Es por esto que debemos avanzar de forma urgente en cerrar las múltiples brechas de género que enfrentan las mujeres y niñas en el acceso, desarrollo de competencias y uso seguro de las tecnologías, así como para promover su participación y liderazgo en la economía digital y evitar así que las mujeres tengamos que enfrentar una nueva brecha que impida nuestro desarrollo pleno e integral. Con este objetivo, estamos impulsando una robusta agenda interministerial para que las mujeres sean parte de una transformación digital inclusiva y puedan construir, en igualdad de condiciones, un futuro donde nada esté fuera de su alcance”, destacó la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett. Este trabajo busca mostrar, desde una perspectiva cualitativa, la importancia del concepto de pobreza de tiempo para un análisis del bienestar de usuarios/as de vivienda social de la ciudad de Santiago de Chile. Muestra la relación entre segregación espacial de la vivienda social, uso del tiempo y producción de desigualdades, con especial énfasis en las desigualdades de género. Se basa para esto en un estudio de caso en la población San Guillermo de Bajos de Mena, el que fue abordado con una metodología etnográfica durante el año 2019.
En palabras del autor, “la desigualdad era esencial y constitutiva” (2012, p. 25). A su vez, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, detalló que “estando ad portas del despliegue de la nueva red 5G y la economía four.0, debemos avanzar con especial convicción hacia una transformación digital inclusiva, a fin de lograr la masificación de las oportunidades y desafíos que generarán las nuevas tecnologías. Además de proyectar que la nueva red será un aporte a la productividad del país, buscamos que atraiga talento nacional femenino que se destaque en la industria de la innovación, la tecnología y de las telecomunicaciones. Para ello – y a modo de impulsar la investigación y experimentación del 5G, el IoT, el Big knowledge y el Machine Learning – es que desde SUBTEL hemos dispuesto diversos Campus 5G con espectro experimental a lo largo de Chile, iniciativa que ya suma 17 centros académicos y 2 centros de investigación tecnológica a lo largo del país”.
No obstante, el avance en igualdad de género no fue progresando de forma lineal, sino que contó con ciertos retrocesos que fueron constatados por diferentes indicadores. La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas. A partir de los roles que desempeñan hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado, se van configurando relaciones de poder de forma permanente, así como organizaciones jurídico-políticas propias de cada sociedad, las cuales han tendido a reproducir históricamente cánones de superioridad masculina por sobre lo femenino. Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad.
Durante la investigación, se realizó observación, entrevistas en profundidad y etnografía móvil, en fin de mostrar las dinámicas de producción y reproducción cotidiana de desigualdades en el espacio segregado, a partir de un análisis del tiempo destinado al trabajo remunerado, de cuidado y doméstico, de ocio y sociabilidad y tiempo de traslados. Otro ejemplo de trabajo en esta misma línea es llevado a cabo por los Centros de Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar, posteriormente denominados Centros de la Mujer. Como su nombre lo indica, estos buscan prevenir, pero sobre todo dar atención a mujeres víctimas de violencia, pero sin establecer diferencias entre aquellos casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, lo cual impide contar con cifras claras y realizar estudios que apoyen la tarea de prevención y educación. En dicha declaración, el Sernam se no señala claramente que se espere un aporte en las decisiones económicas y políticas del país, como sí se señala explícitamente en el caso español. Por un lado, en Chile pareciera ser que, aun cuando se busca incluir en la vida cotidiana la participación de las mujeres, en el ámbito público y concretamente el político pareciera que no se espera participación en la toma de decisiones, pues su importancia no está señalada abiertamente.
Uso del espacio comunitarios y creencias de género en una muestra de hombres que ejercen violencia conyugal en la provincia de Biobío, Chile. Al momento de aceptar la publicación de sus artículos, los autores deberán formalizar la cesión de derechos de autor a EURE, según las condiciones establecidas por la Revista. En vista de lo anterior, el año 2015 se realiza una de las modificaciones más relevantes al sistema electoral chileno (Ley 20840, artículo 1), el cual, además de pasar a un sistema proporcional de elección de parlamentarios, incorpora un máximo de un 60% en las listas parlamentarias de candidatos hombres o mujeres, alcanzando en las elecciones de 2017 una representación de un 23,2% en el Senado y un 23,9% en la Cámara de Diputados. Durante 2020, sólo un 28% de las personas matriculadas en carreras vinculadas a Ciencias e Ingeniería, fueron mujeres, según la Radiografía de Género en CTCI.
Decide sobre los contenidos, presentación y normativa editorial de la revista. Propone autores y temas para los siguientes números de la misma, dictamina los artículos recibidos en primera instancia y rechaza o acepta inicialmente, selecciona evaluadores externos y toma la última decisión sobre su publicación. La mujer inmigrante en la cultura patriarcal y su reflejo en los medios de comunicación.
Para ello, en el año 2008 se realizó el Primer Seminario sobre Protección Social y Género, cuyo objetivo obedeció a la necesidad de debatir sobre desafíos y propósitos de la perspectiva de género en función de las acciones de inclusión social que se promueven desde el Sistema de Protección Social y sus distintos componentes. Las primeras señales de estas diferencias surgieron al realizar este estudio comparado entre políticas públicas en España y Chile. Así, en Chile el objetivo principal del Sernam fue promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En España, en cambio, el objetivo del Instituto de la Mujer es declarado de forma más amplia, pero también más detallada. En el último aspecto, subrayamos que la incorporación de mujeres en el estudio de la historia en distintos ámbitos (ciencia, tecnología, humanidades, artes, entre otras) ha traído como consecuencia la visibilización de la contribución de las mujeres en el desarrollo de los distintos saberes de la humanidad.
Así, se ha conseguido que las mujeres participen activamente de los planos sociales y políticos de la sociedad española desde el empoderamiento y, en muchos casos, la igualdad. Una investigación pionera (2024) realizada por ONU Mujeres, en colaboración con diversas agencias de las Naciones Unidas, ha arrojado luz sobre los progresos y obstáculos persistentes en el camino hacia la igualdad de género en América Latina y el Caribe. El estudio, parte del esfuerzo colectivo del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas de la RCP LAC, ofrece una visión integral del estado de las mujeres en la región, analizando factores clave como la pobreza, la protección social, la educación, y la participación política.
La iniciativa liderada por de Chile a nivel Latinoaméricano ya cuenta con el apoyo de México, Uruguay y Costa Rica, y su objetivo es promover acciones colectivas, regionales y multisectoriales para cerrar las brechas de género en el acceso, desarrollo de habilidades y uso de las TIC por parte de las mujeres e impulsar su plena participación en la economía digital. Para ello, se está trabajando en la creación de una plataforma digital colaborativa, la cual tiene por objetivo ofrecer cursos de habilidades digitales a three.eight millones de mujeres en América Latina y el Caribe, a través de programas de formación de Microsoft, y crear oportunidades económicas para 1 millón de mujeres en la región durante los siguientes tres años. En esa línea, la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, recalcó que “cerrar la brecha de género en ciencias es un desafío país y con el anuncio de esta Primera Política para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su Plan de Acción, tenemos una hoja de ruta concreta y definida para abordarlo. Esto fue posible gracias a un intenso proceso colaborativo que duró 20 meses, canalizó la participación de más de 1.800 personas e instituciones y sistematizó esta participación en aportes concretos.
El enfoque metodológico examina los principales indicadores de igualdad de género entre los años 1992 y 2010, así como su relación con las políticas públicas que inciden en la construcción social del género en cada país. De esta forma, se espera que esta investigación genere un aporte cualitativo en el estudio de la desigualdad de género en países de renta media con problemáticas disímiles y algunos rasgos convergentes debido a sus procesos sociopolíticos e históricos particulares. En lo que se refiere a participación política, los resultados muestran un déficit en ambos países en diferentes niveles de decisión. En la práctica, se observa que, en el mejor de los indicadores, por cada tres varones en cargos de decisión solo existe una mujer e incluso la brecha puede aumentar a una relación de uno a cinco en ciertos períodos y/o áreas de actuación. La contraparte de esta realidad se aprecia, particularmente, en el caso de Chile en las organizaciones comunitarias y sociales ligadas a las labores del cuidado (Michel y Mahon, 2002) y la protección doméstica, evidencia empírica que nos remite nuevamente a la economía del cuidado, estructura que se reproduction desigualdad economica entre paises inclusive en la participación femenina en las fuerzas armadas.
La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Aunque la región ha logrado avances significativos en la ratificación de marcos normativos globales y regionales para la igualdad de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), persisten las brechas legislativas que generan discriminación y una financiación insuficiente para políticas públicas y estructuras institucionales enfocadas en la igualdad de género. Según el reciente “Perfil Regional de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe”, la región enfrenta desafíos significativos en áreas clave como la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la educación, la mortalidad materna, el acceso a servicios básicos, la autonomía económica de las mujeres, y la violencia de género. Este estudio, essential desigualdad de paises para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, señala un déficit appreciable de datos, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. El documento concluye con una serie de recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y reformas legislativas, mejorar la financiación y la implementación de programas orientados a la igualdad de género, y fomentar cambios sociales que permitan superar las desigualdades identificadas.
Asimismo, cabe señalar que estos factores de violencia estructural tienen también un reflejo en los indicadores de violencia directa ejercida contra mujeres, donde el impacto de las políticas públicas ha sido a todas luces insuficiente en ambos países. A través del estudio de caso, es necesario inicialmente constatar que, en el artículo 14 de la Constitución Española, se proclama el derecho a la igualdad y a la no-discriminación por razón de sexo. En este sentido, se reconoce la igualdad como un derecho universal, recogido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, además de ser un principio estrechamente vinculado con el ejercicio de la ciudadanía, requisito imprescindible en toda sociedad democrática. Sin embargo, más allá del reconocimiento de la igualdad formal recogida en la legislación, es preciso un grado mayor de avance en pos de la efectividad de las políticas públicas en términos de igualdad de derechos en este ámbito.
La trata de mujeres, el crimen organizado y el inmenso crecimiento de la corrupción en la región. El estudio también destaca la importancia de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que durante más de 45 años ha sido un foro clave para abordar estas cuestiones. Recientemente, el “Compromiso de Buenos Aires” adoptado en 2022, promueve la Sociedad del Cuidado como un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible con igualdad de género.
