Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos. Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos.
Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En particular, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas.
Mi intención, mucho más modesta, es presentar algunos elementos de juicio a partir de lo que el análisis económico ha dicho sobre este fenómeno. La existencia de una serie de canales no institucionales en los que se definen proyectos y cursos de acción pública a puerta cerrada sólo refuerza la thought de que éste es un ámbito clausurado. Por lo mismo el PNUD sugiere que para aumentar la participación electoral y su credibilidad, la actividad política debe abrirse a voces representativas de las distintas realidades del país.
Mientras que a nivel nacional no hay un gran cambio en la desigualdad en el último período, Tarapacá incrementó su desigualdad en más de un 6%, y por su parte Los Lagos la redujo en casi un 11% (metodología nueva). Estas diferencias son de gran relevancia para la política pública y de acuerdo con Contreras (1999), también para el proceso de descentralización. El autor argumenta que dentro de las posibles causas de las diferencias regionales en el Gini, está que las regiones crecen a ritmos distintos, además concentran sus actividades productivas en diferentes sectores de la economía. En los informes del Ministerio de Desarrollo Social se suele calcular este ratio utilizando el promedio del ingreso autónomo complete coppel fundación del hogar; otros estudios utilizan el ingreso autónomo de las personas, con el objeto de medir la desigualdad proveniente del mercado. Sin embargo, en este estudio se ha optado por utilizar el ingreso autónomo de los hogares, por ser la metodología que seguirá utilizando la CASEN, al considerarse más realista respecto de la situación social de las familias chilenas y por ser de gran utilidad para la aplicación de la política pública.
[6] Esto no significa que el gobierno no pueda intervenir la distribución de ingresos de mercado. Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación total y, en specific al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente. Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza total (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas).
También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo.
Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Es importante señalar que, aunque la desigualdad de ingresos es un issue significativo en los resultados de salud mental, no opera de forma aislada. La salud psychological está influida por una miríada de factores individuales, interpersonales y sociales.
Por ejemplo, respalda fuertemente un rol en salud y educación, pero no así en el caso de las telecomunicaciones. Esta comparación contrasta con el discurso de la –poco pluralista– prensa chilena, que suele poner las demandas de la ciudadanía como un ejemplo de irracionalidad, mientras que sitúa el pensamiento empresarial como ejemplo de cordura y pragmatismo. Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder.
Gary Becker, premio Nobel de Economía, publicó en 1968 un artículo en el cual investiga las motivaciones económicas para cometer un crimen. Si los ingresos de la actividad felony son mayores a los de un trabajo legítimo, el individuo escogerá delinquir. El valor esperado de la actividad felony depende del botín obtenido, la probabilidad de ser atrapado y el esfuerzo.
Hemos visto manifestaciones positivas, como las ollas comunes en barrios populares o la recolección de víveres para personas con necesidad. Al no poder salir o desplazarse fuera de la zona donde se habita, se fortaleció una economía más native, con esta idea de poder contribuir con el negocio de mi vecino. Ramírez, Eduardo, Andrea Tartakowsky y Félix Modrego (2009), «La importancia de la desigualdad geográfica en Chile». Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), Documento de Trabajo, N° 30, Santiago, Chile. Méndez, María Luisa, Emmanuelle Barozet (2012), «Lo auténtico también es público. Comprensión de lo público desde las clases medias en Chile.» Revista Polis, No. 31. Es por eso que, en general, la visión compartida es que los impuestos al consumo son eficientes para efectos de recaudación, pero son regresivos.
Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). El (Gráfico 4) deja ver cómo incorporar una nueva dimensión acrecienta el porcentaje de población en situación de pobreza en 1,eight puntos porcentuales.
Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país era de 11 años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años. Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y eleven,1 para la no indígena. Se observa en el (Gráfico 8) que en 1955, en promedio, los chilenos no alcanzaban a completar la enseñanza primaria (8 años), llegando a este nivel solo a partir de 1990.
Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. La incorporación de la dimensión sustentabilidady medio ambiente produjo que el IDERE disminuyera en derechos que vulnera la pobreza todas las regiones (Tabla 7). La región de Magallanes fue la menos afectada tras la incorporación de la nueva dimensión, con un IDERE que solo descendió un 1,86%. A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas.
Primero, existe una distancia abismal entre las ideas políticas de la ciudadanía y de la elite económica. La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. ¿Cómo se relaciona la desigualdad con el estallido social que vive Chile desde octubre de 2019? En este texto abordo esta pregunta tratando de ser riguroso y apegado a los hechos, pero consciente de que, más allá de lo bien que podamos caracterizar tanto la desigualdad como el estallido social, establecer una relación entre ambos fenómenos es un ejercicio eminentemente especulativo. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”.