Casi todos los casos de desigualdad social que apreciamos se originan en una injusta inversión del gasto público, es decir, de los fondos comunes en cualquier sociedad. En muchos lugares del mundo, los grupos sociales que más tienen se erigen en el derecho de acaparar el grueso de los recursos que, en realidad, pertenecen a toda la ciudadanía; de esta manera la brecha social se ensancha. En resumen, la desigualdad social se refiere a las disparidades significativas en el acceso a recursos, oportunidades y derechos entre diferentes individuos o grupos dentro de una sociedad. Un ejemplo de lucha contra la desigualdad social es la implementación de políticas gubernamentales que proporcionan asistencia económica a las personas de bajos ingresos o la promoción de programas de educación inclusiva.
Esto sería posible a través del aumento del gasto público, el diseño de políticas orientadas a los sectores vulnerables, alianzas con los entes privados, y otras vías. Estas manifestaciones son impulsadas por los sectores menos favorecidos debido a la concentración inequitativa de la riqueza en la población, y por la accesibilidad reducida a derechos como la salud, vivienda, educación y jubilación, que son ofrecidos principalmente por iniciativa de entes privados en sustitución del Estado, situación que ha nutrido una fuerte desigualdad socioeconómica en el país sudamericano. El reducido acceso a la educación que unos tienen frente a otros supone una importante causa de la desigualdad por no haber una adquisición equitativa de las competencias sociales y laborales necesarias para una óptima calidad de vida, lo que resultará en más problemas de desigualdad y, particularmente, en problemas de integración a la vida en sociedad. La lucha contra la desigualdad social es uno de los ejes centrales de la acción que lleva a cabo Oxfam Intermón en los países donde tiene presencia. En ese sentido, su apuesta es el desarrollo social estructural, es decir, la puesta en marcha de proyectos que supongan mejoras para la calidad de vida de las personas, siendo estas mismas las encargadas de ejecutarlos y protagonizarlos.
Los resultados son agregados para formar índices de distintos alcances, permitiendo escenarios donde se puedan comparar países, regiones, grupos étnicos, zonas rurales y zonas urbanas, etcétera. El coeficiente se distribuye en el intervalo comprendido entre zero y 1, siendo zero equivalente a “máxima igualdad” y 1 a “máxima desigualdad”, ambos referidos a ingresos salariales. De este modo, se puede interpretar que los países cuyos valores estén próximos a 1 son naciones en que hay una mayor desigualdad salarial respecto a las naciones más cercanas a zero.
Como afirma Wiggins, necesitar no es un acto en principio intencional, porque lo que necesito no depende del funcionamiento del cerebro, o no solamente de él, sino de cómo es el mundo y del impacto que tiene lo que necesito en mi propio desarrollo humano33. Desde el contexto teórico-político de las teorías de la justicia igualitarias contemporáneas, los debates sobre el objeto de la igualdad se han decantado, esencialmente, en dos opciones, igualdad de bienes/recursos o igualdad de capacidades. Me refiero, especialmente, a la igualdad defendida desde la teoría de la justicia de Rawls, y las propuestas críticas de Dworkin y Sen que, aunque no son las únicas respuestas, han logrado volverse claramente referencias básicas del discurso igualitario. Las estimaciones sobre urbanización y ciudades presentadas en (ONU-DESA, 2018[28]) se basan en definiciones utilizadas por los países con fines estadísticos y, por tanto, los criterios para definir una zona como “urbana” pueden variar (desde denominaciones administrativas hasta características demográficas como el tamaño de la población o su densidad, y características más “funcionales” como la existencia de sistemas de alcantarillado) (ONU-DESA, 2018[28]). La definición de sistema de protección social en el indicador del ODS 1.three.1 es amplia e incluye esquemas contributivos y no contributivos para niños, mujeres embarazadas y con recién nacidos, personas en edad de trabajar, personas mayores, víctimas de lesiones relacionadas con el trabajo y personas con discapacidad. En la Recomendación 204 de la OIT (2015) sobre la transición de la economía casual a la economía formal se describe la “economía informal” como aquella que hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que —en la legislación o en la práctica— están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto.
«Otro elemento que es bien relevante y que nosotros en COES también hemos recogido en las encuestas, es que la gente se queja de un maltrato sistemático, maltrato en el trabajo, maltrato por la gente de mayores ingresos, maltrato en la vía pública, que también tiene que ver en cómo nos organizamos como sociedad». 20Según datos proporcionados por Aguirre (2017), en 1938 los grupos Matte y Yarur ya figuraban entre los ocho principales grupos económicos del país. 11En un trabajo reciente, González et al. (2020) lograron establecer mediante estimaciones estadísticas que la intensidad de las conexiones políticas con los personeros de la dictadura fue clave para que determinados grupos pudiesen acceder en condiciones preferenciales -bajo el precio de mercado- a la compra de estas empresas. Así mismo, establecen una diferencia entre las empresas vendidas antes de su privatización y otras con posterioridad a ello.
En términos generales, en los siete países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, la proporción de empleados que viven por debajo del umbral de pobreza (según cálculos de la CEPAL) se redujo del 26% de 2000 hasta el 10% en 2019. En promedio, en los nueve países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, el coeficiente de Gini de los ingresos por trabajo se redujo de zero,forty nine en 2010 a zero,forty six en 2019. En América Latina, las tasas de empleo son elevadas si se comparan con el promedio de la OCDE, algo que viene ocurriendo desde hace por lo menos 20 años. Además, el empleo latinoamericano se caracteriza por una elevada tasa de informalidad; se estima que más de la mitad de los trabajadores ocupan puestos de trabajo informales. Si bien puede argumentarse que es mejor tener trabajo informal desigualdad social y cultural que no tener trabajo, la elevada prevalencia de la informalidad es motivo de preocupación desde el punto de vista de la calidad del empleo, puesto que los trabajos informales no están protegidos, ni regulados, reconocidos o valorados.
Reivindicar, entonces, esta idea de autonomía y de exigibilidad de igualdad robusta implica exigir también un modelo de derechos que no quede desvinculado de las necesidades básicas para que no resulte un derecho empobrecido o antropológicamente vaciado. Especialmente en la tensión entre algunos derechos humanos, que invisibilizan las exigencias de las necesidades objetivables, universalizables e insoslayables en el ejercicio y disfrute de los derechos y que afectan la salud democrática de los Estados de derecho. Las necesidades desempeñan un rol crucial, entonces, en la fortaleza de la autonomía private y en el ejercicio de las libertades básicas y merecen, por lo tanto, un protagonismo más activo y relevante en la fundamentación de derechos, un papel prioritario como razones justificativas. La función de la argumentación a través de las necesidades consistiría en aportar buenas razones para fundamentar los derechos o, al menos que, probada la existencia de una necesidad, y más cuando estamos frente a necesidades de las consideradas estrictamente humanas, el derecho no pueda no contemplarlas. Prelación y jerarquía que dista mucho del actual esquema de prioridades entre derechos y la efectividad interna, donde precisamente los derechos sociales (en relación con los civiles y políticos) suelen ocupar el lugar más alejado del núcleo duro de los derechos esenciales de los Estados de derecho modernos.
La homogeneización cultural representa otra causa de la desigualdad debido a que los patrones y grupos que se resistan a dicha homogeneización pueden y tienden a quedar excluidos de las dinámicas modernizadoras de las sociedades actuales. La discriminación que efectúan personas o grupos sobre otros se basa en muchos aspectos dependiendo del contexto, siendo los más comunes la posición socioeconómica, lugar de residencia, género, raza y las creencias religiosas. Otro rasgo común a casi toda definición de desigualdad social la señala como un fenómeno complejo en que interactúan muchas variables y que tiene de varias capas. En otros términos, la desigualdad social no suele presentarse en un único ámbito de la vida social, sino que está presente en muchas de sus dimensiones, lo que dificulta comprenderla y identificar una causa única. Entender el desigual social que padecen muchas sociedades requiere que tengamos un concepto de desigualdad social que nos ayude a comprender este fenómeno.
La Organización de las Naciones Unidas incluyó la lucha contra la desigualdad social como uno de los objetivos prioritarios de gobernanza mundial en los próximos 30 años, especialmente en países en vías de desarrollo o en contextos marcados por la pobreza, la exclusión y la marginalidad. Cuando los sistemas educativos se abandonan a la toma de decisiones por inercia, parecen estar condenados a reproducir la desigualdad social y económica. Hay varios ejemplos de sistemas educativos más equitativos en el mundo, y a escala subnacional existen muchos ejemplos de políticas que han logrado fomentar la equidad en la educación. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En particular, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas.
En el año 2016, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía para controlar el alto flujo de personas refugiadas que en los últimos años han huido de sus hogares por culpa de la guerra y la violencia. Por el contrario, existen indicios claros de que en los últimos años ha ido en aumento, lo cual le convierte en uno de los principales retos para la gobernanza mundial en el siglo XXI. De hecho, los privilegios y las jerarquías sociales han existido incluso desde las primeras formas de organización social que surgieron en la antigüedad. La lucha por alcanzar una igualdad social plena ha ido variando a lo largo del tiempo en función de los cambios que han experimentado las sociedades.
En concreto, un igualitarismo teleológico pluralista-prioritarista, compatible con las tesis positivas del suficientarismo19 y la teoría de las necesidades básicas, desde la cual poder objetivar condiciones materiales para el desarrollo igualitario de las capacidades humanas y poder jerarquizarlas en relación a exigibilidad de derechos, que puedan condicionar una estrategia distributiva que garantice condiciones sostenibles de autonomía para todxs20. Por consiguiente, una igualdad que se combina con argumentos prioritaristas para fundamentar la prioridad distributiva a los que están peor porque están peor de lo que podrían o deberían estar en un aspecto que es relevante, y no porque todos tengan que estar necesariamente iguales. Para ello, la estrategia de distribución de recursos tiene que ser también igualitaria, pero mediante un criterio igualitario corregido con nivelación a la intermedia bajo el check mínimo de la igualdad de satisfacción de las necesidades básicas que permita el desarrollo igualitario de las capacidades humanas (y para contrarrestar la objeción de la nivelación a la baja). En los 11 países analizados, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en los ingresos han disminuido con respecto a los niveles de 2000, aunque siguen siendo elevadas.
Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. El acceso a educación de calidad y el entorno crean diferencias desde el primer día de clases, que pueden persistir toda la vida de una persona, “marcando” socialmente a cada niña o niño afectando los conocimientos, relaciones sociales, el lenguaje, el desarrollo de habilidades y oportunidades, que se traducirán en empleabilidad, éxito profesional y movilidad social. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación.
Los igualitaristas teleológicos cuestionan directamente la maldad de la desigualdad, valorando que es en sí mismo malo que algunas personas estén económicamente peor que otras sin mediar culpa o propia elección. Y, aunque se refieren estrictamente a la maldad de la desigualdad, podemos inferir que es peor si todos están igualmente mal, teniendo en cuenta que cuando la gente está en promedio mejor, o recibe sumas netas más grandes de beneficios, podría haber mayor utilidad, mayores posibilidades de bienestar y de satisfacción de las necesidades12. A la vez, la cuestión de que este estado de desigualdad se produzca sin que medie culpa o elección nos llevaría a interpretar, desde la equidad comparativa, que las desigualdades inmerecidas son inequitativas, pero que no siempre ni todas las desigualdades donde existió alguna elección o culpa tienen que considerarse equitativas.
Asimismo, las personas que viven solas y en circunstancias de enorme aislamiento probablemente requerirán algún tipo de apoyo y atención de la comunidad durante los períodos en los que se recomiende quedarse en casa (OCDE, 2020[45]). A veces hay quien prefiere utilizar el empleo casual como proporción del empleo no agrícola para medir la informalidad, ya que el trabajo casual desigualdad y exclusion social suele ser ordinary en el empleo agrícola, con lo cual los resultados de los países con importantes sectores agrícolas podrían quedar distorsionados. Esta medida se incluye en el marco global de las Naciones Unidas para monitorear el ODS 8.3.1, relacionado con la creación de puestos de trabajo decentes y productivos.
