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Informe Pnud: Chile Es Uno De Los Países Donde Más Se Atribuye La Desigualdad A Las Políticas A Favor De Pequeños Grupos De Poder Por Sobre El Bien Común

En otras palabras, la administración de los recursos dentro de la familia, de acuerdo a los diversos intereses y objetivos que haya dentro de ella, condicionarán el resultado last de cada individuo. En este sentido, Sen (2000) subraya la importancia de considerar las heterogeneidades particulares y sociales de los individuos, ya que esto tiene incidencia directamente sobre lo que podrán lograr con las herramientas disponibles. De esta manera, este economista identificó cinco causas responsables de la desigualdad de oportunidades, las cuales se describen a continuación. Este apartado concluye que, para los períodos estudiados, los territorios en peores condiciones iniciales (ya sea por ingreso o por desigualdad del ingreso), tienden a mejorar su condición respecto de los territorios más aventajados inicialmente. Aunque era de esperar que las regiones más pobres sean las que más rápido crezcan, no es obvio el comportamiento de la desigualdad. A través de los años, al igual que lo ilustrado por la evolución del Gini, la razón 10/10 muestra un aumento de las disparidades en el año 2009, donde el 10% más rico llega a distanciarse 38,8 desigualdad en general veces del ingreso medio del 10% más pobre, para luego descender paulatinamente.

desigualdad entre paises

Por lo mismo, sus resultados no son comparables a los resultados que han sido difundidos a contar de dicha fecha. Los resultados de la medición de pobreza por ingresos, considerando la metodología de medición establecida en enero de 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se encuentran disponibles de manera retrospectiva desde el año 2006. Un hogar en situación de pobreza extrema por ingresos, en tanto, es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza extrema por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido de acuerdo al número de integrantes del hogar y que corresponde a 2/3 del valor de la línea de pobreza. Un hogar en situación de pobreza por ingresos es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese mismo período, de acuerdo al número de integrantes del hogar.

Tanto es así, que por ejemplo, un país más igual no tiene por qué ser sinónimo de un país mejor o más justo. De hecho, puede ocurrir que en un país las personas sean todas más pobres y, por lo tanto, son más iguales. La manera más común de mirar la desigualdad de un país es utilizando el Índice de Gini, el cual mide la diferencia de ingresos. El Programa para una Cobertura de Salud Primaria Universal y Resiliente mejorará el acceso de la población a servicios sanitarios de calidad, a través de innovadoras medidas orientadas a incrementar la accesibilidad, resiliencia y eficiencia de la atención primaria, que contribuyan a consolidarla como base del sistema de prestación de servicios de salud. Esta estrategia se basa en las recomendaciones de política pública para que Chile alcance un desarrollo sostenible e inclusivo y en aquellas para desarrollar un sector privado más fuerte, para una sociedad más productiva e inclusiva. Según las proyecciones, la actividad económica se recuperará gradualmente, y el crecimiento tendencial del PIB llegará al 2,0 % en 2024.

Los quintiles de ingreso autónomo corresponden a grupos de igual tamaño conformados por la quinta parte (20%) de los hogares ordenados en forma ascendente (del I al V) de acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el primer quintil (quintil I) representa al 20% de menor ingreso y el quinto quintil (quintil V) representa al 20% de mayor ingreso. Por tratarse de una imputación, este dato no está asociado a un intervalo de confianza y su error muestral no es conocido. En el caso de comunas que no son cubiertas en la muestra de la Encuesta Casen no es posible contar con estimaciones directas, ni tampoco es factible aplicar el método de estimación para áreas pequeñas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia utiliza para estimar la tasa de pobreza por ingresos a nivel comunal. Para que un hogar se identifique en situación de pobreza multidimensional debe presentar un número igual o superior a three indicadores en carencia correspondientes a cualquiera de las primeras cuatro dimensiones (equivalente al peso completo de una de estas dimensiones). También se encuentran en situación de pobreza multidimensional los hogares que presenten carencias en los three indicadores de la dimensión de Redes y Cohesión Social y que presenten carencias en al menos 2 indicadores de las restantes dimensiones. Los hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional son aquellos que acumulan un porcentaje de 22,5% ó más de carencias en los 15 indicadores individuales que se utilizan para la medición, ponderados de acuerdo al peso que les corresponde en cada dimensión.

Esta cifra implica una disminución respecto al año 2020 (10,7%) de four,2 pp. y respecto al año 2017 (8,5%) de 2 pp. La pobreza extrema, en tanto, aumentó de un 2,3% en el 2017 al four,3% el 2020 y disminuyó a 2,0% el 2022 (entre 2017 y 2022 no hay diferencias estadísticamente significativas para pobreza extrema). Todos los países ven una reducción en la desigualdad después de que se considere esta redistribución, aunque la cantidad por la cual se cut back la desigualdad varía considerablemente. Según una investigación publicada en la revista científica PNAS los efectos propios de la desigualdad, tales como mayores tasas de depresión o peor desarrollo académico, podrían explicarse por los efectos de la inequidad en el cerebro. Un caso especial es del colegio San Ignacio El Bosque, el cual posee un sistema de colegiatura diferenciada, donde el valor mensual varía en base al ingreso familiar y la cantidad de hijos.

Esto implica que los países nórdicos muestran niveles relativamente bajos de desigualdad medida y percibida, mientras que Chile, México y Turquía dan cuenta de niveles altos. La mayoría cree que los hijos de las familias pobres seguirán siéndolo cuando sean adultos, y la concept de que «trabajar duro» es importante para salir adelante en la vida se alínea con el promedio de los países del foro. Esto último fue detallado por el foro multilateral en su estudio «¿Importa la desigualdad? Cómo perciben las personas las disparidades económicas y la movilidad social», publicado hoy jueves. En la nota nacional se explica que la percepción sobre las disparidades económicas no siempre refleja los indicadores reales. Pero este no es el caso de Chile, donde la gente nota grandes desigualdades y una movilidad social limitada, algo que se condice con los datos. «Si bien durante los gobiernos democráticos de los últimos 30 años se redujo notablemente la pobreza y hubo importantes avances en materia social, resulta indismentible que el modelo de desarrollo que adoptamos en Chile ha mantenido una alta concentración de la riqueza, llevándonos a ser uno, y esto nos duele, colegas, uno de los países más desiguales del mundo».

El término de “‘brecha digital”, que de acuerdo a Norris (2001), describe las desigualdades en el acceso a las TIC, ha venido cobrando relevancia en el contexto del a pandemia. Estas disparidades abarcan aquellas que se dan entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo, como las que surgen al inside de grupos sociales en los países, entre hombres y mujeres o entre los grupos más ricos y los que están en condición de pobreza. La brecha digital de género se refiere a la diferencia en el uso y acceso a las TICS entre mujeres y hombres, pero incluye también la desigualdad en cuanto a la creación y publicación de contenidos, la participación y la presencia en la purple desigualdad historica. En la sociedad occidental la perspectiva del juego de oposición clásico dominantes y dominados, parece tomar fuerza a través de las potencias colectivas por sobre las individuales en el marco de la lógica internacional de la comunicación.

“Latinoamérica es una de las regiones más urbanizadas a nivel mundial, con más del 80% de su población viviendo en ciudades, donde en Chile estamos cerca del 90%. «Esto -señalan- es un reflejo de la fragilidad política, económica y social generada por la trampa viciosa de la que trata este informe. La combinación sostenida de alta desigualdad y crecimiento limitado puede generar un equilibrio frágil, porque los gobiernos no consiguen satisfacer sus necesidades fiscales ni los ciudadanos sus aspiraciones de alcanzar una vida que tengan razones para valorar. A pesar del avance de la región en las últimas décadas para convertirse en una región de ingreso medio, la dinámica de esta trampa ha hecho que ese progreso sea inestable; y las disaster recientes han demostrado la rapidez con la que se pueden producir retrocesos».

Este hallazgo resalta la importancia de abordar la desigualdad salarial desde una perspectiva macroeconómica, ya que el exceso de inequidad salarial puede desincentivar la inversión en capital humano y erosionar la cohesión social. Es más, según este artículo «cuando factores como el nivel inicial de ingreso y el capital humano se mantienen constantes, los países con distribuciones más igualitarias del ingreso tienden a crecer más rápido que sus contrapartes similares». Dicha relación va más allá de las empresas individuales y tiene implicaciones que trascienden a nivel macroeconómico. Si bien la visión «clásica» sugiere que la desigualdad fomenta el desarrollo, esta ha sido cuestionada tanto en términos empíricos como teóricos. Sin embargo, aún hay grandes diferencias en la participación de ambos sexos en la fuerza laboral asalariada.

8Estados Unidos por su parte, obtiene el puesto número diez, con un PIB per cápita 2,4 veces superior al chileno. 1 La tarea de recopilación de datos no fue fácil, sobre todo al querer abordar el largo plazo, sin embargo, se debe agradecer a las distintas instituciones que cooperaron entregando información a través del Portal de Transparencia del Estado. Las empresas socias de Pacto Global Chile pueden contribuir a uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible suscribiendo sus iniciativas en Conecta, plataforma que visibiliza y sistematiza información relativa a los proyectos o iniciativas del sector privado que generan un impacto positivo en las metas establecidas en los 17 ODS. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.

Un gran desafío para países que expanden su educación superior e invitan, por primera vez, a sectores tradicionalmente excluidos, es apoyar, con recursos económicos pero también extraeconómicos, a los jóvenes más vulnerables. «En consonancia con el nivel de desigualdad, la demanda de los ciudadanos de una intervención política destinada a reducir las disparidades económicas es la más alta entre los países de la OCDE», plantean los autores. Precisan, además, que la demanda de una mayor redistribución es impulsada por la percepción de baja movilidad social y por el limitado alcance de la redistribución actual. En este contexto, Katia Valenzuela, investigadora de CEDEUS, socióloga y doctora en Ciencias Públicas por la Universidad de Nottinghan, cree que la medición Gini indica desigualdad en cuanto mide ingresos, pero existen más factores a tomar en cuenta. «Si situamos a Chile en comparación con países de la OCDE, Chile es uno de los países más desiguales por lo menos en América Latina, siguiendo el índice Gini, que mide ingresos. Si miramos la tendencia del coeficiente Gini Histórica, o sea desde los 90 hasta ahora, Chile ha reducido su desigualdad por lo menos acorde a este indicador.

La región de Magallanes fue la menos afectada tras la incorporación de la nueva dimensión, con un IDERE que solo descendió un 1,86%. A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global.

71% De Personas Atribuye Inequidades En Las Ciudades De Chile A Desigual Distribución De Recursos Entre Comunas Y A Prioridades Políticas

Adicionalmente a todo lo anterior, gracias a la COP25 se lograron conseguir fondos para impulsar la acción climática en diversas áreas. Acevedo abogó por medidas como el cierre anticipado del comercio para permitir un descanso necesario, destacando que un trabajador descansado es más propenso a ser productivo y contribuir al éxito de las empresas. “Queríamos saber en qué lugares se reúnen personas de diferente condición económica”, comentó Esteban Moro, líder del estudio a Retina.

“Que Chile tenga la posibilidad de usar los datos de mortalidad (el sistema de estadísticas vitales), no todos los países lo tienen, es producto de muchos años de trabajo y han sido catalogados de buena calidad en distintas publicaciones. Hay datos que nos permiten hacer este trabajo y hay desafíos para entender cuáles son los indicadores epidemiológicos de riesgo que nos interesa observar”, explicó y pasó a detallar las claves para leer el Atlas con un mapa de Chile con colores que corresponden a ciertas categorías para indicar riesgo de cáncer, por comuna. Hay datos que nos permiten hacer este trabajo y hay desafíos para entender cuáles son los indicadores epidemiológicos de riesgo que nos interesa observar”, explicó. Luego, detalló algunas claves para leer el Atlas con un mapa de Chile, con colores que corresponden a ciertas categorías para indicar riesgo de cáncer por comuna.

Las personas que viven en las “islas de calor” son las que se verán mayormente afectadas por las temperaturas extremas, sobre todo en aquellos meses que sobrepasarán los 30 °C. Esto claramente se podría clasificar como una injusticia social, porque son las personas con menos recursos las que viven bajo estas condiciones de estrés climático, soportando altas temperaturas en construcciones que no cuentan con mecanismos para enfrentarlas, sumado a que no cuentan con recursos para escapar de esta situación. Esta puede parecer una pregunta válida si se piensa que el clima nos debería afectar a todos los humanos de manera homogénea, pero esto no es así. Lo primero que se debe entender cuando se habla de cambio climático es que éste es, justamente, un problema de desigualdad en varios niveles. Más que una mera tipología edificatoria o un sector del mercado, la vivienda es un acto arquitectónico primario. Comienza cuando se dibuja una línea que separa el interior del exterior y, en última instancia, una casa de otra.

el atlas de las desigualdades

La Casa de Bello fue seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Santiago de Chile en la versión 2024 del ranking Research Leaders de Nature, medición basada en indicadores objetivos que evalúa a instituciones de todo el mundo en base a sus investigaciones publicadas en a hundred forty five revistas de alto impacto. Este 2024, además, la Universidad de Chile completó nueve años liderando la clasificación de la prestigiosa editorial científica y destacó como el tercer mejor plantel de Sudamérica, subiendo un puesto a nivel regional respecto a la versión 2023 de este ranking fc barcelona fundación. Finalmente, la experta realizó un ejercicio práctico de cómo utilizar el Atlas de Género, sus funcionalidades y oportunidades de acceso a información georreferenciada de género, cómo reconocer las brechas en el territorio con datos a la mano de la ciudadanía.

Pero hay otro, la gran mayoría silenciosa que no expresa sus dolores y sufrimiento, no puede descansar, y además posee trabajos precarios con sueldos que no alcanzan para vivir. Esta diferenciación entre países que cuentan con más y aquellos con menos recursos también se duplicate a menor escala al interior de los propios territorios. En el caso en que afecta la pobreza a la sociedad de Chile, las viviendas de las comunas más ricas cuentan con mayor y mejor aislación que las viviendas sociales o de autoconstrucción de las comunas más pobres, siendo capaces de soportar mejor las temperaturas extremas. A esto se suma que estas comunas cuentan con una mayor cantidad de áreas verdes, lo cual es sumamente importante pues la vegetación regula la temperatura.

Por último, Bárbara Rojas, vicepresidenta de comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Chile y directora nacional de Fenpruss, resaltó la creciente dificultad que enfrenta la clase trabajadora para disfrutar de vacaciones que verdaderamente constituyan un período de descanso. Rojas destacó la preocupación por la situación actual, donde los datos de una encuesta revelan una disminución en la posibilidad de tomarse un tiempo libre necesario para preservar la salud mental de los trabajadores. Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, dirigente de la Confederación del Comercio y Servicios (Conatracops) y vocero de Alianza Trabajadores del Comercio (Atcomer), considera “lamentable que la clase trabajadora, que genera las utilidades para las grandes empresas, no pueda disfrutar de este beneficio tan necesario. Necesitamos más empatía del mundo empresarial y apoyo a iniciativas parlamentarias que mejoren la calidad de vida de los trabajadores”. No siendo esto suficiente, la vulnerabilidad ante el cambio climático no sólo es desigualdad desde el punto de vista económico, sino que también afecta diferenciadamente según el grupo etario, género y etnia.

Para un 48% de los encuestados, esto se debe a que falta mejorar la distribución de recursos entre las comunas, a lo que se suma que otro 23% opinó que refleja que este tema no ha estado entre las prioridades políticas. Una de cada cinco personas mencionó además la falta de planificación urbana como el origen de este problema. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, comentó que “este Atlas es un aporte cuantioso para la planificación de nuestras ciudades y nuestras comunas para tomar distintos tipos de decisiones que van en beneficio de las comunidades y los municipios aportando además con la democratización de los datos ya que son datos confiables y abiertos con los que fue construido”. La primera médica mujer de Sudamérica, titulada de la Universidad de Chile en 1887, impulsó planes de alimentación y vacunación escolar que sentaron las bases de la salud pública chilena.

“Hoy tenemos mucha información dispersa y fragmentada en el país, y quienes estamos en cargos de autoridad tomando decisiones para mejorar la vida de las personas, necesitamos tener esa knowledge concentrada, clasificada y fácilmente disponible para la ciudadanía. Este Atlas ayuda en eso, a mostrar un poco una de mis obsesiones, que es el tema de la igualdad o la tiranía de los promedios de Santiago, donde efectivamente la realidad de las comunas es muy distinta”, indicó Claudio Orrego. “Este Atlas, de manera bastante sencilla, es capaz de mostrar esos niveles de desigualdad y cuáles son las brechas que tenemos que abordar, así que es un gran aporte para los que tomamos decisiones”, agregó. Por su parte, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, valoró esta iniciativa de trabajo conjunto “que refleja el interés mutuo por aprovechar la presidencia de Chile de la COP durante este año para lograr que las políticas y programas nacionales de cambio climático incorporen el enfoque de género. Y ojalá también, abrirles oportunidades a las mujeres de desarrollar sus propias estrategias de mitigación y adaptación”.

El Atlas hace una radiografía de las empresas, de los intereses políticos y de las tendencias de los actores involucrados en la producción de alimentos en el mundo con artículos especialmente producidos para esta edición, de la región del Cono Sur. Además del análisis crítico sobre la actuación del agronegocio, el Atlas presenta acciones de resistencias y alternativas al modelo. Limpieza, orden, seguridad y la existencia de espacios amplios son los principales atributos que las personas aspiran a tener en sus ciudades, según los participantes de esta encuesta en que participaron 1537 habitantes de 22 ciudades de Chile, las mismas de las cuales el año pasado se elaboró un Atlas de Bienestar Territorial con la participación de Corporación Ciudades. De hecho, un 64% de los consultados opinó que la política pública debiera incentivar el desarrollo de nuevos centros urbanos con equipamiento y empleo, muy por sobre privilegiar sistemas de transportes eficientes, que obtuvo el 17% de las preferencias en una pregunta de respuesta única. “Esto da cuenta de una de las principales preocupaciones que han señalado urbanistas que están promoviendo como modelo ideal a seguir el lograr ciudades de 15 minutos, es decir, que sus habitantes puedan acceder en un tiempo razonable a distintos bienes o servicios sin tener que realizar grandes desplazamientos”, reflexiona Marcela Ruiz-Tagle, directora de Estudios de Corporación Ciudades.

De Chile, una iniciativa que busca reunir fondos para la elaboración de una novela gráfica y que entregará múltiples recompensas a quienes participen. Conocer las estadísticas de género, para qué sirven y acercarlas a la ciudadanía fueron los objetivos de esta actividad. MSc en Crítica, Curatoría y Prácticas Conceptuales de la Arquitectura, GSAPP, Columbia University (EE.UU., 2012). El trabajo de Moore ha sido expuesto a nivel internacional y publicado en diversas revistas y periódicos, incluyendo Artforum, Future Anterior, y Avery Review (averyreview.com), donde también es editor adjunto.

La desigualdad en la distribución del descanso según los niveles de ingresos revela que el ocio se ha convertido en un servicio codiciado”. Las directrices, entonces, proponen intervenciones para apoyar a los trabajadores con problemas de salud mental y abogan por la protección de sectores críticos. La OIT destaca la necesidad de un entorno laboral seguro y saludable, con inversiones en prevención y apoyo a empleados con problemas de salud psychological. Los números desnudan la realidad del Chile profundo que no se ven en congreso de bienestar, no tienen influencer que hablen de su malestar, los algoritmos no le dan espacio en redes sociales como Linkedin y tampoco están en la agenda de los grandes medios. Un número reducido de trabajadores, los más acomodados y privilegiados, planifican y se toman sus justas vacaciones, a buena hora.

Eso no existe hoy en Chile, esta es la primera recopilación de esa información, que va a permitir en el futuro tomar decisiones mucho más informadas y, por lo tanto, de mayor impacto”, agregó. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas.

Sutil Discrepa Con Subsecretario Ahumada Y Le Atribuye Visión Generacional Incorrecta Sobre Beneficios De Tlc Y Tpp-11 Diario Financiero

En ese sentido, lo que se pone de manifiesto -nuevamente- es la complejidad multipolar del fenómeno de la pobreza, que exige la implementación de políticas públicas y programas sociales con carácter progresivo (propias de esta categoría de derechos). Este análisis no pasa por alto el hecho de que le corresponde al poder legislativo el diseño de políticas públicas para combatir la pobreza y al ejecutivo el deber de su ejecución.6 No obstante, el punto focal de este estudio consiste en determinar los niveles democratización e inclusividad que incorporan las decisiones judicia les y la adecuación y efectividad con que contribuyen al fortalecimiento de una política pública con enfoque de derechos. Sin embargo, si perfeccionásemos este estudio, aun así sería insuficiente si nuestros dirigentes políticos y de Gobierno carecen de voluntad política para llevarlo adelante, incluso a riesgo de que no fuese aceptado debido a los poderes fácticos regresivos que se oponen al cambio. No es cierto que no se puedan realizar transformaciones que determinen una mayor justicia social. Las políticas económicas de los dos últimos Gobiernos democráticos en Chile han logrado reducir el número de indigentes y de pobres de manera espectacular, y podríamos señalarlas como muy exitosas, y más aún si las comparamos con las de los Gobiernos militares y de Derecha, porque se han creado varias formas de llegar eficientemente a los sectores de menos recursos y con un bajo costo administrativo de manera de focalizar el gasto social. Pero no obstante, si se hubiese exterminado la lacra de la indigencia, la ignorancia y la pobreza, subsistiría una sociedad chilena en que los de menores recursos están casi 19 veces más abajo que los sectores de más altos ingresos.

Esto ha abierto un interesante debate en el mundo empresarial, con interpelaciones que solían no estar presentes y que podrían llevar a un nuevo modelo de desarrollo. El Servicio Electoral de Chile (Servel) sostiene (en 2017) que la participación ciudadana de mujeres menores de 30 años ha sido más baja que el grupo generacional de en la última década electoral. Por ejemplo, en la “Segunda Votación de la Elección Presidencial 2017”, el grupo de edad que más votó fue el de entre 65 y sixty nine años, con una participación del sixty seven,2%, pero los jóvenes entre 20 y 24 fueron el grupo que menos sufragó, con un 34,6%, lo cual no tiene diferencias significativas por género. Por tanto, la participación femenina está condicionada por elementos etarios o generacionales, algo que es importante considerar para el análisis.

pobreza generacional

Una de las principales razones sería el doble ingreso generado por la pareja, colocando a los hogares con un solo progenitor en clara desventaja económica. Esta situación se agrava con la maternidad extraconyugal que se produce principalmente en parejas jóvenes. En esa misma línea, Thomas y Sawhill (2005) aluden a que el ascenso de la pobreza infantil se debe en buena medida al incremento de hogares monoparentales.

Por supuesto, los límites competenciales del tribunal impiden que de manera directa pueda adoptar las políticas públicas, pues les corresponde a las autoridades gubernamentales elaborar, adoptar y ejecutar los programas que le ordena el tribu nal constitucional. No obstante, podría llegar a afirmarse que, sin la intervención del juez constitucional, no se tendría la seguridad de que la administración actuaría o asumiría el mismo nivel de protección que ha sido ordenado judicialmente. Aunque estos mecanismos de protección son importantes porque representan una solución clara y exigible, consideramos que son propios del asistencialismo clásico, ya que sólo implican obligaciones de dar y hacer, pero obvian la partici pación de los sujetos en la solución de sus necesidades. Puede que por razones de eficacia y practicidad la orden se profiera sin previa consulta de los afectados, no obstante, desde el plano de construcción de una política pública con enfoque de derechos humanos, este comportamiento debe ser calificado como inaceptable.

En lo que se refiere al derecho a la igualdad ha señalado que, en el marco del Estado Social de Derecho, constituye el norte de las actuaciones de las autoridades públicas, con el fin de corregir la inequidad social y promover la participación y la inclusión de las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad para mejorar progresivamente sus condiciones de existencia38. Esta ilustración pone de manifiesto que el tema que ha tenido mayor incidencia es el relacionado con las personas consideradas como sujetos de especial protección constitucional, es decir, aquellos sujetos que por sus condiciones personales, sociales y económicas son más vulnerables ante la sociedad y requieren de una protección reforzada. Este conjunto de sujetos comprende niños, ancianos, mujeres, entre otros, cuyo estudio se abordará de forma detallada en el acápite siguiente. El presente artículo propone un estudio de caso comparado que analiza las prácticas institucionales desplegadas por dos Iglesias protestantes en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. El propósito principal de nuestro trabajo es explicar y comprender las estrategias desplegadas por estas dos instituciones religiosas centrando el análisis en los vínculos que entretejen la vida de las familias a las de las Iglesias. El análisis parte del hecho que, en la actualidad, Argentina presenta un incremento de las Iglesias protestantes y de sus fieles, mientras paralelamente se produce una disminución de la población católica.

Su investigación más importante es el libro “Privilegio, la construcción de un adolescente de elite” (Princeton University Press, 2011), que tiene como protagonistas a los 500 alumnos del Internado Saint Paul, uno de los colegios secundarios donde se forma la elite estadounidense. En este pequeño y modesto ensayo se incorporan documentos que medios de comunicación sesgados no quisieron admitir; asimismo, artículos de prensa que sí lo hicieron en parte. Están también artículos y estudios de economistas, desarrollados en el libro «Neoliberales y Pobres. El debate continental por la justicia», cuyos antecedentes se señalan en los pies de páginas, si se quiere una consulta en mayor profundidad, y de expertos en desarrollo humano, como Hugo Fazio , Jacobo Schatan, Hugo Latorre , además de los aportes de José Soto, de ILADES; de Sergio Micco y Eduardo Saffirio , todos ellos colaboradores en las ideas centrales que aquí se exponen. Ésta es la urgencia del problema y la razón ultimate para los cristianos, los que tengan una visión progresista de la sociedad o los que estemos empeñados en hacer los cambios necesarios para entrar verdaderamente a una democracia actual, tal como lo expresó el ex Presidente de Chile don Patricio Aylwin en el seminario de la ILD y ODCA, realizado en nuestro país, y que hemos analizado y citado en este documento denominado «Los desafíos del desarrollo humano en América Latina». El gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó al país y al Congreso, en noviembre de 2022, una propuesta de Reforma Previsional cuyo principal objetivo es mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, con un énfasis specific en mejorar las condiciones de las mujeres de nuestro país. Contar con la colaboración de un consultor para lograr la Certificación Forestal de la Asociación Indígena de Productores Forestales Mapuche-Huilliche de Osorno, a través del trabajo de asistencia técnica desarrollado por la Consultora Monfil y Asociados.Mediante lo anterior, lograr abrir nuevos mercados y mejores condiciones de venta para los productos de la comunidad indígena, que permitan mejorar sus ingresos y condiciones generales de vida.

Semejante congruencia se estaría presentando también en el análisis según la zona de residencia, ubicando a los habitantes de áreas rurales con peores oportunidades de desarrollo y menores niveles estructurales de bienestar en comparación a las personas que viven en zonas urbanas. Los informes periódicos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI (2016b) confirman esta tendencia que considera que la pobreza en el Perú es un fenómeno predominantemente rural; y tal tendencia estaría fuertemente asociada a limitadas fuentes de ingresos, alta presencia indígena, territorio accidentado, deficiente infraestructura, restringidos servicios y escaza presencia gubernamental. En tal sentido, Verdera (2007) considera la necesidad de urgentes políticas de redistribución económico-social para mitigar los altos índices de pobreza ante la extrema desigualdad urbano-rural. Dicha desavenencia, Sheahan (2001) la calificó como un fracaso a nivel de política social por no haber incorporado en las zonas rurales acceso a educación, salud e infraestructura, así como por no haber invertido en una adecuada diversificación de actividades económicas. Estos hallazgos y aproximaciones permiten ampliar el horizonte y vienen posibilitando una mejor comprensión del fenómeno; y si bien la literatura especializada sigue colocando a los factores estructurales -grado educativo, desigualdad social y nivel de ingresos- como la principal vertiente generadora de pobreza, la evidencia científica señala la necesidad de incorporar al análisis otras variables de probada relevancia, como la estructura y composición acquainted.

Este rasgo que ha asumido el tribunal constitucional no es de poca monta, porque aquí es donde la jurisprudencia se presenta como instrumento legitimador para ampliar su competencia jurisdiccional a la dirección de políticas públicas, aunque sea de manera indirecta. Lo anterior, en el entendido de que la Corte Constitucional fija a través de su jurisprudencia, los principios o parámetros básicos sobre los que se debe erigir la política, los sujetos beneficiarios, las autoridades que deben ejecutar e implementar, e incluso llega a ordenar la disposición de los recursos públicos que habrán de invertirse para el caso concreto. En tercer lugar, se encuentran las órdenes de carácter prestacional proferidas en un 28,57% de los casos y que incorporan un contenido esencialmente econó mico, toda vez que conllevan el reconocimiento y pago de determinadas sumas de dinero con el fin de morigerar la situación grave de desposeimiento de aquellos sujetos que acuden jurisdicción. Bajo este parámetro, el tribunal constitucional actúa como un orientador del gasto público social, toda vez que da directrices claras y vinculantes a las autoridades administrativas para proceder al desembolso e inversión de recursos financieros en la lucha contra la pobreza.

Por su parte, se localiza en cuarto lugar el tema de la seguridad social en salud y pensiones. Esta temática constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar condiciones de vida digna en materia de pensiones y salud a la población en condición de pobreza, toda vez que les garantiza un ingreso mínimo durante la época de la jubilación y el acceso a servicios médicos a tra vés de un régimen subsidiado. El sistema de seguridad social hace parte de los sistemas de protección con que los Estados garantizan condiciones mínimas de dignidad en ingresos y salud a las personas, más aún cuando estas se encuen tran en situaciones de pobreza. En ese sentido, el sistema de seguridad social es foco de políticas públicas articuladas y coordinadas para la materialización de los programas sociales, con enfoque proactivo y de derechos humanos porque exige la contribución -mínima y proporcional- de los usuarios para acceder a sus beneficios. El primero es el individual, que deduce como causa, la falta de motivación y habilidades en el individuo que lo predisponen a vivir en pobreza (Stock, Corylon, Castellanos y Gieve, 2014). Posteriormente, el factor cultural resalta que la pobreza en algunos grupos sociales se debe a patrones de comportamiento, estilos de vida, prioridades y valores que los conducen a vivir en estado de pobreza (Galindo y Méndez, 2011; Surkyng y Lesthaeghe, 2004).

A este fenómeno habría que agregar el peso real explicativo de las variables asociadas a la composición familiar con el estado de pobreza. Publicaciones recientes de la Cepal (2015) y del INEI (2015) indican cómo la reducción del número de hijos y su mayor espaciamiento es también una de las variaciones más representativas en los nuevos tipos de arreglos sociales o estructuras familiares. Según los datos comparativos, entre los años 2002 y 2014 en 18 países de América Latina se registraron aumentos de hogares biparentales sin hijos de un four,5% a un eight,5%; y un incremento de hogares monoparentales desde el 8,8% al eleven,8%, con un promedio de 3,7 miembros por hogar (Cepal, 2015). • La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia no tiene la virtualidad de combatir la multipolaridad del fenómeno ni la totalidad de las trampas de la pobreza, pero en todo caso, sienta reglas importantes que deben observarse para la promoción y protección de los derechos humanos por parte de las entidades estatales encargadas de elaborar y ejecutar la política pública en materia de pobreza. En tercer lugar, la jurisprudencia analizada reconoce una serie de obligaciones para el Estado, las instituciones y las autoridades públicas para conjurar el fenó meno de la pobreza. Entre estos deberes se encuentra el de implementar planes, políticas públicas y programas sociales que contribuyan a mitigar los efectos de la pobreza y a erradicar sus causas de forma progresiva.