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La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 desigualdad internacional en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos.

Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. «Llega un cierto punto en el desarrollo de un país en que se hace más difícil bajar la desigualdad». Pero cuando los países reducen la pobreza en esos núcleos duros, lo que sigue después es más desafiante. El caso de El Salvador es paradójico y sirve para ejemplificar por qué en ocasiones la disminución de la desigualdad no es una señal de que el país en su conjunto está mejor.

Sin embargo, concluye que esta relación (el PIB per cápita) no explica la mayor parte de las variaciones en la desigualdad entre países o a lo largo del tiempo. Por ello, en su estudio incluye variables como el nivel educacional, la apertura económica y el índice de democracia, como determinantes de la desigualdad de la renta. Asimismo, se enfatiza en la importancia de aumentar las rentas de la población de menores ingresos, ya que se demuestra que períodos de tiempo en que el ingreso de los ricos aumenta proporcionalmente más que el de los pobres, son épocas donde aumenta la desigualdad. Por su lado, en períodos donde los ingresos de las familias más pobres son los que proporcionalmente tienen un mayor incremento, las desigualdades se reducen. Desmintiendo, acorde con distintos autores (Arndt, 1983; Guillén, 2004 y Piketty, 2014) la teoría del “goteo”, la cual postula que, favorecer a los estratos más ricos de la población, tiende a favorecer al resto de la sociedad, a través de un goteo que llega a las personas menos favorecidas, en consecuencia la desigualdad se scale back. En otras palabras, a medida que crece la disparidad en los ingresos dentro de una sociedad, también aumentan los motivos para que las personas de bajos ingresos participen en actividades delictivas.

Con una exposición marcada por el análisis de los patrones e influencias que han llevado a perpetuar la desigualdad en nuestro país, el académico estadounidense fue enfático en señalar que “el tema elementary en esta materia es la interacción entre desigualdades arraigadas y el diseño de políticas”. En esa línea, argumentó que “los chilenos apoyan las desigualdades ‘justificadas’ por el esfuerzo, pero expresan un gran descontento por las ventajas del privilegio”. Así, la desigualdad sería impulsada a través de múltiples mecanismos que interactúan en un sistema como, por ejemplo, el capital heredado, retornos  y previsión. En este punto destacó que “existe una alta proporción de ciudadanos que expresan rabia por los niveles actuales de desigualdad. Es necesario invertir más en la educación pública, porque la desigualdad educativa en la mayor parte de los países es tremenda.

Además, deben demostrar ser contribuciones teóricas, metodológicas y/o empíricas de algunas de las dimensiones de estudio mencionadas anteriormente. Incluso en las ciudades más ricas del mundo existen comunidades que viven en la pobreza extrema. La desigualdad es un fenómeno que no solo afecta a los individuos por si solos, si no que, a comunidades completas, todos estamos interconectados de alguno u otra forma.

Los resultados de la prueba F indican que para todas las ecuaciones de la (Tabla 1) existen Efectos Fijos en el tiempo. Por lo tanto, argumentan que el efecto neto del aumento de la desigualdad en el crimen es ambiguo porque estas dos fuerzas están trabajando al mismo tiempo. La desigualdad puede cambiar, pero el efecto que primero ocurra dependerá de la elasticidad de las dos curvas. El trabajo desarrolló un modelo teórico simple para dar sentido a la ambigüedad encontrada en la literatura empírica sobre la relación entre desigualdad de ingresos y delincuencia. Así, se mostró que la desigualdad afecta la oferta de delitos pero también, simultáneamente, la demanda privada de protección.

Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Este artículo busca responder cuáles son los determinantes de la desigualdad del ingreso, desde la perspectiva de sus regiones. Es en lo último donde radica la novedad del estudio, ya que contribuye al tema de la desigualdad, anteriormente estudiado en Chile, pero desde un punto de vista regional. Para lograr el objetivo se trabaja con la base de datos construida en el trabajo anterior de Mieres (2019).

Invertir en educación y en el desarrollo de competencias, aplicar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional para un comercio y unos sistemas financieros justos. A pesar que algunos países han superado sus barreras socio-económicas, avanzando en temas como salarios y derechos sociales, otros retrocedieron. Por su parte, Romero puso el énfasis en cómo se ha abordado, desde el Estado, la dualidad de desigualdad y pobreza.

Ingresos del 10% más rico de la población son nueve veces más que el 10% más pobre en la OCDE. En el caso de Chile, en cambio, el 10% más rico luce 27 veces los ingresos del 10% de menores ingresos. Este patrón caracteriza a Chile y probablemente a otras sociedades latinoamericanas y es más pronunciado que en otros países del mundo.

En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global. Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el whole de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE. El director ejecutivo de Colunga, Arturo Celedón, destacó el aporte que la investigación tiene para poder mejorar las políticas públicas dirigidas a la niñez y la colaboración de las distintas organizaciones de la alianza. En la ocasión, el Dr. Castillo señaló que América Latina es la región más desigual del mundo y que “la trampa no reside en la pobreza sino en la desigualdad como sistema inequitativo”.

La desigualdad tiende a ser más alta en regiones con mayor concentración de población indígena, respecto del complete nacional. Por su parte, se observa que regiones con mayor aporte del sector secundario, ceteris paribus, tienden a ser menos equitativas, posiblemente porque los beneficios captados en este rubro no son inclusivos con toda la comunidad. Deininger y Squire (1998), en una investigación que buscaba confirmar o refutar la hipótesis de Kuznets, realizaron un análisis con datos longitudinales de forty nine países del mundo. En la mayoría de los casos no encontraron una relación significativa entre ingreso per cápita y desigualdad. En cinco de los países encontraron una relación que confirma la hipótesis de la U invertida (Brasil, México, Hungría, Trinidad y Filipinas), mientras que en cuatro de ellos (Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica e India), encontraron evidencia que la contradice. Los autores interpretan sus resultados como una indicación de que no hay una ley universal desigualdad en paises inamovible, sino que más bien, los cambios en los ingresos y la desigualdad, son afectados por las condiciones iniciales de los países y posiblemente por las políticas (Deininger y Squire, 1998, pp. 261).

La información recopilada para el desarrollo de este trabajo, se ha obtenido de la base de datos construida en Mieres (2019)1. Asimismo, se aplica la misma metodología, pero para estudiar la convergencia de la desigualdad del ingreso regional. Se analiza el índice de Gini al inicio del período frente a la variación promedio anual del Gini.

“Los sistemas escolares de alto nivel prestan atención a cómo se selecciona y capacita a su private docente. Observan cómo mejorar el desempeño de aquellos que tienen dificultades y cómo estructurar sus remuneraciones. Proporcionan un ambiente en que los maestros trabajan juntos para formular y desarrollar buenas prácticas y proporcionan vías inteligentes para que avancen en sus carreras profesionales.

Los resultados de los estudiantes muestran también una mayor dependencia del contexto socioeconómico que el promedio de los países de la OCDE. En Brasil y Costa Rica, por ejemplo, la probabilidad de que niños pobres accedan a  educación secundaria es casi la mitad que la de niños de familias ricas. Iniciativas como el programa Bolsa Escola en Brasil, que prevé transferencias monetarias condicionadas a la asistencia de los niños a la escuela, o el programaOportunidades en México, basado también en este tipo de transferencias, son iniciativas prometedoras que ayudan a abordar este problema.

En los países desarrollados, el debate sobre la vigencia de los modelos de ciudad monocéntrica tiende a inclinarse hacia el modelo opuesto, es decir, el de ciudad policéntrica «More current analysis continues to show that employment in most metropolitan areas of the world, is each dispersing and in some circumstances clustering into subcenters» (Wheaton, 2002, p. 4). Con todo, el enfoque de la «ciudad twin» se opone a esta visión de fragmentación y dispersión policéntrica (Holt-Jensen, 2002). Este mes, la OCDE lanzó un nuevo informe en su serie ¨Mejores Políticas¨ titulado «Fomentando un crecimiento inclusivo de la productividad en América Latina».

«Es que en Chile hay otros factores, como la insatisfacción con el sistema de pensiones», contesta la investigadora. Luego sigue Bolivia, que pasó de 58,1 a 44 y en tercer lugar Guatemala, que redujo su desigualdad desde un 59,6 a 48,three. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos por medio de vigilancia estatal y privada agudizan la inequidad imperante en el continente. Durante su intervención, Bárcena subrayó que hay un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas.

Sin embargo, el salario mínimo es la variable que muestra que hubo una diferencia en términos de política activa en el ámbito laboral que reforzó probablemente lo que se observa como tendencia estructural en términos de demanda y oferta de los trabajadores por nivel de calificación. Paralelamente se dio una disminución importante de la pobreza en el mismo período, observándose que un 60% se explica por crecimiento y cerca de un 40% por la caída de la desigualdad. En el caso de la expansión de la clase media, alrededor de un 20% tuvo que ver con este último issue.

En un segundo momento, el artículo aplica la descomposición Oaxaca-Blinder para entender y reflexionar sobre la naturaleza de la desigualdad subnacional (Oaxaca 1973; Blinder 1973). Dicha metodología, que será explicada con profundidad más adelante, permite desglosar hasta qué punto la diferencia entre grupos –en este caso regiones– en un atributo –analfabetismo o inasistencia a escuela– se debe por diferencias en la composición de las regiones, o por diferencias en los efectos que tienen los elementos de dicha composición. Desde estas variadas e interdisciplinares perspectivas, procesos territorialmente heterogéneos de desarrollo económico, acumulación de capital, y/o racismo van haciendo que unas regiones tengan peores empleos, bienes públicos y servicios sociales.

Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las demandas sociales’, dijo antes de la alarma sanitaria Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del ente. Tras unos años en los que el índice de Gini había bajado de 0,53 a 0,46 entre 2001 y 2019, la pandemia ha ocasionados enormes costes sociales muy desigualmente distribuidos. Este incremento de la desigualdad ha reavivado las protestas sociales en la región, generalizando las ya manifestadas durante la segunda mitad de 2019 en Chile, Ecuador y Colombia. Tras el análisis de la serie de problemas que agudizan la trampa de la desigualdad y el bajo crecimiento en la región, el PNUD plantea una serie de medidas que pueden aplicarse para empezar a revertir la situación; una de ellas, quizás la más enfatizada, es la implementación de un sistema de protección social universal. En referencia a esto último, el trabajo del PNUD señala que las quejas sobre la desigualdad fueron uno de los denominadores comunes más grandes.

Una más vinculada a la globalización y los desarrollos tecnológicos y de infraestructura, que apunta al policentrismo y a una forma de funcionamiento y estructura urbana related a la de las ciudades de los Estados Unidos. Y otra más relacionada a las desigualdades socioterritoriales y del mercado de trabajo, que junto con el dinamismo de la economía de servicios, favorecen un monocentrismo extendido. Este último presiona una movilidad más intensa de los pobres y favorece el encapsulamiento de los ricos. Se trata de un hallazgo relativamente novedoso y hasta inesperado sobre este sector tan importante en la economía regional, pues sugiere que una fracción significativa del mismo puede operar o en el mismo domicilio o en su entorno cercano. Aunque esto último tiene la lectura positiva del menor gasto de tiempo en transporte, también tiene la lectura negativa del «en-capsulamiento/aislamiento» de los pobres (completando el círculo de segregación territorial de residencia-escuela-trabajo). En el caso de la élite, el encapsulamiento a escala municipal/ comunal no parece ser aún la tónica, porque una fracción significativa de sus integrantes todavía debe salir de su comuna de residencia para trabajar.

Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social common o ampliar las coberturas a fin de garantizar que las personas más desfavorecidas estuvieran atendidas. Esto sugiere ventajas específicas vinculadas a este patrón de localización, mismas que no debieran ser olvidadas por las políticas urbanas. En los gráficos 2a a 2d desigualdad en la salud se exponen los valores absolutos de la comparación para cada comuna de su representación entre asalariados conmutantes y asalariados residentes según nivel educativo.

¿O, por el contrario, la región no tiene una fuerza causal propia, sino que es un espacio donde simplemente se expresan las discriminaciones existentes y la magnitud de la brecha es función del tamaño de las minorías, los campesinos y las mujeres? No obstante, mi invitación es que incluso cuando casi toda la desigualdad subnacional se explica por la composición de las regiones, existe una fuerza causal regional en acción. La descomposición ratifica la concept que la naturaleza de la desigualdad subnacional es muy distinta entre países y que cambia en el tiempo, a pesar que en términos absolutos la magnitud de la brecha entre la región con más analfabetismo/escolaridad y menos analfabetismo/escolaridad es parecida. Como vemos en la tabla 2, la diferencia entre la región andina y la región Caribe en Colombia en la tasa de analfabetismo era el 8% en 2005 y 5% en 2018. En Perú, la diferencia en la tasa de analfabetismo entre la Costa y la Sierra era de 9% en 2007 y 7% en 2017. En Chile, la diferencia en escolaridad entre la región Central y la Sur era de 7% en 2002 y 3% en 2017.

Chiara Cazzuffi, académica y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales es co-autora de uno de los capítulos acerca de las brechas territoriales en diez países de la región. Pese a ello, según señala el texto, la trayectoria desigualdad en el siglo xxi de América Latina también tiene visos de optimismo. Entre 2003 y 2013, la mayoría de los países latinoamericanos mejoraron su distribución de los ingresos, justo en un momento en el que las brechas se incrementaban en el resto del mundo.

Las expectativas frustradas y la desafección con los políticos han dinamitado la paciencia de millones de personas y explican las protestas que se suceden de norte a sur en la región. De acuerdo con Bárcena, la región posee sistemas de salud fragmentados, donde lógicamente hay una serie de problemas porque hay grandes brechas en el acceso a estos. Aquellas políticas que en la zona cementaron la cultura del privilegio para unos pocos, por encima de la satisfacción de las necesidades más básicas para millones de personas, encuentra ahora terreno fértil para que la epidemia resulte una verdadera tragedia.

Se puede teorizar que parte de las brechas regionales tienen una naturaleza composicional y otra parte tiene una naturaleza interseccional y el peso de cada una varía de país en país y a lo largo del tiempo. Para ambos componentes existe una fuerza causal subyacente a lo subnacional que –aunque es independiente– actúa en interacción con la raza, el sexo, y el género en la producción de desigualdades. En las últimas décadas el concepto de interseccionalidad ha viajado desde el feminismo negro para aplicarse a otros contextos y literaturas como la salud pública (Bowleg 2012; Evans et al 2018), la psicología (Rosenthal 2016), las relaciones internacionales (Krizsan et al 2012) y el mercado laboral (Browne y Misra 2003).

“En los últimos treinta años, la desigualdad en América Latina se redujo, cuando la medimos con el instrumento que más se utiliza para esto, que son las encuestas de hogares”, dijo la académica para iniciar. Segregación residencial socioeconómica (SRS)y sus relaciones con la migración y la movilidad intrametropolitanas. El caso del Área Metropolitana del Gran Santiago (AMGS) en los decenios de 1980 y 1990.

La Cepal también instó a los países de la región a crear un ingreso básico de emergencia para la población más weak, para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, que a nivel general implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año. Ahora vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad”, concluye. Desde el comienzo de la pandemia provocada por el COVID-19, la pobreza extrema se ha disparado en toda la región de Latinoamérica, sumando un whole de 86 millones de personas en dicha condición, la mayor cifra en los últimos 27 años. Asimismo, el organismo llama la atención por el hecho de que “la disaster también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”. En el estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini, se constató un aumento de la desigualdad.

Y los discursos antisistema, los políticos «outsiders» que se autopostulan como «salvadores» frente a las múltiples disaster, aparecerán como una alternativa tentadora para importantes franjas de la población. En segundo lugar, como se desprende del análisis del periodo posterior a 2012 (año que, aproximadamente, marca el last del auge de las materias primas), la reducción de la desigualdad no ha sido sostenible en un conjunto de países. Si en un país todos los ingresos aumentan en la misma proporción, el coeficiente de Gini de ese país sería el mismo antes y después de dicho crecimiento. Sin embargo, en términos de poder adquisitivo, el individuo que parte de un ingreso mayor se beneficiará en términos absolutos más de dicho crecimiento uniforme que quien empieza desde un ingreso menor. “La caída de la desigualdad se detiene, el ímpetu se acabó, y se acaba en un contexto en que además también está disminuyendo la tasa de crecimiento y en algunos países incluso hay algo de recesión y aumenta la pobreza”, dijo.

Las políticas efectivas de tamizaje [identificación de una enfermedad en individuos aún sin síntomas] habilitan tratamientos más efectivos y mejor pronóstico de sobrevida, confirma Pesce, que agrega que el hallazgo de lesiones precursoras también puede evitar el desarrollo de cáncer colorrectal. Para Verónica Pesce, directora del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, el documento “pone en valor recomendaciones que de distinta manera se vienen llevando adelante” en los países de la región, pero advierte que los déficits estructurales y socioeconómicos podrían limitar su cumplimiento. Solo en 2020, el cáncer causó 1,4 millones de muertes en las Américas, con cuatro millones de casos estimados, que podrían aumentar a seis millones en 2040.

En contraste con estas teorías, otras teorizan la desigualdad subnacional no como expresión espacial de otros tipos de desigualdades, sino como producto de las instituciones mismas que dividen el país en unidades políticas y administrativas como estados o departamentos. Según estas perspectivas, instituciones ancladas en las divisiones subnacionales tales como el federalismo, las transferencias interregionales, el malapportionment, y los sistemas de partidos centrífugos contribuyen a espacializar la discriminación y a producir diferenciaciones espaciales en el desarrollo económico y social (Beramendi 2012; Rogers 2021). Esto implica que casi uno de cada tres trabajadores en Chile no cuentan con cotizaciones de salud ni con previsión social (en el caso de los trabajadores asalariados), o que sus actividades no están registradas en el Sistema de Impuestos Internos (para los trabajadores por cuenta propia). La informalidad laboral también impacta a los grupos más vulnerables como a las mujeres, que tienen tasas de informalidad más altas que los hombres (30% vs. 27,5% de los hombres) y a los trabajadores jóvenes (casi un 40% del empleo joven en Chile es informal).

Las del organismo para América Latina son dramáticas, las caídas del Producto Interno Bruto (PIB) en la región serán en promedio de un 9,1% este 2020, con disminuciones del 9,4% en América del Sur, el 8,4% en Centroamérica y México, y el 7,9% en el Caribe. Por su parte, Brasil, Paraguay, México, Costa Rica y República Dominicana tuvieron mejorar en la distribución de sus recursos. Con relación a la desigualdad, el informe asegura que aumentó entre 2019 y 2020, rompiendo una tendencia decreciente que venía desarrollándose desde el año 2002, pero que ya en la década de 2010, ya había perdido el ritmo de forma progresiva. Por otra parte, Chile, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, sufrieron aumentos de pobreza entre tres y cinco puntos porcentuales. Bolivia, México y República Dominicana tuvieron un crecimiento de menos de dos puntos porcentuales.

Cualquier esfuerzo viable para remediar estos males tendrá que evitar que la historia se repita y combinar las mejores ideas de la izquierda, el centro y la derecha del arco democrático. Ese concepto está lejos de ser una solución socialista, ya que incluso el FMI ha reconocido recientemente la necesidad de aumentar los impuestos sobre la renta personal y las ganancias corporativas en muchos países. Incluso antes de la pandemia, muchos países latinoamericanos ya padecían de una insuficiencia de recursos. En el 2018, la recaudación fiscal en la región promedió 23,1 por ciento del PIB, en comparación con un promedio de 34,3 por ciento para países de la OCDE. Ese mismo año, la tasa promedio del impuesto a los ingresos para los mayores contribuyentes latinoamericanos fue de apenas 26,7 por ciento.

La oportunidad de América Latina posterior a la disaster será construir una sociedad más igualitaria y mayor cooperación entre países de la región, también una región más moderna y digitalizada. Este artículo responde a esta pregunta desde el enfoque interseccional y sus metodologías cuantitativas. Así, partimos de comprender lo subnacional como un atributo o categoría social que interactúa con el género, la etnia y la condición de ruralidad para producir variaciones en marginaciones y privilegios. A partir del análisis de la distribución en la tasa de analfabetismo o escolaridad en grupos compuestos por la intersección de estos atributos, concluimos que las brechas étnicas, de género, y urbano-rurales se agravan y atenúan en unas regiones, y que a veces estas brechas tienen importantes variaciones regionales, y otras veces no. En conclusión, si bien los tres países tienen brechas regionales similares en el agregado, el análisis desagregado por intersecciones de categorías refleja unas tendencias muy distintas. En Perú hay muy poca variación regional, incluso en las categorías en mayor desventaja, y la brecha se ha reducido a una mínima expresión en 2017.

En Perú el analfabetismo rural es 5.four veces superior que el urbano en ambos años, y la reducción en 10 años es insignificante, pues la tasa pasó del 19.6% al 17.9%. En Colombia el analfabetismo rural es three.eight veces el del urbano en ambos años, pero la reducción ha sido más significativa, pues éste pasó del 18.8% al 11.7%. En Chile el porcentaje de los que no han tenido educación básica en el sector rural es 2.6 veces el del sector urbano en 2007 y 2.3 veces en 2017. La diferencia urbano-rural es menor en Chile que en los otros países y la magnitud de la brecha se ha reducido mientras que en los otros se ha mantenido constante. La expansión de la educación básica es América Latina es una de las políticas públicas que más ha impactado la reducción de la pobreza y la desigualdad (Lopez-Calva y Lustig 2010). Y si bien los avances han sido importantes, cuando miramos las diferencias de género, etnia, área y región subsisten importantes diferencias.

Y además, el efecto de dichas combinaciones cambia de un país a otro y varía significativamente en el tiempo. Esta noción, que se conoce en la literatura como la interseccionalidad (Collins 2015), ha tenido una atención insuficiente en América Latina (Solis et al. 2019) y sabemos incluso menos sobre la interacción entre desigualdad en la globalizacion lo subnacional y otros atributos como género, raza y ruralidad para producir un paisaje diverso de desventajas y privilegios. El análisis de cada categoría por separado nos muestra que en los países de América Latina los promedios esconden importantes diferencias entre géneros, etnias, condición urbana-rural y región.

Así lo sostuvo el Dr. Luis Reygadas, antropólogo y profesor de La Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, quien también impartió una charla sobre el mercado laboral de la Antropología. Solo unos pocos países parecen salir parcialmente airosos, en explicit Uruguay, gracias a “una combinación de instituciones sólidas, una estrategia de gobierno versatile y una consistente cultura cívica” (Daniel Chasquetti). Algunos países han podido aprovechar el impulso de sus exportaciones de productos médicos y los productos agrícolas. La CEPAL señala (p. 6) que Guatemala y Honduras se han beneficiado de las ventas de mascarillas y Costa Rica de las de equipos médicos, destinadas principalmente a Estados Unidos.

Las crisis económicas han sido momentos donde tanto la teoría como la política económica han cambiado radicalmente. A pesar de todos los efectos recesivos, las muertes y el empeoramiento en la calidad de vida; la disaster genera una oportunidad desigualdad en los derechos humanos de cambio en la política macroeconómica y laboral, con el objetivo de construir un mercado del trabajo que otorgue garantías mínimas a los trabajadores. Extender los sistemas de protección social frente al desempleo es una de las prioridades principales.

Esto va generando un impacto en la composición de dichas regiones, que con el tiempo tienen una mayor proporción de grupos tradicionalmente marginados como habitantes rurales y minorías étnicas. Se puede derivar de estas aproximaciones que la región o la unidad subnacional no tendría una fuerza causal independiente que produciría ventajas y o discriminaciones, sino que reflejaría los efectos del racismo, el sesgo urbano y los modelos de desarrollo económico que se concentran en su territorio. El término de “‘brecha digital”, que de acuerdo a Norris (2001), describe las desigualdades en el acceso a las TIC, ha venido cobrando relevancia en el contexto del a pandemia.

Aumentar los impuestos siempre ha sido políticamente difícil, pero hay precedentes de casos en que las élites latinoamericanas contribuyeron voluntariamente, convencidas de que la crisis lo exigía y confiadas de que el dinero se utilizaría para un fin loable. En el 2002, cuando el gobierno colombiano enfrentaba una disaster de seguridad y presupuesto, el presidente Álvaro Uribe construyó un consenso en torno a cobrar por única vez un impuesto de 1,2 por ciento sobre los activos líquidos de las personas más ricas. Uribe lo logró luego de celebrar numerosas reuniones con grandes  empresarios para explicarles la necesidad del impuesto, cuya recaudación se destinaría explícitamente a una causa específica y permitiendo que los contribuyentes monitorearan casi en tiempo real cómo se gastaban los recursos. En países donde los impuestos ya son altos, como Argentina y Brasil, tal vez será necesaria una reforma presupuestaria para asegurar que los recursos se destinen a prioridades como la salud, la educación y la infraestructura en lugar de prodigarlos en contratar más empleados estatales. Un buen ejemplo es la reforma previsional que realizó Brasil en el 2019 para reducir los opulentos beneficios que hacían insostenible a su sistema jubilatorio. Agrega que la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos hasta afectar a eighty three,four millones de personas, en tanto que se incrementarán las desigualdades en un región caracterizada por la inequidad, y que los peores resultados se prevén en las economías más grandes de la región.