Los nuevos modelos de gestión muestran también una apertura mayor a la participación del sector privado, ONG, bancos, cooperativas, etc. Este tipo de participación todavía necesita de una adecuada regularización y management por parte del sector público, que sigue teniendo un rol fundamental y clave en la gestión de las políticas habitacionales y urbanas (Simioni y Szalachman, 2006). Durante la década de los noventa continuaron manifestándose los procesos de urbanización de la fuerza de trabajo, de aumento de la cantidad de personas en edad de trabajar y de alza de las tasas de actividad económica de la mujer. Estudios demuestran (Banco Mundial, 2004) que las mujeres tienden a integrarse a los mercados laborales en trabajos de mayores niveles de inseguridad laboral, y de tiempos parciales, aparentemente permitiéndoles combinar el cuidado infantil con un trabajo estructurado.
Las experiencias municipales en este sentido han tenido poco éxito, aunque reflejan una creciente demanda (Llorens, Alburquerque y Castillo, 2002). Asimismo, los pobres urbanos, por vivir en barrios «pobres», son frecuentemente discriminados en el mercado laboral, por provenir de barrios estigmatizados. La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, que abarca privaciones en muchos aspectos del bienestar individual desigualdad sociocultural y colectivo.
El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela. En el resto de los países la tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución, debido, principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de protección social, y privadas, como las remesas en algunos países. Revisaremos las estrategias públicas actuales para atender a la vulnerabilidad económica de los pobres urbanos, desde el campo del habitat y la intervención urbano-territorial. Antes de profundizar en la experiencia en la región en esta temática, es importante recalcar que políticas orientadas a fomentar un crecimiento económico elevado y sostenido, así como un desarrollo productivo fundado en el aumento de la productividad y la incorporación continua de innovaciones, son claves para la generación del empleo productivo8. En la mayor parte de los países de la región la pobreza urbana habita de manera formal y al mismo tiempo subsiste gracias al sector casual.
En concreto, la desigualdad de los ingresos laborales se redujo, acortándose la brecha salarial entre trabajadores altamente calificados y poco calificados. Así, entre 2002 y 2013, el ingreso laboral del decil más pobre creció, en promedio, un 50% en términos reales, mientras que el aumento promedio fue del 15% para el decil más rico (y 32 % para el ingreso de la mediana de la distribución). Además se produjeron incrementos en el salario mínimo y apoyo a organizaciones sindicales. Entre las temáticas abordadas se encuentran la democracia y los movimientos sociales; los derechos humanos y la violencia; el trabajo y las tecnologías; la formación profesional y su incidencia en las políticas públicas; entre otras.
Sin embargo, carecen de orientaciones claras5 y tienen un marcado énfasis social, que no toma en consideración la enorme heterogeneidad que caracteriza el sector. La microempresa, bajo este esquema, se consolida como amortiguador laboral-productivo en tiempos de ajuste y disaster, sin necesariamente lograr insertarse y competir dentro de la economía formal. Cabe destacar una condición específica de los hogares pobres urbanos que hace que su vida difiera a la de sus contrapartes rurales, y que marca fuertemente la dinámica de reproducción y producción de estos sectores en el área urbana. El enfoque de desarrollo humano del PNUD (1997) contribuye a distinguir desarrollo económico y desarrollo social, señalando que, aun cuando hay crecimiento económico, ello en nada garantiza que se vea también comprometido el desarrollo humano. Este enfoque pone énfasis en crear un entorno propicio en el cual las personas pueden realizar sus posibilidades, y vivir plenamente2.
En general, el enfoque nacional sobre los tugurios ha variado, pasando de políticas negativas (desalojo, erradicaciones, negligencia benévola) a políticas más positivas como el mejoramiento de los asentamientos, la movilización de recursos locales para las mejoras y políticas basadas en el derecho. Se han aplicado distintas estrategias programáticas, desde las que se limitan a regularizar la propiedad de las viviendas irregularmente ocupadas, a programas integrados de mejoramiento de los barrios. Estas estrategias se fundamentan en un consenso regional generalmente aceptado de que las estrategias basadas en el asentamiento de poblaciones en las zonas que ya ocupan, proporcionan la solución más deseable desde el punto de vista social y económico al problema de los asentamientos informales. En este sentido, los asentamientos irregulares se aceptan como una realidad urbana que no puede erradicarse y se aceptan como parte del proceso de crecimiento de las ciudades.
De Chile; y Alvaredo ha publicado junto a Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Anthony Atkinson, autores claves en las investigaciones modernas sobre concentración y desigualdad. Agregó que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, y construir sistemas de protección social universales y dentro de ello garantizar el derecho a la salud superando la actual fragmentación y mercantilización de ese servicio básico. Chile según la última encuesta Casen se encuentra dentro de los cinco países que lograron una disminución de los índices de pobreza, registrando un 7,8%. Si a esto se le suma el panorama social de América Latina, es la segunda nación con menos niveles de pobreza después de Uruguay. El PNUD, trabaja en la generación de nuevas políticas públicas que puedan levantar a las familias de la pobreza y así evitar retrocesos al camino del desarrollo.
De ellos, eighty one millones de personas carecieron de los recursos incluso para adquirir una canasta básica de alimentos, se trata de un notorio retroceso para la región. Con relación a la desigualdad, el informe asegura que aumentó entre 2019 y 2020, rompiendo una tendencia decreciente que venía desarrollándose desde el año 2002, pero que ya en la década de 2010, ya había perdido el ritmo de forma progresiva. En ese mismo sentido, Bárcena hizo un llamado a mantener las transferencia monetarias de emergencia en este 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada, debido a una disminución de las ayudas sociales de 89 mil millones de dólares en 2020 a forty five mil millones en 2021. Esa no es la única contradicción que detectan entre el cuadro que muestra la Casen y los datos tributarios de Impuestos Internos. De hecho, al examinar en una perspectiva histórica esta encuesta que vienen haciéndose desde 1987 los autores detectaron que la Casen permanentemente “ha subestimado a niveles irreales los ingresos más altos”, por lo que consideran que no es un buen instrumento para analizar la desigualdad.
Agregó que los datos utilizados para medir la desigualdad son deficientes para cuantificar los niveles de concentración del ingreso entre los muy ricos. Las encuestas de hogares -las fuentes de información típicas de los indicadores de desigualdad- no siempre captan bien los ingresos de los más ricos. Los hogares tienden a declarar menos ingresos de lo que realmente reciben, sobre todo, los procedentes de las rentas del capital. A raíz de ello, tanto el grado de desigualdad como la tendencia pueden estar mal calculados. «La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria», sostuvo la Cepal. En esa misma línea, el texto explica que el incremento de la pobreza extrema es consecuencia de “una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el aumento de los ingresos por trabajo”.
La formación de asentamientos precarios en grandes ciudades ha reforzado los procesos de exclusión urbana y social, ha estimulado los conflictos en el uso del suelo en los planes de desarrollo urbano y ha obstaculizado los procesos de mejoramiento. La exclusión a menudo no se limita al acceso a los beneficios que la ciudad ofrece, sino también a la participación en las decisiones que afectan a la ciudad. El segundo año de la pandemia del COVID-19 disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar a 86 millones de personas, cinco millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años, apuntó este jueves un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La pandemia de covid-19 se ha saldado con una caída del 8 desigualdad y exclusion,1% del PIB en América Latina, superando el impacto de la disaster en la Unión Europea y de otras economías emergentes. No obstante, las economías latinoamericanas ya mostraban importantes debilidades antes del inicio de la emergencia sanitaria. Es decir, la pandemia ha recrudecido los problemas productivos y sociales de América Latina, como la perversa especialización comercial de la región, la debilidad del tejido productivo y del mercado de trabajo, y los problemas sociales.
«No creo que los episodios del 2019 vayan a ser hechos aislados. Vamos a ver nuevos estallidos y crisis políticas en América Latina, sobre todo porque estamos recién al principio de la profunda crisis económica y social que trajo la pandemia», apuntó Garzón. Por último, el cierre de las escuelas introdujo una enorme desigualdad en términos de acceso a escolaridad. Históricamente existen diferencias en la posibilidad de completar la secundaria con padres con alto y bajo nivel educacional, pero “esas diferencias se están incrementando brutalmente con el efecto de las cuarentenas sobre el acceso a educación. Esto tiene que ser el centro de atención si queremos evitar que volvamos a tener una desigualdad persistente en el futuro”, finalizó. Las transferencias monetarias según régimen político no muestran una diferencia importante, al igual que los datos de empleo público. Sin embargo, el salario mínimo es la variable que muestra que hubo una diferencia en términos de política activa en el ámbito laboral que reforzó probablemente lo que se observa como tendencia estructural en términos de demanda y oferta de los trabajadores por nivel de calificación.
Finalmente, los gobiernos pueden influir sobre el tipo de desarrollo con la ubicación de obras públicas (tanto pequeñas como grandes). También tienen un rol clave como depositario de derechos de propiedad a través de los registros prediales, de los procesos de catastro y de la información sobre el mercado de suelo. El progreso es alentador, pero no alcanza para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que transcurrió más del 50 por ciento del período que se estableció para alcanzar las metas correspondientes a la pobreza.
“Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe, la situación es aún más insostenible, ya que en algunos el nivel de deuda pública supera el 100 percent del PIB”, especificó la CEPAL.OPSUna mujer es vacunada contra el COVID-19 en Costa Rica. Estos recursos internos se utilizan para proyectos que están en línea con los dos planes nacionales para el desarrollo y el plan estratégico del PNUD, en el que durante este 2015, 23 gobiernos contribuyeron más de 811 millones de dólares para el trabajo conjunto. El informe da cuenta que la creación de alianzas es esencial, esto porque alrededor del 60% de todos los fondos para desarrollar este trabajo en la Región, proviene de contribuciones de los gobiernos a través de programas o proyectos en los mismo países.
En conjunto con loteos habitacionales, designación e incentivos para instalación de empresas, en sectores de favelas. Provisión de servicios relacionados más a la capacidad de provisión de gobierno que a nivel de ingresos del hogar. La variante Ómicron, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la predominante en el mundo, ha provocado una escalada de contagios sin precedentes en Latinoamérica con récord de infectados en varios países como México, Argentina, Perú y Chile. El documento sostiene que la desigualdad aumentó entre 2019 y 2020, quebrando una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002 y que en la década de 2010 había ido perdiendo ritmo en forma progresiva. «Sin embargo, los niveles de empleo todavía no llegan a los previos a la disaster, especialmente entre las mujeres», lamentó Alicia Bárcena.
