los derechos, interpretados de manera integral. En 2020, la disaster de la COVID-19 provocó el retroceso más significativo en la reducción de la pobreza mundial en décadas, ya que 71 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema ese año en comparación con 2019. En abril de 2020, las Naciones Unidas emitieron un Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19 y crearon el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Respuesta y Recuperación en relación con el COVID-19.
Fue muy importante ver como el tema los interpela, lo abordan con fuerza, enfatizando los sentimientos que les afloran de tristeza, pena y rabia, especialmente vinculada esta última a la injusticia de la situación que enfrentan tantos niños, niñas y adolescentes como ellos, y aún menores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos. En whole desarrollo de la pobreza, la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó a 209 millones, entre las cuales 78 millones corresponden a situación de pobreza extrema.
La filósofa y excandidata presidencial Corina Yoris habló con PuntoEdu sobre la crisis en Venezuela, su formación académica y su participación en el Seminario Regional Latinoamericano «La filosofía frente a los Derechos Humanos hoy», organizado por IDEHPUCP del 5 al 7 de junio. Los países con mayor tasa de pobreza son Honduras (58,6%), Guatemala (50,9%) y Nicaragua (50,7%). El informe analiza cómo las normas patriarcales, las desigualdades económicas y la globalización contribuyen a la proliferación de la prostitución. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la División de Política Social y Desarrollo Social (DSPD) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) actúa como coordinador responsable del Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza.
proporcionen una guía explícita para la acción pública. La evaluación integral de los derechos humanos es posible mediante procesos multidimensionales que, basados en la metodología internacional oficial, permitan desmenuzar las obligaciones que adquieren los países al ratificar los tratados internacionales
Sin embargo, la pobreza se percibe a menudo como una situación lamentable pero accidental o como consecuencia inevitable de decisiones y acontecimientos que ocurren en otras partes, o incluso como responsabilidad exclusiva de quienes la sufren. Un enfoque integral de los derechos humanos no sólo enmendará las concepciones erróneas y los mitos que rodean a los pobres, sino que también, y más importante, ayudará a encontrar vías sostenibles y equitativas para salir de la pobreza. Al reconocer las obligaciones explícitas que los Estados tienen de proteger a sus poblaciones contra la pobreza y la exclusión, este enfoque subraya la responsabilidad de los gobiernos en la creación de un entorno que conduzca al bienestar público. También permite a los pobres ayudar a establecer políticas para que se respeten sus derechos, y a buscar reformas efectivas de reparación cuando se produzcan abusos. Las Naciones Unidas y otras organizaciones trabajan cada vez más en el desarrollo económico desde el punto de vista de los derechos humanos, y con ello reconocen su importante función. Este enfoque aplica los conceptos y el marco de los derechos humanos a los objetivos y actividades del desarrollo, y asocia expresamente las actividades de desarrollo a la protección de los derechos humanos, lo cual ha adquirido popularidad en los últimos años y ha ayudado a situar en primera línea las necesidades fundamentales de la gente.
La Cepal reveló que la pandemia generó 22 millones de nuevos pobres en América Latina, alcanzando una tasa de 33,7%. El informe “Panorama Social de América Latina 2020” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) arrojó que Chile es el segundo país de la región donde menos aumentó la pobreza en 2020 a raíz de la disaster sanitaria. A nivel regional, se registran 22 millones de nuevos pobres, lo que implica un retroceso de 12 años. A pesar de los esfuerzos que muchos Estados están llevando a cabomundiales para erradicar con la mutilación genital femenina, hoy en día hay millones de niñas en peligro de sufrir esta práctica dañina, ya que son llevadas por sus familias a otros países para someterlas a este crimen. «La normalización de la prostitución, incluida la pornografía, crea expectativas sexuales perjudiciales para hombres y niños y socava la participación segura e igualitaria de mujeres y niñas en la sociedad», afirmó Alsalem. «Muchas niñas se sienten angustiadas por la pornificación y sexualización de mujeres y niñas, especialmente en la pornografía».
Es essential enfocarse en cambiar el sistema que ha llevado al fracaso del país, no solo en cambiar al presidente. La región latinoamericana también se ve afectada por la crisis venezolana y el éxodo migratorio. Yoris también destaca la resiliencia de los venezolanos, quienes han restaurado su confianza y están determinados a luchar por un cambio profundo. «Queremos aparecer con una primera mujer presidente», afirma, subrayando el papel crucial de la desigualdad que las mujeres y la sociedad civil tienen en esta batalla por una transformación política, social y económica.
en la materia. Esta robusta caracterización permite además valorar y rediseñar políticas públicas con base en evidencia. Desde el enfoque de derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia, debiendo asegurar que todos los niños, niñas y sus familias cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna y desarrollar sus potencialidades. Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Los pilares o principios que deben regir este Piso de Protección Social Sensible a los Derechos de la Niñez, y en common los sistemas integrados de protección smart a los derechos de la niñez, deben considerar el interés superior del niño, la cobertura universal, ser parte del marco institucional y normativo y entregar protección social inclusiva. “…el Estado debe asumir un rol protagónico como garante y responsable de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional…”. Por otra parte, es elementary que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes hablen de la experiencia que viven y los factores o ámbitos que pudieran orientar acciones para abordar esta problemática. En este sentido, fue muy enriquecedora la experiencia de conversar y escucharlos sobre cómo les afectan vivir en situación de pobreza.
Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. Todos los derechos humanos -el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda- son importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades, y la estigmatización social y cultural. La negación de los derechos dificulta la participación de los pobres en el mercado de trabajo y su acceso a los servicios y a los recursos básicos. En muchas sociedades, les impide disfrutar de su derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda, sencillamente porque no se pueden permitir pagarlas. Esto, a su vez, dificulta su participación en la vida pública y limita su capacidad para influir en las políticas que les afectan y para buscar un resarcimiento contra la injusticia. En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social sensible a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
La División realiza actividades que ayudan y facilitan a los gobiernos una aplicación más efectiva de los compromisos adquiridos y las políticas adoptadas en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y las nuevas iniciativas sobre Desarrollo Social. He aprendido mucho sobre la práctica política y la importancia de la experiencia en este ámbito. Mi formación variada me ha permitido tener una visión amplia y certera sobre la situación del país, lo cual ha sorprendido a algunos en el ámbito político.
Brasil, por su parte, fue el único país donde los niveles de pobreza se redujeron y pasaron de 19,2% a 16,3%. Ahora es una activista contra la violencia machista en México y una saxofonista con aspiraciones a componer sus propias canciones. Atravesando por estos tiempos de inestabilidad e incertidumbre, el poder duradero de la Declaración reside en su promesa de los derechos como soluciones.
María Corina fue muy directa al explicarme la situación y la necesidad de una figura confiable para la candidatura. Aunque mi inscripción fue obstaculizada, seguimos adelante con Edmundo González Urrutia como candidato de transición. Las ayudas del Estado durante la pandemia habrían sido clave para que esta tasa subiera levemente, situándose en 10,9% durante 2020. Basándose en una amplia revisión de los modelos jurídicos y políticos presentados en el informe, Alsalem abogó por un marco jurídico abolicionista, y subrayó la responsabilidad de los Estados de proteger y asistir a las víctimas teniendo en cuenta las cuestiones de género. Alsalem también dio la voz de alarma sobre cómo la percepción del derecho de los hombres a comprar actos sexuales normaliza la violencia sistemática y borra los límites entre el sexo consentido y la violencia sexual, lo que tiene repercusiones de gran alcance en la formación de las expectativas sexuales de hombres y niños.