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¿está Agotado El Actual Modelo De Política Social? Revista Enfoques: Ciencia Política Y Administración Pública

De esta forma, Basaure establece las bases del programa de investigación que desarrolla junto a un equipo de investigadores, y cuyas claves expuso en la charla “La tiranía del tiempo, nuevas dimensiones de la desigualdad”. Se trata de la quinta charla del ciclo virtual de la VII Conferencia de Cultura Científica, que cada año organiza nuestra casa de estudios a través del Centro para la Comunicación de la Ciencia. Una mayoría (54%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que las agrava (38%). En el caso de comunas que no son cubiertas en la muestra de la Encuesta Casen no es posible contar con estimaciones directas, ni tampoco es factible aplicar el método de estimación para áreas pequeñas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia utiliza para estimar la tasa de pobreza por ingresos a nivel comunal. Los hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional son aquellos que acumulan un porcentaje de 22,5% ó más de carencias en los 15 indicadores individuales que se utilizan para la medición, ponderados de acuerdo al peso que les corresponde en cada dimensión. No obstante, el indicador que usualmente se toma como referencia a nivel nacional, regional y comunal es la tasa o porcentaje de personas en situación de pobreza.

Las familias, por su parte, cuentan con una serie de estrategias que refuerzan estos mecanismos de segregación por medio de la elección escolar. Van Zanten (2015) señala que las estrategias educativas de las familias de élite son seleccionar colegios guiados por su estatus de excelencia y por ser miembros de una comunidad de exclusividad, entre parecidos. A su vez, el tamaño de los colegios y el reducido número de matrículas que ofrecen, junto con otros mecanismos de reclutamiento como, por ejemplo, dar prioridad de cupos a los hermanos de los estudiantes o a los hijos de exestudiantes, son costumbres adquiridas hace muchos decenios.

A manera de conclusión, destacamos diferentes fuentes de la desigualdad propias del proceso de desagrarización. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. Imagen del pabellón chileno en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, donde Alejandra Celedón estuvo a cargo de la muestra Stadium, sobre el cambio en la política de viviendas sociales llevada a cabo en 1979.

En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Creo que es basic volver a considerar la vivienda como un derecho”, dice el sociólogo Fernando Campos. “No creo que el problema sea la regulación, la regulación existe, pero está orientada a fines que no compartimos todos, o no se transparentan los fines a los que apuntan esas normas y ciertos grupos las utilizan a su conveniencia. A Chile no le faltan mecanismos regulatorios, le falta que nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos common las cosas.

Al considerar la pobreza multidimensional, nuevamente la región de La Araucanía es la más weak, pero en este caso seguida por dos regiones del norte del país, Atacama y Coquimbo. Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá). Por su lado, La Araucanía sobrepasa los promedios desigualdad rural y urbana nacionales en ambos casos, y se observa que la diferencia entre ambos tipos de pobreza no es tan amplio, por lo que se infiere que el ingreso es la mayor causa de pobreza en este territorio, lo que se avala con el resultado del PIB per cápita expuesto anteriormente. La construcción de una amplia base de datos regional permitió dar una mirada a la dinámica de la desigualdad en Chile, retratando las diferencias regionales.

Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini. Se aprecia que bajo esta metodología la disminución promedio es menor que bajo la nueva metodología, sin embargo, el comportamiento en ambos casos es comparable. No se puede negar que Chile ha experimentado un desarrollo sin precedentes desde el retorno a la democracia (1990). Se ha logrado en un escenario de estabilidad política y social, preservando equilibrios macroeconómicos a pesar de los shocks internacionales (Sunkel e Infante, 2009). Asimismo, las políticas sociales, enfocadas a la población de menores ingresos han obtenido buenos resultados disminuyendo la pobreza del país y en cada una de sus regiones.

desigualdad social actual

«Va mostrando que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución altamente desigual de ingresos y de representación política». Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia publica regularmente estimaciones del porcentaje de hogares y de personas en situación de pobreza en base a datos de la Encuesta Casen. Un hogar en situación de pobreza extrema por ingresos, en tanto, es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza extrema por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido de acuerdo al número de integrantes del hogar y que corresponde a 2/3 del valor de la línea de pobreza. Un hogar en situación de pobreza por ingresos es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese mismo período, de acuerdo al número de integrantes del hogar.

En contraste, los particulares pagados evidencian una mayor ventaja, ya que en ellos el 29% de los estudiantes presenta rezago. Sin embargo, como aclaran los autores del estudio, dichas diferencias no necesariamente se explican por las diferencias de los sostenedores, sino que atienden también a estudiantes con diferentes atributos socioeconómicos. El 29% de desigualdad mundial 2022 las y los estudiantes del nivel socioeconómico más alto no logra el desempeño esperado a finales de 1° básico. En contraste, el 73% de los estudiantes en el grupo socioeconómico más bajo está bajo el nivel esperado. Para los autores, esto llama a priorizar con urgencia a los establecimientos de bajo desempeño que educan a los niños y niñas más vulnerables.

Lo que nos muestran estas cifras es que países como el nuestro tienen un gran desafío por delante en materia de reformas estructurales en salud para que las políticas que se apliquen no vayan en la dirección de soluciones privatizadoras, sino en la dirección de resguardar los derechos fundamentales de las personas. Al menos ése es el camino que señalan los países que tienen mejores indicadores de salud, de igualdad y de aseguramiento del derecho a la salud. Se señala que éste es un issue de desigualdad, lo que queda demostrado por el negativo coeficiente Gini que caracteriza a Chile en comparación con muchos otros países del mundo, según cifras que reporta el Informe de Desarrollo Humano que emite el PNUD (2010) y publicadas por Salud Un Derecho.

Estas opiniones cambiaron radicalmente en el 2021, porque el 71% de los encuestados elige la opción de que todos tengan lo mismo; solo el 7% cube que no haya mucha diferencia; y, apenas un 23% cube que esas diferencias no importan. En otras palabras, los chilenos sí recogieron este discurso y opinión política y lo hicieron propio. Avanzar en una equitativa distribución de la corresponsabilidad en el cuidado y trabajo doméstico, terminar con los estereotipos en torno a roles de género, apoyar los emprendimientos liderados por mujeres, denunciar los casos de violencia doméstica, son algunas acciones cotidianas que podemos realizar para facilitar este proceso. Además, hablamos permanentemente de reforma a Carabineros, de reforma al Sence, a la Sala Cuna y ninguno de esos proyectos sale adelante.

Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje. Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública.

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Agostini y Brown (2007; 2010) realizaron un estudio a nivel desagregado de las desigualdades chilenas, logrando obtener un índice de Gini comunal11. Los resultados confirmaron la mencionada heterogeneidad del territorio chileno, obteniendo Ginis que van de zero,41 a zero,63. Asimismo, se expone que las regiones del sur, así como la Metropolitana, tienden a tener comunas con mayor nivel de desigualdad del ingreso (similares resultados obtuvieron Ramírez et al. [2009] en su estudio comunal).

situación de desigualdad social

La metodología de investigación consiste en un análisis descriptivo y comparativo de las regiones del país, así como de un análisis de convergencia regional. La información recopilada para el desarrollo de este trabajo, se ha obtenido de fuentes secundarias, desde distintas bases de datos mundiales y nacionales. A nivel país se utiliza principalmente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y datos de productividad del Banco Central de Chile. Asimismo, se contacta con diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadísticas, al que se solicita datos antiguos poblacionales y vitales no disponibles en la web1.

Por otro lado, también es importante, en este sentido, trabajar en acciones públicas que sean de corto y largo alcance. En primer lugar, de corto alcance, puesto que la realidad país hoy supone una urgencia respecto de este tema, el cual debe ser tratado pronto si realmente se quiere establecer el desarrollo sostenible a nivel nacional, como también internacional. En segundo lugar, también deberían haber acciones públicas de largo alcance, que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también a aquellas dificultades más profundas, y que se arrastran desde hace siglos (PNUD, 2017), con el propósito de disminuir estas disparidades de manera efectiva y sostenible en el tiempo. Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un 3,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a zero,6% en el año 2011, superando con creces la meta que era de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019).

Los fondos de pensiones –cuya administración debemos entregar por obligación authorized a empresas privadas que los invierten en el sistema financiero para “mejorar” la cantidad de dinero con la que contaremos al jubilar– están bajando vertiginosamente. Todos quienes cotizamos hemos perdido dinero, siendo desastroso para quienes están más cerca de la edad de jubilar. Las farmacias empiezan a subir los precios de medicamentos e insumos de higiene necesarios para las medidas de cuidado, que se transforman en bienes de lujo.

Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. Asimismo, se aplica la misma metodología, pero para estudiar la convergencia de la desigualdad del ingreso regional.

Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Como se puede observar, las metas de este ODS contemplan los aspectos económicos, políticos y sociales, lo que va en la línea de lo planteado respecto de la multidimensionalidad de la desigualdad económica. Es decir, que esta no solo considera el tema de ingresos, sino que hay una gama amplia de particularidades a considerar para lograr reducirla. Por ejemplo, la meta 10.2 busca promover la inclusión social, económica y política de las personas, con un foco antidiscriminatorio, y la meta 10.three hace referencia explícita sobre las dimensiones ex-ante y ex-post de esta, al demandar reducir las desigualdades de oportunidades e ingresos, respectivamente.

La conclusión es menos clara si lo que nos interesa es la evolución en el tiempo, ya que mientras la desigualdad medida con encuestas ha disminuido (el Gini ha bajado de 0,fifty two a 0,forty seven entre 1990 y 2015), no ha sido el caso si nos enfocamos en los datos del sistema impositivo. Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras. Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Tanto de la gestión como del apoyo pedagógico y del desarrollo de las escuelas públicas locales.

Por ejemplo, la Reforma Previsional ya mencionada, requiere de un largo período de tiempo para ver resultados, ya que hace referencia un segmento de la población que verá los resultados de esta ley en varios años más, cuando sea momento de jubilarse, como también quienes año a año se retiran de sus actividades laborales. O bien, la Ley Nº19.966 del año 2004, la cual continúa vigente e, igualmente, ha ido incorporando cada vez más elementos para incluir a una mayor cantidad de personas beneficiadas desde su entrada en vigencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, las acciones públicas analizadas dan cuenta del trabajo que se ha realizado en el país respecto de la reducción de desigualdades, las cuales han podido ser incorporadas como respuesta a las metas establecidas para el ODS 10, pero no necesariamente como un trabajo que se ha realizado en base a esta agenda, aún. Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha. El análisis realizado contempló, primeramente, la identificación de los componentes de cada una de las acciones públicas, los cuales fueron examinados detalladamente, para luego determinar cómo estas ayudan a reducir las desigualdades económicas.