Inequidad en el acceso a sanidad, educación, alimentación, agua potable u otros bienes o servicios. Si se mantienen los sistemas fiscales abusivos no es posible luchar contra la desigualdad económica. La desigualdad económica es el distinto reparto de los ingresos, los activos o el bienestar entre el conjunto de habitantes, según explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2018). Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento.
La crisis económica global, que comenzó a finales de la primera década del siglo XXI, ha servido como un catalizador para incrementar estas desigualdades. Las políticas de austeridad, los rescates bancarios y las reformas laborales, presentadas como soluciones inevitables, han tenido un costo social devastador. La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, mientras que representa un avance en términos de igualdad de género, también ha sido una herramienta del capitalismo para aumentar la fuerza de trabajo disponible y, por ende, el consumo. Este fenómeno no debe ser visto únicamente como una conquista social, sino también como una estrategia económica para sostener un sistema que necesita consumidores siempre activos. Es crucial que no perdamos de vista las lecciones del pasado y que sigamos luchando por una verdadera justicia social.
Además, la crisis ha revelado las profundas fracturas sociales y económicas que subyacen en nuestras sociedades. Las comunidades más vulnerables han sido las más afectadas, no solo en términos económicos, sino también en cuanto al acceso a la salud y la seguridad. La educación, la atención médica y otros servicios esenciales se han vuelto aún más inaccesibles para muchos, profundizando las divisiones entre ricos y pobres. Este es un tema que no se puede dejar proliferar, los economistas tenemos que hacer algo. Si la concentración de riqueza en pocas manos continúa, la desigualdad social se acrecentará y esto traerá consigo una reducción de riqueza de la clase media, lo cual hará que la brecha entre ricos y pobres sea insostenible.
Las mejoras en nuestra calidad de vida no deben ser un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar una sociedad donde todos, independientemente de su origen o condición, puedan disfrutar de los frutos del progreso. La verdadera revolución será aquella que logre una redistribución justa de los recursos y las oportunidades, asegurando que el bienestar no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. La oferta de vivienda social, en un país donde la planificación urbanística es compleja y costosa, se ha reducido notablemente. Si en 1980 un 25% de los adultos de entre 25 y 34 años pagaban alquileres sociales, en 2019 la cifra se había reducido al 10%. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Margaret Thatcher, que permitió a los inquilinos hacerse con la casa a un precio que en ocasiones period la mitad del mercado, creó una nación de propietarios e hipotecó las posibilidades futuras de los jóvenes.
En 2017, Oxfam Intermón reivindicaba al G7 que actuara para poner fin a las cuatro hambrunas que en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen están poniendo en peligro la vida de su población, pues los siete países más pudientes del mundo podrían sufragar la mitad de los fondos que se requieren para lograrlo. El pequeño la desigualdad politica campesinado de muchas regiones del planeta solo cuenta con sus plantaciones domésticas como medio de vida. Pero las temporadas de sequía y épocas de lluvia extrema merman sus cosechas y perjudican su ganado, y no cuentan con los medios económicos necesarios para adaptarse a los efectos del cambio climático.
Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respecto, y por los valores de justicia y solidaridad social. El coeficiente de Gini se puede utilizar en diferentes ámbitos, los parámetros numéricos dan espacio a que lo más relevante de los resultados de este estudio sean los análisis que estos suscitan. Alicia Bárcena cree que la Agenda 2030 es la herramienta que permitirá a la región a salir de donde está -una tasa mediocre de crecimiento y una elevada desigualdad- y llegar a un nuevo paradigma tecnológico donde se pueda confrontar el deterioro ambiental. Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020. Manuela Tomei explicó que ocho años después de su adopción, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está siendo puesta a prueba por la pandemia COVID-19, el cambio climático, la guerra en Ucrania y las transiciones demográfica y digital. Cuando estos no actúan o su labor es ineficaz, el trabajo de las ONG se hace imprescindible para ayudar a los demás y que las personas puedan disfrutar de bienestar y dispongan de oportunidades.
“Impactos del estallido social y la pandemia en el bienestar urbano”, se llama el sondeo realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde se midió la reacción de la ciudadanía ante estos hechos ocurridos entre finales del 2019 y el 2021. «Si bien la IA podría eventualmente impulsar el empleo y los salarios en basic, podría dejar a grandes sectores de la fuerza laboral sin trabajo durante períodos prolongados, lo que provocaría una transición dolorosa», señalaron los economistas Era Dabla-Norris y Ruud de Mooij en la presentación del documento. Nada es Gratis se financia en parte con las cuotas de los socios de la asociación homónima, pero para llevar a cabo sus actividades necesita la aportación desinteresada de particulares que deseen apoyar su labor. El libro defiende que criticar la desigualdad no es criticar el esfuerzo individual la desigualdad hoy, sino remarcar que el esfuerzo no se recompensa igual para todos. La meritocracia, tal como se practica, favorece a los ya privilegiados, ignorando el esfuerzo extraordinario de aquellos que nacen en circunstancias adversas.
Las desigualdades sociales han estado presentes en todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Desde la aparición de núcleos sedentarios y ciudades, la división del trabajo y la organización jerárquica de los grupos humanos dio lugar al nacimiento de distintos estratos o clases sociales. La lucha por la justicia social no es solo una cuestión de economía, sino también de dignidad humana. La verdadera fortaleza de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables.
Esas evidencias, apuntan a que las desigualdades en las sociedades humanas se hicieron más marcadas en las sociedades neolíticas, en las que existía una creciente especialización y, por tanto, asimetrías en el acceso a los recursos naturales, bienes económicos, información common y conocimientos. Las élites responsables de centralizar y organizar la producción y custodia de alimentos, en las sociedades preestatales en general aprovechan su acceso diferencial a los recursos en beneficio de sus parientes, lo cual parece ser una de las formas iniciales de desigualdad social en las sociedades humanas. Mientras que la clase trabajadora ha tenido que soportar recortes en servicios públicos, aumentos de impuestos y una creciente inseguridad laboral, los más ricos han visto cómo su riqueza no solo se mantenía, sino que aumentaba. Durante la crisis, los bancos fueron rescatados con dinero público, y muchas grandes corporaciones han recibido subsidios y beneficios fiscales, mientras que los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores se deterioraban.
El factor más básico que determina las variaciones de ingreso entre los grupos ocupacionales es la demanda y la oferta. Las ocupaciones que requieren actitudes especiales y mucha capacitación tienen sueldos altos debido a que la oferta de trabajadores es poca en relación con la demanda. Las ocupaciones que son clasificadas como trabajos comunes y que todas las personas pueden ejercer con poco entrenamiento o escasa capacidad tienden a pagar menos. Dentro de cada grupo ocupacional hay grandes diferencias en el poder adquisitivo, especialmente en los niveles profesionales y administrativos más altos.
La pandemia de COVID-19 arrastró a millones de personas a la pobreza extrema y destruyó empresas y trabajos acrecentando las desigualdades en materia de ingresos, empleo y derechos, e intensificando la discriminación y hostilidad hacia las mujeres, los migrantes y los refugiados. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).
En specific, la temporalidad en el sector público sigue siendo alta (29,3% en el cuarto trimestre de 2023) y afecta especialmente a las mujeres y a los sectores de salud y educación. Para él, la clave de todo el experimento es que puso de relieve que la ciencia económica y las políticas públicas deberían evaluar si realmente hay que poner en marcha mecanismos que reduzcan las desigualdades en esa segunda forma –espacial– de desigualdad. Es crucial que existan alternativas sólidas y progresistas a estas tendencias políticas que ayuden a redistribuir la riqueza y el poder y, por tanto, a comenzar a abordar uno de los obstáculos estructurales fundamentales para el cumplimiento de los compromisos en materia de desarrollo sostenible y derechos humanos. Sin embargo, existen alternativas robustas y progresistas a estas políticas, que podrían redistribuir eficazmente la riqueza y contrarrestar la concentración del poder económico. Tales políticas alternativas serán un prerrequisito para desplegar el potencial transformador de los ODS y cumplir su ambición de «hacer realidad los derechos humanos de todos»3.
“La evidencia inicial, que se refería únicamente a los resultados de los adultos en el estudio, no fue concluyente. «Hay un reduccionismo conceptual horrible en eso. Es impresionante y la falta de profundidad del tema, es decir, tener una sociedad más igualitaria contribuye a la paz social, contribuye al crecimiento económico, contribuye al desarrollo económico». «Llevamos décadas diciendo que Chile en términos de distribución de ingresos, tenemos una alta desigualdad y no mejora incluso después de algunas medidas redistributivas. Del punto de vista de la desigualdad material, está claro que no la hemos logrado podido revertir eso», detalla Méndez. Las leyes de competencia y antimonopolio existentes a nivel nacional e internacional han sido evidentemente demasiado débiles para prevenir las megafusiones y frenar el crecimiento masivo de los conglomerados financieros con una influencia desproporcionada en la economía mundial. Durante la disaster financiera de finales de la década de 2000, los programas de rescate y estímulo salvaron el sistema bancario mundial, pero no lograron frenar el crecimiento de los grandes bancos y las compañías de seguros. Por el contrario, las fusiones y adquisiciones financieras fueron un elemento central de la respuesta.
