Se constituye como organización social de base con personalidad jurídica como organización comunitaria de carácter funcional sin fines de lucro compuesta por una veintena de personas. Destaca en su cuidado del carácter participativo y horizontal en la toma de decisiones, materializada en las asambleas y el trabajo compartido a través de comisiones. Promotor de procesos de apropiación territorial a través de la recuperación y ocupación de espacios, donde destaca la restauración de una antigua capilla ubicada en cerro Cordillera habilitándola para múltiples actividades comunitarias.
Se trata de formas de agruparse que están afincadas en identidades comunes y la promoción o defensa de derechos. En esta condición se encuentran los sindicatos y también, a partir de la década de 1960 en Chile, las juntas de vecinos. Se trata del tipo de organizaciones que calza con la construcción de lo que Tarrow (1997) outline como movimientos sociales. Para efectos de la representación social y ciudadana en los espacios de participación que se han ido abriendo en el modelo democrático, se consideran ambos tipos de organizaciones, pero la forma que tomará esta participación será distinta si se privilegia una de ellas en la medida que los intereses representados en la relación con la institucionalidad no son los mismos. El dilema de la Ley de Participación fue entonces si considerar a las organizaciones formales o aquellas que, basadas en la identidad, cuentan con una representación afincada en la pertenencia o condición pure de vecindad u objetivos de vida.
De los y las 155 convencionales ya constituidos, al menos forty three pertenecen a organizaciones o movimientos sociales (MS), irrumpiendo en el espacio electoral del que históricamente se habían restado y/o habían sido excluidos. Hoy, una parte importante de la Convención se presenta como parte de la Vocería de los Pueblos, lo que demuestra que estos resultados no son en absoluto un fenómeno fortuito. Diversas han sido las consecuencias que ha traído la creación del espacio político articulado de 33 constituyentes llamado Vocería del Pueblo, que busca promover la deliberación del poder constituyente en el proceso en curso, respaldando las legítimas demandas y luchas históricas levantadas por los movimientos sociales.
Se compone por unas 15 personas activas que habitan el mismo barrio y sus edades fluctúan entre los sixteen y los 36 años. Posterior al mega incendio de abril del que afectó casi la totalidad de la población en la que se ubican- su labor se centró en el enfrentamiento de la disaster por medio de la gestión coordinada con otras organizaciones y conjuntos vecinales afectados, apoyando en tareas de reconstrucción habitacional, sosteniendo un comedor comunitario permanente y conformando un comité ejecutivo para la solución de problemas. El diseño de la investigación corresponde al estudio de casos múltiples de tipo world pues se pretende abordar aquellos contenidos comunes en un análisis transversal de cuatro organizaciones sociales autónomas de Valparaíso (Rodríguez, Gil, & García, 1996). Para dar cuenta del dominio subjetivo de sus participantes recurrimos a la técnica de los grupos focales, abordando sus relatos orales que actúan como representación, comprensión y proyección de la experiencia vivida (Canales, 2006). Al observar el trabajo de los consejos se pueden ver los efectos de esta doble relación de intereses. En el primero está el Consejo del IPS y la primera etapa del SENCE, en ambos casos centrados en mejoras institucionales a las prestaciones actuales y en el cambio estructural; es decir, el reemplazo de las políticas actuales por otras basadas en un nuevo modelo, como en particular se observa con el cambio del sistema de pensiones.
Lo que se deduce de las actas es que existe la voluntad de incluir a la sociedad civil, pero esto se topa con la forma que adquiere la agenda legislativa y los tiempos en los que se propone llevarla a cabo. La presencia de un tercer actor, el actor comunitario, en esta ecuación implica tiempos y esfuerzos a los que el Estado no se ha adecuado. Tanto el tipo de debates que se llevan a los COSOC, como la disponibilidad a acoger las demandas, establecer agendas comunes o incorporar a los representantes sociales a las definiciones de políticas, está restringido a la capacidad de las organizaciones de presionar de manera directa para que esto ocurra (Delamaza, 2011).
En esta revisión aparecen variadas interpretaciones de lo establecido en la Ley y una adaptación de antiguos mecanismos de participación existentes en los ministerios y reparticiones públicas. Antes de finalizar el extenso trámite asumió la presidencia Sebastián Piñera, marcando un cambio de signo en la primera magistratura del país, correspondiéndole a su gobierno la promulgación de la Ley. El proceso de implementación y puesta en régimen fue iniciado por el gobierno de la Alianza y continuado por el de la Nueva Mayoría, marcando un segundo cambio de signo político. Estas condiciones en el proceso de puesta en marcha de la Ley pueden ser observadas en las actas y documentación oficial de las instituciones involucradas.
En primer lugar, recogiendo insumos del colectivo para la argumentación, pero también dando un espacio concreto a sus organizaciones para participar en el debate. Además, debería tratarse del principal espacio donde los y las constituyentes rindan cuenta de sus votaciones organización en inglés y de eventuales acuerdos dentro la convención. [resumen.cl] Más de 300 organizaciones sociales han apoyado las seis garantías instaladas por la Vocería del Pueblo para desarrollar el proceso constituyente tomando en consideración las exigencias de la población.
Estos proyectos son como el primer paso para que la comunidad se apropie de ellos y los sienta realmente suyos. El enfoque actual de UDLA y su Programa de Intervención Comunitaria en los proyectos de titulación es mucho más realista. Trabajar con las comunidades permite entender verdaderamente sus necesidades, convirtiendo los proyectos de escritorio en proyectos reales. Este enfoque práctico, que incluye el contacto directo con las comunidades, ofrece una perspectiva más auténtica y útil para el desarrollo de proyectos arquitectónicos. El barrio Las Quintas, es uno de los sectores más representativos de Nacimiento y posee una potente identidad patrimonial, debido a que en sus calles se desarrolló la industria alfarera de la comuna a inicios de los años 30, algo que se espera relevar con esta radiografía en la que son protagonistas las organizaciones. El desarrollo del proyecto se verá culminado en el último trimestre del año 2025, con la edición del libro de historia de barrio, con un tiraje aproximado de 450 ejemplares, en donde se recopilarán fotografías antiguas del sector y el relato de los vecinos sobre la evolución del barrio Las Quintas.
La Ley Nº 20.500, tal como fue aprobada, se inscribe en el espacio de democracia participativa, en particular con la creación de los COSOC de la administración central del Estado. Ingeniero informático y multimedia de la UNIACC y magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales. Estrés laboral es el estado constante de aceleramiento y presión que tienen los miembros de una organización a la hora de ser exigidos contra el tiempo para cumplir con sus funciones laborales, provocándoles un alto nivel de irritabilidad. Esta publicación responde al compromiso de la BCN de seguir profundizando en los contenidos y ser un aporte a la formación cívica nacional.
Aun cuando existen múltiples espacios en los que se invita a la comunidad organizada a entregar su opinión o proponer medidas, esta siempre es como un observador sin incidencia en el resultado ultimate. Observar cómo se resuelve este problema en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana resulta relevante para definir si es que esta ha avanzado en una solución y cuál es el grado de inclusión que se ha alcanzado. Complementario con ello, se denuncia una disociación entre las prácticas y las palabras “oficiales” como aspecto intrínseco al espacio público, revelando su anclaje colonial como construcción eurocéntrica y androcéntrica (Rivera, [1997] 2010). Este saqueo de sentidos respecto de lo público evidencia también un espacio público “ausente”, acorde a los resultados elaborados por Gutiérrez, et al, (2013). Desde la ocupación de una infraestructura en desuso en un barrio de Valparaíso, en sus inicios las labores se orientaron a cubrir apoyo psicosocial a jóvenes infractores de ley y luego hacia la juventud en basic organizaciones sociales nacionales del mismo vecindario por medio de talleres artístico-musicales, escuelas alternativas, prácticas ecológicas, campamentos de verano y salud comunitaria.
Quienes problematizan la definición y los alcances de esta forma de participación señalan que se trata de uno de los ámbitos en los que se expresa la ciudadanía. Para algunos (Cunill, 1991; Martínez, 2009) el problema radica en identificar esta expresión ciudadana, reservada a la inclusión en la actividad pública de aquella que reviste carácter político o social y comunitario, dada la existencia de distintos mecanismos formales de la participación, entre los que la palabra ciudadana representa el involucramiento directo en las actividades públicas. Ciertamente que se trata de un debate formal, en la medida que es difícil separar lo social o comunitario de lo ciudadano. La participación ciudadana corresponde a los esfuerzos por acortar la brecha entre el Estado, sus leyes y las personas que se someten a su implementación. Entre los objetivos que se propuso el legislador, al ingresar el proyecto de ley sobre esta participación, estaba el implementar un mecanismo que pudiera integrar al funcionamiento del Estado a las organizaciones sociales.
Se agregó una categoría para clasificar las demandas que excedían la institucionalidad vigente; es decir; que quedaban fuera de los objetivos descritos. En lo referente a los COSOC, incluidos en esta ley como la forma de representar a la ciudadanía organizada en la gestión del Estado y las políticas públicas, corresponde a un segundo momento del trámite, a partir del estancamiento del debate en el Congreso (en su primer trámite en la Cámara de Diputados), producto del extremo celo puesto por el Ejecutivo en el primer mensaje en pos de lograr acuerdos para su aprobación. Este celo legislativo se manifestó en que el primer proyecto se centre en el reconocimiento formal de las organizaciones que componen el tercer sector, incluyendo a aquellas que no formaban parte del primer acuerdo para promover la ley, como el caso de las organizaciones tradicionales del voluntariado, por ejemplo, los bomberos. En un segundo momento se amplió el ámbito de inclusión de las organizaciones, catalogadas como sin fines de lucro, ahora ya de manera formal en la estructura de las instituciones públicas, reconociéndose dos ámbitos; por un lado, el gobierno local, presente en el primer mensaje y las instituciones del Estado, es decir Ministerios y Servicios. Como resultado de la promulgación de la ley, estos consejos han sido incluidos en los dos cuerpos legales señalados, responsables de la organización de la función pública. Las diferencias institucionales inciden en la forma de incluir a las organizaciones sociales en las políticas públicas.
La ley, entonces, fue el resultado de la tensión entre estos puntos de vista, el amparado en la Constitución de 1980, corporativista de los cuerpos intermedios, y el de la ampliación de la participación. De ello da cuenta el debate sobre la profundidad que adquirirá la promoción de las asociaciones ciudadanas y su inclusión en la toma de decisiones del Estado, en explicit la figura de los COSOC. De los 229 proyectos de voluntariado profesional realizados en 2018 por Fundación Trascender, un 10% han sido talleres o asesorías vinculadas al desarrollo organizacional, como coaching o jornadas de autocuidado.
