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Repositorio Bibliotecas Udec: Efecto De La Cohesión Social Sobre La Relación Entre Desigualdad Económica-social, La Violencia Interpersonal Y La Calidad De Vida, En Población Urbana De Las Comunas De La Ex Región Del Biobío

Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas porque restringen la habilidad cognitiva y no cognitiva. Según un estudio del Economic Policy Institute sobre niños y niñas de guardería del año 1998 y 2010, hay un hueco de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y más alto que persisten entre ambas clases. Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos. Sin estos éxitos, no habrá buenas perspectivas económicas en el futuro lo que conduciría a una falta de movilidad social. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención.

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En explicit, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza materials es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas.

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Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Se buscó determinar si para el análisis de desigualdades territoriales a nivel intra-regional resulta ventajoso utilizar una concepción teórico-metodológica del territorio según mercados laborales locales en vez de delimitaciones político-administrativas, analizando concretamente el caso de la región de Los Lagos, del sur de Chile. Se fundamenta una tipología territorial en base a mercados laborales locales que posteriormente se utiliza para analizar desigualdades territoriales de ingreso económico, nivel educativo, clase social y asociadas a adscripción étnica. En todas las variables consideradas la tipología propuesta permite evidenciar desigualdades que permanecen subsumidas en los análisis que utilizan las delimitaciones de acuerdo a criterios político-administrativos.

Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras. Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer desigualdad social en america latina las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular.

También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». La primera declaración sobre los derechos del niño data de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.

Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro.

Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible.

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A partir del 1 de octubre 2023, los autores/as conservan sus derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de primera publicación de su obra, la que estará simultáneamente sujeta a la Licencia CC BY-SA four.0 (Ver declaración de Acceso Abierto). Para hacer visible este problema, desde Good Neighbors Chile hemos preparado una recopilación de datos alarmantes sobre la desigualdad educativa y la pobreza en Chile. Los trabajos publicados son libres de distribuir y difundir en las mismas fuentes siempre que cite correctamente la fuente de publicación y estos actos no tengan fines comerciales. La publicación se distribuye bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC- 4.0).

Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. Y continúan su explicación enumerando los factores intraescolares como el pobre rendimiento académico, la repitencia, el ausentismo y los problemas disciplinarios o conductuales que se asocian con mayores probabilidades de abandono escolar según la amplia evidencia empírica existente. Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa.

Los y las autores mantienen la propiedad intelectual, y el derecho a copia lo pueden ejercer libremente solicitándoseles sólo la deferencia de indicar fuente de publicación authentic. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster a través de recursos descargables. Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional.

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Por otro lado, por la propia configuración de la sociedad internacional de la época y la poca práctica en lo que se refiere a la cooperación internacional, aspecto que cambiará significativamente tras la Segunda Guerra Mundial. Motivo que, a lo largo de la historia de las relaciones internacionales, ha ocasionado no solo el debilitamiento de numerosos esquemas de cooperación e integración sino también el fracaso y abandono de modelos de acercamiento entre los Estados que componen la sociedad internacional. En primer lugar, desde la aparición de las incipientes Organizaciones internacionales se plantea, bien de manera expresa bien de manera tácita, el reconocimiento de la personalidad jurídica a estos entes internacionales. Este aspecto ha estado siempre presente en la sociedad internacional, siendo así que muchos autores definieron a la Comisión del Rin como una verdadera Organización internacional lo que llevaría implícito la atribución a este ente de derechos y obligaciones. Con independencia de la aceptación generalizada o no de este elemento en las primeras Organizaciones internacionales, las competencias que estas poseen nos demostrarán, con el paso del tiempo, que contaban con personalidad jurídica propia distinta de la de los Estados que las integraban. Por todo, aunque la Sociedad de Naciones suponga el origen de una definición sobre la personalidad jurídica aceptada en la sociedad internacional, esta definición tendrá una naturaleza y alcance limitados que tan sólo se ampliarán con la posición que asume el Tribunal Internacional de Justicia en su Dictamen de 1949.

Hablar del espacio y planeación que se le otorga a la comunicación de crisis dentro del ámbito organizacional resulta un tabú en la actualidad. Bajo esta perspectiva, la comunicación corporativa, institucional y/o gubernamental de las organizaciones, se enfrenta cada vez más a diversas situaciones que requieren un arduo trabajo de construcción de mensajes clave y de discurso. En este contexto, tanto las empresas privadas como las instancias públicas resienten el manejo de su comunicación, sobre todo cuando enfrentan situaciones de riesgo que fácilmente pueden elevarse al nivel de una crisis. Pueden ser miembro de la Comunidad Organizaciones Solidarias organizaciones sociales sin fines de lucro, que tengan al menos dos años de personalidad jurídica, cuya misión sea el servicio a personas en situación de pobreza y/o exclusión. Es el representante pure e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción.

El origen inmediato de las Organizaciones internacionales, desde la perspectiva contemporánea, se podría situar en el Congreso de Viena de 1815, momento en el que se constituyen las denominadas Comisiones fluviales con la intención de regular conjuntamente los ríos internacionales por los Estados que conformaban la sociedad internacional de la época (Bradley, 2013, p. 98). Así lo expresó Pardo Segovia (1998, p. 172)1, para quien “el Acta Final del Congreso de Viena del 9 de junio de 1815 aseguró la libertad de navegación, definió los ríos internacionales y los rasgos generales de su regulación jurídica e instituyó el sistema de Comisiones”. Concretamente, con el Congreso de Viena aparece la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR), que durante algún tiempo será la única Organización propiamente dicha de la sociedad internacional. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, surgirán otras muchas Comisiones fluviales internacionales de carácter técnico. Ahora bien, como ocurrirá en el caso de las Uniones administrativas y con el fenómeno de las Organizaciones internacionales en basic, no todas estas Comisiones contribuirán del mismo modo a la formación del principio del reconocimiento de la personalidad jurídica a las Organizaciones internacionales (Cruz Miramonte, 1978, p. 114).

Desde el 2014 hasta el año 2020, ejerció labores como asociada senior en el equipo de medio ambiente y recursos naturales de Ferrada Nehme, prestando asesoría estratégica en evaluación de proyectos del Sistema de Evaluación Ambiental, reclamaciones administrativas, reclamaciones ante los tribunales ambientales, fiscalizaciones e incentivos al cumplimiento, entre otros. Anteriormente, prestó asesorías jurídicas al Ministerio del Medio Ambiente en proceso de generación de instrumentos de gestión ambiental y en la elaboración de propuestas legislativas, en ambos casos con especial énfasis en aquellas que inciden en los territorios ambientalmente vulnerables. Además, destaca su participación en la elaboración del HandBook «Restoration of mediterranean wetlands. A information for decision-makers». Desde enero de 2018 se desempeñó como profesional de apoyo del Departamento de Planes y Normas de la Subsecretaría del Medio Ambiente, apoyando en la gestión de documentos, elaborando bases de postulación, términos de referencia y seguimiento de procesos del Programa de Recambio de Calefactores. En 1993, Estados Unidos llevó a cabo la primera reunión de los líderes APEC (jefes de gobierno) en Blake Island (Seattle) a fin de dar más ímpetu a la liberalización del comercio y la cooperación y un compromiso al más alto nivel.

Las amplias competencias que los Estados estaban dispuestos a otorgar a la Organización internacional sobre el río Congo, les llevaría a reconocer la personalidad jurídica a esta Institución con el objetivo de que pudiera cumplir, de manera efectiva, sus funciones. En palabras más claras “[…] dans l’exercise de ses attributions, cette commission ne dépendra pas de l’autorité territoriale. En vue de subvenir aux dépenses methods et administratives qui lui incombent, celle-ci pourra négocier, en son nom propre […]” (Twiss, 1885, pp. 213 y 214). Este hecho hace que podamos distinguir entre el fenómeno de las Comisiones fluviales en su conjunto y aquellas organización política ejemplos Comisiones fluviales que, de manera específica, suponen un adelanto en el reconocimiento de la subjetividad de las Organizaciones internacionales. En suma, la afirmación y reconocimiento, aunque de manera aislada y puntual, de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales constituye un tema clave en las relaciones internacionales y fomenta, sin género de dudas, una posible clasificación de las distintas formas de cooperación que surgen a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. La comunicación gubernamental, como ya se refirió, está vinculada con las actividades del sector público que, aunque son diversas por naturaleza, forjan lazos con la comunidad.

Con más de 15 años de experiencia en Medio Ambiente, comenzó en el año 2004 como Profesional del equipo coordinador del Plan de Acción para la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Desde el año 2010 se desempeña en cargos relativos a la gestión de personas como coordinador de sección de mantención del Departamento de Recursos Humanos en el Ministerio de Salud, analista Departamento de Recursos Humanos en el Ministerio de Energía y desde el año 2015 como jefatura de la sección de gestión de private en la Subsecretaría del Medio Ambiente. Desde 2013 hasta la fecha se ha desempeñado como jefatura de la sección de Operaciones y Logística de la Subsecretaría del Medio Ambiente, elaborando instructivos, registros y documentos relacionados con las actividades de instrumentación y calibración, certificación de estaciones de monitoreo por el Centro de Expertise en Análisis Medioambiental de Quebec (CEAEQ), entre otras labores. Anteriormente, trabajó en el laboratorio de instrumentación y calibración – pink de monitoreo calidad del aire de la SEREMI de Salud RM. Un imperativo para avanzar en mayor justicia tributaria es reducir los casos excepcionales o los espacios para eludir, en esta iniciativa se consideran varios cambios a la legislación tendientes a fortalecer normas antielusión sobre tasación, gastos rechazados, precios de transferencia, entre otras, todos en línea con los lineamientos internaciones en este materia. En cuanto a transparencia, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se creará un registro de beneficiarios finales.

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Con todo es posible afirmar que los orígenes de las organizaciones internacionales y de la configuración de la personalidad jurídica de estos entes tienen una marcada índole europea-americana. En relación con la formación de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales podemos hablar así de tres fenómenos. Por un lado, la contribución del continente europeo mediante la constitución de las Comisiones fluviales y las Uniones Administrativas. Por otro lado, la aportación del continente americano con la elaboración del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, primero y la conformación de la Unión Panamericana, después.

A partir de Octubre de 2010 se ha comenzado a presentar en el sitio internet de DIPRES información asociada a la gestión presupuestaria de las empresas públicas. Planificación La principal función del organizaciones sin fines de lucro ong Gobierno Regional Metropolitano es elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que se deberán ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.

Primero, el desarrollo y el reconocimiento real de la personalidad jurídica a la Comisión Danubio supera, sin género de dudas, el grado de consolidación de la Comisión del Congo en la Sociedad internacional de la época. Las propuestas internacionales de crear Comisiones fluviales sobre los ríos Congo y Níger, suponen una ruptura, al menos teórica, al exclusivismo europeo en lo que se refiere al proceso de conformación de las Organizaciones internacionales y su reconocimiento como sujetos del Derecho Internacional. Otros continentes, como el americano y el africano, serán testigos y contribuirán activamente, al aumento de formas de cooperación institucionalizadas. Simultáneamente los medios de comunicación hicieron eco constante del discurso poco sustentando y lo reprodujeron a través de sus notas; esto provocó información cambiante sobre la existencia o no de “la niña Frida Sofía” y un desgaste ante la opinión pública tanto de la SEMAR como de Televisa, que fue el medio más secundante de la historia. Ahora bien, el estudio del fenómeno de las Comisiones fluviales nos demuestra que se trata de una práctica básicamente europea. La mayoría de las Comisiones fluviales que surge a lo largo del siglo XIX no solo tiene lugar en el continente europeo, sino que, además, está integrada por Estados europeos.

Por su parte, Grant et al. (1998) describen al discurso organizacional como “el lenguaje y los medios simbólicos que empleamos para describir, representar, interpretar y teorizar lo que tomamos por facticidad de la vida organizacional” (citado en Ocampo, Gonzáles y Gentilin, 2016, p. 19). Así, esta investigación aborda el planteamiento de la comunicación gubernamental responsable a partir del caso mencionado y de la técnica de análisis del discurso, centrado en los voceros institucionales, por lo que a continuación se expone el discurso como un punto de partida. La comunicación responsable o la responsabilidad dentro del ejercicio comunicativo gubernamental se traduce, en palabras de Orozco y Ferré (2013, p. 5), como el tipo comunicación que “permite una relación más estrecha y comprometida con los públicos y en donde la transparencia es la base del diálogo, dejando de lado anteriores prácticas de comunicación unilateral”. Sin embargo, como explica (Amorós, 2018) esto no sólo le sucede a medios recién creados o a redes sociales, las Fake News han atrapado a medios de comunicación de importante reconocimiento, como el New York Times, ante lo que resta preguntarse lo vulnerable que podría ser cualquier otro medio informativo, o la propia sociedad, ante casos de alta incertidumbre o disaster como el terremoto de 2017. Así, el mito del rescate de “Frida Sofía” se originó por una cadena de informaciones fragmentadas que ninguno de los medios que cubrió el suceso fue capaz de corroborar o descartar con base en las fuentes oficiales.

La voluntad de conservar la preciada soberanía por parte de los Estados supone, también en el continente americano, un retroceso, o al menos, un obstáculo a la hora de desarrollar mecanismos de cooperación internacionales y, sobre todo, de reconocerle a estos mecanismos personalidad jurídica internacional. Tanto la Comisión del Rin como la Comisión del Danubio se han definido en numerosas ocasiones por parte de la doctrina iusinternacionalista como las dos instituciones por excelencia de la sociedad internacional de mediados del siglo XIX. Sin embargo, la primera de ellas, a diferencia de la segunda, no supondrá un avance inmediato, al menos en aquel momento histórico, en lo que se refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica de las Organizaciones internacionales. Esto se explica tanto por el carácter prematuro con el que aparece la Comisión Central para la Navegación del Rin, constituida en el Congreso de Viena de 1815, como por la falta, en aquel momento histórico, de una definición generalmente aceptada de lo que se entendía por personalidad internacional de las organizaciones y la limitada estructura que caracterizaba a esta Comisión fluvial. Entre estas, podríamos señalar a la Comisión Europea del Danubio (CED) y también a la finalmente inoperante, Comisión del Congo (Reinalda, 2009, p. a hundred and ten; Bowett, 1982, p. 7; Bovard, 1950, p. 45). Profundizaremos, así, en dos Organizaciones que a pesar de contar con elementos comunes, al enmarcarse ambas dentro del fenómeno de las Comisiones fluviales, presentan ciertos rasgos característicos.

El Gobierno Regional es un organismo autónomo que se encarga de la administración superior de la región, se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio. Su principal labor es la planificación y la confección de proyectos que impulsen el desarrollo económico, social y cultural de la Región Metropolitana, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad. Las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas de Orden y Seguridad están integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Estas constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.

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Las sólidas políticas macroeconómicas de Chile permitieron que los desequilibrios provocados por la pandemia de COVID-19, como los altos déficits y la inflación, se controlaran. Las restricciones fiscales y monetarias estabilizaron la economía, pero frenaron el crecimiento en 2023. El país procura lograr un crecimiento más rápido, más ecológico y más inclusivo, y las reformas en los ámbitos de la productividad, la tecnología, la competencia y el desarrollo del capital humano son cruciales para lograr este objetivo. Por último, uno de los puntos más oscuros de la desigualdad social tiene que ver con la incertidumbre, específicamente la laboral, que es la que determina todo lo demás para las personas de escasos recursos. “Del universo de trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía en un período de 11 años, aquellos que partieron en un trabajo de bajo salario tuvieron empleo formal y con contrato indefinido menos de un 30% de esos 132 meses y tuvieron en promedio casi 10 empleadores. Quienes partieron en un trabajo de alto salario estuvieron en esa situación más de un 72% de los meses y tuvieron en promedio menos de cinco empleadores.

En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un 3,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural era analfabeta y un three,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo era, seguidas de cerca por un four,9% de los hombres. Para 2015 se observa un buen progreso en las personas del área rural, ya que un menor 7,8% no sabe leer ni escribir, así como un 3% de las personas de la ciudad; este año, hay un 3,3% de mujeres analfabetas, seguidas muy de cerca por un 3% de los hombres. Mientras en regiones como Tarapacá y Magallanes, el analfabetismo no alcanzó al 1% de la población, en Los Ríos, La Araucanía y el Maule, superó el 4%, develando una tarea pendiente en estas regiones, principalmente con su población rural. Para la mayoría de las regiones, hay un mayor porcentaje de mujeres analfabetas que de hombres, a excepción de las regiones de Tarapacá y O’Higgins.

Como resultado del informe realizado por el United Nations Development Group (2013), se indicó que las personas percibían la desigualdad como una barrera estructural que no les permitía alcanzar su máximo potencial, creando sentimientos de frustración y exclusión. Además, el informe declara que el asunto de la desigualdad salió a la luz dentro de varios otros tópicos consultados, como el de salud, el medioambiente donde habitan, brechas de género, entre otros. De esta forma, se reafirma la multidimensionalidad de la desigualdad económica, presentada anteriormente, la cual no solo está rela-cionada a los ingresos que perciben los individuos de una economía, sino que hay una variedad de particularidades a considerar para eliminar las formas más extremas de esta. Ahora bien, muchos de estos factores, ex-ante o ex-post, que influyen en la desigualdad económica, pueden ser aumentados o disminuidos por las acciones públicas de los gobiernos 2 . Sachs (2015) concluye firmemente que el rol de estos mismos es elementary a la hora de fomentar o mermar la desigualdad. Por ejemplo, si los gobiernos utilizan los ingresos públicos para beneficiar a una pequeña porción más aventajada de su población, entonces estarían fomentando la desigualdad económica, pero si, por el contrario, utilizan estos mismos para dar acceso a la educación o salud a quienes más lo necesitan, entonces estarían potenciando la reducción de estas disparidades.

Hasta el año 2013, además, estuvo a cargo de realizar el proceso de ajuste de las variables de ingresos a la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (proceso que deja de efectuarse en el marco de la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos establecida en enero de 2015). La medición de pobreza por ingresos identifica al conjunto de hogares cuyo ingreso total mensual no supera el valor de la línea de pobreza y que, por tanto, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer el consumo de un conjunto básico de bienes alimentarios y no alimentarios. Dentro del conjunto de hogares en situación de pobreza por ingresos, además, se identifica a un conjunto de hogares en situación de pobreza extrema, que corresponde a hogares que cuentan con ingresos inferiores a 2/3 del valor de la línea de pobreza vigente.

En el país se están llevando a cabo algunos de los proyectos más innovadores de IFC, que incluyen autobuses eléctricos, productos especiales diseñados para promover la inclusión financiera, e hidrógeno verde. En el ejercicio de 2023, los nuevos compromisos de IFC alcanzaron un monto récord de USD 1700 millones, un aumento de casi el 200 % en comparación con el ejercicio anterior. Desde que Chile recibió en 1948 el primer préstamo para el desarrollo del Banco Mundial a un país fuera de Europa, ha continuado un proceso de aprendizaje conjunto para abordar los mayores desafíos del desarrollo. La apertura de la primera oficina en Santiago, en diciembre del 2017, ha permitido continuar fortaleciendo la colaboración con el país. El Grupo del Banco Mundial (GBM) ha respaldado el proceso de desarrollo de Chile durante más de 75 años, con una variedad de instrumentos que incluyen préstamos, seguros, donaciones, asistencia técnica e intercambio de conocimiento. Quisiera detenerme, sin embargo, en dimensiones que son más bien subjetivas de estas inequidades, y que también han sido analizadas por estos estudios.

Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo la desigualdad en la pandemia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún.

la desigualdad socioeconómica

Además, si bien Chile ha demostrado un carácter propositivo en materias migratorias, por ejemplo, a través del Instructivo Presidencial “Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria” (Gobierno de Chile, 2015), en este mismo se recalca la necesidad de una política pública y cuáles factores debiese considerar. Así, por la falta de un documento disponible que establezca una política pública en materia migratoria internacional ( De las Heras, 2016 ), y considerando que los documentos propuestos en el informe son de carácter privado, no es posible evaluarlos y, por lo tanto, no serán incluidos en esta investigación. No obstante, del complete de las veintiocho acciones públicas incluidas en el informe, esta es la única cuyos documentos no son de acceso público. No obstante, aunque con varios resultados positivos, esos quince años dejaron bastantes lecciones respecto del desarrollo y cómo debía enfrentarse. En otras palabras, “[e]n muchos lugares, el progreso no fue lo suficientemente sostenible ni equitativo para lograr las metas; en otros, el progreso se frenó o revirtió debido a desastres, conflictos, degradación ambiental o inestabilidad económica o climática” ( UNDP, 2016, p. 18).

Este patrón caracteriza a Chile y probablemente a otras sociedades latinoamericanas y es más pronunciado que en otros países del mundo. Probablemente, Chile no es el único, pero en el contexto chileno tenemos una forma de inmovilidad en que la persistencia de la riqueza es mucho más fuerte que la persistencia de la pobreza, y eso difiere de lo que encontramos en otros contextos. La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje.

20Lo no informado corresponde a especialistas que se desempeñan exclusivamente en el sector privado y son un 19% del total. 9Estos datos están validados por el Banco Mundial, ya que en su Base de Datos oficial se utilizan los mismos datos aportados por el Banco Central de Chile. 5La región número sixteen la desigualdad mata oxfam, Ñuble, se incorpora a partir de 2018, separándose de la región del Biobío.

Sin embargo, existe una amplia gama desigual de recompensas, las cuales son construidas socialmente (Hopkins & Kornienko, 2010). Por ejemplo, dos individuos que pudieron acceder a la misma educación profesional, en igualdad de condiciones ex-ante, obtienen luego el mismo puesto de trabajo, pero en diferentes empresas. Estas compañías ofrecen diferentes salarios, por el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, generando desigualdad de resultados para dos personas que tenían en principio igualdad de oportunidades.

Igualmente, este se compone de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que en conjunto trabajan para el logro exito-so de estos objetivos en Chile (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016; 2019). Este organismo publica en su sitio 6 , a su vez, las diferentes acciones públicas que se han realizado para cada uno de los objetivos, describiendo su aporte para estos fines determinados, como también informes sobre los avances en esta materia o diagnósticos previos y las resoluciones del Consejo. En los comienzos de la apertura al exterior, se justificó en la necesidad de tener algunas grandes empresas para competir internacionalmente. Sin embargo, se mantuvo la ausencia de una política regulatoria de la competencia y hasta hace muy poco imperaba la ley del más fuerte, con el desplazamiento de los con menor tamaño. El ex director del Banco Mundial, asegura que, si uno realiza un recuento de estas desigualdades, notará que tanto la alta concentración de ingresos como de empresas se sigue manteniendo a cabalidad, lo mismo que el debilitamiento del movimiento sindical. En esta línea, la máxima autoridad del país afirmó que “Los chilenos y chilenas hemos entendido que enfrentar estos desafíos tiene sus complejidades, pero por otro lado, es nuestra oportunidad y responsabilidad histórica.

La pobreza, aumentó por primera vez en veinte años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y four,3% en extrema pobreza). El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales. Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios, llega a su fin. Por más de cuatro años el equipo de periodistas de CIPER desmenuzó y rastreó sus redes de complicidad, protección y corrupción.

Repositorio Bibliotecas Udec: Programa Puente Como Estrategia Para La Superación De La Pobreza Desde La Perspectiva De Los Las Beneficiarios As

En Chile medimos la pobreza basados en los ingresos monetarios. Esto asume que pensamos que el ingreso es el mejor indicador de bienestar. Continuar leyendo… Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0. Uno de los avances más relevantes que han tenido las metodologías de medición de pobreza en los últimos 10 años es la posibilidad de medirla en dimensiones diferentes al ingreso. Mora, M.

Cada vez que una obra publicada en TS Cuadernos sea distribuida o transmitida por diversos medios, los autores y la revista mantienen los derechos de atribución (autoría y licencia). Toda derivación a partir de esta obra deberá citar la fuente además de ser compartida bajo los mismos términos. Los y las autores mantienen la propiedad intelectual, y el derecho a copia lo pueden ejercer libremente solicitándoseles sólo la deferencia de indicar fuente de publicación unique. Feres, J.C.

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Secretaría de Desarrollo Social.

Y Mancero, X. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Calvo, J.J.

la pobreza pdf

La inferencia científica en los estudios cualitativos. Alianza Editorial. Vigorito, A.

El desafío del análisis multidimensional de la pobreza. El Colegio de México. la pobreza en la república dominicana King, G., Keohane, R. Y Verba, S. El diseño de la investigación social.

9a Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO, Ciudad de México, 7-10 de junio. Martorelli, H. La sociedad urbana. Nuestra Tierra.

En cierto sentido, eleva el nivel de la discusión y sugiere que la sociedad sí puede interesarse y entender debates técniconormativos. Esto es basic para la definición de umbrales sociales que determinen quién es pobre. Ahora, ¿por qué con los mismos datos tenemos resultados diferentes?

Las estadísticas de pobreza en Uruguay. Vanoli, S., Fernández, T. Y Guevara, G. la pobreza como privación de capacidades Localidades corporativas y bienestar en el Uruguay del siglo XX [Ponencia].

Y Giraldez, C. Las necesidades básicas insatisfechas en Uruguay de acuerdo al Censo de 1996 [Documento de Trabajo]. Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Independiente de la razones que causaron esta diferencia en ambas estimaciones, la existencia de este debate es buena.

Machado, A. Y Vigorito, A. Pobreza, vulnerabilidad y desigualdades horizontales en la población adulta uruguaya. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Repositorio Bibliotecas Udec: Programa Puente Como Estrategia Para La Superación De La Pobreza Desde La Perspectiva De Los Las Beneficiarios As

Y Giraldez, C. Las necesidades básicas insatisfechas en Uruguay de acuerdo al Censo de 1996 [Documento de Trabajo]. Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Independiente de la razones que causaron esta diferencia en ambas estimaciones, la existencia de este debate es buena.

la pobreza pdf

Machado, A. Y Vigorito, A. Pobreza, vulnerabilidad y desigualdades horizontales en la población adulta uruguaya. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Y Mancero, X. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Calvo, J.J.

El desafío del análisis multidimensional de la pobreza. El Colegio de México. King, G., Keohane, R. Y Verba, S. El diseño de la investigación social.

La inferencia científica en los estudios cualitativos. Alianza Editorial. Vigorito, A.

Las estadísticas de pobreza en Uruguay. Vanoli, S., Fernández, T. Y Guevara, G. Localidades corporativas y bienestar en el Uruguay del siglo XX [Ponencia].

Cada vez que una obra publicada en TS Cuadernos sea distribuida o transmitida por diversos medios, los autores y la revista mantienen los derechos de atribución (autoría y licencia). Toda derivación a partir de esta obra deberá citar la fuente además de ser compartida bajo los mismos términos. Los y las autores mantienen la propiedad intelectual, y el derecho a copia lo pueden ejercer libremente solicitándoseles sólo la deferencia de indicar fuente de publicación original la pobreza relativa. Feres, J.C.

9a Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO, Ciudad de México, 7-10 de junio. Martorelli, H. La sociedad urbana. Nuestra Tierra.

En Chile medimos la pobreza basados en los ingresos monetarios. Esto asume que pensamos que el ingreso es el mejor indicador de bienestar. Continuar leyendo… Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0. Uno de los avances más relevantes que han tenido las metodologías de medición de pobreza en los últimos 10 años es la posibilidad de medirla en dimensiones diferentes al ingreso. Mora, M.

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Secretaría de Desarrollo Social.

En cierto sentido, eleva el nivel de la discusión y sugiere que la sociedad sí puede interesarse y entender debates técniconormativos. Esto es basic la pobreza estructural para la definición de umbrales sociales que determinen quién es pobre. Ahora, ¿por qué con los mismos datos tenemos resultados diferentes?

Repositorio Bibliotecas Udec: Efecto De La Cohesión Social Sobre La Relación Entre Desigualdad Económica-social, La Violencia Interpersonal Y La Calidad De Vida, En Población Urbana De Las Comunas De La Ex Región Del Biobío

A nivel de territorio chileno18, resulta interesante evaluar el IDH por regiones, lamentablemente, estos datos solo se encuentran disponibles para el año 2003 gracias al PNUD y Mideplan (2005). En la (Tabla 6) se puede apreciar que para el año 2003 los IDH más bajos correspondían a las regiones del Maule y La Araucanía, con un valor de 0,675 y 0,679 respectivamente. Resultados que actualmente podríamos comparar con los obtenidos por Bolivia y el Salvador, países con un nivel de desarrollo humano medio. Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como era de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, Coquimbo y Antofagasta. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule.

Abordar el desafío de reducir las desigualdades y la exclusión requiere, en primer lugar, entender sus causas, sus raíces históricas, sus formas de reproducción y sus consecuencias sobre la vida de las personas. Chile ha presentado gran progreso en las últimas décadas en lo referente a indicadores de salud, con cifras comparables con países desarrollados en cuanto a mortalidad infantil y basic. Sin embargo, igual como pasa con el crecimiento, estos logros no benefician a toda la población de la misma manera, existiendo diferencias a nivel regional. Este tipo de desigualdad suele crear malestar por parte de la ciudadanía y descontento hacia las autoridades públicas, a quienes se exige salud de calidad y para todos.

Es por esta repetición infinita de hechos, que los chilenos y chilenas nos damos cuenta que la precariedad de unos está vinculada al privilegio de otros. La matrícula en educación superior ha crecido rápidamente, y hoy muchos estudiantes son los primeros en su familia en graduarse de cuarto medio y acceder a la educación superior. Este proceso es positivo, porque aumenta el capital humano necesario para el crecimiento económico y provee oportunidades que antes no existían para sectores pobres.

La relevancia viene dada porque son precisamente estas personas que concentran altos niveles de ingresos, quienes adicionalmente ejercen una influencia importante en las decisiones y en el diseño de políticas que finalmente los terminan favoreciendo a ellos mismos. ¿Por qué ha habido tal cantidad de manifestaciones y protestas durante los últimos años en Chile? ¿Cómo es que temas tan diversos como el transporte, la educación, la salud, el sistema previsional, los derechos sexuales y reproductivos, la vivienda, la asamblea constituyente, el medio ambiente, and so on. han ido suscitado tanta adhesión en la ciudadanía? ¿De qué modo las desigualdades han erosionado los lazos sociales y han cuestionado la legitimidad de las instituciones en el país?

Uno de los factores decisivos a la hora de comprender la desigualdad en Chile es la permanente justificación cultural de la importancia de conservar ciertas concentraciones de poder (político o económico) en ciertos grupos específicos, siempre pensando en el bien del país. Desde el poder militar para conservar el orden, el poder eclesial para conservar la moral, hasta el poder de la clase política para preservar la estabilidad; Chile ha estado atravesado por hipótesis que justifican la acumulación de recursos como condición para la civilización. La ciudadanía ha sido vista como fuente de caos, animalidad, instintos, frente a la sabia razón que inspiraría a los grupos dominantes. Por su parte, el sociólogo afirmó que la gente antes del estallido social estaba menos tolerante o eran menos capaces de justificar una desigualdad de ingreso. Pero cuando hay mucha desigualdad la mayor parte de las personas que gana menos que el promedio, se moviliza. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje.

Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile», el que dio a conocer las enormes brechas que existen en nuestro país. No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas. En el mediano plazo, probablemente habrá que discutir elementos más estructurales del sistema de seguridad social, discusión que le corresponde a las instituciones políticas”.

Por ejemplo, respalda fuertemente un rol en salud y educación, pero no así en el caso de las telecomunicaciones. Esta comparación contrasta con el discurso de la –poco pluralista– prensa chilena, que suele poner las demandas de la ciudadanía como un ejemplo de irracionalidad, mientras que sitúa el pensamiento empresarial como ejemplo de cordura y pragmatismo. Primero, existe una distancia abismal entre las ideas políticas de la ciudadanía y de la elite económica. La ciudadanía quiere clases de organizaciones mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. 3Para que un análisis basado en encuestas de hogares con diseño muestral probabilístico tenga validez sobre la población objetivo, se debe usar un ponderador para la estimación de cualquier variable de interés, lo que da cuenta del número de personas de la población que representa un individuo encuestado.

de la desigualdad social

Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, publicado por el PNUD en junio de 2017. La variante chilena de la matriz republicana se fundamentó en un “pecado original” del republicanismo chileno. La república es instaurada por una oligarquía que, entre otros factores, gozaba de una fortaleza cultural enorme en medio de un país donde el siglo de las luces había pasado entre sombras. El siglo XIX chileno está marcado por sociedades literarias, por la Universidad de Chile, el Instituto Nacional, las escuelas normalistas, la redacción de las leyes, el diseño desde el positivismo de un país racionalista. Pero esta fuerza enorme en dirección de la razón, la ciencia, las artes y la religión al servicio de la república, tuvo (como decíamos) un vicio de origen. Se asumió que la ausencia de racionalidad y madurez de la sociedad chilena era tan brutal que, en tanto no fuera educada, la política no podía hacerse con la ciudadanía.

Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Por su parte, Romero puso el énfasis en cómo se ha abordado, desde el Estado, la dualidad de desigualdad y pobreza.

En la literatura económica, desde hace décadas, existe consenso en que un país o territorio no debe ser evaluado únicamente por sus indicadores económicos de productividad, sino que también por su capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad, ambos conceptos entendidos como males para una sociedad (Gasparini et al., 2014). Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo. Asimismo, el hecho de obtener un ingreso insuficiente es consecuencia de las desigualdades estructurales de un sistema económico (Macías, 2014).

En efecto, la investigación del Pnud, revela que el 41% de los chilenos experimentó “malos tratos” en el último año, lo que afecta mucho más a las personas de clase baja. “Las personas entienden que no tenemos todos que ganar lo mismo, y eso no genera un problema, pero una demanda mucho más potente de parte de la sociedad es el buen trato” en el comentario de una de las investigadoras. Así, pareciera existir un rol persistente y significativo de las instituciones históricas y el impacto de la historia colonial y formas culturales arraigadas de un país en su desempeño y desigualdad económica hoy (Acemoglu y Robinson, 2012). «Llevamos décadas diciendo que Chile en términos de distribución de ingresos, tenemos una alta desigualdad y no mejora incluso después de algunas medidas redistributivas. Del punto de vista de la desigualdad materials, está claro que no la hemos logrado podido revertir eso», detalla Méndez.

En vez de alimentar y construir instituciones cada día, debemos asumir que ellas son eternas e inmutables, siempre perfectas y por tanto los ciudadanos pueden prescindir de su libre albedrío gracias a un marco institucional que les trasciende y que guarda una sabiduría esencial. El ciudadano imperfecto retrocede (es decir, debe retroceder) ante la evidencia de un orden superior. En Chile, los ingresos públicos y el gasto público son relativamente reducidos si se les compara con países de la OCDE. Los fondos del Estado para financiar estas políticas son limitados, y si queremos expandirlas, probablemente tendremos que depender de un gasto público que sea no sólo más eficiente, sino que mayor.

Según el informe anual sobre desigualdad de Oxfam Internacional, las mil personas más ricas del mundo solo tardaron nueve meses en recuperar sus fortunas durante la pandemia, mientras que podría pasar más de una década antes de que los menos afortunados se recuperen. La desigualdad, dicen académicos, tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales. Pensando desde una perspectiva histórica del malestar, la disaster de 2011 es una crisis muy relevante, pues la promesa neoliberal era superar las determinaciones históricas del modelo cultural hacendal. El nuevo modelo concentró nuevamente los recursos en pocas manos, pero con un fundamento y operación diferentes. La crisis de organización planteada por los movimientos sociales en contra de diversas formas de injusticia marca una herida con todo un continuo histórico de concentración de poder que parece estar en una condición de cuestionamiento severo. En este contexto los discursos del esfuerzo, las oportunidades y la meritocracia han quedado completamente deslegitimados.

Es decir, se postergó el ejercicio del poder deliberativo de los ciudadanos hasta nuevo aviso y, mientras tanto, se asumió que el management y diseño del país debía residir en las instituciones. “Dejar que las instituciones funcionen”, frase que transformó en emblema Ricardo Lagos, es un resabio claro de la forma autoritaria que adquirió en Chile el republicanismo. Los ciudadanos deben “dejar” su poder en otro sitio, es decir, prescindir de pronunciarse y ceder su acción a las instituciones y su funcionamiento.

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Educarchile, el portal de la educación chilena, es producto de un convenio de colaboración mutua entre Fundación Chile y el Ministerio de Educación de Chile. Utilizar el insumo preocupándose del audio y la visualización antes de la clase, se propone su uso para el desarrollo de la clase con el fin de que desarrollen un argumento diferente de porqué es importante respetar los derechos humanos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Panorama del empleo informal en Costa Rica Caracterización al IV Trimestre 2015. Recuperado de sistemas.inec.cr/pad4/index.php/catalog/167/download/1651. Material educativo orientado a activar instancias de aprendizaje que estimulen el intercambio y la reflexión sobre el pasado y presente, generando acuerdos y lecciones de futuro para una mejor…

Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores. Por lo tanto ciertas prácticas arquitectónicas podrían ser entendidas como «el arte de la desigualdad». El 8 de octubre 2019 en el programa matinal Mucho Gusto, el presidente Sebastián Piñera expresaba que «en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo». Diez días después ocurre el popularmente llamado “estallido social”, siendo una de las principales banderas de lucha la desigualdad social. Susanne Schindler | | Dipl.-Ing., University of the Arts, Berlín.

Los principios subyacentes al desarrollo inmobiliario juegan un papel central en el establecimiento de estas relaciones. La recaudación anual de impuestos a la propiedad sobre el valor del suelo y los edificios son la fuente más significativa de ingresos de los gobiernos locales para el sustento de los servicios públicos(17). En consecuencia, los valores inmobiliarios locales –y no el patrimonio total de la ciudad, estado o nación– son uno de los indicadores más claros de la calidad de la educación, los servicios y la seguridad en los barrios de Estados Unidos. A su vez, la calidad de dichos servicios públicos es a menudo el indicador más fuerte de los precios de los bienes raíces. En 2010, el costo promedio de los hogares cercanos a las escuelas públicas de alto rendimiento en las one hundred la desigualdad pdf áreas metropolitanas más grandes de los EE.UU.

El problema de la desigualdad se vincula con la distribución de recursos socialmente valorados, con la pregunta de quién recibe qué y basado en qué criterios. Esta pregunta cruza todas las sociedades humanas, observándose a lo largo de la historia una transformación de los patrones distributivos y de los principios que los sustentan, dependiendo de las dinámicas del conflicto social y de los acuerdos entre sujetos. Esta premisa supone que la propiedad ofrece un grado de protección mayor que el arriendo frente al aumento del costo de la vivienda. Véase U.S. Department of Housing and Urban Development, 2006. Foro clase 6 Seminario La Política Social Universal en la superación de la desigualdad.

la desigualdad pdf

Su proyección es aún más amplia pues aporta a la teoría social sobre la relación entre desigualdad e integración social. La inspiración de Ruben para muchos de nosotros es evidente y duradera. Este libro multiplicará esa inspiración a muchos otros que ojalá sigan por su camino de curiosidad insaciable y pluma fina y rigurosa. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados.

Teléfono para comunicar con las distintas áreas de la Universidad. Edición, distribución y comercialización de textos jurídicos, nacionales y extranjeros.

Aunque ni el precio ni la elegibilidad estén regulados, la vivienda a precio de mercado se beneficia de reducciones de impuestos que se suman a subsidios gubernamentales propios. Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno. Estos límites se basan en estimaciones, ajustadas por tamaño de familia, de la media del ingreso familiar para las áreas metropolitanas y no metropolitanas designadas.

Actualmente está terminando un doctorado en la ETH Zurich. Schindler ha enseñado diseño en The New School y la Universidad de Columbia, y escribe con frecuencia para revistas comoo Bauwelt, Urban Omnibus, y Places. Schindler es Investigadora Asociada Adjunta en el Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture (Columbia University, EE.UU.). Fair Market Rent representa el 40 % de los alquileres (incluyendo el contrato de alquiler y servicios públicos) para las unidades típicas de calidad estándar. Son enviados anualmente por el Departamento de de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. A diferentes áreas metropolitanas.

La investigación, la primera de carácter exhaustivo respecto al texto emanado por el Consejo Constitucional, analiza las implicancias que los cambios constitucionales propuestos podrían tener en materia legal, institucional y de políticas públicas, considerando antecedentes de gobiernos ultraderechistas en el mundo contemporáneo. MSc en Crítica, Curatoría y Prácticas Conceptuales de la Arquitectura, GSAPP, Columbia University (EE.UU., 2012). El trabajo de Moore ha sido expuesto a nivel internacional y publicado en diversas revistas y periódicos, incluyendo Artforum, Future Anterior, y Avery Review (averyreview.com), donde también es editor adjunto. Moore es Director Adjunto del Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture (Columbia University, EE.UU.). ¿Existe una relación entre desigualdad y acceso al suelo?

Dada la naturaleza mercantilista de los programas, las restricciones en términos de ingresos y costos (elementos de la percepción de ‘asequibilidad’) no son permanentes. Su caducidad puede llegar tan pronto como 15 años después de completada (el mínimo estipulado por lihtc) o tan tarde como 50 años después (el objetivo fijado por el estado de Oregon). Por lo common es definida por una combinación de indicadores económicos referidos a los ingresos y la riqueza. Sin embargo, es inseparable de diferencias sociales de otro tipo, una interdependencia que es particularmente evidente en el suministro de vivienda. Más que una mera tipología edificatoria o un sector del mercado, la vivienda es un acto arquitectónico primario. Comienza cuando se dibuja una línea que separa el interior la desigualdad social y la pobreza del exterior y, en última instancia, una casa de otra.

Paralelamente, la desigualdad de la riqueza –incluyendo activos tales como bienes inmuebles– está alcanzando nuevos niveles. En 2013, la riqueza promedio de familias de altos ingresos era casi siete veces la de las familias de ingresos medios y casi 70 veces la de las familias de bajos ingresos. Estos son los mayores niveles de desigualdad de riqueza registrados por la Reserva Federal desde que comenzaran a recopilar datos treinta años atrás (Fry y Kochhar, 2014)(1). A escala mundial, según un estudio de 2014, el patrimonio de las ochenta y cinco personas más ricas del mundo es equivalente al de los 3.500 millones más pobres(2). Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el término se aplica a la naturaleza necesariamente híbrida y codependiente de las fuentes de financiamiento para la vivienda sin fines de lucro y de propiedad pública de dicho país, donde constituye alrededor del 5 por ciento del volumen complete (Bratt, 2012).

Las estimaciones resultantes de Area Median Income (AMI) permiten que los ingresos familiares se expresen como un porcentaje de la media para la zona. Las familias que ganan no más del 80 por ciento del ami son típicamente consideradas como de bajos ingresos y aquellas que ganan no más del 50 por ciento del AMI se consideran de muy bajos ingresos (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015B). Así­, este artí­culo pretende reflejar algunas apreciaciones sobre la realidad del mundo del trabajo en Costa Rica. A pesar de pertenecer técnicamente a todos los niveles de ingresos, la noción de ‘vivienda asequible’ se utiliza en la práctica para describir la vivienda producida y valorizada por medio de incentivos gubernamentales, dirigida por lo general a grupos por debajo del Area Median Income (Ingreso Promedio por Área) o AMI(9). La ‘vivienda asequible’ puede ser desarrollada por entidades con o sin fines de lucro, y a menudo también se le describe como ‘vivienda para los trabajadores’ o ‘vivienda subsidiada’. Entre otras iniciativas, el financiamiento puede venir a través de bonos estatales o municipales, fondos fiduciarios de vivienda o Low-Income Housing Tax Credits (LIHTC) (Créditos Tributarios para Vivienda de Bajos Ingresos) asignados por el Servicio Interno de Recaudación a los estados.

El objetivo period no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998. Esta enmienda prohibió el financiamiento federal para las autoridades de vivienda (organismos públicos) que buscaban ampliar su volumen de viviendas públicas.

Repositorio Bibliotecas Udec: Efecto De La Cohesión Social Sobre La Relación Entre Desigualdad Económica-social, La Violencia Interpersonal Y La Calidad De Vida, En Población Urbana De Las Comunas De La Ex Región Del Biobío

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la desigualdad pdf

Era 2,four veces mayor que aquellos cerca de escuelas cuyos logros eran considerados bajos (Rothwell, 2012). Este libro compila algunos de los trabajos de Ruben Kaztman sobre pobreza, vulnerabilidad y segregación residencial y social en América Latina. Muestra el arte y el método de construir teoría desde la investigación social empírica y una inmensa creatividad para medir conceptos complejos. Así, con elegancia conceptual y posibilidades empíricas, el marco de activos y estructura de oportunidades es una gran forma de acercarse a una estructura social cambiante reconociendo la heterogeneidad de sus grupos sociales, y de comprenderla en su complejidad, más allá del mercado de trabajo. Es teoría social de exportación al mundo, desde la región. Esta obra contribuye a entender la profunda fragmentación social de nuestras sociedades latinoamericanas, más allá de vaivenes en los niveles de desigualdad de ingresos, así como las variaciones al interior la desigualdad social de nuestra región.

Bajo el dominio del desarrollo inmobiliario, dicha relación es estructuralmente desigual. Este es el arte de la desigualdad. Foro clase 11 Curso Internacional en políticas públicas para la igualdad en América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. Foro clase 9 Curso Internacional en políticas públicas para la igualdad en América Latina.

Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores. Por lo tanto ciertas prácticas arquitectónicas podrían ser entendidas como «el arte de la desigualdad». El eight de octubre 2019 en el programa matinal Mucho Gusto, el presidente Sebastián Piñera expresaba que «en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo». Diez días después ocurre el popularmente llamado “estallido social”, siendo una de las principales banderas de lucha la desigualdad social. Susanne Schindler | | Dipl.-Ing., University of the Arts, Berlín.

Los principios subyacentes al desarrollo inmobiliario juegan un papel central en el establecimiento de estas relaciones. La recaudación anual de impuestos a la propiedad sobre el valor del suelo y los edificios son la fuente más significativa de ingresos de los gobiernos locales para el sustento de los servicios públicos(17). En consecuencia, los valores inmobiliarios locales –y no el patrimonio whole de la ciudad, estado o nación– son uno de los indicadores más claros de la calidad de la educación, los servicios y la seguridad en los barrios de Estados Unidos. A su vez, la calidad de dichos servicios públicos es a menudo el indicador más fuerte de los precios de los bienes raíces. En 2010, el costo promedio de los hogares cercanos a las escuelas públicas de alto rendimiento en las 100 áreas metropolitanas más grandes de los EE.UU.

Si quiere obtener más información sobre como imprimir, guardar, y trabajar con PDFs, Highwire Press cuenta con una útil sección de Preguntas Frecuentes sobre PDFs (en inglés).Si el fichero no se descarga automáticamente, haga click aquí. Desde 1997 incrementando la biblioteca de nuestros juristas. Aquí el ingreso superior se define como el ingreso por hogar, ajustado por tamaño, que corresponde a más del doble de la media nacional. El proyecto Ex umbra in solem pone a disposición el último capítulo de puesta en valor patrimonial sobre la historia de la enseñanza de la Filosofía en Chile durante la época colonial. Licenciada en Trabajo Social. Especialista en Polí­ticas Públicas para la igualdad en América Latina.

Paralelamente, la desigualdad de la riqueza –incluyendo activos tales como bienes inmuebles– está alcanzando nuevos niveles. En 2013, la riqueza promedio de familias de altos ingresos period casi siete veces la de las familias de ingresos medios y casi 70 veces la de las familias de bajos ingresos. Estos son los mayores niveles de desigualdad de riqueza registrados por la Reserva Federal desde que comenzaran a recopilar datos treinta años atrás (Fry y Kochhar, 2014)(1). A escala mundial, según un estudio de 2014, el patrimonio de las ochenta y cinco personas más ricas del mundo es equivalente al de los three la desigualdad mata pdf.500 millones más pobres(2). Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el término se aplica a la naturaleza necesariamente híbrida y codependiente de las fuentes de financiamiento para la vivienda sin fines de lucro y de propiedad pública de dicho país, donde constituye alrededor del 5 por ciento del volumen whole (Bratt, 2012).

Las estimaciones resultantes de Area Median Income (AMI) permiten que los ingresos familiares se expresen como un porcentaje de la media para la zona. Las familias que ganan no más del 80 por ciento del ami son típicamente consideradas como de bajos ingresos y aquellas que ganan no más del 50 por ciento del AMI se consideran de muy bajos ingresos (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015B). Así­, este artí­culo pretende reflejar algunas apreciaciones sobre la realidad del mundo del trabajo en Costa Rica. A pesar de pertenecer técnicamente a todos los niveles de ingresos, la noción de ‘vivienda asequible’ se utiliza en la práctica para describir la vivienda producida y valorizada por medio de incentivos gubernamentales, dirigida por lo general a grupos por debajo del Area Median Income (Ingreso Promedio por Área) o AMI(9). La ‘vivienda asequible’ puede ser desarrollada por entidades con o sin fines de lucro, y a menudo también se le describe como ‘vivienda para los trabajadores’ o ‘vivienda subsidiada’. Entre otras iniciativas, el financiamiento puede venir a través de bonos estatales o municipales, fondos fiduciarios de vivienda o Low-Income Housing Tax Credits (LIHTC) (Créditos Tributarios para Vivienda de Bajos Ingresos) asignados por el Servicio Interno de Recaudación a los estados.

Su proyección es aún más amplia pues aporta a la teoría social sobre la relación entre desigualdad e integración social. La inspiración de Ruben para muchos de nosotros es evidente y duradera. Este libro multiplicará esa inspiración a muchos otros que ojalá sigan por su camino de curiosidad insaciable y pluma fina y rigurosa. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados.

Dada la naturaleza mercantilista de los programas, las restricciones en términos de ingresos y costos (elementos de la percepción de ‘asequibilidad’) no son permanentes. Su caducidad puede llegar tan pronto como 15 años después de completada (el mínimo estipulado por lihtc) o tan tarde como 50 años después (el objetivo fijado por el estado de Oregon). Por lo general es definida por una combinación de indicadores económicos referidos a los ingresos y la riqueza. Sin embargo, es inseparable de diferencias sociales de otro tipo, una interdependencia que es particularmente evidente en el suministro de vivienda. Más que una mera tipología edificatoria o un sector del mercado, la vivienda es un acto arquitectónico primario. Comienza cuando se dibuja una línea que separa el inside del exterior y, en última instancia, una casa de otra.

Esta codependencia, junto con una preferencia política por un ‘retorno’ de las viviendas sociales a las reglas del mercado después de cierto tiempo, ha afectado también los esfuerzos por establecer formas de proveer vivienda sin fines de lucro,ya sea en forma de arriendo o de cooperativas. Por ejemplo, en 1959 el programa de Mitchell Lama para el Estado de Nueva York, establecido sólo cuatro años antes, abandonó su objetivo original de mantener los desarrollos regulados a perpetuidad permitiendo a los propietarios optar por salirse una vez pagada la hipoteca (Botein, 2009). La ‘vivienda asequible’ suele oponerse a la ‘vivienda a precio de mercado’, desarrollada y comercializada o arrendada –ostensiblemente– sin regulación gubernamental ni subsidios.

La investigación, la primera de carácter exhaustivo respecto al texto emanado por el Consejo Constitucional, analiza las implicancias que los cambios constitucionales propuestos podrían tener en materia legal, institucional y de políticas públicas, considerando antecedentes de gobiernos ultraderechistas en el mundo contemporáneo. MSc en Crítica, Curatoría y Prácticas Conceptuales de la Arquitectura, GSAPP, Columbia University (EE.UU., 2012). El trabajo de Moore ha sido expuesto a nivel internacional y publicado en diversas revistas y periódicos, incluyendo Artforum, Future Anterior, y Avery Review (averyreview.com), donde también es editor adjunto. Moore es Director Adjunto del Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture (Columbia University, EE.UU.). ¿Existe una relación entre desigualdad y acceso al suelo?

Además, la editora y el(los) autor(es) deberán firmar un acuerdo en que se establecerán las condiciones de licenciamiento de Revista Perspectivas. El fichero PDF que ha seleccionado se debería cargar aquí si su navegador cuenta con un plug-in para ficheros PDF (por ejemplo, una versión reciente de Adobe Acrobat Reader). Alternativamente, el fichero PDF se bajará a su ordenador, donde puede ser abierto usando un lector de ficheros PDF.

Repositorio Bibliotecas Udec: Desigualdad De Género En Cargos De Jefatura Una Mirada Native

El informe se adentra en las cinco dimensiones de la Agenda 2030, conocidas como las “5 P” -personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz-, utilizando un enfoque interseccional para profundizar en la interacción de la desigualdad de género con otros factores de discriminación. Por otra parte, en términos de violencia estructural se puede constatar que en Chile existen niveles sostenidos más altos de desocupación femenina desde 1998 a 2011, y, si bien las mujeres representan un 60% de la fuerza laboral, tan solo constituyen un 39,2% de la tasa de ocupación desagregada (Pnud, 2014). Por otra parte, las mujeres en Chile tienen niveles menores de cobertura de pensiones, pese a tener una esperanza de vida mayor que los hombres, situación que no se ha visto suficientemente regulada. Aún falta mucho para eliminar la discriminación y la desigualdad entre los géneros.

desigualdad de género en américa latina pdf

Las cifras observadas en el ítem relacionado con educación dan cuenta de la problemática de la inclusión de género en áreas claves como el ámbito de las ciencias y la investigación en basic, motores fundamentales de desarrollo en toda sociedad moderna. Se observa una brecha clara en este ámbito entre Chile y España, debido a la ausencia de una política clara en este punto en el caso chileno, frente a los resultados incipientes del caso español. Esta sola constatación nos conduce a reafirmar la observación sobre el problema de lo político desigualdad alimentaria en la construcción de género y sus perspectivas de desarrollo futuro, donde efectivamente se observa una incidencia de la formulación ontológica del género desde una dimensión normativa hasta la observación de sus implicancias empíricas y de resultados, donde bien cabe recordar los conceptos de reproducción social señalados por Bourdieu (2011). Todo esto como un paso en el reconocimiento de la importancia del género como un asunto transversal que permita vivir plenamente en democracia y mejorar conscientemente como sociedades avanzadas.

Es preciso cambiar actitudes y comportamientos e incluso formas de vida y estructuras sociales que impiden el pleno desarrollo de las mujeres como personas con derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país. Por ello, un grupo de mujeres defensoras del principio de igualdad de oportunidades impulsó la creación de un organismo dentro de la Administración Española, similar al que existía en otros países de Europa y del mundo, responsable de elaborar políticas de igualdad, proponérselas al gobierno y coordinar las acciones de los diferentes ministerios en este ámbito. Con esta primera lectura, es posible afirmar que tanto en España como en Chile existe una necesidad y preocupación evidentes por mejorar planteamientos políticos desde una perspectiva de género. Como antecedente, es posible señalar que en Chile la necesidad de contar con un espacio que se dedique a ordenar los aspectos relacionados con el género, concretamente con las necesidades de las mujeres, surge una vez recuperada la democracia (1990) y por compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). La creación del Sernam, es entonces consecuencia directa de la recuperación de la democracia y de la participación política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a una relación de equidad al inside de la familia y la pareja.

La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Aunque la región ha logrado avances significativos en la ratificación de marcos normativos globales y regionales para la igualdad de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), persisten las brechas legislativas que generan discriminación y una financiación insuficiente para políticas públicas y estructuras institucionales enfocadas en la igualdad de género. Según el reciente “Perfil Regional de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe”, la región enfrenta desafíos significativos en áreas clave como la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la educación, la mortalidad materna, el acceso a servicios básicos, la autonomía económica de las mujeres, y la violencia de género. Este estudio, crucial para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, señala un déficit considerable de datos, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. El documento concluye con una serie de recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y reformas legislativas, mejorar la financiación y la implementación de programas orientados a la igualdad de género, y fomentar cambios sociales que permitan superar las desigualdades identificadas.

La iniciativa liderada por de Chile a nivel Latinoaméricano ya cuenta con el apoyo de México, Uruguay y Costa Rica, y su objetivo es promover acciones colectivas, regionales y multisectoriales para cerrar las brechas de género en el acceso, desarrollo de habilidades y uso de las TIC por parte de las mujeres e impulsar su plena participación en la economía digital. Para ello, se está trabajando en la creación de una plataforma virtual colaborativa, la cual tiene por objetivo ofrecer cursos de habilidades digitales a 3.eight millones de mujeres en América Latina y el Caribe, a través de programas de formación de Microsoft, y crear oportunidades económicas para 1 millón de mujeres en la región durante los siguientes tres años. En esa línea, la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, recalcó que “cerrar la brecha de género en ciencias es un desafío país y con el anuncio de esta Primera Política para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su Plan de Acción, tenemos una hoja de ruta concreta y definida para abordarlo. Esto fue posible gracias a un intenso proceso colaborativo que duró 20 meses, canalizó la participación de más de 1.800 personas e instituciones y sistematizó esta participación en aportes concretos.

Por otra parte, la brecha salarial desagregada por nivel educativo da cuenta de una realidad aún más incómoda. La precarización del trabajo femenino se manifiesta en su participación sobre los beneficios del trabajo como elemento fundacional de justicia social, sobre el cual el Estado no cautela principios constitucionales ni regula de forma suficiente, pues en el mundo laboral se castiga el nacer mujer, condicionando su capacidad de acción y decisión. Esta última se constituye mediante la adquisición y generación de nuevos saberes, ante lo cual la estructura de la brecha salarial presentada da cuenta de menores ingresos proporcionales a mayor nivel educativo. Todas estas reivindicaciones han supuesto un largo camino marcado por constantes mejoras hasta el año 2012, año en que a partir de una redefinición de los modelos de ciudadanía se pasa a la realización de un extenso trabajo con el lenguaje que ha permitido dejar de considerar lo masculino como medida common de experiencia humana. Trabajar con un enfoque lingüístico no sexista, incluyendo en esto a los medios de comunicación y publicidad, ha sido una de las tareas clave. A ello se suman los crecientes estudios de género y estudios feministas, lo cual ha acercado a la sociedad a terminologías en principio complejas o poco comunes hasta ese entonces.

En términos de mujeres con alto rendimiento en resolución de problemas, se aprecia una brecha appreciable entre los países de la OECD (9,5%), España (6,4%) y Chile (1,4%), donde la justificación de esta gran diferencia pasa necesariamente por factores culturales, dado que la diferencia de género en este ítem en Chile se eleva a 13 puntos, en relación con los 2 puntos de España. Esta situación se replica en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD. Dicha circunstancia afecta al porcentaje de mujeres que esperan desarrollar una carrera en ingeniería y/o computación, situación que en Chile se eleva sobre un 20%, en España un 17,7% y en la OECD un 13,6%. Revisión sistematizada que indaga en artí­culos publicados entre 2014 y 2019, respecto de la relación entre género, feminismos y trabajo social, en revistas de especialidad en Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Brasil y España. Los resultados demuestran acercamientos teórico-conceptuales, metodológicos y principales discusiones que desde el trabajo social se exponen para establecer las presencias y ausencias de género y feminismos en la literatura especializada de la disciplina. Los resultados permiten seguir las pistas de un trabajo social feminista agenciado desde los márgenes, cuyas tramas concluyentes se sitúan en la responsabilidad ética-polí­tica acuerpada, la formación en metodologí­as crí­ticas feministas, la trascendencia de la perspectiva de género y el (re)posicionamiento del quehacer disciplinar en/con actoras/es y movimientos sociales en pluralidad y diversidad de luchas y resistencias.

La dimensión temporal está determinada por el punto de vista de las reformas institucionales más recientes en España y Chile en torno al proceso político que conduce a las realidades actuales en términos de indicadores de igualdad de género. De esta forma, surge del análisis estructural un análisis interpretativo que da espacio a la revisión y reelaboración de las políticas públicas de igualdad de género desde una perspectiva crítica que contribuye a la disminución y deconstrucción de las desigualdades existentes en el ámbito abordado por el estudio. Sin embargo, la práctica evidencia que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades no es suficiente con los cambios propuestos desde el ámbito legal.

No obstante, el avance en igualdad de género no fue progresando de forma lineal, sino que contó con ciertos retrocesos que fueron constatados por diferentes indicadores. La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas. A partir de los roles que desempeñan hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado, se van configurando relaciones de poder de forma permanente, así como organizaciones jurídico-políticas propias de cada sociedad, las cuales han tendido a reproducir históricamente cánones de superioridad masculina por sobre lo femenino. Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad.

Es más, la participación femenina en el sector TIC es de sólo un 5%, respecto a lo señalado por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. La transición demográfica de la región, con una notable reducción de la fecundidad y el envejecimiento de la población, presenta desafíos y oportunidades que requieren un análisis exhaustivo para fortalecer la resiliencia demográfica de los países de América Latina y el Caribe. El “Perfil Regional de Igualdad de Género” también aborda la intersección entre género y medio ambiente, mostrando cómo las disaster desigualdad economica por la globalizacion climáticas afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y reconociendo su papel fundamental como agentes de cambio. Ésta establece que el autor autoriza a EURE de manera gratuita, exclusiva e ilimitada a reproducir, editar, publicar, distribuir, publicitar, comercializar y traducir el artículo, a cualquier soporte conocido o por conocer y desarrollar. Sus áreas de conocimiento son estratificación, desigualdad y pobreza, territorio, conflictos urbanos/ambientales,pueblos indígenas y metodologías cualitativas.

En 2015 Chile retrocedió del lugar 46 al 87 en dicho indicador (WEF, 2016), aunque en 2017 figura en el lugar 63 (WEF, 2017) y en 2018 avanza al lugar fifty four (mientras España figura en el 24 en 2017 y 29 en 2018). Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50%, esta cifra se concentra en la población de mayores recursos y no ha traído aparejada la redistribución de las responsabilidades domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las mujeres sigue siendo superior a la de los varones. Aun así, debemos señalar que durante este último gobierno se ha retrocedido en muchos de los derechos reconocidos, principalmente porque, según el Indicador de Igualdad de Género de Catalunya, un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona muestra una nueva pobreza representada por mujeres formadas y con trabajo, pero salarios más bajos que los de los varones, sobre todo tras la maternidad (ODEE, 2015). En definitiva, la tendencia sigue siendo no mencionar abiertamente la violencia machista, sino más bien reconocer la violencia intrafamiliar, invisibilizando la falta de educación en esta materia, ya que, desde el lenguaje, no existe un adecuado tratamiento para este tema, situación que se ve amplificada en los medios de comunicación y publicidad, ambos de carácter masivo. No obstante, en ambos casos es necesario señalar que el nombre del organismo público evidencia la visión patriarcal que sigue presente en buena parte del pensamiento político y filosófico actual, pues las denominaciones Servicio Nacional de la Mujer e Instituto de la Mujer (mujer única e idéntica) develan rastros de la misoginia romántica señalada ampliamente por Amelia Valcárcel en su estudio La política de las mujeres (Valcárcel, 2012).

Decide sobre los contenidos, presentación y normativa editorial de la revista. Propone autores y temas para los siguientes números de la misma, dictamina los artículos recibidos en primera instancia y rechaza o acepta inicialmente, selecciona evaluadores externos y toma la última decisión sobre su publicación. La mujer inmigrante en la cultura patriarcal y su reflejo en los medios de comunicación.

Así, se ha conseguido que las mujeres participen activamente de los planos sociales y políticos de la sociedad española desde el empoderamiento y, en muchos casos, la igualdad. Una investigación pionera (2024) realizada por ONU Mujeres, en colaboración con diversas agencias de las Naciones Unidas, ha arrojado luz sobre los progresos y obstáculos persistentes en el camino hacia la igualdad de género en América Latina y el Caribe. El estudio, parte del esfuerzo colectivo del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas de la RCP LAC, ofrece una visión integral del estado de las mujeres en la región, analizando factores clave como la pobreza, la protección social, la educación, y la participación política.

Repositorio Bibliotecas Udec: Desigualdad De Género En Cargos De Jefatura Una Mirada Local

En 2015 Chile retrocedió del lugar forty six al 87 en dicho indicador (WEF, 2016), aunque en 2017 figura en el lugar sixty three (WEF, 2017) y en 2018 avanza al lugar 54 (mientras España figura en el 24 en 2017 y 29 en 2018). Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50%, esta cifra se concentra en la población de mayores recursos y no ha traído aparejada la redistribución de las responsabilidades domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las mujeres sigue siendo superior a la de los varones. Aun así, debemos señalar que durante este último gobierno se ha retrocedido en muchos de los derechos reconocidos, principalmente porque, según el Indicador de Igualdad de Género de Catalunya, un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona muestra una nueva pobreza representada por mujeres formadas y con trabajo, pero salarios más bajos que los de los varones, sobre todo tras la maternidad (ODEE, 2015). En definitiva, la tendencia sigue siendo no mencionar abiertamente la violencia machista, sino más bien reconocer la violencia intrafamiliar, invisibilizando la falta de educación en esta materia, ya que, desde el lenguaje, no existe un adecuado tratamiento para este tema, situación que se ve amplificada en los medios de comunicación y publicidad, ambos de carácter masivo. No obstante, en ambos casos es necesario señalar que el nombre del organismo público evidencia la visión patriarcal que sigue presente en buena parte del pensamiento político y filosófico actual, pues las denominaciones Servicio Nacional de la Mujer e Instituto de la Mujer (mujer única e idéntica) develan rastros de la misoginia romántica señalada ampliamente por Amelia Valcárcel en su estudio La política de las mujeres (Valcárcel, 2012).

desigualdad de género en américa latina pdf

En términos de mujeres con alto rendimiento en resolución de problemas, se aprecia una brecha appreciable entre los países de la OECD (9,5%), España (6,4%) y Chile (1,4%), donde la justificación de esta gran diferencia pasa necesariamente por factores culturales, dado que la diferencia de género en este ítem en Chile se eleva a 13 puntos, en relación con los 2 puntos de España. Esta situación se replica en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD. Dicha circunstancia afecta al porcentaje de mujeres que esperan desarrollar una carrera en ingeniería y/o computación, situación que en Chile se eleva sobre un 20%, en España un 17,7% y en la OECD un thirteen,6%. Revisión sistematizada que indaga en artí­culos publicados entre 2014 y 2019, respecto de la relación entre género, feminismos y trabajo social, en revistas de especialidad en Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Brasil y España. Los resultados demuestran acercamientos teórico-conceptuales, metodológicos y principales discusiones que desde el trabajo social se exponen para establecer las presencias y ausencias de género y feminismos en la literatura especializada de la disciplina. Los resultados permiten seguir las pistas de un trabajo social feminista agenciado desde los márgenes, cuyas tramas concluyentes se sitúan en la responsabilidad ética-polí­tica acuerpada, la formación en metodologí­as crí­ticas feministas, la trascendencia de la perspectiva de género y el (re)posicionamiento del quehacer disciplinar en/con actoras/es y movimientos sociales en pluralidad y diversidad de luchas y resistencias.

No obstante, el avance en igualdad de género no fue progresando de forma lineal, sino que contó con ciertos retrocesos que fueron constatados por diferentes indicadores. La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas. A partir de los roles que desempeñan hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado, se van configurando relaciones de poder de forma permanente, así como organizaciones jurídico-políticas propias de cada sociedad, las cuales han tendido a reproducir históricamente cánones de superioridad masculina por sobre lo femenino. Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad.

Las cifras observadas en el ítem relacionado con educación dan cuenta de la problemática de la inclusión de género en áreas claves como el ámbito de las ciencias y la investigación en common, motores fundamentales de desarrollo en toda sociedad moderna. Se observa una brecha clara en este ámbito entre Chile y España, debido a la ausencia de una política clara en este punto en el caso chileno, frente a los resultados incipientes del caso español. Esta sola constatación nos conduce a reafirmar la observación sobre el problema de lo político en la construcción de género y sus perspectivas de desarrollo futuro, donde efectivamente se observa una incidencia de la formulación ontológica del género desde una dimensión normativa hasta la observación de sus implicancias empíricas y de resultados, donde bien cabe recordar los conceptos de reproducción social señalados por Bourdieu (2011). Todo esto como un paso en el reconocimiento de la importancia del género como un asunto transversal que permita vivir plenamente en democracia y mejorar conscientemente como sociedades avanzadas.

Es preciso cambiar actitudes y comportamientos e incluso formas de vida y estructuras sociales que impiden el pleno desarrollo de las mujeres como personas con derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país. Por ello, un grupo de mujeres defensoras del principio de igualdad de oportunidades impulsó la creación de un organismo dentro de la Administración Española, similar al que existía en otros países de Europa y del mundo, responsable de elaborar políticas de igualdad, proponérselas al gobierno y coordinar las acciones de los diferentes ministerios en este ámbito. Con esta primera lectura, es posible afirmar que tanto en España como en Chile existe una necesidad y preocupación evidentes por mejorar planteamientos políticos desde una perspectiva de género. Como antecedente, es posible señalar que en Chile la necesidad de contar con un espacio que se dedique a ordenar los aspectos relacionados con el género, concretamente con las necesidades de las mujeres, surge una vez recuperada la democracia (1990) y por compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). La creación del Sernam, es entonces consecuencia directa de la recuperación de la democracia y de la participación política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a una relación de equidad al inside de la familia y la pareja.

La iniciativa liderada por de Chile a nivel Latinoaméricano ya cuenta con el apoyo de México, Uruguay y Costa Rica, y su objetivo es promover acciones colectivas, regionales y multisectoriales para cerrar las brechas de género en el acceso, desarrollo de habilidades y uso de las TIC por parte de las mujeres e impulsar su plena participación en la economía digital. Para ello, se está trabajando en la creación de una plataforma virtual colaborativa, la cual tiene por objetivo ofrecer cursos de habilidades digitales a 3.eight millones de mujeres en América Latina y el Caribe, a través de programas de formación de Microsoft, y crear oportunidades económicas para 1 millón de mujeres en la región durante los siguientes tres años. En esa línea, la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, recalcó que “cerrar la brecha de género en ciencias es un desafío país y con el anuncio de esta Primera Política para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su Plan de Acción, tenemos una hoja de ruta concreta y definida para abordarlo. Esto fue posible gracias a un intenso proceso colaborativo que duró 20 meses, canalizó la participación de más de 1.800 personas e instituciones y sistematizó esta participación en aportes concretos.

Por otra parte, la brecha salarial desagregada por nivel educativo da cuenta de una realidad aún más incómoda. La precarización del trabajo femenino se manifiesta en su participación sobre los beneficios del trabajo como elemento fundacional de justicia social, sobre el cual el Estado no cautela principios constitucionales ni regula de forma suficiente, pues en el mundo laboral se castiga el nacer mujer, condicionando su capacidad de acción y decisión. Esta última se constituye mediante la adquisición y generación de nuevos saberes, ante lo cual la estructura de la brecha salarial presentada da cuenta de menores ingresos proporcionales a mayor nivel educativo. Todas estas reivindicaciones han supuesto un largo camino marcado por constantes mejoras hasta el año 2012, año en que a partir de una redefinición de los modelos de ciudadanía se pasa a la realización de un extenso trabajo con el lenguaje que ha permitido dejar de considerar lo masculino como medida universal desigualdad de los pueblos originarios de experiencia humana. Trabajar con un enfoque lingüístico no sexista, incluyendo en esto a los medios de comunicación y publicidad, ha sido una de las tareas clave. A ello se suman los crecientes estudios de género y estudios feministas, lo cual ha acercado a la sociedad a terminologías en principio complejas o poco comunes hasta ese entonces.

La dimensión temporal está determinada por el punto de vista de las reformas institucionales más recientes en España y Chile en torno al proceso político que conduce a las realidades actuales en términos de indicadores de igualdad de género. De esta forma, surge del análisis estructural un análisis interpretativo que da espacio a la revisión y reelaboración de las políticas públicas de igualdad de género desde una perspectiva crítica que contribuye a la disminución y deconstrucción de las desigualdades existentes en el ámbito abordado por el estudio. Sin embargo, la práctica evidencia que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades no es suficiente con los cambios propuestos desde el ámbito authorized desigualdad de derechos ejemplos.

El informe se adentra en las cinco dimensiones de la Agenda 2030, conocidas como las “5 P” -personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz-, utilizando un enfoque interseccional para profundizar en la interacción de la desigualdad de género con otros factores de discriminación. Por otra parte, en términos de violencia estructural se puede constatar que en Chile existen niveles sostenidos más altos de desocupación femenina desde 1998 a 2011, y, si bien las mujeres representan un 60% de la fuerza laboral, tan solo constituyen un 39,2% de la tasa de ocupación desagregada (Pnud, 2014). Por otra parte, las mujeres en Chile tienen niveles menores de cobertura de pensiones, pese a tener una esperanza de vida mayor que los hombres, situación que no se ha visto suficientemente regulada. Aún falta mucho para eliminar la discriminación y la desigualdad entre los géneros.

La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Aunque la región ha logrado avances significativos en la ratificación de marcos normativos globales y regionales para la igualdad de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), persisten las brechas legislativas que generan discriminación y una financiación insuficiente para políticas públicas y estructuras institucionales enfocadas en la igualdad de género. Según el reciente “Perfil Regional de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe”, la región enfrenta desafíos significativos en áreas clave como la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la educación, la mortalidad materna, el acceso a servicios básicos, la autonomía económica de las mujeres, y la violencia de género. Este estudio, essential para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, señala un déficit considerable de datos, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. El documento concluye con una serie de recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y reformas legislativas, mejorar la financiación y la implementación de programas orientados a la igualdad de género, y fomentar cambios sociales que permitan superar las desigualdades identificadas.

Es más, la participación femenina en el sector TIC es de sólo un 5%, respecto a lo señalado por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. La transición demográfica de la región, con una notable reducción de la fecundidad y el envejecimiento de la población, presenta desafíos y oportunidades que requieren un análisis exhaustivo para fortalecer la resiliencia demográfica de los países de América Latina y el Caribe. El “Perfil Regional de Igualdad de Género” también aborda la intersección entre género y medio ambiente, mostrando cómo las crisis climáticas afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y reconociendo su papel fundamental como agentes de cambio. Ésta establece que el autor autoriza a EURE de manera gratuita, exclusiva e ilimitada a reproducir, editar, publicar, distribuir, publicitar, comercializar y traducir el artículo, a cualquier soporte conocido o por conocer y desarrollar. Sus áreas de conocimiento son estratificación, desigualdad y pobreza, territorio, conflictos urbanos/ambientales,pueblos indígenas y metodologías cualitativas.

Así, se ha conseguido que las mujeres participen activamente de los planos sociales y políticos de la sociedad española desde el empoderamiento y, en muchos casos, la igualdad. Una investigación pionera (2024) realizada por ONU Mujeres, en colaboración con diversas agencias de las Naciones Unidas, ha arrojado luz sobre los progresos y obstáculos persistentes en el camino hacia la igualdad de género en América Latina y el Caribe. El estudio, parte del esfuerzo colectivo del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas de la RCP LAC, ofrece una visión integral del estado de las mujeres en la región, analizando factores clave como la pobreza, la protección social, la educación, y la participación política.