Otros organismos involucrados con temas de propiedad intelectual son la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Organización Mundial de la Salud (OMS) por nombrar algunos. En una sociedad que vive una profunda crisis de confianza en las instituciones y en la democracia misma, la vuelta de las comunidades al centro de la vida pública puede contribuir a renovar la convivencia, el sentido de pertenencia a una comunidad nacional y la confianza en los otros. En noviembre de 2015, ChileCompra creó la Directiva de Compras y Contratación Pública N°20 sobre Enfoque de Género en Materia de Compras Públicas, que entrega lineamientos para la incorporación de criterios que fomenten la equidad de género en los procesos de compras públicas que realizan las entidades compradoras del Estado, con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres y las empresas que lideran como proveedoras.
A su turno, la ley regula el gasto subvencionable y sus límites, se tipifica infracciones y se prevé sanciones para hacer valer la responsabilidad de las OSCs, junto con el reintegro del monto de los recursos. Para formarse válidamente, los partidos necesitan presentar una “declaración de principios ideológicos, programa de gobierno que establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, emblemas, distintivos, nómina de la directiva”. Además de eso, deben presentar un registro de afiliados, no menor al 1,5% del padrón de la última elección, y tener presencia en al menos un 50% de las provincias del país, “dos de las cuales deberán corresponder a las tres de mayor población”. El órgano encargado de reconocer la personería jurídica de una entidad política es el Consejo Nacional Electoral.
En paralelo, se alude crecientemente a los valores respeto y dignidad como aspectos prioritarios a considerar en los distintos espacios de interacción social, incluyendo la atención en las instituciones públicas. Las personas aspiran —y de manera cada vez más creciente exigen— tener una buena atención por parte de los servicios públicos. Tendencias globales dan cuenta de un deterioro de la confianza en las instituciones, sin embargo, existen diferencias apreciables entre países, basadas en diversos factores, como son la percepción de corrupción, falta de transparencia o Estados con capacidades limitadas y con políticas no sistemáticas.
La acción de las OSCs bajo esta perspectiva se vio reflejada en su integración en consejos de políticas públicas y, por otra parte en su movilización, incidencia y aportes proposititos en diversas leyes, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley Nacional de Telecomunicaciones, el Estatuto del Niño y del Adolescente, la Ley Orgánica de Asistencia Social, la Ley de Incentivos Fiscales para Proyectos Culturales. El derecho a participar se tradujo en esta fase en el deber del Estado de crear y common espacios significativos de participación. Para establecer un marco conceptual, el “efecto red” se define como el fenómeno por el cual la utilidad que un usuario extrae del consumo de un bien, crece por el consumo que los demás usuarios hacen del mismo (Katz & Shapiro, 1985).
Como se puede observar, las ideas que dieron forma al colectivo provienen previamente de los primeros usos de las TIC y las primeras relaciones en purple que fueron poco a poco cambiando el comportamiento de los usuarios de ese entonces a nuestros días. De acuerdo a su origen, el Partido Pirata en menos de una década se extendió de Suecia al resto del mundo (Cicchini, 2014), constituyéndose en un colectivo Internacional hijo de la tecnología y la globalización. Aunque el Partido Pirata es un colectivo Internacional, establece una base ideológica común que se va nutriendo de las particularidades de cada país, asumiendo su accionar político de acuerdo a las necesidades locales de los distintos niveles de desarrollo social y económico. En Chile los primeros antecedentes de uso de tecnologías de información en la organización política datan del año 2006 de la llamada revolución de “los pingüinos” (llamados así por el uniforme de los estudiantes secundarios).
Esta, según Valverde, se ve amenazada porque “el modelo económico neoliberal en el cual estamos inmersos hace un daño muy grande al involucramiento de las personas en la actoría social y política que debería tener. Este discurso individualista que ‘con mi propio esfuerzo salgo adelante’ o ‘yo puedo solo’, es absolutamente falaz y cuesta mucho romper esa cultura”. Esta reconciliación no sólo se realiza a través de una construcción de nuevas reglas de convivencia, sino que también mediante la reparación de las inequidades ejercidas durante cuarenta años, a muchos sectores de nuestra sociedad. Comenzar un proceso constituyente fue una de las pocas salidas de la clase política para salir del descrédito complete con los ciudadanos. El discurso de orden público a través de la represión de carabineros está alimentando aún más el descontento. Por otro lado, a pesar de que la emergencia sanitaria le entrega al gobierno una frágil sensación de control comunicacional, lo cierto es que la ciudadanía sigue considerando que el actuar comunitario es el que ha logrado resolver sus indecisiones.
Según datos de la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra), en 2021 la participación de las empresas lideradas por mujeres transando en compras públicas alcanzó 24% y concentró solo 13% del monto whole transado, el que equivale al 5% del PIB. De aprobarse, las indicaciones propuestas permitirían un primer avance a nivel authorized de la perspectiva de género en las compras públicas, favoreciendo a mujeres que lideran micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la incorporación de medidas afirmativas organizaciones sin fines que privilegian la contratación de sus productos o servicios. La modernización requiere del trabajo integrado entre instituciones públicas y, en algunos casos, en colaboración con el sector privado para abordar problemas públicos complejos. La Agenda prioriza iniciativas permanentes y proyectos en colaboración, que requieren de la mirada intersectorial, así como también el desarrollo de soluciones transversales a desafíos comunes. Esta falta de representación está también asociada con la eficacia externa declarada por las personas encuestadas.
Algunos estudios han señalado que, por lo general, esa resistencia violenta no es una resistencia armada, más bien es un enfrentamiento desigual en que las barricadas y los lanzamientos de piedras enfrentan el poder de fuego de los agentes del Estado. Para ordenar tácticas y repertorios del movimiento social en Chile, hemos construido esta tipología con ejemplos de cada unas de las intersecciones. Ese momento ha sido catalogado de muchas maneras, aunque la frase más repetida por las personas y los medios de comunicación es “Chile despertó”. Esta configuración de fuerzas nos refleja que en 2011 el Movimiento Estudiantil, además de generar un clivaje o fractura social, también produjo una apertura para que jóvenes configuren nuevas organizaciones que hagan frente a esta nueva fractura social, posicionando, disputando y debatiendo nuevas tensiones ideológicas que cargan con todas las consecuencias históricas del Chile postdictatorial.
Estas características, permitieron constituir el diseño metodológico de una forma flexible, que está en permanente cambio, siempre de acuerdo con las necesidades de la producción y análisis de los datos cualitativos que se fueron obteniendo. De esta manera, dicha técnica se presenta como una entrevista cualitativa, versatile y dinámica (Taylor y Bogdan, 1994). Ídem (2002), “Estado y legalidad, el peso de la noche en la sociedad civil chilena”, En Anuario de Filosofía Jurídica y Social Nº 20. Finalmente, desde el punto de vista del uso de nuevas tecnologías, la configuración de plataformas informáticas “amigables” para materializar las donaciones (que debería crear el Servicio de Impuestos Internos) es clave para el éxito de esta forma de financiamiento, organizacion funcional de una empresa así como la realización de campañas de sensibilización de los ciudadanos/as, suficientemente plurales e infomativas, que los motiven a donar. Estos dispositivos sencillos de implementar permitirían que las OSCs se posicionen más de cara a la ciudadanía que al Estado, y que cuando miren al Estado sea, más que reclamando de este autonomía, financiamiento y derecho a la crítica de lo establecido, lo hagan exhibiendo tales atributos. En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Un ejemplo de ello fueron las movilizaciones estudiantiles de los años 2006, 2011, el movimiento feminista de 2018 y el estallido social de octubre de 2019 (Escobar-González y Pezo-Hoces, 2019). Los subsecretarios son los jefes superiores de las subsecretarías y tienen carácter de colaboradores inmediatos de los ministros. Les corresponde coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como Ministros de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir las demás funciones que les señala la Ley.
También tiene la misión de educar a la comunidad sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. Ana Cox, presidenta de la organización, afirma que “hace tiempo venimos influyendo en las políticas públicas. Esto no es una guerra, no hay que usar palabras bélicas, porque no hay voluntariedad en el resultado del tratamiento”. Respecto a las tácticas de ilustración, una que presenta componentes violentos para quien la sufre es la funa. La funa, que significa podrido en Mapudungun, es una táctica de ilustración que ocupa la desaprobación pública sobre quienes han realizado actos de abuso por su condición de jerarquía o privilegio. Esta táctica, demuestra la ineficiencia del Estado para juzgar la violencia pública y privada de aquellos que tienen posiciones históricas de dominación.
Actualmente, según la Registraduría Nacional de Colombia, son thirteen los partidos y movimientos políticos que operan válidamente en el país. El Estado participa de su financiamiento “político y electoral”, en proporción a su porcentaje de votación. En el caso de los movimientos sociales y grupos significativos, pueden ser financiados parcialmente por el Estado. Las organizaciones que poseen personería pueden presentar candidatos a las elecciones, pero también “los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos”. Estos últimos, para inscribir una postulación deberán acreditar firmas válidas y suficientes, y un certificado de seriedad.
Un cuarto apartado realiza un análisis que determina cómo el efecto red y la brecha participativa inciden en el uso de las aplicaciones. Concluyendo que existe una brecha digital significativa en el uso e implementación de aplicaciones auto-gestionadas específicas, que tiende a contener las opciones alternativas, que concentra además. No obstante, es posible observar pequeñas organizaciones políticas que están dispuestas al uso de las aplicaciones de software program alternativo auto-gestionadas, presentándose en prospectiva una brecha participativa que puede dar ventajas comparativas a un grupo de activistas o partido político por sobre otros.