Dicha situación nos lleva a la conformación de la sociedad de la información y del conocimiento, donde en el presente da lugar a la aparición de nuevas fuentes de desigualdades. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación no se produce a la misma velocidad, ni con la misma intensidad, entre personas de diferentes sectores sociales, ni entre países o regiones del mundo. Pero esto no significa que los grupos sociales y países desigualdad extrema que no están en la vanguardia tecnológica deban aceptar mantenerse en un segundo plano, y mucho menos al margen, en la configuración del tipo de sociedad que emerge empujada por la fuerza expansiva de las tecnologías digitales (Levis, 1999). Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras.
En un contexto de innovaciones tecnológicas combinadas con los cambios en las regulaciones, derechos y protecciones del trabajo a nivel global, la cuestión de la empleabilidad y la juventud se vuelve aún más compleja. La misma cobró forma en la mayoría de los países del denominado Sur Global a partir de las últimas reformas constitucionales. Allí se vio emerger un cuerpo de litigios orientados por el Interés Público y tendentes a dar vigencia a los derechos sociales prometidos en las constituciones, pero vulnerados en la práctica. Sin embargo, el fenómeno no es privativo de dichos países y comenzamos a ver indicios de esto en el denominado litigio por el cambio climático. Estos datos se combinaron en un Índice de Sueño Problemático, lo que permitió cuantificar la influencia particular person y combinada de una amplia gama de características que se cruzaron con la riqueza personal, incluidos los ingresos del hogar y la propiedad, el grupo étnico, el empleo, la educación y la información sobre la privación social. También debemos poner atención al auge del populismo, porque la promesa de soluciones rápidas a problemas complejos, socava y erosiona los controles y equilibrios institucionales necesarios para una democracia duradera.
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) amplía su participación en el país trabajando con empresas estatales en el diseño de soluciones de mejoramiento del crédito para atraer inversiones transfronterizas, con especial énfasis en el fomento de la descarbonización de sectores clave de la economía chilena. Tradicionalmente, los trabajadores migrantes han sido clave para la recuperación posterior a las disaster tanto en sus países de acogida como de origen, y el ADB estima que las remesas desigualdad en la sociedad en 2022 aumentarán otros US$31.000 millones. Los trabajadores que se quedaron en el extranjero se beneficiaron de las medidas de estímulo fiscal de los gobiernos. El ADB estimó que las remesas globales crecieron US$34.000 millones en 2021, compensando con creces la pérdida del año anterior. Al principio, parecía obvio que el costo económico —la pérdida de empleos, la erosión de la riqueza, incluso la pérdida de vidas— recaería desproporcionadamente sobre los pobres y los dejaría en una situación peor.
Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa). Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. Un desafío global que, en Latinoamérica, ha hecho que más de 7,7 millones de venezolanos y venezolanas hayan abandonado su país desde 2018. La migración es un derecho humano, pero cuando los países no están preparados, ejerce una enorme presión sobre los sistemas sociales locales, como la educación y la salud.
Hasta 1990 la visión del Banco era tener una misión únicamente económica y técnica y, en ningún modo, infringiendo en los asuntos internos del país. Sin embargo, el Banco, llegó a darse cuenta eventualmente, que la corrupción impedía los logros propios del Banco, los cuales respondían a metas de crecimiento económico para países en desarrollo. En consecuencia, es necesario pensar lo anterior bajo la lógica del juego tetralémico que se sustenta en la complementariedad del consenso dualista del dominante – dominado como única explicación causal de los problemas que enfrentan los países en desarrollo frente al sistema mundial de comunicación. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan.
La TFGBV debe reconocerse como una violación de los derechos humanos enraizada en el género, que requiere una protección integral de todos los derechos dentro de un marco authorized. No hacerlo podría suponer un riesgo significativo de socavar el potencial de expresión libre y segura de los mismos grupos que la legislación pretende proteger. Las iniciativas legislativas en materia de violencia sexual y por motivos de género deben integrarse en los marcos y las políticas establecidos sobre la violencia de género. Esto garantiza la coherencia y la sinergia a la hora de abordar las diversas formas de violencia de género. La violencia de género facilitada por las tecnologías digitales está arraigada profundamente en sistemas patriarcales. No es un fenómeno aislado sino un continuo de la violencia de género en la sociedad, donde las manifestaciones en línea y fuera de línea se complementan y reflejan mutuamente.
Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se define como regresiva. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global. Para Chile, existen diferentes estimaciones de la porción de los ingresos que se lleva el 1% más rico, que varían dependiendo de los datos disponibles, supuestos metodológicos, y correcciones hechas por evasión y elusión. El estudio de Flores, Sanhueza, Atria y Mayer encuentra una concentración en torno al 24% usando datos tabulados. Fairfield y Jorrat usan microdatos administrativos de 2005 al 2010 y, ajustando por evasión y elusión, encuentran cifras en torno al 33%. Todos los estudios son relativamente consistentes y sugieren que los individuos en el 1% más rico reciben entre un cuarto y un tercio del ingreso nacional.
En easy, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, and so forth.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. El motivo es que el Gini reportado periódicamente por los organismos internacionales no captura correctamente los ingresos de los individuos de más altos ingresos. Estos indicadores se basan exclusivamente en datos provenientes de encuestas de hogares (en el caso chileno, la encuesta CASEN), que no son representativas para los percentiles de más altos ingresos (es decir, muy rara vez una persona de altos ingresos aparece encuestada en la CASEN). Además, las personas de altos ingresos que sí son encuestadas, subreportan sus ingresos, ya sea porque no los conocen con exactitud o porque no desean hacerlos públicos.
Pese a los intentos de resolver los problemas económicos globales hoy en el Foro Económico Mundial (FEM) de esta ciudad sobresale la desigualdad global y lo difícil de paliar situaciones como la del hambre. Por su parte, Marcela Bravo, Gerenta General de Acción Empresas, instó al mundo empresarial a trabajar en pos de “una prosperidad colectiva, destacando la importancia de abordar la disaster de desigualdad de manera conjunta y coordinada entre distintos actores”. En un contexto exterior incierto, la economía de Chile se está reajustando después de la extraordinaria expansión de 2021. El crecimiento del PIB real disminuyó a 2,4 por ciento en 2022 a medida que el consumo se normalizó en medio de una fuerte contracción de la política fiscal y monetaria. «El auge multimillonario no es un signo de una economía próspera, sino un síntoma de un sistema económico fallido», dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International. «Las personas que fabrican nuestra ropa, ensamblan nuestros teléfonos y cultivan nuestros alimentos están siendo explotadas».
Suscríbase aquí a la e-newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país. El concepto de TFGBV va más allá de la idea de violencia en línea, en tanto se manifesta no sólo en espacios digitales, sino también a través de diferentes tecnologías. Esto incluye teléfonos, dispositivos de localización GPS, drones, dispositivos de grabación, entre muchos otros. Puede, por lo tanto, afectar a personas que están conectadas a web, pero también las que lo están. Eso significa que para algunas personas, la experiencia de violencia facilitada por tecnologías puede incluso preceder su posibilidad de acceder y beneficiarse de ellas, especialmente en contextos de exclusión.
Mientras tales esfuerzos son, en muchos casos, aun insuficientes, investigaciones recientes revelan importantes deficiencias en los sistemas jurídicos locales para ofrecer una protección adecuada a las mujeres y las personas LGBTQIA+. Las dinámicas de poder históricamente desequilibradas, unidas a la discriminación sistémica por razón de género, han generado cada vez más atención a nivel global. Sin embargo, a pesar de que la igualdad de género está reconocida en muchos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas estructurales más persistentes que afecta a todas las culturas y países. Es importante destacar que los expertos en ética del desarrollo no estaban solos en este fracaso de ocuparse de la corrupción.
[3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el complete de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE.
Desde el punto de vista regional, en Latinoamérica el 10% más rico consigue el 55% de las rentas, solo superada por Medio Oriente y Norte de África, región en la que el 10% más rico concentra el 58% de las rentas. 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 10.four Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es factible asumir a estas alturas que dicho fenómeno surge en un inicio con la consolidación del mercantilismo del siglo XVII, se articula a través de la industrialización del siglo XVIII, por medio del proceso de colonización y la división internacional del trabajo y, por último, se reafirma con la revolución tecnológica de la década de los ochenta y noventa.