas del país, así como la falta de infraestructura necesaria, situación que impide a muchos chilenos ejercer su derecho a la salud de manera adecuada. Y quizás algo bueno que tiene también el fútbol es que ahí sí nos olvidamos de las diferencias, gana la selección y es como que ganáramos todos, nos juntamos en las cantinas, restoranes, en un asado o en la casa patronal de un fundo, no importa el lugar ni con quienes, todos gritaremos o sufriremos ante un gol ganado o perdido de la Roja. Las reformas que se están discutiendo, Educación y Tributaria, la despenalización del aborto, las AFP, incluso las Represas de la Patagonia, que este 10 de junio reúne a un comité de ministros para saber si se construirán o no, el conflicto mapuche y el Bono al Trabajo de la Mujer son ejemplos que encierran en sí la palabra desigualdad. Esta vez quiero escribir de una palabra, un concepto, un fenómeno, que lleva mucho, demasiado tiempo, diría yo, en las gargantas de nuestra sociedad, escuchándose muy seguido en la mesa, en discursos, marchas y promesas.

Este grupo incluye a General Lagos, Colchane, Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaitecas, O’Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. El factor de expansión regional permite representar al complete de la población residente en viviendas particulares a nivel nacional y regional, por lo que se emplea de modo generar para producir estimaciones a estos niveles de agregación. Al ser información producida con recursos públicos, tanto los investigadores como la ciudadanía en general pueden utilizar los datos de la Encuesta Casen para fines de investigación e incluir sus resultados en el contexto de publicaciones. Erradicar la pobreza infantil es un imperativo, porque la pobreza es una grave vulneración de derechos. Chile debe ser capaz de garantizar los derechos y proteger las trayectorias de vida de todos los niños, niñas y adolescentes. Ante el tema de la equidad, la Mandataria reflexionó que “el desarrollo equitativo e inclusivo es posible solo con igualdad de género.

Como Superintendencia de Pensiones estamos comprometidos con la defensa y promoción de dichos principios, incorporando en nuestra labor el impulso de iniciativas que garanticen el cumplimiento de la normativa previsional sin discriminaciones y con una mirada integral como organismo de la seguridad social respetuoso de las diferencias, características y necesidades de la ciudadanía. Aquellos que fuerzan la permanencia en el estatus de desigualdad cuando éstos se desequilibran, debido a un aumento de poder personal de la mujer o una diminución del poder del hombre. Son conductas tales como el hipercontrol, el falso apoyo, la resistencia pasiva desigualdad en la infancia y el distanciamiento emocional, además de rehuir la crítica y evitar la negociación, prometer y hacer méritos, victimización y la búsqueda de compasión. Es así como en octubre de 2017, cuando se dieron a conocer en Estados Unidos las denuncias por acoso sexual en contra el productor de cine Harvey Weinstein, la actriz Alyssa Milano (¿Quién manda a quién?) publicó su propia historia en twitter e invitó a las mujeres a hablar del tema, utilizando el hashtag MeToo (#MeToo). De este modo nació el movimiento que ha sacado a la luz diversos abusos sufridos por mujeres, no sólo del mundo del espectáculo, y no sólo en el país del norte, sino del mundo entero.

Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. Luego de lo ocurrido en los últimos años en el país, está claro que la desigualdad ha erosionado la confianza en las instituciones y ha desgastado el tejido social.

Alicia Rossi, en su presentación sobre la creación del Sistema Nacional de Salud en Uruguay en 2007, destacó la importancia de construir un sistema basado en los pilares de universalidad, equidad y solidaridad. Enfatizó que este modelo buscaba garantizar una atención integral y digna para todos los ciudadanos, superando la inequidad previa en el acceso a la salud. Rossi resaltó la implementación del Plan Integral de Atención a la Salud, que estableció una canasta básica de prestaciones obligatorias para todos los prestadores del sistema, asegurando un estándar mínimo de atención para la población. Según Inostroza, “tenemos más private y recursos, pero la productividad y la satisfacción no han cambiado”, lo que indica un problema estructural profundo que debe ser abordado para garantizar un sistema de salud eficiente y equitativo. Las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y los Informes nacionales sobre el cumplimiento de Objetivos del Milenio para 2015, contienen parámetros (mínimos y complementarios) que contribuyen a visualizar progreso en determinantes sociales y salud. [newline]El proyecto para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales culminó en junio de 2023, consiguiendo importantes logros en términos de mejoras en la calidad y equidad, pese al difícil contexto como resultado de la pandemia. La deserción en el tercer año entre los estudiantes más vulnerables se redujo en casi 10%, pasando del 36,6 por ciento en 2018 al 26.8 desigualdad entre ricos y pobres por ciento en 2022.

Hasta el año 2013, además, estuvo a cargo de realizar el proceso de ajuste de las variables de ingresos a la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (proceso que deja de efectuarse en el marco de la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos establecida en enero de 2015). Por su parte, el Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección Social desde el 01 de enero de 2016 y tiene por objetivo apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. A través de este sistema, (que considera la información aportada por una persona del hogar mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado), los hogares son ubicados en un tramo de Calificación Socioeconómica, lo que les permite postular y acceder a diferentes beneficios sociales. Todos los hogares que deseen ingresar o actualizar sus datos en el Registro Social de Hogares pueden hacerlo, consultando la información disponible en la página net , o bien a través de la Municipalidad correspondiente al domicilio del hogar. Una de ellas ­es la desigualdad residencial, es decir, la inequitativa distribución territorial de infraestrucutra pública, servicios, empleos, transporte, espacios ciudadanos, establecimientos de seguridad y otros recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida en un barrio y a aumentar las oportunidades de bienestar en su población. Aunque sin alcanzar aún los resultados previstos, algunos países han avanzado en la equidad en el acceso; estos son los que optaron por la universalidad.