En este sentido, una política que hace la educación gratuita o más accesible económicamente para sectores de menos ingresos es beneficiosa. También requiere políticas de información, apoyo y acompañamiento a jóvenes más vulnerables, y políticas de regulación del sistema de educación superior para asegurarse de que todas las instituciones entreguen una educación de calidad. En Chile, toda la educación, excepto por los colegios particulares pagados, se financia a base de una subvención por alumno. Antes, esa subvención era del mismo monto, independiente de si el alumno era pobre o si tenía más recursos, lo que era problemático, porque educar alumnos con desventajas requiere más recursos. Eso ha ido cambiando por una política en que a los alumnos más pobres se les asocia un subsidio mayor, así como a las escuelas que los atienden, lo que se acerca más a compensar los fondos que requiere atender a una población más vulnerable. Esa es una excelente política de promoción de la movilidad, porque promueve oportunidades educacionales más igualitarias.
Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Según datos de la OECD, un alto nivel de desigualdad caracteriza a Chile en comparación con otros países y las diferencias de ingresos entre las regiones del país son también superiores con respecto a la mayoría de los países integrantes de dicha organización (OECD 2009, 2011). Esto pone de relieve la importancia del estudio de las desigualdades sociales tanto a nivel nacional como sub-nacional. El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio.
Es una sociedad que se caracteriza por la inequidad, los abusos, el clasismo, el machismo y la xenofobia. Contrariamente a lo anterior, las diferencias de ingresos, de bienestar social y de clases sociales, podrían ser mínimas al comparar entre los tipos de territorios que hemos distinguido. Sin embargo, esta tipología territorial facilita replantear hipótesis que sobre una base empírica permitan investigar efectos específicos del proceso de urbanización en las desigualdades sociales. Adicionalmente, desde una perspectiva sociológica, surgen interrogantes sobre la configuración territorial de las desigualdades en términos de una estratificación social. La identificación de mercados de trabajo territoriales y específicamente los tipos de territorios que hemos distinguido, podemos conjeturar que son definitorios de los estratos sociales presentes a nivel territorial. Esto constituye un aporte a la investigación científica sobre la estratificación social, permitiendo abordar preguntas referidas a sus particularidades a lo largo del territorio y en especial cuál es la composición de los estratos sociales en las comunas integrantes de cada tipo de territorio.
Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos.
“Del universo de trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía en un período de eleven años, aquellos que partieron en un trabajo de bajo salario tuvieron empleo formal y con contrato indefinido menos de un 30% de esos 132 meses y tuvieron en promedio casi 10 empleadores. Quienes partieron en un trabajo de alto salario estuvieron en esa situación más de un 72% de los meses y tuvieron en promedio menos de cinco empleadores. En otras palabras, la estabilidad de las trayectorias laborales está tremendamente estratificada en Chile”, finaliza Cociña. Paulina Benítez profundiza en una de las ramas más controvertidas del discurso en que se basa el modelo económico chileno, el mérito.
Chile tiene una infraestructura de programas muy avanzada y muy admirable a nivel latinoamericano, pero si queremos hacerla más robusta, una estrategia que han usado otros países, además de optimizar el uso de recursos, es recibir más fondos de los sectores de ingresos más altos. Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa). Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico.
Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de 79 años en promedio, siendo de seventy clases de organizaciones seven para los hombres y 81 en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y seventy four para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11).
Esta respuesta debe ser capaz de sanar una herida profunda y atravesar un ancho río de desconfianza. No solo se trata de políticas públicas que acorten las brechas sociales y económicas, se trata también de decisiones de alto poder simbólico que restituyan parte de la confianza que las y los ciudadanos han perdido en las élites. A esta democracia inconclusa le resulta difícil transformar el malestar social en políticas públicas eficaces y, a la vez, legítimas. Como resultado de esto la acción del Estado ha insistido en alinearse en torno al crecimiento económico casi como único y gran objetivo.
Investigadora senior del Núcleo Milenio MOVI, la socióloga está radicada en California, y en 2016 comenzó a enseñar de forma permanente en la Escuela de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Stanford, donde ha dictado cursos como Determinantes Sociales de la Salud y Estratificación Social. Ramírez, Eduardo, Andrea Tartakowsky y Félix Modrego (2009), «La importancia de la desigualdad geográfica en Chile». Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), Documento de Trabajo, N° 30, Santiago, Chile. En el segundo puesto de ese listado está Julio Ponce Lerou, quien tomó el control de SQM (Soquimich), una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y fertilizantes, una vez privatizada por Pinochet, su suegro. Maneja la empresa a través de un esquema de «cascadas», obteniendo una utilidad fraudulenta de US$128 millones (juicio en curso).
Cociña manifiesta que “respecto de las autoridades políticas a nivel nacional, nuestros datos muestran que entre 1990 y 2016, siete de cada diez ministros o ministras, seis de cada diez senadores o senadoras y cuatro de cada diez diputados o diputadas, fueron a uno de 14 colegios de elite (todos de Santiago). En efecto, en Chile las personas que toman decisiones tienden a escogerse desde un subconjunto bastante reducido de la sociedad. Los mecanismos de reproducción de los segmentos de altos ingresos, particularmente mediante la educación, tienen mucho que ver con esto”. La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas. Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de “no dejar a nadie atrás”.
Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Tanto de la gestión como del apoyo pedagógico y del desarrollo de las escuelas públicas locales. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Aplicando esto, al controlar homogéneamente ciertas dimensiones o variables dentro de los territorios, como el sexo o la edad, sería posible comprender mejor las particularidades de las desigualdades sociales al interior de un territorio específico.
Ya se estudió uno de sus componentes, el ingreso, por tanto, en esta sección se estudiarán otros dos, la educación y la salud. En este apartado se examina el desarrollo económico del país, evaluado a través de índices de desarrollo humano (PNUD) y el índice de desarrollo regional (Vial, 2017) y a continuación se evalúa la desigualdad social en dos aspectos muy controversiales actualmente en el país, educación y salud. Ambos temas generan constantes polémicas, protestas y levantamientos por parte de la sociedad, la cual siente la desigualdad y busca que el Gobierno doble sus esfuerzos para satisfacer estas necesidades básicas, de una manera eficiente y que beneficie a toda la población y no solo a unos pocos. Los datos educacionales comparativos por país se obtienen de Barro y Lee (2010) y PNUD (2015).
Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo. Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años.
En esta línea, la máxima autoridad del país afirmó que “Los chilenos y chilenas hemos entendido que enfrentar estos desafíos tiene sus complejidades, pero por otro lado, es nuestra oportunidad y responsabilidad histórica. Por eso, como Gobierno que representa a las mayorías, nos hemos puesto colectivamente cepal desigualdad en marcha. No estamos partiendo de cero, porque en las décadas pasadas se crearon condiciones institucionales y económicas, expectativas y derechos sociales sobre las cuales hoy día estamos parados”. Los datos contenidos en la base de datos forman parte integral de algunos capítulos del libro DESIGUALES.