El PNUD, presente en más de 40 países y territorios de América Latina y el Caribe, continuará trabajando con los estados y actores no gubernamentales para discutir, extraer lecciones y proponer vías de acción que permitan a los países avanzar hacia el desarrollo inclusivo y sostenible. En resumen, con una disaster sanitaria persistente en América Latina y el Caribe se extenderán a su vez a la dimension social y sanitaria con afectaciones en la pobreza y la pobreza extrema, la desigualdad, la desocupación y la falta de acceso a la educación y a cuidados, que aún no muestran señales de recuperación. En el lado opuesto, y como muestra de las crecientes brechas entre ricos y pobres se encuentran las personas en situación de pobreza extrema que entre 2020 y 2021 avanzaron aceleradamente como consecuencia de la profundización de la disaster social y sanitaria derivada al Covid-19, según estima la Cepal en su informe anual Panorama Social de América Latina. «También aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez», señaló.
Instituciones políticas tales como la exigencia de alfabetismo para votar excluyeron de tajo la participación de los grupos indígenas y la representación de sus intereses, profundizando la marginación de los territorios por ellos habitados. Capas de dinámicas políticas y económicas fueron creando composiciones muy distintas de grupos sociales privilegiados y marginados en cada una de las regiones (Thorp y Paredes 2010). La expansión de la educación básica es América Latina es una de las políticas públicas que más ha impactado la reducción de la pobreza y la desigualdad (Lopez-Calva y Lustig 2010). Y si bien los avances han sido importantes, cuando miramos las diferencias de género, etnia, área y región subsisten importantes diferencias. En suma, los debates sobre las formas que adopta la segregación residencial metropolitana deben considerar el mercado de trabajo de las ciudades en su faceta territorial. Y claramente son necesarios mayores esfuerzos de investigación empírica para indagar en los vínculos entre el funcionamiento espacial de los mercados de trabajo, las modalidades emergentes de crecimiento físico y demográfico metropolitano, y los patrones de localización de infraestructura y dependencias públicas y privadas.
En Colombia la tasa de analfabetismo de las mujeres es ligeramente inferior que la de los hombres en ambas rondas censales. Con base en la discusión anterior, este artículo utiliza microdatos de las dos últimas rondas censales realizadas entre 2002 y 2018 en Colombia, Perú y Chile para identificar la distribución de indicadores de educación entre grupos conformados por distintas combinaciones de género, etnia, condición de ruralidad y región. La descomposición Oaxaca-Blinder es una metodología cuantitativa apropiada para el estudio de la interseccionalidad (Jackson y VanderWeele 2019), en especial cuando se tiene en cuenta la dimensión subnacional. A pesar del enorme potencial del enfoque interseccional, y de la larga vigencia del término, su adopción es todavía incipiente en las ciencias sociales y subsisten importantes vacíos.
Iniciativas como el programa de Proyectos Asociativos de Fomento en Chile pueden marcar la diferencia. Es común que la lucha contra la desigualdad y los impulsos al crecimiento económico se presenten como esfuerzos en tensión o incluso contrapuestos. Pero desigualdad y bajo crecimiento no son fenómenos independientes, sino que interactúan.
Las del organismo para América Latina son dramáticas, las caídas del Producto Interno Bruto (PIB) en la región serán en promedio de un 9,1% este 2020, con disminuciones del 9,4% en América del Sur, el 8,4% en Centroamérica y México, y el 7,9% en el Caribe. Pero cuando los países reducen la pobreza en esos núcleos duros, lo que sigue después es más desafiante. Y también existen otros mecanismos como analizar la concentración de la riqueza en la parte más alta de la pirámide. «Bolivia es un país que ha redistribuido y que tiene programas universales, pero como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, se redistribuye menos de lo que se debería», dice López-Calva. Pero cuando los países reducen la pobreza en esos núcleos duros, lo que sigue después es más desafiante. Y también existen otros mecanismos como analizar la concentración de la riqueza en la parte más alta de la pirámide.
Utilizando microdatos provenientes de las últimas dos rondas censales en Colombia (2005 y 2018), Perú (2007 y 2017), Chile (2002 y 2017), el estudio se desarrolla en dos momentos. En el primero realiza una caracterización de las diferencias en la prevalencia del analfabetismo según cuatro atributos importantes para la definición de la identidad y el acceso a recursos -género, etnia, condición de ruralidad, región y su intersección. Primero, demuestra que cuando nos enfocamos en promedios nacionales o promedios para grandes categorías sociales como el género o la etnia enmascaramos importantes desigualdades que valen la pena atender y reducir.
Al mismo tiempo, proponen la implementación de sistemas de protección social universales que sean «más inclusivos y redistributivos», pero a la vez «fiscalmente sostenibles, favorables con el crecimiento y que incentiven a trabajadores y empresas en maneras que mejoren la productividad». Esto se traduce en una explosión del desempleo, que llegaría a 44,1 millones de personas en la región, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al año 2019. Pero también en un aumento de la mendicidad o extrema pobreza la cual se incrementara en 28,5 millones personas en solo un año, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020. En el caso de los países donde no se midió el indicador en 1990, utilizamos el año más cercano a esa fecha, y lo comparamos con la información más reciente. La manera más común de mirar la desigualdad de un país es utilizando el Índice de Gini, el cual mide la diferencia de ingresos. No está demás reiterar que solamente se someten a esos sistemas a los usuarios de sistemas públicos de salud, asistencia social y transporte que, en general, no incluyen las élites locales que pueden prescindir de ellos y recurrir a prestadores privados; manteniendo mayor control sobre su información y preservando su privacidad.
Chile tiene menor analfabetismo y mejor sistema educativo, Colombia está en un nivel intermedio, y Perú excluye a importantes porciones de la población. Entre los de mayor alcance están los que surgen de la mera y easy inspección de la localización de los puestos de trabajo, obtenida por vez primera con una pregunta censal. El patrón es mucho más concentrado que el de la población, y mantiene su centro de gravedad en el centro comercial histórico desigualdad en la pobreza (BCD), aunque con ampliaciones que, en general, se alinean con el patrón de localización de los estratos altos. Pero no ocurre lo mismo con el sector servicios, por lejos el de mayor peso en la economía metropolitana reciente. Y esto tanto porque los sectores de altos ingresos son consumidores muy intensivos de servicios, como porque la localización importa para muchos servicios modernos en su doble faceta territorial14 y de estatus socioeconómico.
Teniendo en cuenta los altos niveles de desigualdad y pobreza que preexistían en la región, no sorprende que sea una de las más afectadas por la pandemia. Si bien la introducción de interacciones en modelos de regresión es una de las apuestas cuantitativas preferidas, este método tiene varios problemas para materializar el enfoque interseccional. Primero, las interacciones entre dos categorías son fáciles de realizar e interpretar, pero la introducción de tres o más elementos en la interacción conlleva a modelos estadísticos más complejos y con menos poder estadístico.
El segundo año de la pandemia del COVID-19 disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar a 86 millones de personas, cinco millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años, apuntó este jueves un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En definitiva, la pandemia está teniendo un fuerte impacto desigualdad historica económico y social en América Latina. Se ha incrementado el desempleo y se han cerrado empresas, se han deteriorado las cuentas públicas y han aumentado la pobreza y la desigualdad. La recuperación dependerá de la evolución de la economía mundial y del dinamismo de los flujos internacionales en comercio y finanzas hacia la región.
Esto va generando un impacto en la composición de dichas regiones, que con el tiempo tienen una mayor proporción de grupos tradicionalmente marginados como habitantes rurales y minorías étnicas. Se puede derivar de estas aproximaciones que la región o la unidad subnacional no tendría una fuerza causal independiente que produciría ventajas y o discriminaciones, sino que reflejaría los efectos del racismo, el sesgo urbano y los modelos de desarrollo económico que se concentran en su territorio. El informe para América Latina y el Caribe destaca que las percepciones de desigualdad y justicia también juegan un papel fundamental, en parte porque afecta las actitudes y preferencias de las personas respecto de las políticas redistributivas, a la vez que impactan la legitimidad de las instituciones del sistema democrático.
Es decir, la pandemia ha recrudecido los problemas productivos y sociales de América Latina, como la perversa especialización comercial de la región, la debilidad del tejido productivo y del mercado de trabajo, y los problemas sociales. En ese sentido, el primer capítulo de este trabajo explica que, «aunque la reducción generalizada de la desigualdad de ingresos (medida por las encuestas de hogares) a principios de la década de 2000 es de celebrar, esta tendencia se estancó en la década de 2010 y había comenzado a revertirse en algunos países incluso antes del inicio de la pandemia». Entonces, argumenta, la gente no solo protesta contra la concentración de los ingresos, sino por las pensiones y la falta de acceso a salud, educación y otros servicios sociales. Para Pineda, otro desafío es evaluar los frutos, ya que “quien recibe esta educación continua quiere resultados, quiere que eso le sirva, no está para perder tiempo. Medir y evidenciarlo es muy importante”.Por último indicó que en el caso de Chile un reto tiene relación con la equidad, pues es un país con un alto nivel de desigualdad.