De hecho, gran parte de las políticas de transporte urbano han tendido a privilegiar siempre a los medios y sistemas de transporte (licitación de recorridos, plan de modernización de omnibuses, innovación tecnológica de sistemas de combustión, concesiones de vías urbanas), antes que al ciudadano usuario. Este, en su condición esencial de peatón, encuentra cada vez menos espacio, seguridad y tranquilidad en la ciudad. La posibilidad de que una municipalidad pueda influir sobre las políticas nacionales sectoriales que representan inversiones públicas, es casi cero. Las principales decisiones sobre infraestructura e inversiones sociales en Chile recaen en el Gobierno (el Ejecutivo). En algunos casos, puede ejercerse alguna influencia a través del Congreso, en el momento en que se discute el presupuesto nacional anual para su aprobación.
No obstante, estos gastos implican ahorros en servicios, como educación extra-curricular, psicólogos escolares, educación especial, etc. Otro importante issue en la distribución espacial de la pobreza en Santiago ha sido la erradicación forzada de campamentos durante la dictadura militar ya mencionada, que significó rupturas en las comunidades, complejos procesos de reestructuración y una concentración espacial de la pobreza. Es fruto de un desarrollo global que distribuye mal los recursos entre personas, ciudades y regiones.
El punto que queremos destacar en este artículo es que la ciudad muestra una diversidad de rostros con distinto signo. Algunos muestran inequívocamente los éxitos económicos; otros parecieran empinarse, pero sin lograrlo; otros se han quedado definitivamente al margen de tales logros.
En simple, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, etc.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos.
En los años 60 y 70, del siglo XX, se concedían préstamos a los países del tercer mundo a bajo interés. Los créditos se pidieron contando con unos ingresos que van decreciendo, ya que el valor de los productos de estos países (materias primas) no hace más que devaluarse. Además en los años eighty Reagan resolve aumentar unilateralmente los intereses de la deuda. Uniendo estos dos elementos (valor de la producción devaluada + aumento intereses) la devolución se hace imposible, por lo que los dirigentes locales han de renegociar con el FMI y el BM nuevos créditos para pagar los intereses de los créditos antiguos. Dicho sistema corporativo está compuesto por inversores, financieros y propietarios de empresas transnacionales. Eso sí, la desigualdad no actúa tan solo en la esfera económica, sino que el poder económico de dichas empresas as empoderan, además, de una inconmensurable potestad política, legal y social.
Lo integran concejales electos a través de elecciones directas, mediante un sistema de representación proporcional; su cargo dura cuatro años y también pueden ser reelegidos. La instancia de participación de la ciudadanía es el Consejo Económico y Social Comunal, compuesto por representantes de la comunidad local organizada, y que tiene carácter consultivo. Durante los años 90, ha habido ausencia de organización autónoma y de participación entre las comunidades pobres de la ciudad, junto con una falta de perspectivas de largo plazo. Se ha perdido capital social y lo que se llamó movimientos poblacionales, esto es, política en el ámbito comunitario, vecinal, preocupada de la representación y no solo del acceso a programas estatales. Las tasas de violencia tanto en Santiago como en el país no han aumentado en los últimos diez años.
Consistente con lo reportado por la OCDE, encuentran que en su conjunto la acción del gobierno es levemente progresiva.[8] El estudio muestra, además, que el sistema tributario es levemente regresivo y el sistema de transferencias es progresivo, especialmente debido a las transferencias en salud y educación. Así, el diseño mismo del sistema tributario explicaría por qué la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias es particularmente acotada en el caso chileno. Esta situación de pobreza crónica da cuenta de la mayor parte de la pobreza actual indec pobreza 2022 en la ciudad, pero no es representativa de todas las situaciones de pobreza. Un fenómeno más reciente es el de las personas que permanecen fuera del mercado laboral durante largos períodos de tiempo, como consecuencia de la reestructuración económica y la innovación tecnológica.
La descentralización para la ciudad implica, entre otras cosas, que tarde o temprano su autoridad máxima deberá ser elegida directamente por la ciudadanía. Aunque se la considera una ciudad segura entre las grandes urbes latinoamericanas, sus habitantes perciben Santiago como un lugar amenazante, una ciudad de miedo. En la actualidad es relativamente generalizada una sensación de inseguridad vinculada a la violencia delictiva y al sistema económico y político-institucional.
La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% justicia y desigualdad social de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015. Usando esta información podemos evaluar cómo se sitúa Chile en el panorama internacional. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global.
7 Véase Enrique Oviedo, Alfredo Rodríguez (1998), «Santiago, una ciudad con temor. Inseguridad ciudadana y pérdida del espacio público». SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación llevó a cabo el estudio en Chile, con el apoyo de la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esta construcción política y administrativa de la ciudad requiere avanzar en el proceso de descentralización. En efecto, si el municipio está llamado a jugar un papel central en la gestión urbana, deberá contar con las competencias y recursos necesarios.
A lo anterior se suma que los impuestos al ingreso, además de tener una relevancia secundaria, abren espacios para elusión y evasión, haciendo que la progresividad nominal se vea seriamente mermada.[18] Además, los impuestos al patrimonio prácticamente no existen. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado. Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se outline como regresiva. Para Chile, existen diferentes estimaciones de la porción de los ingresos que se lleva el 1% más rico, que varían dependiendo de los datos disponibles, supuestos metodológicos, y correcciones hechas por evasión y elusión.
El estudio de Flores, Sanhueza, Atria y Mayer encuentra una concentración en torno al 24% usando datos tabulados. Fairfield y Jorrat usan microdatos administrativos de 2005 al 2010 y, ajustando por evasión y elusión, encuentran cifras en torno al 33%. El estudio del Banco Mundial que citamos previamente calcula un 33% para el 2013. Todos los estudios son relativamente consistentes y sugieren que los individuos en el 1% más rico reciben entre un cuarto y un tercio del ingreso nacional. Para complementar el análisis basado en el Gini, una forma menos abstracta y más intuitiva de medir la desigualdad consiste en calcular la porción del ingreso complete del país que concentran diferentes grupos de la población. Por ejemplo, la porción del ingreso nacional que se apropian el 1% y el 10% más ricos dan cuenta de qué tan concentrados están los ingresos.