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Las Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, solo pueden disolverse por acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría absoluta de los afiliados con derecho a voto. Una vez reestructurada la directiva, por cualquiera de las causales ya señaladas, se debe depositar en Secretaría Municipal, copia del libro de actas firmado por el presidente, secretario y tesorero, copia del registro de socios actualizado; nómina de los asistentes a la sesión; copia de la o las renuncias de los directivos en caso que no haya sido presentada anteriormente organizaciones con fines y sin fines de lucro en secretaría municipal. El presidente o secretario de la organización deberá adjuntar a la secretaría municipal fotocopia del acta de la asamblea realizada con el resultado de la votación, con indicación clara de los votos a favor y en contra de la medida en cuestión, además de una fotocopia del recibo de la carta certificada que se envió al dirigente censurado. En el evento que la Directiva se encuentre vencida, lo que se sugiere es que la organización se ponga de acuerdo y se convoque a una asamblea extraordinaria para elegir a la comisión electoral.

En consecuencia, la concept de asegurar el financiamiento público de las OSCs como una responsabilidad del Estado se funda en la debida articulación de los principios indicados y en reconocer la primacía del amparo, en el sentido de la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil. De acuerdo con los datos disponiles, en los años recientes la mayor parte del financiamiento de las OSCs en Chile ha estado constituida por transferencias del sector público (46% de los ingresos) y por franquicias (18%). El 36% restante proviene de ingresos propios, como cuotas de asociados y prestaciones de servicios(Irarrázaval y otros,2006).

• Proponer a la asamblea, en el mes de marzo, el plan anual de actividades y el presupuesto de ingresos y gastos. La Secretaría Municipal puede extender certificados provisorios de vigencia y de Directorio, los cuales pueden ser solicitados por cualquier miembro de la organización, a partir del depósito de los antecedentes del proceso electoral. Si se produjera un empate, prevalecerá la antigüedad en la organización comunitaria, y si éste subsiste, se procederá a sorteo entre los empatados. La elección será directa, secreta e informada y cada socio afiliado tendrá derecho a votar por un solo candidato. • Sobre la base del libro de socios actualizado se confeccionará el padrón o nómina de socios con derecho a voto y aquellos con derecho a ser candidato.

El dirigente titular que renuncie, será reemplazado por el director suplente que esté primero en el orden establecido de acuerdo a la votación obtenida. Si el proceso eleccionario es impugnado, y el Tribunal Electoral no indica de manera expresa lo contrario, la Directiva electa puede llevar a cabo todas las actuaciones que por ley y estatutos se le permiten, mientras dure el juicio de impugnación, el cual termina, como regla basic, con la sentencia que pronuncie el tribunal. Las reclamaciones a los procesos eleccionarios deben presentarse ante el Tribunal Electoral Regional, quien conocerá y resolverá las reclamaciones que cualquier vecino/vecina afiliado/a a la organización presente. En este caso, se sugiere que se convoque a una Asamblea Extraordinaria, ya sea por la Directiva saliente, por la Comisión Electoral si ya está constituida, o por al menos el 25% de los socios.

Especial atención merece en todo caso el modelo del referido Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge en buena medida las recomendaciones de Naciones Unidas sobre instituciones autónomas de derechos humanos como issue elementary que asegura el management sobre la acción de los gobiernos. La analogía que puede establecerse es que la noción de derechos humanos, de modo related a la de “sociedad civil”, es irreductible a su absorción, mimetización o manipulación dentro o por el Estado sin que se produzca su inmediata desnaturalización y consecuente deslegitimación. Aunque las concreciones institucionales suelen estar lejos de la perfección,  cabe aspirar a que en materia de expresión genuina de la sociedad civil ocurra lo que también se espera, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, deportes, ciencia o cultura, esto es, que el Estado no desnaturalice o corrompa su desarrollo autónomo.

De esta manera, incorporamos lo ch’ixi no sólo como recurso teórico y epistémico sino también como parte de nuestro método de investigación, aspecto que se explica y queda plasmado en la elaboración final de la escritura de los resultados. Desde la ocupación de una infraestructura en desuso en un barrio de Valparaíso, en sus inicios las labores se orientaron a cubrir apoyo psicosocial a jóvenes infractores de ley y luego hacia la juventud en basic del mismo vecindario por medio de talleres artístico-musicales, escuelas alternativas, prácticas ecológicas, campamentos de verano y salud comunitaria. Se compone por unas 15 personas activas que habitan el mismo barrio y sus edades fluctúan entre los 16 y los 36 años.

Y Cunill N., [eds].(2000), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Paidós – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Buenos Aires. En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Por su seguridad su sesión ha sido finalizada al excederse el tiempo máximo de inactividad con la plataforma.

Este programa está dirigido a personas jóvenes y adultas mayores de edad de la comunidad, que no han iniciado o no han completado la enseñanza básica o media, y tiene como objetivo facilitar el acceso a instancias de nivelación y con ello mejorar su empleabilidad e incrementar su calidad de vida. El programa está orientado a organizaciones de base y interesadas en preservar, restaurar y hacer un uso sustentable de la biodiversidad de los ecosistemas presentes en su localidad, garantizando su disponibilidad para las futuras generaciones. Las actuales demandas del país le dan más sentido que nunca

Los relatos orales de estos colectivos fueron grabados, transcritos y luego sometidos a un análisis de contenido categorial temático. En forma inductiva, los datos textuales fueron codificados en unidades que luego agrupamos en categorías considerando similitudes y semejanzas entre los datos empíricos en función de las coordenadas trazadas por los objetivos de la investigación. Así, a través de analogías interpretativas emergentes de los datos manifiestos se propone obtener significados que sobrepasen dichos datos, lo cual permite realizar lecturas sobre las condiciones de su producción (Vásquez, 1994). A continuación, presentamos una breve descripción de la vida de estas cuatro organizaciones hacia fines del año 2014. Desde una aproximación de tipo cualitativa optamos por una metodología abierta a adaptaciones obedeciendo al deseo de abordar las perspectivas contingentes a las situaciones que atraviese el proceso de la investigación (Martín-Crespo, & Salamanca, 2007a). Los casos presentados son de tipo teórico, en tanto seguimos criterios elaborados en función de las coordenadas teóricas que fundamentaron los objetivos y preguntas de la investigación (Martín-Crespo, & Salamanca, 2007b).

Esta ley ha sido replicada con variantes en diversas Autonomías y sirve de marco basic para la cooperación entre el Estado y las OSCs, la provisión de servicios de interés público por parte de estas, de acuerdo con un amplio concepto de políticas públicas que deja espacio a su desarrollo con autonomía y flexibilidad creativa. Esta normativa se complementa con el Real Decreto-ley Nº 7, de reciente dictación (2013), que trata de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y que, entre otras cosas, regula el reconocimiento de las “entidades del tercer sector colaboradoras de la Administración common del Estado”. La integración sistémica de esta normativa se puede comprobar toda vez que se consideran como “actividades de interés general”, requisito esencial para el referido reconocimiento, las previstas en el artículo four de la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado. Una objeción previsible y fundada, por cierto, en un riesgo evidente, es que un esquema tal de Consejo de Participación Ciudadana y de Fondo de Fortalecimiento respectivo “institucionalice” y burocratice (en sus peores versiones), o funcionalice o seize en provecho del gobierno de turno o de segmentos particulares en el Estado, el fenómeno y los agentes sociales eminentemente independientes, irreductibles y “líquidos” de la sociedad civil.

A continuación se debe proceder a la elección del directorio de la nueva organización, lo cual debe tener lugar dentro de los 10 días siguientes de celebrada la última asamblea. A través de la implementación de esta política pública, la organización podrá acceder de manera directa a asesorías técnicas, capacitaciones y acompañamiento personalizado a su gestión, además de formar parte de una pink organizacion sin animo de lucro que es de puntos de cultura comunitaria regional, nacional e internacional, a partir del programa internacional IberCultura Viva. La invitación a sumarse al Registro de Puntos de Cultura Comunitaria se extiende a organizaciones vecinales, funcionales y territoriales; o pertenecientes a pueblos originarios y/o folclóricas, que estén vinculadas al ámbito de la cultura y que desarrollen prácticas socioculturales.

Dicho Consejo deberá elaborar un informe anual, periódico, sobre el estado del ejercicio del derecho a la participación y sobre la vida organizacional ciudadana en el país, uno de cuyos productos será el “Índice de Participación Ciudadana” que, con metodologías asentadas por las recientes experiencias de observatorios y auditorías sociales y de derechos, dé cuenta y evalúe los avances y dificultades en la materia, así como la difusión de buenas prácticas colectivas. Al efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en su Informe de 2012, reafirma el derecho de acceso a financiación y recursos de las asociaciones, y que esta posibilidad “es parte integrante y vital del derecho a la libertad de asociación”. Por tanto, todas las asociaciones, estén o no registradas legalmente, “deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales.” (Informe 2012, Relator ONU). El creciente protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) es un fenómeno global (Salamon y otros, 2004)que, particularmente en América Latina, ha ido de la mano del proceso de democratización política. La configuración del Estado democrático no se concibe hoy en día sin la participación de las OSCs, las que en los más variados contextos han asumido un papel protagónico en la promoción de derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho (Seoane y otros, 2003).