UU., el país más rico del mundo, casi el 2% de la población, o más de 5 millones de personas, no pueden pagar una dieta saludable (una que proteja contra todas las formas de desnutrición). Más de three millones de estadounidenses no pueden permitirse ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas de energía. En India, el 78% de las personas no pueden pagar una dieta saludable, es decir, más de 1.000 millones de personas. “En América Latina y el Caribe, la malnutrición infantil es una problemática que, en sus distintas formas, sigue impactando a la niñez y adolescencia. La desnutrición y el sobrepeso infantil son dos caras de la misma moneda y exigen abordarles de forma integral. El sobrepeso infantil ha incrementado de manera alarmante en las últimas dos décadas, amenazando la salud y el bienestar de la niñez.
El enfoque predominante de seguridad alimentaria en el mundo y en la Región supone la generación automática de una demanda efectiva («Ley de Say»), despreocupándose totalmente de este tema. Pero en la realidad no todos los consumidores tienen poder adquisitivo suficiente para participar del mercado alimentario. Hay una serie de factores que influyen en la constitución o destrucción del poder de compra de cada individuo. Por ejemplo, nadie puede desconocer, excepto los neoliberales, que hay una estrecha vinculación entre demanda efectiva y pobreza, y entre ésta y seguridad (o inseguridad) alimentaria. Hacia 1999, el 35% de los hogares latinoamericanos carecía de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y el 14% no contaba con un ingreso suficiente que les permitiera adquirir al menos la canasta básica de alimentos(9). Por otra parte, también hubo considerables diferencias de comportamiento productivo dentro de cada país.
Más de 26 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, siendo las mujeres, las personas trabajadoras de los sectores informales y las migrantes las más afectadas. También se ve bastante lejana la realización plena del derecho a la alimentación, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 21 de abril del año pasado. Este derecho es entendido desde entonces como uno de los Derechos fundamentales del ser humano, y considera al hambre como un «ultraje y una violación de la dignidad humana»14. Sin embargo, «la capacidad desigualdad de salud de alimentarse no es sólo un problema de derechos sobre los alimentos, sino que depende también de otros bienes y servicios como los sanitarios, médicos y educativos»(17). No sólo eso, la ausencia de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, inhibe el desarrollo de las capacidades y conduce a una inserción precaria de importantes sectores de la población urbana y rural. Al carecer de las dotaciones iniciales mínimas, la pobreza priva a los individuos de la posibilidad de acceder a una alimentación sana y suficiente.
El sistema alimentario industrial globalizado ha disparado en más del 90% el consumo de alimentos empacados, con todo el problema de impactos por residuos que eso genera. Además, hoy lidiamos con el triple peso de la malnutrición; sub-alimentación, deficiencias de micro nutrientes y sobrepeso. Alimentos que no nutren, con un fuerte componente en desigualdad social por inequidad en el acceso a una alimentación saludable, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los ya saturados sistemas de salud.
De allí que con las importaciones de productos extranjeros tampoco se resuelva la situación de alrededor de un tercio de la población que no dispone de alimentos suficientes o de los más de 60 millones que sufren desnutrición. Tampoco se puede decir que el flagelo del hambre se encuentra focalizado en ciertas zonas (rurales) al interior de los países. En realidad, la pobreza en nuestro continente -como luego veremos con más detalle- ha crecido muchos más en las zonas urbanas que en las rurales durante los últimos 20 años. La pobreza y el hambre no se definen en términos de exclusión, sino más bien son resultado de una inserción precaria de las personas en la actividad económica, social y política. Los pobres hambrientos, privados de los beneficios del crecimiento de la producción de alimentos, sobreviven en situación de precariedad. El hambre es un fenómeno social y comprehensivo, no puede reducirse a la escasez de alimentos o a la insuficiencia de ingresos.
La escasez de recursos y la falta de acceso a alimentos básicos resultaron en un aumento alarmante de la desnutrición en la población chilena. Los informes de la época describen escenas desgarradoras de niños desnutridos, familias que subsisten con dietas extremadamente pobres y comunidades enteras luchando por conseguir alimentos básicos. Según la revista médica Nutrición Hospitalaria “En el caso de Chile, su población mostraba un déficit de alimentos protectores y un déficit de un 20% en calorías”.
En whole, se calcula que entre 720 y 811 millones de personas en todo el mundo sufrieron hambre en 2020, unas 161 millones más que el año anterior, en lo que el documento considera un “empeoramiento espectacular” de la situación alimentaria a nivel global. Por lo tanto, el poder constituyente chileno tiene el deber, no sólo conforme al derecho internacional sino también según lo establecido en su propio ordenamiento interno, de respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Chile es Parte. Resulta basic desigualdad de los ingresos entonces destacar los tratados que consagran el derecho humano a la alimentación adecuada ya reseñados, en specific lo establecido en el PIDESC y la Observación General Nº 12.
El informe propone acciones coordinadas desde la producción, comercialización y apoyo al consumo de los alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. También resulta importante poder fortalecer la información de productos y precios de mercados y el comercio, para aumentar la oferta de alimentos nutritivos y potenciar su comercialización. FAO seguirá trabajando de la mano con los distintos países para lograr la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, garantizar que se cumpla el derecho a una alimentación justa, suficiente y de buena calidad para todas las personas. América Latina y el Caribe enfrenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria de la población. La desaceleración económica, la disaster climática, la pandemia por COVID-19, y el reciente conflicto en Ucrania, han producido efectos profundos en los sistemas agroalimentarios y la alimentación de las personas.
Un sistema alimentario sostenible genera relaciones entre los actores involucrados que son inclusivas y equitativas en términos de ingresos y distribución, reconociendo la contribución de cada uno de los actores. Sin embargo, las cadenas de suministro al interior del sistema alimentario están en la actualidad sujetas a relaciones desequilibradas y de desigualdad, dejando a muchos de sus actores sumidos en la pobreza [2]. Además, el ministro se ha mostrado a favor de «transformar los procedimientos y la lógica de las grandes industrias alimentarias» y que llevar a cabo una alimentación saludable y la formación de hábitos nutricionales saludables, sobre todo en la infancia, «no dependa de elecciones individuales sino que los poderes públicos lo garanticen». Esto no hace más que confirmar la tendencia al deterioro de largo plazo de los precios reales de la agricultura. El proyecto de globalización o de totalización del mercado ha entrado abiertamente en conflicto con el bien común, como concepto ético que expresa la necesidad de asegurar las condiciones de posibilidad de la vida humana. Es la ética que falta para fundar la seguridad alimentaria y el derecho efectivo a la alimentación.
Sabemos que [las empresas] empujan a que las consuman, pero la gente no sabe cuántas calorías tienen. En muchos países, supongo que Chile es uno de ellos, el consumo de comida chatarra se cruza con la desigualdad, al igual que sobrepeso y obesidad”, precisó. En el 2020 el IPC basic, según el informe del INE, creció un 3% mientras que los precios de los alimentos y bebidas llegaron a un 7,6% en el año. De acuerdo al Panorama 2023, el costo promedio de una dieta saludable a nivel mundial es de three,sixty six dólares por persona al día.
Este trabajo presenta una reflexión sobre las consecuencias de la alimentación y nutrición, con tres casos ilustrativos del complejo panorama de salud y las soluciones de política pública. Cada uno de esos casos, constituyen elementos de argumentación desde la perspectiva de la salud colectiva para trascender el debate centrado en solo algún aspecto. Con ello se pretende mostrar la complejidad del problema y las implicaciones en distintos niveles de la realidad para su comprensión.
La pandemia está volcando las cadenas de suministro de alimentos, paralizando las economías y erosionando el poder adquisitivo de los consumidores. Algunas proyecciones muestran que para fin de año, el Covid-19 causará que más personas mueran cada día por hambre que por infecciones de virus. La publicación detalló que 131,three millones de personas en la región no pudieron costear este tipo de alimentación en 2020, lo que representa un aumento de eight millones con respecto al 2019. Entre 2020 y 2022, en el contexto de la pandemia, la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años aumentó ligeramente del 8,3 % al eight,6 % con un incremento mayor en Sudamérica, un aumento más leve en Mesoamérica y manteniéndose estable en el Caribe. En el año 2022, la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años fue del 9,7 % en Sudamérica, 6,7 % en Mesoamérica y 6,6 % en el Caribe. Por su parte, en Mesoamérica, 9,1 millones de personas padecieron hambre en 2022, lo que significa una prevalencia del 5,1 %.
