Como satisfactor principal se estableció la vinculación de las familias con un interventor social, quien debía ser un conector con las redes locales e institucionales y además debía fomentar el desarrollo de procesos que permitieran mejorar el capital humano y social de la familia, potenciando su autonomía progresiva (MIDEPLAN, 2002). El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN, 2009) outline a los programas de acompañamiento psicosocial como una intervención socioeducativa que, por medio de la consejería e intermediación, motiva y apoya a la familia en la reorganización de sus recursos y prioridades en relación con instituciones y redes de apoyo, facilitando la transición hacia procesos de integración social. En tal situación, la nueva ruralidad como marco teórico es aplicable para comprender y explicar los fenómenos que allí ocurren.
Para los autores, esto llama a priorizar con urgencia a los establecimientos de bajo desempeño que educan a los niños y niñas más vulnerables. En términos más específicos, y según los grupos socioeconómicos asignados por la Agencia de la Calidad de la Educación, el nivel socioeconómico parece ser un determinante importante del desempeño lector de las y los estudiantes. Si bien el rezago lector está presente en todos los niveles, los resultados evidencian una amplia brecha educativa. Los resultados indican que el 60% de los estudiantes de la Región Metropolitana muestra un nivel de comprensión lectora inferior al esperado. Esta medición se realizó a través de DIALECT, una evaluación digital adaptativa que permite enfocarse en los distintos subprocesos lectores según el nivel de comprensión lectora de cada estudiante. De acuerdo con las investigaciones recientes sobre la educación mundial, Chile tiene uno de los porcentajes más bajos de educación universitaria y tasas de graduación en los países de la OCDE.
En el mundo, aproximadamente cada cuatro segundos muere un niño menor de cinco años, la mayoría por causas prevenibles como la desnutrición[6]. Según el Departamento Nacional de Planeación, reporta que en 2014 la mayor prevalencia de pobreza se encuentra en zonas rurales, en donde hay mayor la pobreza segun la onu nivel de desnutrición (uno de cada 10 niños); además, las tasas más altas se presentan en la región Caribe con 15,4% de los niños menores de cinco años con desnutrición crónica[7]. Como aporte a la discusión sobre pobreza multidimensional, se presentan en esta edición además, dos debates.
La publicación de la estrategia de intervención integral a favor de familias en extrema pobreza es un hito en materia de protección social en Chile, proponiéndose como su primera aplicación el programa Puente (MIDEPLAN, 2002; Palma y Urzúa, 2005; Robles, 2013b). El programa Puente, entre la familia y sus derechos (nombre legal de la iniciativa) se comienza a implementar en enero de 2002 como experiencia piloto a cargo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) en cuatro regiones de Chile (57 comunas). Su objetivo era generar oportunidades y proveer los recursos que permitan a las familias en extrema pobreza recuperar o tener acceso a una capacidad private y resolutiva eficaz en su entorno personal, familiar, comunitario e institucional (Larrañaga y Contreras, 2010; MIDEPLAN, 2009). Revisaremos las estrategias públicas actuales para atender a la vulnerabilidad económica de los pobres urbanos, desde el campo del habitat y la intervención urbano-territorial. Antes de profundizar en la experiencia en la región en esta temática, es importante recalcar que políticas orientadas a fomentar un crecimiento económico elevado y sostenido, así como un desarrollo productivo fundado en el aumento de la productividad y la incorporación continua de innovaciones, son claves para la generación del empleo productivo8.
6 Se utiliza la clasificación elaborada por la División de Estadísticas de CEPAL, de «empleo formal» y «empleo informal», aplicada en este caso a los jefes de hogar. Más allá de las particularidades en cada país y entre rondas de encuestas, se considera como empleo informal al empleo no calificado en microempresas (aquellas cuyo variable tamaño del establecimiento tiene un número igual o menor a 5 trabajadores), al empleo doméstico y al trabajo independiente no calificado de cualquier rama de productiva. En favelas, provisión de viviendas de dos plantas, una dedicada a generación de ingresos. Provisión relacionada a sistema de governance; Estado de derecho; and so forth., que deben estar disponibles a todos los ciudadanos independiente de su nivel de ingresos. Vivienda insegura y de calidad inadecuada exhibe riesgos de pérdida de activo; mayores costos de manutención por uso de materiales ligeros.
La pobreza como virtud implica no dejarse encadenar por los mecanismos de la sociedad consumista en la que ahora vivimos, que lejos de liberarnos nos esclaviza a las cosas. Vivimos en una sociedad donde el amor por las cosas (automóviles, teléfonos, artefactos tecnológicos, etc.) es más fuerte e importante que el amor por la vida y por las personas. “El compre y tire” es el nuevo motor que impulsa a las sociedades actuales, y en este deseo compulsivo de posesión se nos va la vida personal, acquainted y colectiva. Para tratar de demostrar cómo el cambio hacia una sociedad más justa y fraterna comienza con el cambio en uno mismo, que hemos llamado “conversión” al otro, hemos dividido nuestro trabajo en tres apartados. Los avances en cuanto a la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas décadas. El mundo logró la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, y lo consiguió en 2010, cinco años antes de la fecha prevista.
Dimensión institucional Un escaso nivel de representatividad de la población en las iniciativas y la acción del Estado así como un excesivo centralismo son claramente insustentables. La sustentabilidad implica realizar progresos significativos en la descentralización política administrativa de las decisiones, para estimular nuevas formas de organización y participación ciudadana. Debido a este contexto mundial, más de 342 millones de mujeres y niñas podrían vivir por debajo del umbral de pobreza para el año 2030. Por otro lado, según estimaciones recientes, el 75 por ciento de los países reduciría el gasto público para 2025, y esto afectaría negativamente a las mujeres.
A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente necesidad de otorgar pronta solución a los problemas derivados de la cuestión social, que hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante cuestión política, traspasando las fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del Congreso Nacional. Usos, limitaciones y potencialidades para el diseño de políticas de desarrollo y de población [Ponencia]. three El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza consiste en clasificar como «pobre» a una persona cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la «línea de pobreza» o monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de pobreza, expresadas en la moneda de cada país, se determinan a partir del valor de una canasta de bienes y servicios, empleando el método del «costo de necesidades básicas» (CEPAL, 2007). 1 Los hogares dirigidos por mujeres, además de ser excesivamente numerosos entre los pobres, tienden a ser más vulnerables en lo económico y social debido al menor número de trabajadores en cada uno de ellos, lo que aumenta la posibilidad de que caigan más allá de la línea de pobreza en épocas de crisis la pobreza es.
La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos. En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. Al comparar a Chile con países latinoamericanos donde hay información disponible, el único que se nos acerca es Colombia cuya elite alcanzó a la chilena en 2010, apropiándose de cerca del 23% de los ingresos de su país.
Se debe avanzar para cambiar el paradigma de «el que contamina paga» al de «lo que paga es prevenir la contaminación». El mercado puede aprovechar a su favor y en favor del desarrollo sustentable las oportunidades que supone la aplicación de regulaciones ambientales nacionales e internacionales, la puesta en marcha de procesos de producción más limpia y eficiente y la agregación de valor a las materias primas. En un esquema de sustentabilidad lo que cuenta no es el crecimiento de la producción sino la calidad de los servicios que se prestan. Existen diferentes fuentes que sugieren que el déficit de recursos humanos en salud es uno de los principales y más frecuentes problemas para subsanar la falta de atención que conlleva a la escasa intervención de enfermedades prevenibles. Recursos que se requieren desde el personal administrativo hasta médicos generalistas[39]; y esto sumado con la concepción de que la salud de los países pobres y en vía de desarrollo, mejorará aplicando conocimientos de salud pública, lo que requiere capacidad humana, institucional y física, así como también de influencia política[24],[40]. No solo considera los pocos recursos económicos, sino también en la producción de efectos negativos sobre la salud, teniendo en cuenta las malas condiciones ambientales en las que se desarrollan los seres vivos que en el futuro genera limitaciones funcionales, bajo desempeño y menos oportunidades laborales[2].
Zimmerman (2019), por su parte, muestra que 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan exalumnos de un subsegmento que proviene de solamente nueve colegios de élite (los que están incluidos en los 14 colegios identificados en el estudio del PNUD). Cabe notar que, tanto en los colegios particulares subvencionados como en los particulares pagados, las mujeres muestran un desempeño superior a los hombres, de un 7% y 9% respectivamente”. También se observan diferencias en relación con el tipo de administración del establecimiento educativo. Por ejemplo, en los establecimientos públicos (SLEPS y municipales) un 72% de los estudiantes tiene desempeño menor a primero básico, y en los colegios particulares subvencionados esta cifra alcanza el 64%. Según un estudio del PNUD (2017), los hijos e hijas de la élite chilena son educados en apenas 14 colegios, todos ubicados en la Región Metropolitana, representando el 0,1% del complete de los establecimientos.
El apoyo familiar outline su rol desde la existencia de una familia en situación de extrema pobreza que desea ser intervenida en su subjetividad, por medio de una relación cercana y confidencial. De esta manera, el apoyo familiar debe actuar como representante del Estado en los domicilios de las familias, establecer una relación personalizada, orientar su práctica como un servicio profesional, cumplir con una función de apoyo y promoción de habilidades personales y familiares, construir una relación de confianza, con equidad de género y etaria (FOSIS, 2004). El desarrollo del acompañamiento psicosocial se traduce en la implementación del programa Puente, definido como un servicio continuo de orientación, consejería e intermediación a través de sistema de visitas periódicas.